PAPELETA MATÓ A MENUDO EN LAS MUNICIPALES 20/02|2024

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¿Cuántos votos han declarado nulos en las elecciones municipales?

La Junta Central Electoral (JCE) continúa emitiendo los boletines de las elecciones municipales y donde los votos declarados nulos en el Gran Santo Domingo alcanzan los 23,537 y 444 votos fueron observados.

En el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Guerra y Boca Chica el oficialista Partido Revolucionario Moderno se alzó con las principales alcaldías frente a la Alianza Opositora Rescate RD.

A más de un día de haberse iniciado el conteo de los votos en el Distrito Nacional aún faltan 11 colegios por computar en Los Alcarrizos faltan 2colegios; en Santo Domingo Este 7; en Santo Domingo Norte 1 y en Pedro Brand 2.

Al corte del lunes a las 2:51 de la tarde la JCE ofreció un resumen de las votaciones a nivel uninominal en los niveles de alcaldías y directores.

A nivel nacional se han declarado nulos unos 67,590 votos en el nivel de alcaldías, mientras que los votos observados alcanzan los 1,105.

En el Distrito Nacional 918,021 personas estaban llamadas a votar, de estas 336,186 atendieron el llamado de las urnas, 329,822 votos fueron declarados válidos, 6,265 nulos y 99 observados.

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Infografía

En estas elecciones Carolina Mejía del Partido Revolucionario Moderno (PRM) cuenta con 201,533 votos frente al candidato del Partido De La Liberación Dominicana (PLD) Domingo Contreras con 124,043.

En Santo Domingo Este 739,294 forman parte del padrón electoral, en ese sentido 247,690 votaron, de estos 241,422 son válidos 5,997 han sido declarados nulos y 271 observados.

Pastor Dio Astacio del PRM cuenta hasta el momento con 141,820 votos a su favor frente a Luis Alberto del PLD con 84,819 y Julio Romero de la Fuerza del Pueblo con 12,108.

En Santo Domingo Norte 348,470 personas están inscritas en el padrón, 134,839 votos fueron emitidos 131,279 fueron votos válidos, 3,530 votos son nulos y 30 son observados.

Betty Gerónimo Santana del PRM cuenta con 73,047 votos a su favor frente a Carlos Guzmán de la Fuerza del Pueblo con 57,098 votos.

Para el municipio de Santo Domingo Oeste unas 295,963 están inscritas en el padrón durante el proceso de elecciones de este domingo 106,709 votos fueron emitidos, de estos 104,155 fueron válidos, 2,528 declarados nulos y 26 observados.

Francisco Peña Tavarez del PRM se alzó con la alcaldía con 71,634 votos a su favor frente a Aquilino Serrata «Son» de la Fuerza del Pueblo con 30,782 votos.

Mientras que en Los Alcarrizos están inscritos 143,023, en el proceso eleccionario 59,378 votos fueron emitidos, de estos 57,640 fueron válidos, 1,723 nulos y 15 observados.

En este certamen Junior Santos del PRM logró 38,696 a su favor frente a Yaco Alberty del PLD con 4,371 votos y Cristian Encarnación del PRD con 9,076.

En el municipio de Pedro Brand 27,874 personas estaban inscriptos para votar, 14,914 votos fueron emitidos de estos 14,464 son válidos, 2,448 nulos y 2 observados.

Margnaury Espinal Navarro del PRM logró 4,180 frente a Ramón Pascual Gómez de la Fuerza del Pueblo con 7,965 votos a su favor.

Por San Antonio de Guerra los votantes hábiles suman los 26,127, durante el proceso del domingo se emitieron 18,189 votos. 17,961 fueron votos válidos, 228 nulos y no se observaron votos en esta demarcación.

Cesar Rojas García del PRM logró 9,085 votos a su favor frente a Cristino Berroa Frías de la Fuerza del Pueblo quien sacó 8,853 votos.

En Boca Chica unas 60,027 personas estaban llamadas a votar de estos 30,993 votos fueron emitidos, 30,174 fueron declarados válidos, 818 nulos y 1 observado.

Daniel Ozuna del PRD se alzó como el virtual ganador 8,637 votos frente a Fermín Brito del PLD sacó 5,722 a su favor.

