El presidente de la regional del Distrito Nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD), Juan Lagos, pasó un balance sobre la situación hospitalaria, en cuanto a infraestructura e insumos, en el Gran Santo Domingo.
Al ser consultado por Diario Libre, Lagos indicó que los hospitales de autogestión como el Ney Arias Lora, Hugo Mendoza, Reynaldo Almánzar, Vinicio Calventi o Cecanot son los que gozan de mejores condiciones, tanto en sus instalaciones como en calidad de los servicios.
“Además de los ingresos que reciben del Estado, actúan en combinación, ya que facturan directo a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Además, son hospitales que tienen pocos años de construcción”, detalló.
De acuerdo con la percepción de Lagos, en el extremo contrario se encuentran el Moscoso Puello, el Padre Billini, Salvador B. Gautier, El Almirante y La Victoria, que tras la realización de numerosos paros y reclamos han sido intervenidos, empezando un proceso de mejoras que aún no concluye.
En el caso particular de la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar (antiguo Morgan), el galeno recordó que era el hospital que más pacientes veía a nivel nacional y tras nueve años de paralización solo opera el edificio de consultas externas por nudos legales aún pendientes por pagos a los ingenieros.
“Hay equipos de última generación para ese hospital que están almacenados, incubadoras para el Materno Infantil, el Clínico Quirúrgico que permanece cerrado, los plafones se están pudriendo, cables que se han robado. Se compraban los equipos primero”, comentó.
“No creemos que se vayan a entregar en estos tiempos, lo que implicaría el seguimiento del caos”, agregó Lagos.
Esta situación ha cargado la demanda en el Francisco Moscoso Puello, que está atendiendo a una población de 1.3 millones de pacientes y el pasado lunes 9 llegó a un acuerdo con las autoridades de Salud para remediar la falta de insumos, filtraciones y hasta colchones con chinches que allí se han verificado.
Sobre el Padre Billini, señaló que está operando a 50 % de capacidad a la espera de que se concluya el anexo contiguo.
Lagos reconoció la inversión que se ha hecho en el Salvador B. Gautier, en el Marcelino Vélez y valoró como positiva la apertura recientemente del hospitalMario Tolentino Dipp.
“El Gautier está saliendo de la crisis, pero no ha sido suficiente”, enfatizó.
En sentido general, consideró que se podrían mejorar las condiciones de higiene de los hospitales garantizando un mejor suministro de agua, contratando el personal adecuado, evitando la sobrepoblación hospitalaria y creando conciencia en pacientes y sus familiares sobre mejor manejo de los desperdicios.
Lagos también abordó el tema de falta de seguridad en los edificios y estacionamientos, especialmente en los hospitales que están en zonas circundadas por barrios populares o «calientes».
Maternidades
El doctor aseguró que la estructura del sistema descansa en las maternidades La Altagracia y San Lorenzo de Los Mina, ya que el Hospital de la Mujer permanece cerrado.
“Hasta la luz le quitaron”, dijo sobre este último.
Lagos estima que de cada diez partos, seis son de extranjeras que llegan al país sin chequeos previos o con enfermedades de base que complican la situación de la paciente.
“Eso desgasta el presupuesto nacional para una correcta salud del dominicano”, expresó.
El oftalmólogo resaltó que, tras la intervención en perinatología en Los Mina tras la muerte de 72 neonatos, “ha estado en franca mejoría”.
Desbordamiento por dengue
Lagos entiende que, aunque haya camas vacías en muchos hospitales de la red pública, ningún padre llevará a su niño a otro lugar que no tenga especialistas para infantes, aunque eso implique turnos de largas horas para recibir asistencia.
“El sistema ha colapsado en estos momentos debido al aumento del dengue tipo 1 y 3, donde conseguir una cama es prácticamente imposible. La población ha desbordado al Robert Reid y al Hugo Mendoza porque poseen todas las herramientas para manejar el dengue y sus complicaciones”, concluyó.
Aunque están bajo la observación del Ministerio Público por acusaciones de ilícitos, dos diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) resultaron ganadores en las encuestas de la organización oficialista y, por tanto, son oficialmente candidatos para repetir en sus cargos a partir del 2024.
Los diputados perremeístas favorecidos en las encuestas son Nelson Marmolejos y Faustina Guerrero, a quienes el Ministerio Público observa desde el 2021 por su presunta vinculación en casos de lavado de activos y narcotráfico.
