Cárcel Las Parras está entre el abandono y un futuro incierto

Desde su inauguración hace tres años y siete meses por el Gobierno anterior, el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, ha sido testigo de un notable abandono.

Los 6,966,000,000 pesos invertidos en este proyecto parecen haber sido desperdiciados, ya que las instalaciones presentan un preocupante deterioro y no hay esperanzas de ponerlas en funcionamiento en fechas cercanas.

Lo que alguna vez fue un símbolo de esperanza y rehabilitación para los presos de La Victoria, ahora es poco más que una sombra descolorida. Las pinturas desgastadas y el ambiente de desamparo se han apoderado del lugar que fue inaugurado por el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, el 10 de agosto de 2020.

Los avances de la cárcel Las Parras, también conocida como Nueva Victoria, se detuvieron cuando fue incluida en el proceso de investigación en la red desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación Medusa, donde figura como principal acusado de corrupción el exprocurador. El complejo fue sometido a una auditoría por la Cámara de Cuentas.  

Desde su entrada, con el letrero de bienvenida y las vías de acceso, se puede observar el nivel de abandono en el que encuentra. 

La necesidad de la cárcel Las Parras volvió a relucir ante el incendio que se registró el lunes en la penitenciaria de La Victoria, el cual ha dejado, hasta ahora, 11 fallecidos y la misma cantidad de lesionados, los cuales fueron dados de alta médica el mismo día del incidente. 

Expandir imagenhttps://resources.diariolibre.com/images/2024/03/19/carcel-de-las-parras-eddy-vittini10.jpg

Infografía

Desde de la entrada se puede observar el deterioro del lugar. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

La información preliminar que ofrecieron las autoridades, es que el incendio se produjo por un cortocircuito en las celdas 3 y 4. 

La Penitenciaría La Victoria ha sido cuestionada por muchos años ante las condiciones infrahumanas en la que están los presos por el hacinamiento en que conviven. Gran parte de los reos del lugar están en condiciones de preventivos y otros cumplen condena por algún delito. 

Lejos de terminarse 

El lunes el presidente de la República, Luis Abinader, indicó que este complejo carcelario está «muy lejos de terminarse» ante el elevado presupuesto que se necesita. Sostuvo que esto costaría alrededor de 1,600 millones de pesos. 

«Las Parras está muy lejos de terminarse la construcción. Incluso, el presupuesto de terminación de Las Parras es alrededor de 1,600 millones por diversas razones y también porque se construyó en un pantano que hay que hacerle unos trabajos para el drenaje que no había estado contemplado antes y muchos otros detalles», dijo Abinader durante LA Semanal con la Prensa.

Agregó que tiene un área que empezó a trabarse, luego de un proceso de licitación. La reconstrucción empezó el mes pasado por el Ministerio de Vivienda, el cual indicó que estaría lista en aproximadamente un año. 

«Nosotros somos los primeros interesados en terminar Las Parras, porque como ustedes saben, hace ya tres décadas que La Victoría no debió de estar operando, hace tres décadas, entonces, el Gobierno está esperando ya que finalmente la entreguen y una parte de ella como te digo si se entregó y está en licitación» Luis Abinader Presidente de la República

Expandir imagenhttps://resources.diariolibre.com/images/2024/03/19/carcel-de-las-parras-eddy-vittini15.jpg

[object HTMLTextAreaElement]

Cárcel Las Parras. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

Las Parras

El penal Las Parras tiene 30 edificios administrativos y 57 edificios de alojamientos, distribuidos en cuatro lotes con capacidad de albergue para 8,778 internos; 112 celdas de observación, 80 de reflexión, 48 de máxima seguridad, 88 especiales para internos con movilidad reducida, 96 conyugales y 4 edificios de comedores y cocinas.

Además, tiene 4 iglesias católicas y otros 4 templos para otras religiones, 1 gimnasio de exterior, 1 cancha olímpica multiuso, 2 estadios de softball, 23 canchas de baloncesto, de las cuales 22 son para uso de los internos y 1 para los agentes VTP; 2 rings de boxeo, 11 economatos y 11 barberías, así como 4 dispensarios médicos, 6 torres de vigilancia, 42 garitas de vigilancia, 4 accesos a cuadrantes, y un área de acceso a los talleres.

También cuenta con un edificio de acceso y registro que consiste en un área especializada que cuenta con escáner de cavidades y cuerpo completo, 10 arcos detectores de metales y 5 puntos de control con túneles rayos X con más de 90 escáneres de metales de mano, así como un centro de comando y control a través de miles de cámaras de seguridad con circuito cerrado en todo el recinto.

El complejo penitenciario contempla 12 módulos y está ubicado en un terreno de aproximadamente 6,407,083.00 metros.

» Leer más

Entrevista con Ángel Hernández, ministro de Educación

El ministro de Educación, Ángel Hernández, recibió hace aproximadamente dos semanas el documento sobre la propuesta de modificación a la Ley General de Educación, 66-97.

Dicha propuesta fue desarrollada por una Comisión Revisora designada por el propio Minerd, para la discusión de los puntos y posterior aprobación de los cambios.

En la entrevista, Hernández ofrece su perspectiva sobre la propuesta.

P: ¿En qué aspectos usted entiende que el borrador modifica la ley?

R: Hay muchas cuestiones que están ahí pautadas, entre ellas el tema que tiene que ver con el Consejo Nacional de Educación, hay algunos aspectos interesantes en términos de sus funciones. También todo lo que tiene que ver con el tema de la apertura del sistema educativo a las innovaciones que se presentan en la sociedad, y la participación de las entidades descentralizadas.

En la ley que tiene que ver con la función pública hay una definición muy específica de lo que es la descentralización y la desconcentración, por lo que, en mi opinión, al Ministerio lo que le conviene es que los llamados institutos descentralizados, como Infodosu, Inafocan, Inabima, entre otras, pasen a ser más bien institutos desconcentrados, no descentralizados, porque la función de descentralización le da una autonomía muy grande, que en realidad tiende a atomizar la función del Ministerio.