Votos observados

En el Distrito Nacional 99 fueron observados, Santo Domingo Este 271, Santo Domingo Norte 30, Santo Domingo Oeste 26, Los Alcarrizos 15, Pedro Brand 2, Guerra y Boca Chica 1 para un total de 444 votos observados.

Otros municipios

En el municipio de Altamira de un total de 13,791 personas inscritas en el padrón votaron 8,476, de esos votos 163 fueron declarados nulos y 8,313 fueron declarados válidos.

En esta demarcación Luis Yoel Francisco Francisco del Partido Revolucionario Moderno (PRM) resultó ganador con 4,821 votos a su favor frente al candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fidencio Colón con 2,950 votos.

En Arenoso 4,161 personas están llamadas a votar para la elección de sus autoridades de estas 2,653 realizaron el sufragio, 37 votos fueron declarados nulos y 2,616 fueron válidos.

Domingo Méndez Hinojosa del PRM sacó 1,335 votos frente a Eddy Sánchez del PLD que logró 486 votos, mientras que Ramón de la Fuerza del Pueblo se alzó con 780 votos.

54,210 es la cantidad de personas inscritas en el padrón de Azua de esos 26,981 acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto, 685 fueron declarados nulos y 26,291 declarados válidos.

 Los resultados dan a Rafael Hidalgo Fernández de Justicia Social como ganador con 16,113 votos frente a Isaac Díaz del PLD con 2,674; Nelson de la Fuerza del Pueblo con 7,245; Franckeska Ramírez del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) CON 142; Carlos Contreras del PPT con 32; Ana Hernández Brito GenS con 50 y Julián Paula del Partido Socialista Cristiano (PSC) con 35 votos.

En Baitoa 12,462 personas estaban hábiles para votar, de esas 5,806 acudieron a las urnas; 136 votos fueron anulados y 5,670 declarados válidos.

Bernardo López del PRM se alzó con 2,793 frente a Pichichi del PLD con 1,308 y Aridio Rosa del PRD con 1,569.

67,524 son los inscritos en Bajos de Haina 33, 567 personas votaron, de esos 844 fueron declarados nulos y 32,436 válidos.

Osvaldo Rodríguez Estévez del PRM sacó 14,902 frente a Tulio Jiménez del PLD con 4,503 y Antonio Brito Rodríguez de la Fuerza del Pueblo con 12,757 votos.

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Concordato en RD, 70 años de múltiples privilegios

“Esta subvención del Estado a la iglesia era o es muchas veces menos de lo que el imaginario social piensa”. 

Así responde el secretario general adjunto de la Conferencia del Episcopado Dominicano José Joaquín Domínguez Ureña, cuando se le pregunta sobre la subvención que recibe la Iglesia católica por efecto del Concordato, el acuerdo entre el Estado dominicano y la Santa Sede que en junio próximo cumplirá 70 años.

Firmado el 16 de junio de 1954, bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, arrastra cuestionamientos de sectores que lo catalogan de privilegio, injerencia en asuntos del Estado y discriminación contra otros grupos religiosos. 

Desde el primero de sus artículos, que designa a la religión católica, apostólica y romana como la de la nación dominicana, abarca una serie de prerrogativas en el ámbito educativo, financiero, social y legal que, bajo alegato de inconstitucionalidad, en más de una ocasión, han sido atacadas, sin éxito, en los tribunales.

Una de sus disposiciones compromete al Estado a una subvención mensual para los gastos de administración de la iglesia, además de exenciones impositivas.

“El Gobierno dominicano se compromete a construir la Iglesia Catedral o Prelaticia y los edificios adecuados que sirvan de habitación del Obispo o Prelado nullius y de oficinas de la Curia, en las Diócesis y Prelatura nullius actualmente existentes que lo necesiten, y en las que se establezcan en el futuro”, dice el artículo VII del Concordato

“Además, el Gobierno asegura a la Arquidiócesis de Santo Domingo y a cada Diócesis o Prelatura nullius actualmente existentes o que se erijan en el futuro una subvención mensual para los gastos de administración y para las iglesias pobres”, añade.

Conocer el monto que ha supuesto o supone esa subvención es casi imposible. 

“A mí me da la impresión de que, mucha gente cree que el Estado suple o carga económicamente a la Iglesia”, dice el sacerdote que ve los aportes del dinero de los contribuyentes a través del Estado como “montos simbólicos”.