A pesar de ser señalados por los fiscales desde hace dos años, las autoridades judiciales aún no han presentado una acusación en contra de los legisladores ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El caso de ambos diputados, si son acusados, debe conocerse en la SCJ porque cuentan con inmunidad parlamentaria, un beneficio del que gozan todos los congresistas del país por su labor.
Al ser consultado sobre su elección, el diputado representante de la provincia Santiago dijo que participó en el proceso de las encuestas resultando ganador en los primeros puestos de la circunscripción a la que pertenece y agregó que en las elecciones del 2024 volverá a repetir “con éxito” como diputado.
Acerca de las investigaciones judiciales que lo involucran, Marmolejos precisó que nunca ha huido del proceso y criticó que, a dos años de su mención en la Operación Falcón, aún el Ministerio Público no haya depositado una acusación formal en su contra.
“Yo reto a cualquiera que tenga pruebas en mi contra, que las deposite. De lo contrario, yo seguiré tranquilo en mis aspiraciones porque no tengo nada que esconder”, manifestó.
El diputado Marmolejos fue mencionado en el 2021 en el expediente Falcón, un caso en el que se señala a por lo menos 31 personas por lavado de activos, narcotráfico y defraudación fiscal.
Faustina Guerrero
Otra favorecida en las encuestas del PRM fue la diputada Faustina Guerrero, conocida popularmente como Grey Maldonado, quien aspira a repetir en su cargo hasta el 2028.
Guerrero también fue señalada en el expediente Falcón en el 2021 ya que su esposo, Juan Maldonado, fue apresado durante la operación por acusaciones de lavar cuantiosas sumas de dinero dentro de una red delictiva en la que “traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de US$500 millones producto de esa actividad criminal”.
En el caso, el Ministerio Público también involucró a la diputada perremeísta, pero aún no la ha juzgado ni presentado acusaciones formales ante la Suprema Corte de Justicia.
No ganaron
Otros dos diputados acusados de corrupción y lavado de activos también se inscribieron como precandidatos, pero no tuvieron suerte en las encuestas y quedaron descartados para las elecciones del 2024.
Rosa Amalia Pilarte y Sergio Moya enfrentan acusaciones por lavado de activos y por pertenecer a redes de corrupción en el caso Calamar, respectivamente. El único caso que se debate en la justicia es el de Pilarte, quien se encuentra en la fase preliminar de investigación ante la Suprema Corte de Justicia.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) propuso este jueves 12 de octubre una reunión entre las delegaciones de la República Dominicana y Haití para fomentar las discusiones sobre la construcción del canal sobre el río Dajabón, así como el envío de una misión técnica para evaluar la obra.
Luis Almagro hizo la propuesta durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA solicitada por la República Dominicana para exponer el conflicto que enfrenta a ambos países y que provocó el cierre total de la frontera durante casi 30 días.
Tras la intervención del canciller dominicano Roberto Álvarez y el embajador permanente de Haití ante la OEA, Léon Charles, Almagro resaltó la necesidad de resolver el conflicto al asegurar que este “no beneficia a ninguna de las dos partes”.
“Estamos confiados en que las dos partes tienen las capacidades para asegurar a la otra la buena fe para resolver estos temas, y eso conforme al derecho internacional y tratados vigentes”, dijo el secretario que participó en la sesión de forma virtual.
Subrayó la “buena voluntad” de ambos países a una solución conveniente del impasse, al señalar que tanto el Gobierno dominicano como el haitiano han aceptado la propuesta de la OEA de facilitar un entendimiento.
Almagro intervino tras acalorados debates entre los representantes de la República Dominicana y Haití.
RD pide informe de técnicos de OEA y el BID
El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, en su intervención ante este organismo habló de solucionar la “conflictiva situación” que enfrenta al país con Haití por la “construcción ilegal” de un canal que busca desviar el caudal del río Masacre.
“Le solicitamos a la Secretaría actuar con la celeridad que exige esta conflictiva situación”, pidió el canciller Álvarez, tras presentar una cronología del impasse bilateral que ha escalado en las últimas semanas hasta provocar el cierre de la frontera. Dijo que la actitud de Haití es “inaceptable”.
“Secretario general, usted tiene la experiencia para emplear a fondo sus buenos oficios, asistido por los técnicos de la Secretaría, y ojalá también por los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo”, continuó el canciller, en la petición a la OEA.