Creo que en ese nivel de descentralización solamente deberían estar Infodosu, que es una universidad y por lo tanto tiene una autonomía plena, tanto en términos administrativos como funcionales. También el Inabima, que en realidad es una AFP, debido a que tiene que ver con las pensiones de los docentes, en las demás instituciones hay que definirlo más para ver cuál sería su rol y la mejor forma de organizarlo.

P: ¿Qué tan importante es la educación laica en el país?

R: En el sistema educativo actual se respetan todas las religiones, en la práctica, aunque el Concordato orienta a que se asuma a la religión católica como la religión oficial. Entiendo que lo que hay que fortalecer es la perspectiva de ver la educación como una integralidad.

Aquí realmente hay una diversidad religiosa y cultural que es lo que realmente ha predominado en el sistema educativo dominicano, no se impone una religión a nadie. De hecho, en la misma ley de educación actual está previsto que si los padres quieren pedir que sus niños no sean expuestos a una determinada religión, pueden solicitarlo.

No creo que sea una gran novedad en ese campo lo que hay. Yo creo que en la práctica el sistema educativo funciona con una gran pluralidad de ideas y es lo que se ha preservado en la propuesta de ley.

P: Vivimos en un mundo que actualmente está muy influenciado por la tecnología, pero en el borrador no se menciona extensivamente en qué aspectos se incluiría la tecnología en la educación, ¿cómo se desarrollaría esto?

R: Eso no tiene ni siquiera que estar en la ley, hoy día es muy difícil que una sociedad se pueda abstener de lo que está ocurriendo en el mundo tecnológico. De hecho, nosotros tenemos un programa llamado Escuela Conectada, en el cual se han vinculado más de 3200 escuelas por fibra óptica y se le ha establecido un campo virtual de aprendizaje.

Eso significa que más del 80 % de los estudiantes van a asistir el próximo año en escuela donde la tecnología tendrá una presencia sustancial. Asimismo, para los docentes hay un programa que se va a iniciar ahora, para formar dentro de las escuelas al director, al coordinador pedagógico, al animador y dos docentes más por cada uno de esos 3,200 centros a nivel nacional, para que el próximo año escolar todos puedan utilizar el campo virtual que tienen cada escuela.

De modo que el que esté eso en la ley o no, no es significativo, lo importante es que, en la práctica, las escuelas tienen un campo virtual.

P: ¿Cuál es su opinión respecto a lo que propone la ley de aumentar progresivamente el presupuesto de educación a un 6 % del PIB?

R: Es una propuesta que debe ser objeto de discusión y que tiene mucho que ver con los organismos financieros del gobierno. Yo creo que el 4 % hasta ahora se ha estado administrando de una manera razonable, de hecho, el año pasado tuvimos un buen porcentaje de aplicación de ese 4 %, pero es obvio que los recursos deben seguir creciendo para el sector de educación y seguir utilizándose de una manera eficiente.

Para mí es inexplicable que hoy día todavía existan escuelas que no tienen agua o no tienen un sanitario adecuado, porque el dinero no siempre se ha utilizado en las prioridades del sistema, entonces el año pasado, por ejemplo, se invirtieron casi trece mil millones de pesos en preparación de infraestructura escolar y a partir del próximo mes vamos a iniciar un programa de reparación de escuelas rurales con mil quinientos millones de pesos, porque realmente nunca se le ha puesto la mano a esas escuelas, las han dejado abandonadas. Entonces de lo que se trata es de que el dinero se ha utilizado bien para los propósitos institucionales.

«Para mí es inexplicable que hoy día todavía existan escuelas que no tienen agua o no tienen un sanitario adecuado» Ángel Hernández Ministro de Educación

P: Con relación al Consejo Nacional de Educación se destacó el hecho de que en el borrador se le resta autoridad, pasa de ser la autoridad suprema a nivel educativo a ser un órgano asesor, ¿Qué opina al respecto?

R: Ocurre que eso está relacionado con la Ley de Administración Pública que establece que los consejos son órganos asesores, sin embargo, en la ley actual es un órgano ejecutivo, toma decisiones, pero (según) la Ley de Administración Pública, deben ser órganos consultivos más que decisorios.

Es una discusión que realmente llevó mucho tiempo en la comisión que estuvo trabajando el tema, pero hay una ley que hace ese mandato, entonces hay que ver cómo se concilian ambas leyes en lo que concierne al futuro de la educación.

P: ¿Qué cambios se harían en el borrador respecto a la responsabilidad de los padres como actores en la educación?

R: Lo fundamental es que los padres participen en todos los procesos educativos. Hay tres sectores que intervienen en el proceso educativo, que son los docentes, los propios alumnos y los padres. Si esos tres sectores cumplen con las atribuciones, las funciones que están establecidas y previstas en la ley y en el proyecto, sin duda alguna la escuela nuestra va a cambiar positivamente.

En todos los lugares donde se ha evidenciado éxito en las escuelas, sobre todo en PISA, es porque ha habido una gran participación de docentes y padres que apoyan el trabajo de los niños, en verdad la alianza escuela-familia es fundamental para el éxito del aprendizaje de los niños.

Entonces lo que hay es potencializar el rol de los padres en el proceso educativo y es lo que se consigna en el proyecto de ley. Creo que es un buen enfoque, pero no basta con el enfoque, hay que llevarlo a la práctica.

P: El borrador habla de evaluar a los distintos actores de la educación, a excepción del Ministerio de Educación ¿Esto será contemplado en la ley?

R: En verdad todos los actores deben ser evaluados, incluido el Ministro de Educación, y deben ser evaluados de una manera rigurosa en relación al cumplimiento de sus funciones.

Yo creo que en la medida que la cultura de evaluación se establece, en esa misma medida se mejora la calidad de cualquier proceso. Los enfoques de evaluación tienen que definirse en su momento, pero lo importante es que esté precisado que hay que evaluar a todo el mundo para garantizar que cada quien cumpla con su papel.

P: ¿Se tomaría en cuenta lo de la reducción de años de servicio para los maestros al momento de jubilar?