“La acción de la Iglesia no se sustenta en una ayuda que pueda o no dar un Estado; lo primero que ayuda a la sostenibilidad económica de la iglesia son los propios fieles”, argumenta, aunque dice desconocer el monto exacto de los aportes estatales derivados del acuerdo

Apenas refiere un millón de pesos que se otorgan mensualmente a los arzobispados y 500,000 a los obispados. Del monto que implican las exenciones impositivas o los aportes a otras instituciones, tampoco sabe.

El dato más cercano, no específico, se extrae del presupuesto general del Estado, que para este 2024 destina 607.3 millones de pesos (casi la mitad de los 1,360.2 millones asignados al ministerio de la Mujer y cerca de los 681.2 millones del ministerio de la Juventud) en ayudas directas a entidades religiosas.

La cantidad de esas entidades no pudo ser precisada por el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, pero en su registro de habilitación están inscritas unas 390 con nombres alusivos a alguna religión, de las que 250, un 64.1 %, se vinculan a la Iglesia católica

Las ayudas a las entidades religiosas están distribuidas en la cuenta “Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro” con 399.1 millones de pesos para iglesias en convenios de cogestión con el sector educativo, más otros 208.2 millones como “Transferencias a organizaciones no gubernamentales en el área religiosa”. En 2023 fueron 267.2 millones. 

RD$187.4millones en exención

El Concordato figura entre los regímenes especiales que determinan el gasto tributario del Gobierno. Se calcula que este año el Estado dejará de percibir 187.4 millones de pesos para favorecer a instituciones religiosas. De ese total, 90 millones son por exención de Itbis y 54.7 % de arancel.  

Durante la entrevista concedida a este diario en la sede de la Conferencia del Episcopado, pero que –aclara– aborda el tema a título personal, Domínguez Ureña explica que la Iglesia tiene un mecanismo bastante centralizado para el uso de las exenciones. El control del gasto no corresponde a la parroquia o a un individuo, sino al obispado, y con soporte de facturas. 

El uso de las exenciones es exclusivo para la adquisición de bienes con “montos significativos”. “La adquisición de un equipo, de un vehículo, suele ser la más frecuente, porque se utiliza para asuntos pastorales. De hecho, la mayoría de vehículos de la Iglesia están exonerados”.

Ni mal ni bien, dice el Codue

Aunque representantes de las iglesias protestantes han cuestionado y hasta atacado legalmente el Concordato, en la actualidad, algunos de sus principales voceros han variado de postura.

Preguntado al respecto, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, (Codue) Feliciano Lancen, dice que el acuerdo firmado en 1954 protege al Estado dominicano contra “toda esta ‘agenda global’ que está destruyendo los valores”.  Esto –dice–, porque el acuerdo vendría a contradecir la declaración de que el país es un Estado laico.

Lancen señala que, si bien en años anteriores existían profundas diferencias entre la comunidad evangélica y los católicos, con el auge que han tenido a partir de 1990, ya no requieren del apoyo económico del Estado. 

“A nosotros, el Concordato ni nos hace mal ni bien porque tenemos ya ganado un espacio y no queremos favores del Estado dominicano”, dice Lancen, aunque sí pide más respeto para la comunidad evangélica. Ve desigual que desde el Gobierno envíen a funcionarios a las actividades católicas, y que a las de los evangélicos asistan representantes.

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Infografía

Imagen tomada del libro “Trujillo y el Papa: diplomacia en Santa Sede y más allá”, de Víctor Grimaldi Céspedes. (FUENTE EXTERNA)

Que se modifique

“El Concordato debe revisarse –como lo hizo hace un tiempo España– tomando en cuenta la realidad actual, muy diferente a la de hace casi un siglo. Además, este tratado con el Estado vaticano es clave en un país, como la República Dominicana, mayormente católico”, dice el abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats.

Para el jurista, la vía expedita para esa revisión sería el Tribunal Constitucional, que ya se declaró incompetente para pronunciarse sobre el acuerdo

En 2021 dicho tribunal falló una acción directa de inconstitucionalidad que presentó en enero de 2011 el ciudadano José Cristóbal Flores de la Hoz contra 21 de los 28 artículos del Concordato. El accionante entendía que el acuerdo violaba los artículos 1, 2, 3, 4, 6,7, 8,39,45, 50, 55 y 68 de la Constitución, relativos a la soberanía, separación de poderes, supremacía constitucional, derecho de igualdad, libertad de conciencia y cultos, entre otros.