Álvarez indicó ante la sesión del organismo que todas las acciones que la República Dominicana ha tomado sobre la construcción de la obra sobre el río Masacre o Dajabón, incluyendo la presentación que hizo este jueves, muestran la disposición “al diálogo y al uso de las vías diplomáticas”.
Además, el canciller dijo que el país celebra la decisión de las autoridades haitianas de aceptar la propuesta de mediación del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
“Reiteramos que el interés dominicano se centra en el aprovechamiento equitativo de las aguas fronterizas, en prevenir desastres naturales y en la conservación de un ecosistema vital para un área agrícola importante”, manifestó Álvarez durante su presentación.
El pasado 11 de octubre, la República Dominicana tomó la decisión de reabrir parcialmente el paso fronterizo con Haití para permitir el comercio binacional, luego ordenar el cierre total, hasta que se detuvieran los trabajos de construcción del citado canal.
De acuerdo con el Gobierno dominicano, la obra, que involucra a particulares haitianos, inundará las comunidades de Juana Méndez y Dajabón, además de producir un impacto ambiental.
Haití refuta
La delegación de Haití ante el Consejo Permanente de la OEA defendió este jueves la construcción del canal sobre el río Dajabón (o Masacre) al tiempo que pidió una “solución definitiva” que respete los aspectos legales internacionales sobre la materia.
“La construcción del canal no va a detenerse”, expresó Léon Charles, representante de Haití en la OEA, tras la presentación del conflicto que hizo el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez.
Para defender su posición de no detener la construcción del canal, la delegación haitiana explicó que desde la firma del Tratado de Paz entre Haití y la República Dominicana en 1929, la parte dominicana ha construido 12 obras sobre el río Dajabón en las zonas de Loma de Cabrera y Dajabón, las cuales aseguró, se han construido de manera “unilateral” y “sin consultar” a la parte haitiana.
Faruk: Claude Joseph impulsa canal para crear crisis
El embajador dominicano en Haití, Faruk Miguel Castillo, afirmó que el exprimer ministro de Haití, Claude Joseph, es quien está a la cabeza de la construcción del canal para desviar el agua del río Dajabón (Masacre) y que su intención es política para generar conflictos en la frontera.
Narró que cuando la obra fue reiniciada, tras la muerte del presidente Jovenel Moïse, fue informado sobre las intenciones reales que había detrás.
“Yo, como embajador, llamé al Ministerio de Relaciones Exteriores y llamé también a la primatura, como se le dice allá a la oficina del primer ministro, me entrevisté con las autoridades y ellas explicaron que se trataba de una obra particular y de una iniciativa que estaba desarrollando Claude Joseph para crear una crisis”, indicó.
El diplomático dijo que en la reunión de la Comisión Mixta Bilateral que sostuvieron ambos países, cuando Moïse era presidente los haitianos, explicaron un poco en qué consistía el canal y quedó establecido que no podía hacerse un canal que desviara el río. Pero la parte haitiana debía enviar los documentos de la construcción, algo que nunca hicieron.
Joseph respondió al embajador dominicano a través de su red en X. Negó que esté detrás de la construcción del canal en el río Masacre, con el plan de crear una crisis entre ambos países.
El exfuncionario de Haití exhortó a Miguel que dejen de engañar a los dominicanos para “obtener ganancias políticas”.
En su cuenta de X, Joseph expresó: «Saben que ambos países firmaron voluntariamente una declaración conjunta reconociendo que Haití no desviará de ningún modo el agua del río Masacre. Usted decidió mantenerlos en la oscuridad al no decirles que había firmado esta declaración conjunta».
Negó ser un enemigo del pueblo dominicano, sino una persona que solo defiende los intereses de su país y que no quiere socavar las relaciones de ambos pueblos.
Posible fecha de reunión
El representante haitiano ofreció el 15 de noviembre como una posible fecha para que Haití y República Dominicana retomen el diálogo sobre el conflicto.
“La construcción del canal no se va a detener, la construcción del canal no va a parar”, advirtió este jueves el embajador haitiano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que el canciller dominicano, Roberto Álvarez, solicitara a ese organismo intervenir ante la “conflictiva situación” entre ambos países por la referida obra de riego […]
El juez del Quinto Juzgado de la Instrucción, Cirilo Salomón, aplazó para el jueves 26 de octubre la audiencia preliminar en contra de los implicados en la Operación Falcón puesta en marcha por el Ministerio Público en el 2021 sobre lavado de activos proveniente del narcotráfico.