R: Es una propuesta que está ahí, debe ser objeto de discusión y obvio, también ver desde el punto de vista del financiamiento cómo se soportaría eso.

Hay que ver esto en términos contextuales, en función de la esperanza de vida de las personas, si antes la esperanza de vida era de 60 años, jubilar a una persona a los 50 te daba la oportunidad de tener 10 años de jubilación, pero hoy día la esperanza de vida ha aumentado significativamente. Jubilar a una persona a una edad temprana, un docente que entra a los 25 años al sector de educación y dura 25 en el sistema, se jubila a los 50, pero esa persona puede durar 40 años disfrutando de una pensión, entonces, hay que ver cómo eso se maneja financieramente.

Por eso yo pienso que debe haber un análisis económico de esa propuesta y cómo eso va a impactar al sistema de pensión de los docentes.

P: ¿Cuándo tiene pautado la discusión con la Comisión revisora de la ley para determinar cuáles puntos del borrador serán tomados en cuenta?

R: Ahora mismo enviamos el documento a todas las organizaciones sociales que tienen que ver con el sector de Educación, para que lo lean, lo analicen y den sus opiniones.

Tenemos todo el mes de abril para recibir la opinión de la población en relación a esa propuesta de ley. Una vez se logre esa recolección de información, entonces se procederá a hacer un análisis de los aportes recibidos y hacer un borrador definitivo, el cual también será objeto de discusión interna (en junio aproximadamente) y se enviará al Poder Ejecutivo, posteriormente, para que lo analice y lo sometan al Congreso con fines de aprobación.

Entendemos que lo importante es que haya la mayor cantidad de opiniones, que todos los sectores que tengan algún interés en educación, como la iglesia, los sindicatos, los empresarios, los padres de familia, los propios alumnos, el sector magisterial, opinen sobre la ley.

» Leer más

Cárcel La Victoria: condenada a la explotación constante

Como si fuera un volcán, la cárcel de La Victoria hace erupción constante, aflorando siempre las iniquidades, el hacinamiento y la vulnerabilidad en que se encuentran los que allí purgan sus penas.

La última emisión de sus males ocurrió el lunes, cuando el fuego generado por un cortocircuito, según el informe oficial preliminar, causó la muerte de unas 11 personas.

Pero en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, cuyo traslado de lugar lleva años en espera, las desgracias son cíclicas. Solo en los últimos años se cuentan al menos 10 muertes ocurridas en incendios, riñas, motines y hasta brotes de enfermedades que se han reseñando en la prensa nacional.  Los heridos o afectados suman decenas.

A las desgracias se suman las denuncias constantes de corrupción en el penal. En mayo de 2022, Roberto Santana, entonces asesor del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, fijó en 7 millones de pesos a la semana el monto que recibía el jefe de seguridad del penal por permitir actividades prohibidas.

Las armas, de fuego y blancas, drogas, celulares y negocios de todo tipo, son “descubiertos” en grandes cantidades en los operativos que las autoridades hacen en el recinto carcelario.

“El incendio del día del lunes en la Penitenciaría Nacional de la Victoria es un reflejo de la falta de control, supervisión, gerencia, administración y, sobre todo, de prevención”, dice Rodolfo Valentín, director  de la Oficina Nacional de Defensoría Pública.

Expandir imagenhttps://resources.diariolibre.com/images/2024/03/19/incendio-carcel-la-victoria—-felix-leon-8.jpg

Infografía

Demolición de las área afectada por incendio en La Victoria. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

Para el abogado, lo que ocurre en ésta, como en muchas otras cárceles de República Dominicana, debe activar a la sociedad para que vea el tema de prisiones como una prioridad, pues, de lo contrario, seguirán pasando desgracias que lamentar.

Hacinamiento

La cárcel de La Victoria, que arrastra el nombre de la localidad de Santo Domingo Norte donde está ubicada, fue construida en 1952, en lo que algunos historiadores dicen que fue un intento de la dictadura de Rafael Trujillo Molina por aparentar respeto a los derechos humanos.

Su capacidad inicial era para 1,200 reclusos, pero en la actualidad alberga a 6,816, una cantidad que la convierte, además de la más grande, la más hacinada del país. Los datos que hasta enero de este 2024 publica la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Procuraduría General de la República indican que, del total, 3,669 (el 53.8 %) tienen condena, mientras los restantes 3,147 (46.1 %) están preventivos.

En el informe sobre las Condiciones de Detención y de Prisión 2022, que hizo la Defensa Pública, encontró que ante las condiciones de hacinamiento que tiene el penal, muchos de los reclusos carecen de camas y tienen que dormir en el piso.

«No debemos jactarnos de un estado social y de derecho, cuando tenemos el 40% de los internos durmiendo en el piso con una insalubridad que asusta» Rodolfo Valentín Director de la Defensoría Pública

“La mayoría duerme en el suelo, muchos sin el soporte siquiera de una colchoneta. Muchos internos duermen en los pasillos, en los baños, algunos de estos son letrinas; también duermen en las áreas comunes como el comedor, en las iglesias, etc”, se lee en el documento.

A mayor estrechez, aumentan las vulnerabilidades. En 2018 un recluso identificado como Yohairo Henríquez murió y otros dos resultaron heridos, cuando intentaron conectar un abanico y eso provocó una descarga eléctrica que generó un conato de incendio.

Dos años antes, en marzo de 2016, un brote de cólera provocó la muerte de cuatro reclusos en La Victoria, y otras 46 personas resultaron afectadas.  Salud Pública informó entonces que el brote se originó en un área ocupada por 900 personas que combinaban en el mismo lugar sus actividades de baño, cocina y sanitario.

Expandir imagenhttps://resources.diariolibre.com/images/2024/03/19/2aba28a4-cfd0-45aa-b87a-761fd5ed0239.jpg

Infografía

La Victoria fue contruida durante la dictadura de Trujillo. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

En el penal se suceden también las riñas, con estelas de muertes y heridos. La prensa nacional registra la muerte de tres personas y heridas a diez en medio de una riña, ocurrida en enero de 2022, entre dos grupos que se disputan control dentro del penal.

