La jueza Miolany Herasme de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal dejó en libertad bajo fianza a los tres imputados por la explosión ocurrida en esa ciudad el lunes 14 de agosto y que provocó la muerte de 37 personas y 59 heridos.
En detalle, la magistrada fijó medidas de coerción de un millón de pesos para Maribel Sandoval y su hija Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, así como impedimento de salida y presentación periódica.
Para Edward Vidal, propietario de Vidal Plast y principal imputado en el caso, la fianza es de 300,000 pesos en efectivo. Para él, la jueza dispuso también la imposición de grillete electrónico, presentación periódica e impedimento de salida. El Ministerio Público pedía un año de prisión preventiva para Edward Vidal.
La magistrada también acogió el pedimento del MP y declaró el caso complejo, pero rechazó cesar las operaciones de la empresa.
Treinta y siete denunciantes, igual a la cantidad de víctimas, se presentaron al tribunal durante el conocimiento de esta coerción efectuada a puertas cerradas la tarde de este martes 9 de septiembre en el Palacio de Justicia de la Cuna de la Constitución.
Apelarán decisión
Representantes de las víctimas dijeron a la salida del tribunal que apelarán la decisión. “Esta medida apunta a un descargo total de todos los imputados, pareciera que este proceso es un ejemplo de impunidad en este pueblo. Nosotros estamos preparando de inmediato un recurso de apelación para apelar esta medida”, dijo el abogado Manuel Arciniegas, representante de los familiares de Tito Manuel Ortega Cruz, una de las víctimas de la explosión.
Norberto Rondón, abogado de los imputados, dijo que apelará la medida que impone grillete electrónico para Edward Vidal, debido a que sufre de diabetes.
«A los estrados se va a ganar o a perder. Esto es un proceso que va a tardar años», consideró Rondón.
Ministerio Público conforme
Los representantes del Ministerio Público, Laura Segura, Daril Montes de Oca e Ingrid Maribel Guerrero Polanco, dijeron que el tribunal acogió de manera parcial su pedimento de medidas de coerción.
El MP había solicitado un año de prisión preventiva contra Edward Vidal, pero el tribunal dispuso otras medidas. Para las otras imputadas (Maribel Sandoval Almánzar, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval) pidió el pago de una garantía económica por un millón de pesos mediante una compañía aseguradora, la prohibición de salir sin autorización del país y la obligación de presentarse los días 30 de cada mes ante el Ministerio Público investigador, las cuales fueron acogidas por la jueza.
Los fiscales dijeron que antes de tomar cualquier decisión deben esperar la lectura íntegra de la medida de coerción.
El caso
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público establece que el hecho ocurrió justamente donde funcionaba la empresa Vidal Plast SRL., propiedad de los imputados Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval.
Indica que en el lugar se originó una fuerte explosión con ondas expansivas que afectaron, que dejó 37 fallecidos, 59 heridos y al menos nueve establecimientos comerciales y varias viviendas resultaron afectados.
Según un informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal la emanación de gases combustibles sin ventilación en la empresa de reciclaje de plásticos Vidal Plast fue lo que provocó la explosión.
Sin embargo, familiares de los propietarios de Vidal Plast aseguran que no ellos son inocentes y que los «verdaderos responsables» están en libertad.
