El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) registró una diferencia o desvío de 1,263,639,032.69 pesos entre el presupuesto asignado y el ejecutado desde el 1 de enero del año 2020 al 31 de diciembre del año 2021, de acuerdo a la auditoría realizada por la Contraloría General de la República.
El informe indica que no se identificó documentación sobre comparaciones de las metas físicas y financieras versus los presupuestados, ni justificaciones de las desviaciones ocurridas, violando lo establecido en las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci).
La respuesta del Inaipi a los auditores fue que los informes de ejecución físico financieros fueron remitidos en su momento a la Dirección General de Presupuesto, así como las justificaciones de los desvíos.
“Los mismos fueron publicados en el Informe Anual de Evaluación de la Ejecución Física y Financiera que emite la Dirección General de Presupuesto. El mismo lo puede verificar en el siguiente portal https://www.digepres.gob.do/publicaciones/informes/”, expresa la réplica de la institución.
Sin embargo, la Contraloría, luego de evaluar los alegatos del Inaipi y el plan de acción aplicado, consideró que el informe no amerita cambios y se mantiene el hallazgo, porque los mismos informes de la institución no lo justifican.
“Luego de evaluar los alegatos del Inaipi y el plan de acción aplicado, y vistos los anexos que sustentan dichas acciones, se observa dentro de sus anexos el Informe Anual de Evaluación de la Ejecución Física y Financiera, el mismo indica en el apartado de justificación y desvió lo siguiente: “Se observan desvíos en la ejecución financiera entre productos, conforme la programación inicial de los recursos. En términos generales el programa presenta una variación del 10%, sin embargo, a los fines de este informe no se cuenta con información de justificación que lo respalde”.
Sobre este aspecto la Contraloría señala que estará dando seguimiento a este tema en la próxima auditoría de campo, planificada para el primer semestre de 2024.
El inventario del almacén y mercancías evidencia faltantes de artículos que costaron más de 58 millones de pesos.
De acuerdo a la investigación, en el Inaipi se registra un “inapropiado resguardo de mercancías en almacén y productos almacenados bajo una carpa fuera de las instalaciones del almacén, los cuales son de fácil acceso y vulnerables a daños y pérdidas.
Se indica que la entidad realizó un levantamiento y/o inspección de los inventarios al cierre de diciembre 2020 y, sin embargo, no realizaron los ajustes correspondientes por las diferencias identificadas, que ascendió a 61,094.50 artículos sobrantes, a un costo de 20,873,991.07 pesos.
También se señala un faltante de 380,155.07 artículos, con un costo de 58,443,686.77 pesos.
“Las diferencias no ajustadas ocasionan una irregularidad en la valoración y administración de los inventarios; en incumplimiento a las Nobaci de segundo grado para la Administración de Inventarios”, expresa el informe.
Bienes no asegurados
Los resultados de la auditoría revelan que el Inaipi tiene bienes muebles e inmuebles no asegurados y no existen pólizas de riesgos para la Oficina Central y Oficinas Regionales, Almacenes, Centros de atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y los Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia (CAFI), en incumplimiento a lo establecido en las NOBACI de segundo grado, y actividades de control de administración de bienes e inmuebles.
Los activos y cuentas por pagar
En revisión de los reportes de activos fijos al 31 de agosto 2021 se identificó que la entidad posee registros en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) valorados en 407,116,626.07 pesos y en el Sistema de Contabilidad Interno (SIGEPI) ascendentes a 108,216,813.45 pesos, para una diferencia de 298,853,294.94 pesos, lo que incumple “las Normas Básicas de Control Interno”.
Igualmente, se consigna que en el inventario de activos fijos realizado en diciembre de 2022, hay debilidades con relación a la codificación de los bienes. Se indica que 10,483 no tienen código de Bienes Nacionales; 35,068 no tienen código de la entidad y 45,653 carecen de ambos códigos.
Otro hallazgo señala que no existe un sistema para administrar las Cuentas Por Pagar. “En revisión a las cuentas por pagar a corto plazo, se observó que no se registran en un sistema que permita tener un estatus histórico de los movimientos y no tiene un reporte de antigüedad de saldo”, expresa el documento.
Compras y contrataciones
La entidad no posee los Planes Anuales de Compra y Contrataciones (PACC) de los años 2020 y 2021 debidamente aprobados por la “máxima autoridad ejecutiva”, entiéndase su directora Besaida Manola Santana de Báez, y con el resumen de los montos estimados por procedimientos de compras, señala el informe.
Enmienda a acuerdo con el PNUD en más de 800%
Un convenio suscrito entre Inaipi y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en 2018 por un monto de 1,350,000 dólares, recibió en diciembre 2020 una enmienda equivalente a más de un 800%, para un total de 12,103,816.17 millones. Se indica que esto entra en contradicción a lo establecido en el acuerdo sobre aumento de los gastos.
“Estos montos fueron pagados en fecha 30 de diciembre 2022, y observamos una ejecución de gastos del contrato equivalente a un 20%, ascendente a 2,424,639.80 dólares. Esto representa un incumplimiento a la Ley 10-07 de la Contraloría General de la República en su Artículo no. 25 y al Reglamento de Aplicación de la Ley No. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, instituido por el Decreto No. 491-07, Gaceta Oficial No. 10438, del 10 de septiembre de 2007 en su artículo no. 45”, expresa la auditoría.
Se registra, también, que en los desembolsos realizados a través del PNUD se observaron pagos por 10,091,287.41 pesos, por concepto de indemnizaciones a 110 empleados de la entidad, en incumplimiento con lo establecido en el artículo 103 numeral 2 de la Ley 41-08 de Función Pública.
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Inconsistencia en nóminas
En la revisión a las nóminas pagadas y el IR3 reportado, se observó que 185 empleados no fueron reportados, los cuales representan un monto en salario de 9,707,439.78 pesos, y una retención de 354,038.78 pesos. Igualmente, en enero de 2021 no se reportaron 153 empleados a la Dirección General de Impuestos Internos, aunque sí fueron cargados a la TSS, en incumplimiento a la Ley 11-92, en su Artículo No. 310.
Otros hallazgos
Los auditores señalan como otras faltas del Inaipi que la institución no realizó la implementación de las Normas Básicas de Control Interno, dando como resultado que el nivel de desarrollo del Control Interno es incipiente; que no ha completado los manuales de políticas y procedimientos aprobados que cumplan con las normativas estipuladas por los órganos rectores para mitigar los riesgos asociados al área de presupuesto: cuentas por pagar, inventario, bienes muebles e inmuebles, recursos humanos, compras y contrataciones, en incumplimiento con las normas básica de control.
Se destaca que los Estados Financieros no se realizan acorde a lo establecido en manual de la Dirección General de Contabilidad y únicamente elabora el Estado de Situación Financiera; y no cuenta con un sistema informático de contabilidad para la preparación del estado de situación.
Además, se indica que el Inaipi no cumple con el envío de formularios de corte semestral a la Dirección General de Contabilidad. “La institución no envía el conjunto de formularios de Corte Semestral exigidos por DIGECOG, en incumplimiento a la sección de Generalidades del Manual de Instructivos para los Formularios de Corte Semestral y Cierre del Ejercicio Fiscal, emitido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental”, establece la auditoría.