También se publicó el caso de un hombre que murió y otros dos que resultaron heridos durante una pelea entre ellos, ocurrido en enero de 2020.  En abril de ese año se produjo un motín en el que cinco presos y un policía resultaron heridos. La revuelta se justificó en las quejas de los internos por los afectados de Covid-19 que, según decían, eran más que los que se informaban oficialmente.

El sueño de una nueva Victoria

En marzo de 2017, el entonces presidente Danilo Medina anunció la construcción de dos cárceles para trasladar a los presos de La Victoria.  Los detalles de la obra los dio después el entonces procurador general de la República Jean Alain Rodríguez cuando presentó su Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, que tendría una inversión superior a los 170 millones de dólares, según  anunció en 2018.

La Victoria se mudaría a Las Parras, en San Antonio de Guerra y tendría 12 recintos con capacidad para unas 9,000 personas.  A principios de agosto de 2020 fue inaugurada la primera fase de la cárcel, pero desde el cambio de gobierno, que se dio el 16 agosto de ese año, la obra fue cuestionada. Primero, Roberto Santana, en su condición de presidente de la Academia Regional Penitenciaria, dijo que la cárcel no cumplía con los estándares internacionales y que había duplicado su costo.

Ante las quejas de algunos sectores para que se produjera el cierre de La Victoria y se trasladaran los reclusos a Las Parras, la actual procuradora Miriam Germán Brito cuestionó públicamente que la obra se inauguró cuando había “no pocas cosas por hacer todavía”.   

Un informe de la Cámara de Cuentas, dado a conocer en junio de 2022, encontró irregularidades en el uso de los recursos destinados al Plan de Humanización, incluido La Parras. 

Expandir imagenhttps://resources.diariolibre.com/images/2024/03/19/imagen-carcel-de-las-parras-eddy-vittini15.jpg

Infografía

Vista actual de Las Parras, en Guerra.

Las Parras, paralizada y en abandono: el efecto Medusa en la cárcel

A mediados de 2021, la propia Procuraduría General de la República hizo acusación formal contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, alegando malversación de recursos en el Plan de Humanización, el que se habría utilizado, según la nota oficial, en un esquema de desfalco y sobornos. La acusación llevó a la paralización de los trabajos de construcción de las instalaciones pendientes de construir en Las Parras, pues la obra en pleno pasó a ser parte del objeto de investigación denominada Operación Medusa, que encaminaron la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución.El caso, todavía en fase de instrucción, abarca al exprocurador, empleados y suplidores de la Procuraduría. A la fecha, el lugar que terminaría con el hacinamiento de La Victoria luce en total abandono, donde la maleza es la única interna en sus múltiples edificios.Aunque se mantiene la esperanza del traslado, su materialización está lejos, dijo el presidente Luis Abinader el lunes. “Las Parras está muy lejos de terminarse. Alegó la falta del presupuesto de terminación, que lo estiman en unos 1,600 millones, y de la construcción de un drenaje que se prevé como solución al “pantano” donde la obra fue levantada.

» Leer más

Cárcel La Victoria: condenada a la explotación constante

Como si fuera un volcán, la cárcel de La Victoria hace erupción constante, aflorando siempre las iniquidades, el hacinamiento y la vulnerabilidad en que se encuentran los que allí purgan sus penas.

La última emisión de sus males ocurrió el lunes, cuando el fuego generado por un cortocircuito, según el informe oficial preliminar, causó la muerte de unas 11 personas.

Pero en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, cuyo traslado de lugar lleva años en espera, las desgracias son cíclicas. Solo en los últimos años se cuentan al menos 10 muertes ocurridas en incendios, riñas, motines y hasta brotes de enfermedades que se han reseñando en la prensa nacional.  Los heridos o afectados suman decenas.

A las desgracias se suman las denuncias constantes de corrupción en el penal. En mayo de 2022, Roberto Santana, entonces asesor del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, fijó en 7 millones de pesos a la semana el monto que recibía el jefe de seguridad del penal por permitir actividades prohibidas.

Las armas, de fuego y blancas, drogas, celulares y negocios de todo tipo, son “descubiertos” en grandes cantidades en los operativos que las autoridades hacen en el recinto carcelario.

“El incendio del día del lunes en la Penitenciaría Nacional de la Victoria es un reflejo de la falta de control, supervisión, gerencia, administración y, sobre todo, de prevención”, dice Rodolfo Valentín, director  de la Oficina Nacional de Defensoría Pública.

Expandir imagenhttps://resources.diariolibre.com/images/2024/03/19/incendio-carcel-la-victoria—-felix-leon-8.jpg

Infografía

Demolición de las área afectada por incendio en La Victoria. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

Para el abogado, lo que ocurre en ésta, como en muchas otras cárceles de República Dominicana, debe activar a la sociedad para que vea el tema de prisiones como una prioridad, pues, de lo contrario, seguirán pasando desgracias que lamentar.

Hacinamiento

La cárcel de La Victoria, que arrastra el nombre de la localidad de Santo Domingo Norte donde está ubicada, fue construida en 1952, en lo que algunos historiadores dicen que fue un intento de la dictadura de Rafael Trujillo Molina por aparentar respeto a los derechos humanos.

Su capacidad inicial era para 1,200 reclusos, pero en la actualidad alberga a 6,816, una cantidad que la convierte, además de la más grande, la más hacinada del país. Los datos que hasta enero de este 2024 publica la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Procuraduría General de la República indican que, del total, 3,669 (el 53.8 %) tienen condena, mientras los restantes 3,147 (46.1 %) están preventivos.

En el informe sobre las Condiciones de Detención y de Prisión 2022, que hizo la Defensa Pública, encontró que ante las condiciones de hacinamiento que tiene el penal, muchos de los reclusos carecen de camas y tienen que dormir en el piso.

«No debemos jactarnos de un estado social y de derecho, cuando tenemos el 40% de los internos durmiendo en el piso con una insalubridad que asusta» Rodolfo Valentín Director de la Defensoría Pública

“La mayoría duerme en el suelo, muchos sin el soporte siquiera de una colchoneta. Muchos internos duermen en los pasillos, en los baños, algunos de estos son letrinas; también duermen en las áreas comunes como el comedor, en las iglesias, etc”, se lee en el documento.