El magistrado Salomón reprogramó la vista debido a que dos de los imputados no fueron llevados al Palacio de Justicia de Santiago.
Para la vista, el Ministerio Público tenía previsto empezar a leer la acusación en contra de las 31 personas implicadas en el caso.
El Ministerio Público solicita el decomiso definitivo de más de 200 bienes muebles e inmuebles, incluyendo villas, apartamentos, terrenos y estaciones de combustibles, incautados a la organización delictiva mediante intervenciones interagenciales que la Fiscalía y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público desplegaron por varias provincias del país, con la cooperación internacional de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA).
Además, solicita el decomiso de más de $400 millones de pesos y 5 millones de dólares que fueron incautados y frizados en cuentas bancarias y mediante allanamientos.
Según el expediente, el grupo es acusado de incurrir en los delitos de asociación de malhechores para la comisión de delitos como el narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas de fuego, actividades mediante las cuales alegadamente acumularon millonarios bienes muebles e inmuebles, miles de millones de pesos en efectivo y vehículos.
La acusación del Ministerio Público establece que la red de la Operación Falcón se dedicaba al patrocinio ilegal de campañas políticas para agenciarse protección e inmunidad. De acuerdo al órgano, hay tres diputados vinculados en la organización de lavado de activos producto del narcotráfico.
Los diputados investigados son Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera, quienes figuran entre los involucrados en la estructura criminal.
Otra figura política vinculada a la supuesta organización es el suspendido director de Comunidad Digna y exdiputado Juan Maldonado.
Familiares de Cristina Martínez Lorenzo, la mujer dominicana con trastorno mental que tenía 22 días desaparecida tras ser detenida por policías sin documentos de identidad y confundirla con una haitiana en San Cristóbal, recibieron noticias de ella.
Una hermana de Cristina confirmó a Diario Libre que recibieron un vídeo en el que se observa a la mujer en perfecto estado de salud físico. Le informaron que está en el municipio Hondo Valle, provincia Elías Piñas.
La mujer, de 35 años, manifestó a través del audiovisual que es oriunda del municipio Cambitas Garabito, en la provincia San Cristóbal, lo que despertó la voz de alerta en la zona donde se encuentra y una señora la retuvo en su vivienda para entregarla a las autoridades, quienes gestionarán el encuentro con sus familiares.
Cristina viste con un pantalón caquis, un poloshirt verde con un diseño amarillo y unas chancletas color naranja.
«Nos mandaron un video donde estaba mi hermana. Todavía no la he visto en persona, pero sí, sé dónde está. Estoy muy alegre», expresó la Isaura Lorenzo, hermana de Cristina.
Según Lorenzo, su hermana le manifestó a la señora que la tiene que policías la dejaron en Elías Piñas y que de ahí empezó a caminar sin ningún destino.
Ysaura precisó que al momento de recibir la noticia un agente del orden se comunicó con ella y le indicó que trasladarán a Cristina hasta Baní y luego la llevarán a San Cristóbal para entregarla a sus parientes.
Se recuerda que la dama acudió a un centro hospitalario del municipio de Cambita Garabitos, en la provincia San Cristóbal, el pasado 20 de septiembre. Se presentó al centro debido a un fuerte dolor estomacal. Cuando el médico que la atendió le solicitó sus documentos personales ella respondió que no los tenía y entró en crisis, mostrando un comportamiento violento debido a su condición de salud. Ante esta situación, el centro médico solicitó la intervención de los agentes del orden.
Según lo relatado por una hermana, al momento de su detención, Cristina fue trasladada a la cárcel La 17 de San Cristóbal y posteriormente fue llevada a un lugar desconocido. Desde entonces, no se tenía conocimiento sobre su paradero.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional intentó conocer la tarde de este jueves la solicitud de medida de coerción a 12 de 23 jóvenes deportistas de la disciplina de yudo que fueron detenidos tras alegadamente presentar documentación alterada durante una solicitud de visado en la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana.
La audiencia al primer grupo fue aplazada para mañana viernes porque, según el Ministerio Público, no se notificó a la Embajada estadounidense. El viernes se intenterá conocer la solicitud de medidas restrictivas contra los 23 jóvenes.