Los jueces del Tribunal Constitucional, tras analizar su calidad para conocer el recurso, decidieron su incompetencia en la sentencia TC/0526/21.

“Este Tribunal Constitucional considera que no se puede pretender que se decrete la inaplicabilidad o expulsión del sistema jurídico de un tratado internacional mediante la acción de inconstitucionalidad, al no encontrarse dentro de los actos reservados para su impugnación (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas)”.

Los jueces argumentaron que el tribunal puede actuar a priori como frontera frente a posibles vicios de inconstitucionalidad de un tratado, o preventivamente, pero no a posteriori. Reconocen, sin embargo, que con la decisión abandonaban su línea jurisprudencial, pues, en una ocasión anterior conocieron el fondo de un recurso similar contra el DR-CAFTA. 

El fallo tuvo el voto disidente del juez José Alejandro Ayuso, para quien el TC sí está facultado para decidir sobre un tratado a posteriori.

 “…Somos de opinión de que, en atención al principio de supremacía de la Constitución, está previsto un control a posteriori mediante el cual se pueda evaluar la constitucionalidad del mismo (tratado internacional)”, argumenta Ayuso.

El jurista Prats va   por la misma línea. Señala que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales establece que los tratados constitucionales pueden cuestionarse por otras razones no valoradas por el TC a la hora de conocer el control preventivo.

También dice que estos tratados pueden ser cuestionados a posteriori por vía de excepción. “Es ilógico pretender, entonces, que se apliquen disposiciones inconstitucionales de un tratado que se ratificó cuando ni siquiera existía el control preventivo. O la Constitución es norma suprema o no lo es”, enfatiza.

Vea aquí todo el contenido del Concordato

Privilegios por exaltación 

Otro que se apunta a favor de la modificación es el abogado Juan Francisco Puello Herrera, para quien los “tantos privilegios” otorgados a la Iglesia católica, “en buen derecho, no deben existir”, a menos que sean proporcionados a otras denominaciones religiosas. A su decir, el acuerdo colisiona con los derechos de las minorías e infringe el principio laico del Estado. Entiende, sin embargo, que una modificación solo sería posible con un acuerdo entre las partes: Estado-Santa Sede

En su libro La libertad religiosa: perspectiva comparada y ámbito en la República Dominicana, Puello Herrera recoge la visión, entre varias más, del sacerdote jesuita Antonio Lluberes, sobre las relaciones de la dictadura trujillista con la Iglesia católica.

 “Durante la Era de Trujillo, la Iglesia y el Estado vivieron un régimen de recíproca cooperación. La primera aceptó la existencia del régimen como algo beneficioso para el país y para ella misma. Aceptó facilidades legales y cooperación económica, necesarias para su ministerio”, reproduce. 

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Infografía

Imagen tomada del libro “Trujillo y el Papa: diplomacia en Santa Sede y más allá”, de Víctor Grimaldi Céspedes. (FUENTE EXTERNA)

El abogado, que se define como católico profeso, sostiene que el Concordato fue resultado de las ambiciones políticas del dictador para convertirse en una figura internacional y sumar a la larga lista de títulos la de “Benefactor de la Iglesia”, lo cual no logró pese a las gestiones de un obispo ante la Santa Sede.

En su libro, Puello Herrera también analiza decisiones judiciales sobre el Concordato, tales como una sentencia del año 1961 en la que la Suprema Corte de Justicia dictamina que la nulidad de un matrimonio canónico en su aspecto civil, solo puede ser juzgada por los tribunales civiles, debido a que el poder jurisdiccional del Estado es indelegable.

La misma Suprema se pronunció en 2008 sobre un recurso que interpusieron en 2006 varias entidades religiosas pidiendo la inconstitucionalidad del Concordato por los privilegios que supone y porque, a su entender, convierte a la católica en religión oficial de la República Dominicana. 

Pero el tribunal juzgó que lo dispuesto en el acuerdo no ha sido óbice para que otras creencias religiosas se manifiesten libremente y que éstas disponen de los mecanismos legales para procurarse los mismos privilegios que alegan.