A mayor estrechez, aumentan las vulnerabilidades. En 2018 un recluso identificado como Yohairo Henríquez murió y otros dos resultaron heridos, cuando intentaron conectar un abanico y eso provocó una descarga eléctrica que generó un conato de incendio.

Dos años antes, en marzo de 2016, un brote de cólera provocó la muerte de cuatro reclusos en La Victoria, y otras 46 personas resultaron afectadas.  Salud Pública informó entonces que el brote se originó en un área ocupada por 900 personas que combinaban en el mismo lugar sus actividades de baño, cocina y sanitario.

Expandir imagenhttps://resources.diariolibre.com/images/2024/03/19/2aba28a4-cfd0-45aa-b87a-761fd5ed0239.jpg

Infografía

La Victoria fue contruida durante la dictadura de Trujillo. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

En el penal se suceden también las riñas, con estelas de muertes y heridos. La prensa nacional registra la muerte de tres personas y heridas a diez en medio de una riña, ocurrida en enero de 2022, entre dos grupos que se disputan control dentro del penal.

También se publicó el caso de un hombre que murió y otros dos que resultaron heridos durante una pelea entre ellos, ocurrido en enero de 2020.  En abril de ese año se produjo un motín en el que cinco presos y un policía resultaron heridos. La revuelta se justificó en las quejas de los internos por los afectados de Covid-19 que, según decían, eran más que los que se informaban oficialmente.

El sueño de una nueva Victoria

En marzo de 2017, el entonces presidente Danilo Medina anunció la construcción de dos cárceles para trasladar a los presos de La Victoria.  Los detalles de la obra los dio después el entonces procurador general de la República Jean Alain Rodríguez cuando presentó su Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, que tendría una inversión superior a los 170 millones de dólares, según  anunció en 2018.

La Victoria se mudaría a Las Parras, en San Antonio de Guerra y tendría 12 recintos con capacidad para unas 9,000 personas.  A principios de agosto de 2020 fue inaugurada la primera fase de la cárcel, pero desde el cambio de gobierno, que se dio el 16 agosto de ese año, la obra fue cuestionada. Primero, Roberto Santana, en su condición de presidente de la Academia Regional Penitenciaria, dijo que la cárcel no cumplía con los estándares internacionales y que había duplicado su costo.

Ante las quejas de algunos sectores para que se produjera el cierre de La Victoria y se trasladaran los reclusos a Las Parras, la actual procuradora Miriam Germán Brito cuestionó públicamente que la obra se inauguró cuando había “no pocas cosas por hacer todavía”.   

Un informe de la Cámara de Cuentas, dado a conocer en junio de 2022, encontró irregularidades en el uso de los recursos destinados al Plan de Humanización, incluido La Parras. 

Expandir imagenhttps://resources.diariolibre.com/images/2024/03/19/imagen-carcel-de-las-parras-eddy-vittini15.jpg

Infografía

Vista actual de Las Parras, en Guerra.

Las Parras, paralizada y en abandono: el efecto Medusa en la cárcel

A mediados de 2021, la propia Procuraduría General de la República hizo acusación formal contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, alegando malversación de recursos en el Plan de Humanización, el que se habría utilizado, según la nota oficial, en un esquema de desfalco y sobornos. La acusación llevó a la paralización de los trabajos de construcción de las instalaciones pendientes de construir en Las Parras, pues la obra en pleno pasó a ser parte del objeto de investigación denominada Operación Medusa, que encaminaron la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución.El caso, todavía en fase de instrucción, abarca al exprocurador, empleados y suplidores de la Procuraduría. A la fecha, el lugar que terminaría con el hacinamiento de La Victoria luce en total abandono, donde la maleza es la única interna en sus múltiples edificios.Aunque se mantiene la esperanza del traslado, su materialización está lejos, dijo el presidente Luis Abinader el lunes. “Las Parras está muy lejos de terminarse. Alegó la falta del presupuesto de terminación, que lo estiman en unos 1,600 millones, y de la construcción de un drenaje que se prevé como solución al “pantano” donde la obra fue levantada.

» Leer más

Incendio en La Victoria: habilitarán área para familiares de presos

Un área será habilitada este miércoles para dar respuesta a los familiares de los presos que resultaron afectados por el incendio que afectó la cárcel La Victoria, el cual dejó, hasta el momento, 11 reclusos muertos y 400 trasladados a otros centros penitenciarios.

Así lo informó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. La entidad indicó que se creó un protocolo de atención a los parientes de los privados de libertad.

“El protocolo establece que se trabajarán las emociones, a los fines de dar apoyo, para que se sientan acompañados”, señaló la institución penal.

Roberto Hernández Basilio, director general del sistema penitenciario, instruyó que las familias sean divididas en grupos de 10 y, junto a funcionarios del sistema, recorrerán las diferentes áreas para identificar a sus familiares.

Familias logran identificar parientes

De acuerdo con las autoridades, este martes familiares lograron identificar a varios presos que fueron trasladados de las áreas afectadas a otras más seguras.

En ese sentido, se informó que unas 80 familias recibieron un recorrido por el centro penal junto a funcionarios del sistema carcelario para poder reconocer a sus parientes.  

Un equipo de psicólogos del sistema penitenciarios y de la dirección de salud mental del Ministerio de Salud Pública realizará una intervención a los familiares de los reclusos.

Dicha acción se desarrollará, según la necesidad de cada familiar.  

Inacif identifica tres cadáveres

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó a tres cadáveres de los fallecidos durante el fuego.

Los muertos son Esteban Paredes Flores, Francis Michael Paredes y Gerard Dervis Núñez González.

Estos fueron entregaron a sus respectivas familias, pero ocho cadáveres restantes no han podido ser identificados por el Inacif.

400 presos fueron trasladados a La Vega y SFM

400 presos fueron trasladados a otras prisiones. Fueron llevados bajo fuertes medidas de seguridad.

