El Gobierno aprueba la reforma que desvincula el nombramiento del fiscal general de la duración de la legislatura
El Gobierno prevé aprobar este martes la reforma de la norma que regula el funcionamiento de la carrera fiscal para adaptarla a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que deja en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales. Una de las principales novedades del anteproyecto que llega hoy al Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso EL PAÍS, es que el mandato del fiscal general del Estado ya no coincidirá con el del Gobierno, sino que el jefe del ministerio público será elegido por un periodo de cinco años no renovables. Además, el Ejecutivo no podrá dar instrucciones al fiscal general sobre ningún asunto y las comunicaciones entre este y el Gobierno serán públicas y deberán realizarse por escrito.