Acorde con los argumentos de la Suprema, el secretario de la Conferencia del Episcopado Dominicano entiende que el enfoque con el que se lee el Concordato está muchas veces sesgado y es un poco superficial. Recuerda que se trata de un marco jurídico de referencia para regir las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado y cita la sentencia del 2008 como base de legalidad.

La importancia de mantenerlo vigente la demostraría el hecho de que la Iglesia sigue firmando acuerdos de esa naturaleza con otros países. Pero Domínguez Ureña acepta que, conforme van evolucionando un país y sus normativas, los acuerdos se revisan, lo que podría hacerse con el Concordato.

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Dominicanos siguen haciendo la vuelta por México

Más que disminuir, la cantidad de dominicanos que toman la ruta por México aumentó significativamente en el 2023. Los datos suministrados por Greg Segas, cónsul de los Estados Unidos en la República Dominicana, dan cuenta de que a marzo del año pasado 25,000 dominicanos habían entrado ilegalmente a territorio estadounidense a través del cruce fronterizo con México.

Pero esta cifra se duplicó al finalizar el año. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), encontró 47,273 dominicanos a lo largo de la frontera suroeste entre el 1 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, según datos suministrados a Diario Libre por Jonathan Mardo, agregado del CBP en el país.

Esto significa que mensualmente, unos 3,151 dominicanos salían del país en vuelos a Colombia, El Salvador o Guatemala con el propósito de emigrar ilegalmente a los Estados Unidos

La situación ha alarmado a las autoridades estadounidenses, preocupadas por el alto número de quienes arriesgan sus vidas en la aventura migratoria. El mensaje no ha variado: “las fronteras de Estados Unidos no están abiertas para quienes no tienen una base legal para ingresar al país”.

De los 47,273 dominicanos que entraron por México, 3,863 fueron deportados y otro millar decidió retornar voluntariamente.

Deportación inmediata

Mardo aseguró que los inmigrantes que intentan entrar sin autorización a los Estados Unidos, están sujetos a expulsión según la base legal del Título 8.

“CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos, utilizando consecuencias fortalecidas por la elusión de derechos legales”, dijo Mardo en el documento enviado a Diario Libre.

También destacó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) encontró 47,273 dominicanos a lo largo de la frontera suroeste entre el 1 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 2023.

Más de un millón en Nueva York… sin contar los indocumentados

Los dominicanos, con dos millones y medio, representan la cuarta población latina más grande en los Estados Unidos, superados por los cubanos, salvadoreños y mexicanos.

Datos suministrados por la Dominican Center for Social Justice (DOCESJ-CENTER), aseguran que para el 2019, el 19.3 % (210,000) de los dominicanos residentes en los Estados Unidos carecían de estatus migratorio. Un millón vive en Nueva York, constituyendo el grupo étnico con más estudiantes matriculados en la universidad pública.

Los datos del censo norteamericano del 2019 destacan el crecimiento de la comunidad dominicana en las distintas áreas, con el 19 % en trabajos administrativos afines a las artes, los negocios y las ciencias.

El 32 % se ocupa en servicios; el 18 % a trabajos de ventas y oficina, el 8 %, en construcción, y el 23 % se dedica a trabajos de movimientos de materiales, producción y transporte.

En Nueva York hay 3,200 policías nacidos en la República Dominicana, el mayor grupo étnico dentro del cuerpo policial norteamericano más numeroso. En el 2023 y también en Nueva York, unos 249 directores de escuelas públicas eran dominicanos, así como 24 jueces de la corte, siete concejales, un congresista, y cientos de empleados públicos.

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Concordato en RD, 70 años de múltiples privilegios

“Esta subvención del Estado a la iglesia era o es muchas veces menos de lo que el imaginario social piensa”. 

Así responde el secretario general adjunto de la Conferencia del Episcopado Dominicano José Joaquín Domínguez Ureña, cuando se le pregunta sobre la subvención que recibe la Iglesia católica por efecto del Concordato, el acuerdo entre el Estado dominicano y la Santa Sede que en junio próximo cumplirá 70 años.

Firmado el 16 de junio de 1954, bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, arrastra cuestionamientos de sectores que lo catalogan de privilegio, injerencia en asuntos del Estado y discriminación contra otros grupos religiosos. 