De los trasladados, 300 fueron llevados al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en la provincia La Vega, y 100 al Centro Penitenciario Vista al Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Se elevan a 11 muertos

Más temprano, la Procuraduría General de la República informó que se elevó a 11 el número de reclusos muertos por el fuego.

A través de un comunicado, la institución explicó que realizaban labores de búsqueda en las áreas afectadas para descartar la existencia de otras víctimas.

» Leer más

Ozama es la única región con desarrollo humano «alto», según PNUD

La República Dominicana es uno de los países que ha mantenido un índice de desarrollo humano alto en América Latina y el Caribe a lo largo del tiempo, y pese a los efectos de la crisis del covid-19 sobre la economía y el nivel de vida de los dominicanos, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Pese a este buen desempeño, la organización hace hincapié en la existencia de brechas estructurales que evidencian cómo el crecimiento económico del país no ha beneficiado a todos los dominicanos por igual.

Datos de la Plataforma Territorial de Desarrollo Humano, un centro de información de datos en línea recién lanzado por el PNUD para analizar cómo se encuentra el desarrollo humano a lo interno del país, muestra que solo la región Ozama –que comprende la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional– ostentaba un nivel de desarrollo humano “alto” en el 2022, año más reciente publicado hasta el momento.

  • El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una herramienta que evalúa el progreso de un país o de una demarcación territorial determinada tras analizar tres dimensiones clave: salud, educación y niveles de vida de las personas, otorgando una puntuación del 0 al 1, en el que mayor cercanía al 1 muestra mayores niveles de desarrollo humano.

La región Ozama tenía una valoración de 0.647, para una mejoría de 2.94 % respecto al 2021, cuando la región se ubicara en 0.628.

Regiones con niveles «medio altos»

Otras tres macrorregiones cuentan con un nivel de desarrollo humano “medio alto”: la región Higüamo, que reúne las provincias San Pedro de Macorís, Monte Plata y Hato Mayor, obtuvo en el 2022 una puntuación de 0.624, un 4.32 % mayor que en 2021, cuando el índice se situara en 0.597.

A esta le siguen las regiones Cibao Nordeste –Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Samaná– con una puntuación de 0.622 en 2022–, y el Cibao Sur –La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez–, valorada en 0.619 a ese año.

El nivel de desarrollo humano en esas regiones creció 3.38 y 1.94 % respecto al 2021, respectivamente.

Estos datos muestran que, en general, solo 12 de las 32 provincias del país han alcanzado niveles de desarrollo humano destacados a ese año. En estas demarcaciones reside el 50 % del total de la población dominicana, de 10,760,028 personas, de acuerdo con el Censo del 2023.

Regiones con menor desarrollo

República Dominicana cuenta con 20 provincias con un nivel de desarrollo humano “medio bajo” o “bajo”.

Valdesia –que agrupa a Azua, Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa– es, junto con el Cibao Norte –que concentra a Espaillat, Puerto Plata y Santiago–, las dos regiones con un índice de desarrollo humano “medio bajo”.

En el 2022, Valdesia mejoró positivamente su índice de desarrollo humano, tras una mejora de 5.13 %, pasando de una puntuación de 0.573 en 2021 a 0.604 en ese año. El Cibao Norte, que en 2021 se encontraba en 0.576 tuvo un incremento de 3.67 %, situando su puntuación en 0.598 en 2022.

Las macrorregiones colindantes con la línea fronteriza –a excepción del Yuma, ubicada en el sureste del país– son las demarcaciones con el nivel de desarrollo humano más bajo.

Yuma –que comprende a El Seibo, La Altagracia y La Romana– tuvo una mejora de 4.24 %, al pasar de 0.542 en 2021 a 0.566 en el 2022. Pese a este desempeño, fue la región de más bajo desarrollo humano en ese año. 

Aunque la zona cuenta con un alto dinamismo económico a través del turismo, lo cierto es que es una zona vulnerable a los eventos climatológicos, con un desempeño educativo por debajo de la media nacional y una desigualdad de género media alta, observa el PNUD.

A esta región le siguió Enriquillo Bahoruco, Barahona, Independencia y Pedernales–, con un desarrollo humano de 0.567 en 2022. Aunque tuvo una mejora de 3.88 % respecto al 2021, cuando el PNUD le había calificado en 0.545, aún se mantiene entre las regiones con un nivel de desarrollo humano bajo.

Las regiones El Valle –Elías Piña y San Juan– y el Cibao Noroeste –Dabajón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde–, también presentaron bajos índices de desarrollo respecto al resto del país, con valores de 0.571 y 0.575. Esto supone mejoras de apenas 1.78 y 0.71 % con relación al 2021, respectivamente.

Desigualdades sociales

La brecha en la calidad de los servicios sociales, la distribución desigual de la inversión pública, la segmentación de los mercados laborales y la exclusión social que generan la discriminación y la violencia de género son algunas de las incidencias que impiden mayores avances en el desarrollo humano de las personas, señala el PNUD.

De acuerdo con el programa de Naciones Unidas, República Dominicana perdió hasta un 22 % de su potencial de desarrollo humano debido a estas desigualdades.

» Leer más

Hoy entra en vigencia la veda electoral de las elecciones

El presidente Luis Abinader inauguró en Azua la última obra que podrá entregar su Gobierno antes de las elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo.

Este miércoles comienza el período durante el cual quedan prohibidos los actos inaugurales por la ley de Régimen Electoral.

“Está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las alcaldías”, establece el párrafo 6 del artículo 210 de la norma.

El mandatario comenzó el pasado jueves con una intensa jornada de inauguraciones ante el acercamiento de la veda y la proximidad de las elecciones en las que aspira a ser elegido por cuatro años más.

Entregó obras tales como el Teleférico de Santiago, el hospital remozado Santos Socorro y la carretera para conectar a San Víctor con Jamao al Norte y Sabaneta de Yásica, uniendo a las provincias Espaillat y Puerto Plata.

Razonamiento

En ese sentido el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicó que en la Ley 20-23 de Régimen Electoral se establecen dos plazos para cada uno de los procesos electorales y que para comprender el mismo solo «basta con el simple razonamiento«.