Según la solicitud de medida de coerción, los imputados pretendían viajar con documentos alterados para participar en un evento deportivo del 20 al 26 de octubre en Albany High School 603 Key Route BLVD, Albany, CA, 94706, Estados Unidos.
El Ministerio Público solicitará contra los acusados presentación periódica, impedimento de salida y el pago de una garantía económica de 50,000 pesos en efectivos. La querella fue presentada por la Embajada de Estados Unidos y la Federación Dominicana de Judo.
Hoy solo se dio a conocer los nombres de los 12 acusados que fueron presentados ante el juez y que son Santa Ivelise Jiménez, Julio César Rodríguez López, Dilenia Toribio Mendoza, Julianni Peña Cruz, Yeilin Leandra Hetmández Mejía, Edinson Rodríguez Nolasco y Preyiin Román Payano Ulloa.
También se encuentran acusados Jerinson Fernández Moreno, Rafelanyi Pimentel Tejada, Starlin Javier Betances Ventura, Rosalba Altagracia Ortiz y Yesenia Altagracia Hidalgo.
El Departamento de Investigación de Falsificaciones de la Embajada de EE.UU. alertó a las autoridades dominicanas tras detectar que las cartas de invitación al torneo, así como otros documentos, estaban alterados. Estos fueron remitidos a un departamento interno de la misión consular estadounidense encargado de confirmar la veracidad de los documentos.
El Ministerio de Turismo informó este jueves que la cantidad de turistas no residentes que visitó la República Dominicana en septiembre del año 2023 fue de 545,990, lo que significa un aumento de 115,861, si se compara con el mismo mes del 2022. Este último año llegaron al país 430,129 personas.
El ministro David Collado presentó este jueves el reporte sobre la llegada de turistas en septiembre, mes en el que hubo una disminución con respecto a agosto, pero que superó a otros de años anteriores. En agosto pasado la cantidad de turistas que llegó fue de 784,284.
El número acumulado de enero a septiembre alcanza los 7,625,986, evidenciando un incremento del 24% con respecto al mismo período del 2022, año en que llegaron 6,136,567 extranjeros. La diferencia de un año a otro es de 1,489,419 vacacionistas.
En los años previos a la pandemia habían llegado 5,716,822 en el 2018 y 5,759,741 en el 2019.
La República Dominicana estaría a punto de lograr la meta de los 10 millones de visitantes tomando en cuenta los últimos 12 meses, según Jacqueline Mora, viceministra Técnico de Turismo. “Al día de hoy, contando los últimos 12 meses, estamos en 9,964,009 visitantes que han llegado a la República Dominicana, muy cerquita de la meta”, indicó la funcionaria.
La cantidad de visitantes por vía aérea fue de 478,794 en 2023, mayor a los 430,135 de septiembre del 2022, para una diferencia positiva del 11%. Los cruceristas que llegaron por vía marítima fueron 67,196, superior a los 50,518 del año 2022. La suma de éstos dos da como resultado la cantidad total de turistas.
El Mitur realizó encuestas a quienes visitaron la República Dominicana, obteniendo como resultado una satisfacción de 4.4 de 5. Un 91% dijo que regresaría y un 87% que recomendaría este destino.
Un 95% de los que fueron a Punta Cana dijeron que volverían a ir. Igual dijeron el 97% de los que fueron a Santo Domingo, el 94% de los que estuvieron en Puerto Plata, el 97% de los que se quedaron en La Romana, el 94% de los fueron a Samaná, el 98% de Santiago y el 97% de Barahona.
La ocupación hotelera general en septiembre fue del 57%, más que el 53% de septiembre del 2022. La ocupación más alta fue la urbana (61%), seguida de la de big players (59%) y los resort tradicional (59%).
El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, pidió este jueves 12 de octubre ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la intervención de este organismo para solucionar la «conflictiva situación» que enfrenta al país con Haití por la «construcción ilegal» de un canal que busca desviar el caudal del río Masacre.
«Le solicitamos a la Secretaría actuar con la celeridad que exige esta conflictiva situación», pidió el canciller Álvarez, tras presentar una cronología del impasse bilateral que ha escalado en las últimas semanas hasta provocar el cierre de la frontera. Dijo que la actitud de Haití es «inaceptable».
«Secretario general, usted tiene la experiencia para emplear a fondo sus buenos oficios, asistido por los técnicos de la Secretaría, y ojalá también por los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo», continuó el canciller, en la petición a la OEA.