Desde el primero de sus artículos, que designa a la religión católica, apostólica y romana como la de la nación dominicana, abarca una serie de prerrogativas en el ámbito educativo, financiero, social y legal que, bajo alegato de inconstitucionalidad, en más de una ocasión, han sido atacadas, sin éxito, en los tribunales.

Una de sus disposiciones compromete al Estado a una subvención mensual para los gastos de administración de la iglesia, además de exenciones impositivas.

“El Gobierno dominicano se compromete a construir la Iglesia Catedral o Prelaticia y los edificios adecuados que sirvan de habitación del Obispo o Prelado nullius y de oficinas de la Curia, en las Diócesis y Prelatura nullius actualmente existentes que lo necesiten, y en las que se establezcan en el futuro”, dice el artículo VII del Concordato

“Además, el Gobierno asegura a la Arquidiócesis de Santo Domingo y a cada Diócesis o Prelatura nullius actualmente existentes o que se erijan en el futuro una subvención mensual para los gastos de administración y para las iglesias pobres”, añade.

Conocer el monto que ha supuesto o supone esa subvención es casi imposible. 

“A mí me da la impresión de que, mucha gente cree que el Estado suple o carga económicamente a la Iglesia”, dice el sacerdote que ve los aportes del dinero de los contribuyentes a través del Estado como “montos simbólicos”.

“La acción de la Iglesia no se sustenta en una ayuda que pueda o no dar un Estado; lo primero que ayuda a la sostenibilidad económica de la iglesia son los propios fieles”, argumenta, aunque dice desconocer el monto exacto de los aportes estatales derivados del acuerdo

Apenas refiere un millón de pesos que se otorgan mensualmente a los arzobispados y 500,000 a los obispados. Del monto que implican las exenciones impositivas o los aportes a otras instituciones, tampoco sabe.

El dato más cercano, no específico, se extrae del presupuesto general del Estado, que para este 2024 destina 607.3 millones de pesos (casi la mitad de los 1,360.2 millones asignados al ministerio de la Mujer y cerca de los 681.2 millones del ministerio de la Juventud) en ayudas directas a entidades religiosas.

La cantidad de esas entidades no pudo ser precisada por el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, pero en su registro de habilitación están inscritas unas 390 con nombres alusivos a alguna religión, de las que 250, un 64.1 %, se vinculan a la Iglesia católica

Las ayudas a las entidades religiosas están distribuidas en la cuenta “Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro” con 399.1 millones de pesos para iglesias en convenios de cogestión con el sector educativo, más otros 208.2 millones como “Transferencias a organizaciones no gubernamentales en el área religiosa”. En 2023 fueron 267.2 millones. 

RD$187.4millones en exención

El Concordato figura entre los regímenes especiales que determinan el gasto tributario del Gobierno. Se calcula que este año el Estado dejará de percibir 187.4 millones de pesos para favorecer a instituciones religiosas. De ese total, 90 millones son por exención de Itbis y 54.7 % de arancel.  

Durante la entrevista concedida a este diario en la sede de la Conferencia del Episcopado, pero que –aclara– aborda el tema a título personal, Domínguez Ureña explica que la Iglesia tiene un mecanismo bastante centralizado para el uso de las exenciones. El control del gasto no corresponde a la parroquia o a un individuo, sino al obispado, y con soporte de facturas. 

El uso de las exenciones es exclusivo para la adquisición de bienes con “montos significativos”. “La adquisición de un equipo, de un vehículo, suele ser la más frecuente, porque se utiliza para asuntos pastorales. De hecho, la mayoría de vehículos de la Iglesia están exonerados”.

Ni mal ni bien, dice el Codue

Aunque representantes de las iglesias protestantes han cuestionado y hasta atacado legalmente el Concordato, en la actualidad, algunos de sus principales voceros han variado de postura.

Preguntado al respecto, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, (Codue) Feliciano Lancen, dice que el acuerdo firmado en 1954 protege al Estado dominicano contra “toda esta ‘agenda global’ que está destruyendo los valores”.  Esto –dice–, porque el acuerdo vendría a contradecir la declaración de que el país es un Estado laico.

Lancen señala que, si bien en años anteriores existían profundas diferencias entre la comunidad evangélica y los católicos, con el auge que han tenido a partir de 1990, ya no requieren del apoyo económico del Estado. 