Peralta explicó que 40 días antes de las elecciones municipales son las autoridades a nivel municipal que no pueden «aparecer en ninguna actuación de inauguración» y que en el caso de las autoridades del Poder Ejecutivo es 60 días antes de las elecciones presidenciales.

  • «Eso dio lugar a unas disquisiciones e interpretación que no sé por qué, porque basta con el simple razonamiento de que, si hubiese sido un solo plazo común, hubiesen sido 100 días para el presidente y para todos y no hubiese sido 40 y 60, pero creo que ya nadie tiene dudas de eso», expresó Antoliano Peralta.

De acuerdo a lo explicado por el funcionario, el plazo último para la inauguración de obras es el 19 o el 20 de marzo y que ese plazo es para todos los funcionarios de gobierno.

«Yo quiero advertir que esa es una prohibición que no abarca solo al presidente, sino también a los funcionarios, es decir, no es que el presidente, como dijo alguien, puede delegar en la vicepresidente o el ministro para que vayan a inaugurar, es que no pueden las autoridades del Gobierno central participar en actos inaugurales a partir de esa fecha», precisó el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.

Sobre el pedimento de hacer un alto en la celebración de LA Semanal con la Prensa, este indicó que esa rueda de prensa «no es un acto inaugural ni de promoción del gobierno», sino de transparencia y rendición de cuentas al hablar con los medios de comunicación.

UASD en Azua

El Centro Regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de Azua cuenta con dos edificios que albergan 36 aulas regulares y cinco aulas de postgrado, en las cuales impartirán las carreras de Ingeniería Informática, Educación Inicial, Psicología Escolar, Educación Física y Agronomía, mención Producción Cultivo.

Además, Orientación Académica, Hotelería y Turismo, Administración de Empresas, Contabilidad, Mercadotecnia, Educación Básica, Bioanálisis, Premédica y Derecho.

La construcción comenzó en junio del 2022 y estuvo a cargo del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, con un costo de 1,229 millones de pesos.

Cuenta con otro edificio administrativo y de servicios, seis laboratorios, un auditorio, un aula virtual, biblioteca, zona de postgrado, plaza patriótica, cancha mixta y graderías y espacio para parquear 110 vehículos.

Esta se convierte en la segunda ciudad universitaria que termina el gobierno de Abinader, después de Baní, en Peravia, entregada el 14 de febrero pasado.

El rector de la UASD explicó que falta la de Hato Mayor, Neiba, Cotuí y Santiago Rodríguez.

El mandatario ha entregado otros recintos como el de Moca, Espaillat, puesto en funcionamiento el sábado pasado.

Santo Domingo Este

Abinader anunció que en dos semanas el Gobierno subirá la licitación para comenzar la construcción de la sucursal de la UASD en Santo Domingo Este, una obra prometida desde el inicio de su gestión y que el mandatario intentó financiar con la mitad de los fondos presupuestados para los partidos políticos en 2020.

» Leer más

Entrevista con Ángel Hernández, ministro de Educación

El ministro de Educación, Ángel Hernández, recibió hace aproximadamente dos semanas el documento sobre la propuesta de modificación a la Ley General de Educación, 66-97.

Dicha propuesta fue desarrollada por una Comisión Revisora designada por el propio Minerd, para la discusión de los puntos y posterior aprobación de los cambios.

En la entrevista, Hernández ofrece su perspectiva sobre la propuesta.

P: ¿En qué aspectos usted entiende que el borrador modifica la ley?

R: Hay muchas cuestiones que están ahí pautadas, entre ellas el tema que tiene que ver con el Consejo Nacional de Educación, hay algunos aspectos interesantes en términos de sus funciones. También todo lo que tiene que ver con el tema de la apertura del sistema educativo a las innovaciones que se presentan en la sociedad, y la participación de las entidades descentralizadas.

En la ley que tiene que ver con la función pública hay una definición muy específica de lo que es la descentralización y la desconcentración, por lo que, en mi opinión, al Ministerio lo que le conviene es que los llamados institutos descentralizados, como Infodosu, Inafocan, Inabima, entre otras, pasen a ser más bien institutos desconcentrados, no descentralizados, porque la función de descentralización le da una autonomía muy grande, que en realidad tiende a atomizar la función del Ministerio.

Creo que en ese nivel de descentralización solamente deberían estar Infodosu, que es una universidad y por lo tanto tiene una autonomía plena, tanto en términos administrativos como funcionales. También el Inabima, que en realidad es una AFP, debido a que tiene que ver con las pensiones de los docentes, en las demás instituciones hay que definirlo más para ver cuál sería su rol y la mejor forma de organizarlo.

P: ¿Qué tan importante es la educación laica en el país?

R: En el sistema educativo actual se respetan todas las religiones, en la práctica, aunque el Concordato orienta a que se asuma a la religión católica como la religión oficial. Entiendo que lo que hay que fortalecer es la perspectiva de ver la educación como una integralidad.

Aquí realmente hay una diversidad religiosa y cultural que es lo que realmente ha predominado en el sistema educativo dominicano, no se impone una religión a nadie. De hecho, en la misma ley de educación actual está previsto que si los padres quieren pedir que sus niños no sean expuestos a una determinada religión, pueden solicitarlo.

No creo que sea una gran novedad en ese campo lo que hay. Yo creo que en la práctica el sistema educativo funciona con una gran pluralidad de ideas y es lo que se ha preservado en la propuesta de ley.

P: Vivimos en un mundo que actualmente está muy influenciado por la tecnología, pero en el borrador no se menciona extensivamente en qué aspectos se incluiría la tecnología en la educación, ¿cómo se desarrollaría esto?

R: Eso no tiene ni siquiera que estar en la ley, hoy día es muy difícil que una sociedad se pueda abstener de lo que está ocurriendo en el mundo tecnológico. De hecho, nosotros tenemos un programa llamado Escuela Conectada, en el cual se han vinculado más de 3200 escuelas por fibra óptica y se le ha establecido un campo virtual de aprendizaje.