Álvarez indicó ante la sesión del organismo que todas las acciones que la República Dominicana ha tomado sobre la construcción de la obra sobre el río Masacre o Dajabón, incluyendo la presentación que hizo este jueves, muestran la disposición «al diálogo y al uso de las vías diplomáticas«.
Además, el canciller dijo que el país celebra la decisión de las autoridades haitianas de aceptar la propuesta de mediación del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
«Reiteramos que el interés dominicano se centra en el aprovechamiento equitativo de las aguas fronterizas, en prevenir desastres naturales y en la conservación de un ecosistema vital para un área agrícola importante», manifestó Álvarez durante su presentación.
El pasado 11 de octubre, la República Dominicana tomó la decisión de reabrir parcialmente el paso fronterizo con Haití para permitir el comercio binacional, luego ordenar el cierre total de la frontera, hasta que se detuvieran los trabajos de construcción del citado canal.
De acuerdo con el Gobierno dominicano, la obra, que involucra a particulares haitianos, inundará las comunidades de Juana Méndez y Dajabón ante la crecida del río, además de producir un impacto ambiental.
A principios de 2018, el director ejecutivo de la Secretaría de Asuntos Municipales del PRM, Waldys Taveras, dijo: «El país se expone a ser condenado al pago de cientos de millones de dólares, si no son sometidas a la Justicia las personas involucradas en la compra irregular de los terrenos de Duquesa» (…). Ni hay ninguna acción judicial del CEA, de la Procuraduría General de la República, del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, de la Cámara de Diputados, ni del Senado de la República, poderes e instituciones del Estado con calidad para presentar las acciones judiciales por haber sido afectadas por las acciones fraudulentas”.
A través de Waldys Taveras, el PRM advirtió en una carta al exprocurador Jean Alain Rodríguez, con fecha 5 de abril de 2018, que si no “actuaba” el país pagaría US$300 millones a Lajun.
Tavarez hacía referencia a un fraude cometido para la obtención de títulos de propiedad en los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa.
Esto después que el 19 de diciembre de 2017, el Sr. Lee-Chin y la Empresa Lajun Corporation, le notificaron al Estado Dominicano un aviso de controversia, invocando el Acuerdo de Libre Comercio (CARICOM), tomando como base el despojo de una propiedad, que se corresponde con los terrenos donde opera el Vertedero de Duquesa, razón por la cual reclamó una indemnización de 300 millones de dólares.
La carta tenía como asunto: “Aportes de Información y señalamiento de personas que pueden Contribuir a la Investigación sobre la apropiación de los Terrenos del Relleno Sanitario Duquesa”, donde Tavarez relata el historial de la transferencia de los terrenos de Duquesa, además de hacer referencia a que el mismo Jean Alain había ordenado al abogado del Estado y el procurador fiscal antes la Jurisdicción Inmobiliaria, elaborar informes sobre el historial de los terrenos de Duquesa y Los Tres Brazos, vendidos a empresas privadas. Esto en diciembre de 2016.
En una comunicación de prensa, el procurador Jean Rodríguez explicó que con esta medida se buscaba obtener información completa y veraz que permita al Ministerio Público determinar en forma preliminar si en las operaciones de cualquier tipo realizadas con los referidos inmuebles, existe algún vestigio de actuación dolosa.
A su vez, la empresa Lajun, concesionaria de la administración de Duquesa, dijo tener la propiedad de los terrenos basada en un contrato de venta que habría hecho el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Aprobación del Senado y el Congreso
Ante el enfrentamiento entre ejecutivos de la empresa Lajun Corporation y los alcaldes del Gran Santo Domingo por el control de los terrenos donde funciona el vertedero Duquesa, el 21 de noviembre de 2016, el presidente de la comisión de contrato de la Cámara de Diputados, Héctor Féliz, confirmó que el Senado conoció y aprobó el contrato que avala la venta de ese solar.
Según el legislador, la operación involucró un monto de 82 millones de pesos y todavía estaba pendiente de conocimiento en la Cámara de Diputados.
“Ese contrato realmente fue aprobado en el Senado, fue enviado a la Cámara de Diputados, pero todavía está en el área de Secretaría General, y no ha ido al departamento de comisiones”, enfatizó.
También dijo que el contrato existía, y que correspondería debatirlo en la cámara baja. Indicó que se estudiará el proyecto para determinar si es factible su aprobación o rechazo, pero que por el momento no podía emitir ningún tipo de juicio en torno a la operación.