“A nosotros, el Concordato ni nos hace mal ni bien porque tenemos ya ganado un espacio y no queremos favores del Estado dominicano”, dice Lancen, aunque sí pide más respeto para la comunidad evangélica. Ve desigual que desde el Gobierno envíen a funcionarios a las actividades católicas, y que a las de los evangélicos asistan representantes.

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Infografía

Imagen tomada del libro “Trujillo y el Papa: diplomacia en Santa Sede y más allá”, de Víctor Grimaldi Céspedes. (FUENTE EXTERNA)

Que se modifique

“El Concordato debe revisarse –como lo hizo hace un tiempo España– tomando en cuenta la realidad actual, muy diferente a la de hace casi un siglo. Además, este tratado con el Estado vaticano es clave en un país, como la República Dominicana, mayormente católico”, dice el abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats.

Para el jurista, la vía expedita para esa revisión sería el Tribunal Constitucional, que ya se declaró incompetente para pronunciarse sobre el acuerdo

En 2021 dicho tribunal falló una acción directa de inconstitucionalidad que presentó en enero de 2011 el ciudadano José Cristóbal Flores de la Hoz contra 21 de los 28 artículos del Concordato. El accionante entendía que el acuerdo violaba los artículos 1, 2, 3, 4, 6,7, 8,39,45, 50, 55 y 68 de la Constitución, relativos a la soberanía, separación de poderes, supremacía constitucional, derecho de igualdad, libertad de conciencia y cultos, entre otros.

Los jueces del Tribunal Constitucional, tras analizar su calidad para conocer el recurso, decidieron su incompetencia en la sentencia TC/0526/21.

“Este Tribunal Constitucional considera que no se puede pretender que se decrete la inaplicabilidad o expulsión del sistema jurídico de un tratado internacional mediante la acción de inconstitucionalidad, al no encontrarse dentro de los actos reservados para su impugnación (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas)”.

Los jueces argumentaron que el tribunal puede actuar a priori como frontera frente a posibles vicios de inconstitucionalidad de un tratado, o preventivamente, pero no a posteriori. Reconocen, sin embargo, que con la decisión abandonaban su línea jurisprudencial, pues, en una ocasión anterior conocieron el fondo de un recurso similar contra el DR-CAFTA. 

El fallo tuvo el voto disidente del juez José Alejandro Ayuso, para quien el TC sí está facultado para decidir sobre un tratado a posteriori.

 “…Somos de opinión de que, en atención al principio de supremacía de la Constitución, está previsto un control a posteriori mediante el cual se pueda evaluar la constitucionalidad del mismo (tratado internacional)”, argumenta Ayuso.

El jurista Prats va   por la misma línea. Señala que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales establece que los tratados constitucionales pueden cuestionarse por otras razones no valoradas por el TC a la hora de conocer el control preventivo.

También dice que estos tratados pueden ser cuestionados a posteriori por vía de excepción. “Es ilógico pretender, entonces, que se apliquen disposiciones inconstitucionales de un tratado que se ratificó cuando ni siquiera existía el control preventivo. O la Constitución es norma suprema o no lo es”, enfatiza.

Vea aquí todo el contenido del Concordato

Privilegios por exaltación 

Otro que se apunta a favor de la modificación es el abogado Juan Francisco Puello Herrera, para quien los “tantos privilegios” otorgados a la Iglesia católica, “en buen derecho, no deben existir”, a menos que sean proporcionados a otras denominaciones religiosas. A su decir, el acuerdo colisiona con los derechos de las minorías e infringe el principio laico del Estado. Entiende, sin embargo, que una modificación solo sería posible con un acuerdo entre las partes: Estado-Santa Sede

En su libro La libertad religiosa: perspectiva comparada y ámbito en la República Dominicana, Puello Herrera recoge la visión, entre varias más, del sacerdote jesuita Antonio Lluberes, sobre las relaciones de la dictadura trujillista con la Iglesia católica.

 “Durante la Era de Trujillo, la Iglesia y el Estado vivieron un régimen de recíproca cooperación. La primera aceptó la existencia del régimen como algo beneficioso para el país y para ella misma. Aceptó facilidades legales y cooperación económica, necesarias para su ministerio”, reproduce. 