Eso significa que más del 80 % de los estudiantes van a asistir el próximo año en escuela donde la tecnología tendrá una presencia sustancial. Asimismo, para los docentes hay un programa que se va a iniciar ahora, para formar dentro de las escuelas al director, al coordinador pedagógico, al animador y dos docentes más por cada uno de esos 3,200 centros a nivel nacional, para que el próximo año escolar todos puedan utilizar el campo virtual que tienen cada escuela.

De modo que el que esté eso en la ley o no, no es significativo, lo importante es que, en la práctica, las escuelas tienen un campo virtual.

P: ¿Cuál es su opinión respecto a lo que propone la ley de aumentar progresivamente el presupuesto de educación a un 6 % del PIB?

R: Es una propuesta que debe ser objeto de discusión y que tiene mucho que ver con los organismos financieros del gobierno. Yo creo que el 4 % hasta ahora se ha estado administrando de una manera razonable, de hecho, el año pasado tuvimos un buen porcentaje de aplicación de ese 4 %, pero es obvio que los recursos deben seguir creciendo para el sector de educación y seguir utilizándose de una manera eficiente.

Para mí es inexplicable que hoy día todavía existan escuelas que no tienen agua o no tienen un sanitario adecuado, porque el dinero no siempre se ha utilizado en las prioridades del sistema, entonces el año pasado, por ejemplo, se invirtieron casi trece mil millones de pesos en preparación de infraestructura escolar y a partir del próximo mes vamos a iniciar un programa de reparación de escuelas rurales con mil quinientos millones de pesos, porque realmente nunca se le ha puesto la mano a esas escuelas, las han dejado abandonadas. Entonces de lo que se trata es de que el dinero se ha utilizado bien para los propósitos institucionales.

«Para mí es inexplicable que hoy día todavía existan escuelas que no tienen agua o no tienen un sanitario adecuado» Ángel Hernández Ministro de Educación

P: Con relación al Consejo Nacional de Educación se destacó el hecho de que en el borrador se le resta autoridad, pasa de ser la autoridad suprema a nivel educativo a ser un órgano asesor, ¿Qué opina al respecto?

R: Ocurre que eso está relacionado con la Ley de Administración Pública que establece que los consejos son órganos asesores, sin embargo, en la ley actual es un órgano ejecutivo, toma decisiones, pero (según) la Ley de Administración Pública, deben ser órganos consultivos más que decisorios.

Es una discusión que realmente llevó mucho tiempo en la comisión que estuvo trabajando el tema, pero hay una ley que hace ese mandato, entonces hay que ver cómo se concilian ambas leyes en lo que concierne al futuro de la educación.

P: ¿Qué cambios se harían en el borrador respecto a la responsabilidad de los padres como actores en la educación?

R: Lo fundamental es que los padres participen en todos los procesos educativos. Hay tres sectores que intervienen en el proceso educativo, que son los docentes, los propios alumnos y los padres. Si esos tres sectores cumplen con las atribuciones, las funciones que están establecidas y previstas en la ley y en el proyecto, sin duda alguna la escuela nuestra va a cambiar positivamente.

En todos los lugares donde se ha evidenciado éxito en las escuelas, sobre todo en PISA, es porque ha habido una gran participación de docentes y padres que apoyan el trabajo de los niños, en verdad la alianza escuela-familia es fundamental para el éxito del aprendizaje de los niños.

Entonces lo que hay es potencializar el rol de los padres en el proceso educativo y es lo que se consigna en el proyecto de ley. Creo que es un buen enfoque, pero no basta con el enfoque, hay que llevarlo a la práctica.

P: El borrador habla de evaluar a los distintos actores de la educación, a excepción del Ministerio de Educación ¿Esto será contemplado en la ley?

R: En verdad todos los actores deben ser evaluados, incluido el Ministro de Educación, y deben ser evaluados de una manera rigurosa en relación al cumplimiento de sus funciones.

Yo creo que en la medida que la cultura de evaluación se establece, en esa misma medida se mejora la calidad de cualquier proceso. Los enfoques de evaluación tienen que definirse en su momento, pero lo importante es que esté precisado que hay que evaluar a todo el mundo para garantizar que cada quien cumpla con su papel.

P: ¿Se tomaría en cuenta lo de la reducción de años de servicio para los maestros al momento de jubilar?

R: Es una propuesta que está ahí, debe ser objeto de discusión y obvio, también ver desde el punto de vista del financiamiento cómo se soportaría eso.

Hay que ver esto en términos contextuales, en función de la esperanza de vida de las personas, si antes la esperanza de vida era de 60 años, jubilar a una persona a los 50 te daba la oportunidad de tener 10 años de jubilación, pero hoy día la esperanza de vida ha aumentado significativamente. Jubilar a una persona a una edad temprana, un docente que entra a los 25 años al sector de educación y dura 25 en el sistema, se jubila a los 50, pero esa persona puede durar 40 años disfrutando de una pensión, entonces, hay que ver cómo eso se maneja financieramente.

Por eso yo pienso que debe haber un análisis económico de esa propuesta y cómo eso va a impactar al sistema de pensión de los docentes.

P: ¿Cuándo tiene pautado la discusión con la Comisión revisora de la ley para determinar cuáles puntos del borrador serán tomados en cuenta?

R: Ahora mismo enviamos el documento a todas las organizaciones sociales que tienen que ver con el sector de Educación, para que lo lean, lo analicen y den sus opiniones.

Tenemos todo el mes de abril para recibir la opinión de la población en relación a esa propuesta de ley. Una vez se logre esa recolección de información, entonces se procederá a hacer un análisis de los aportes recibidos y hacer un borrador definitivo, el cual también será objeto de discusión interna (en junio aproximadamente) y se enviará al Poder Ejecutivo, posteriormente, para que lo analice y lo sometan al Congreso con fines de aprobación.

Entendemos que lo importante es que haya la mayor cantidad de opiniones, que todos los sectores que tengan algún interés en educación, como la iglesia, los sindicatos, los empresarios, los padres de familia, los propios alumnos, el sector magisterial, opinen sobre la ley.

» Leer más
1 89 90 91 92 93 12.180