Después de que el Diputado de la Provincia Santo Domingo, Radhamés González, hiciera una denuncia pública el 4 de abril de 2017, la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados anunció que presentó un expediente ante la Procuraduría General de la República, y llegó a la siguiente conclusión: “La Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados finalizó su investigación sobre la venta de los terrenos donde se encuentra ubicado el Vertedero de Duquesa y determinó que dicho contrato no había pasado por el Congreso Nacional”.
Según la carta de Taveras, el 28 de agosto de 2017 el presidente de la Comisión Evaluadora de los Terrenos del Consejo Estatal del Azúcar, Bautista Rojas Gómez, explicó a medios de comunicación que los terrenos que ocupa el vertedero de Duquesa, administrado en ese entonces por la empresa privada Lajun Corporation, eran propiedad del Estado y que por ende no pueden ser “enajenado” ni vendidos en absoluto.
Aseguró que luego de una “exploración” de los archivos del CEA, se comprobó que esa entidad “no hizo ninguna operación con ninguna persona, empresa o demás, lo que quiere decir que ese terreno es propiedad del Estado dominicano.
Los títulos de propiedad
La carta enviada a Jain Alain Rodríguez explica que El Sr. Felipe Antonio Díaz firmó un contrato el 17 de Junio del 1986, con el CEA, mediante el cual compró 1,392 tareas de tierra en la parcela No. 9-Prov. Del D.C. 21 amparado en el Poder Especial emitido por el Poder Ejecutivo mediante decreto 329 del 12 de abril de 1985.
Según Tavares, el decreto no aparece en los archivos de dicho expediente, el cual quedó inmovilizado por un periodo de 15 años hasta el 21 de marzo del 2001, donde le fue expedido la certificación de pago de la compra de los terrenos. En el contrato el Sr. Díaz afirma que fueron aprobados el 9 de diciembre del 2008 en el Senado de la República, y el 14 de Abril del 2009 en la Cámara de Diputados. Pero las secretarías de ambas cámaras certificaron que en sus archivos no reposa dicha aprobación.
Marvin del Cid (VISTA AÉREA DEL VERTEDERO DE DUQUESA EL 17 DE JULIO DE 2017.)
Luego el señor German Cornelio, fue el presidente de Lajun Corporation en el proceso de licitación y firma del Contrato con el Ayuntamiento Santo Domingo Norte. Posterior a esa concesión los Señores Felipe Antonio Díaz y Raúl Andrés Pérez Martínez, presentaron por ante la Jurisdicción Inmobiliaria los contratos suscritos con el CEA y las certificaciones de aprobación de ventas emitidas por el Congreso Nacional.
Así también al señor Raúl Andrés Pérez Martínez, le fue expedido el título de propiedad amparado en el contrato de fecha 9 de enero de 1986, mediante el cual el C.E.A. le vende 590 tareas de tierra en la Parcela 9-Prov. del D.C. No. 9 del Distrito Nacional, amparado en el Poder Presidencial emitido mediante decreto No, 329 de Abril del 1985, concluyó su proceso de pago 17 años y 6 meses después el 26 de Junio del 2003, para la obtención del título de propiedad presentó una certificación de la Secretaría del Senado de la República de fecha 29 de junio del 2006 y de la Cámara de Diputados del 22 de Noviembre del 2007, ambas cámaras señalaron que en sus archivos no repsol dicha aprobación.
Los títulos de Lajun
En abril de 2009 el Sr. José Antonio López Díaz, aparece representando a la Empresa Lajun, en su condición de presidente de esa entidad comercial en la Adenda al Contrato con el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y también aparece como comprador de los derechos inmobiliarios de Felipe Antonio Díaz, según contrato de fecha 5 de Septiembre del 2011, habiéndose emitido el certificado de título No 0100186556, a nombre del Señor José Antonio López el 22 de Junio del 2012.
El 26 de junio de 2013 Luis José Asilis Elmudesi, en representación de las empresas Wilkinson Company S.R.L. y Nagelo Enterprises, S.A. y el Sr. José Antonio López Díaz, firmaron un contrato mediante el cual el Sr. López vende a los primeros los terrenos que ocupan en ese momento el ya vertedero de duquesa y la concesión y contratos suscritos para el manejo de los Residuos sólidos del gran Santo Domingo.
En abril de 2017 Lajun Corporation rompe el silencio sobre la titularidad de los terreno de Duquesa. En una entrevista al medio El Caribe, uno de los accionistas de la empresa que administra Duquesa, Luis José Asilis, precisó que en 2013 junto a Michael Lee-Chin compró los terrenos de Duquesa y las acciones de Lajun Corporation por separado al señor José Antonio López.
En dicha entrevista Luis José Asilis expresó: “Entiendo que tenemos titularidad válida y si no lo fuera, no hemos recibido al día de hoy ni una demanda ni nos ha llegado una comunicación diciendo esos terrenos no son suyos. Si en su origen hubo una irregularidad no es nuestra responsabilidad”.
Asilis dijo en la entrevista a dicho medio que no recordaba el monto exacto de cuánto le costó tanto a él como a su socio la adquisición de este inmueble.
Seguimiento al tema
La fundación ambiental Acción Verde, comentó a Diario Libre que tienen más de 5 años dándole seguimiento al tema de Duquesa y Lajun. Y en múltiples ocasiones advirtieron al estado sobre las irregularidades en la obtención de los títulos y las posibles consecuencias de no resolver en los tribunales la situación.
En abril de 2018 Acción verde envió una carta al entonces presidente Danilo Medina, donde advertía sobre una posible condena a país en la demanda internacional interpuesta por Lajun. “El punto es que la acción judicial que está en curso en un tribunal de arbitraje de Washington, bien podría dar como resultado una onerosa condena contra el país, por una cifra de cientos de millones de dólares, mientras que los tribunales locales apoderados de las acciones contra esta empresa habrían declarado «archivo el expediente» hasta tanto «El Estado Dominicano muestre real interés en proseguir el caso» donde se ha documentado debidamente (tanto por el CEA como por el Congreso Nacional) que hubo serias irregularidades que incluyen la posible falsificación de un Decreto y documentos públicos para la apropiación del Terreno donde hoy está el Vertedero”.
“Aunque el caso a nivel internacional es manejado por DICOEX es importante que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo investigue el estatus de estos procesos, con el fin de que, si encuentra méritos, estimule y motorice el debido seguimiento judicial que depende del CEA, el Ministerio de Medio Ambiente, el Congreso Nacional, las Alcaldías y el Ministerio Público. Tener una adecuada definición judicial en estos aspectos no sólo constituirá un reforzamiento de la posición legal del país ante el tribunal de Washington, sino que permitiría una planificación y toma de decisiones más específicas en torno a los terrenos de Duquesa cuyo valor de mercado se asume en miles de millones de pesos”, concluye la carta de Acción Verde, acompañada de la carta enviada a Jean Alain pro Waidys Tavarez.
A pesar del acuse de recibo por parte del expresidente Danilo Medina, no obtuvieron respuesta a la misma.
Nelson Bautista, de Acción Verde, expresó a Diario Libre que probablemente algunos funcionarios argumentarán que «se trata de un triunfo de nuestros representantes ante el tribunal, pues apenas pagaremos menos de un 10% de lo exigido», lo que considera una gran torpeza.
“No se trata solo de dinero, de mucho dinero (más de 2,500 millones de pesos que tendría que pagar el pueblo dominicano), sino también del funesto precedente y de poner en desnudo nuestra desidia y debilidad por no haber llevado este proceso por el camino que debía ser desde el principio: demostrar en tribunales locales, que este caso podría envolver un fraude colosal contra el propio Estado, perpetrado por los pseudo inversionistas de Lajun y una camarilla de cómplices locales”.
En 2021, en el Portal accionverde.com también reseñó: «En torno a esta situación, solicitamos que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo investigue el estatus de estos procesos, con el fin de que, si encuentra méritos, estimule y motorice el debido seguimiento judicial que depende del CEA, el Ministerio de Medio Ambiente, el Congreso Nacional, las Alcaldías y el Ministerio Público.»
Nelson Bautista comentó que tiempo después, algunas autoridades contactadas alegaron que «el caso había perimido». Para el ambientalista solo bastaría un análisis básico para encontrar las fallas que llevaron de manera consistente a que este asunto terminara como terminó: “Pasaron los demandantes de ser victimarios a víctimas, de ser los causantes de más de una emergencia sanitaria por su torpe y fallido manejo del vertedero más grande del caribe, a resultar gananciosos de miles de millones de pesos que de ser pagados, sería lo mismo que tirarlos a la basura”.
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