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Infografía

Imagen tomada del libro “Trujillo y el Papa: diplomacia en Santa Sede y más allá”, de Víctor Grimaldi Céspedes. (FUENTE EXTERNA)

El abogado, que se define como católico profeso, sostiene que el Concordato fue resultado de las ambiciones políticas del dictador para convertirse en una figura internacional y sumar a la larga lista de títulos la de “Benefactor de la Iglesia”, lo cual no logró pese a las gestiones de un obispo ante la Santa Sede.

En su libro, Puello Herrera también analiza decisiones judiciales sobre el Concordato, tales como una sentencia del año 1961 en la que la Suprema Corte de Justicia dictamina que la nulidad de un matrimonio canónico en su aspecto civil, solo puede ser juzgada por los tribunales civiles, debido a que el poder jurisdiccional del Estado es indelegable.

La misma Suprema se pronunció en 2008 sobre un recurso que interpusieron en 2006 varias entidades religiosas pidiendo la inconstitucionalidad del Concordato por los privilegios que supone y porque, a su entender, convierte a la católica en religión oficial de la República Dominicana. 

Pero el tribunal juzgó que lo dispuesto en el acuerdo no ha sido óbice para que otras creencias religiosas se manifiesten libremente y que éstas disponen de los mecanismos legales para procurarse los mismos privilegios que alegan.

Acorde con los argumentos de la Suprema, el secretario de la Conferencia del Episcopado Dominicano entiende que el enfoque con el que se lee el Concordato está muchas veces sesgado y es un poco superficial. Recuerda que se trata de un marco jurídico de referencia para regir las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado y cita la sentencia del 2008 como base de legalidad.

La importancia de mantenerlo vigente la demostraría el hecho de que la Iglesia sigue firmando acuerdos de esa naturaleza con otros países. Pero Domínguez Ureña acepta que, conforme van evolucionando un país y sus normativas, los acuerdos se revisan, lo que podría hacerse con el Concordato.

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Porcentaje de generación por energía renovableen el 2023

La meta del gobierno de alcanzar una generación renovable del 25 % en la matriz energética para el próximo año tuvo otra vez un leve retroceso.

Al cierre del 2023, las fuentes de energía renovable tuvieron una participación del 15 % en la generación que se suministra a través del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), con una ligera disminución del 1.1 %  respecto al 2022, un valor que se incrementó en otras fuentes no renovables como carbón y gas natural.

Ya para el 2022,  la generación por fuentes renovables había registrado una baja del 0.7 % con respecto a su producción en el 2021, según datos oficiales.

En el Informe Anual de Operaciones y Transacciones Económicas 2023 del Organismo Coordinador (OC) del SENI se precisa que, de la proporción total que registró el conjunto de las fuentes de “energía limpia” en ese año, el agua aportó el 4.8 %, el viento 4.7 %, el sol 4.6 % y la biomasa 0.9 %. De ellas, la electricidad obtenida por los rayos del sol fue la que tuvo mejor desempeño.

De acuerdo con el documento, la matriz de generación al cierre del 2023 estuvo compuesta por:

  • 38.7 % de gas natural como fuente primaria
  • 31 % de uso de carbón
  • 14.7 % de derivados de combustibles fósiles

Una de las razones de la moderación en el flujo de generación de las renovables responde a que en octubre del 2023 la Central Sultana del Este disminuyó su capacidad instalada de 68 megavatios a 51 megavatios.

El documento además subraya una salida de operación comercial de la central San Pedro vapor, la cual cuenta con una capacidad instalada de 33 megavatios a octubre del pasado año.

El Organismo Coordinador indica el margen de capacidad instalada por fuente de generación, en el que las renovables alcanzan 30.76 %: las instalaciones de paneles solares poseen un 11.90 %, las plantas hidráulicas  10.98 %, los molinos de viento 7.35 % y la biomasa —que se genera a partir de la combustión de la quema de trocitos de madera y bagazos de caña— 0.53 %.

Al contrastar la información del OC del pasado año con el reporte anual del 2022 de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), las renovables mantuvieron la misma proporción porcentual en la matriz de generación al cierre de los dos años, con un 15 %, casi igualando la fuente de los derivados del petróleo.

La meta del gobierno: 25 % al 2025

El gobierno se planteó en 2020 alcanzar una meta de generación renovable de 25 % para el 2025 en la matriz de generación. Sin embargo, en julio del 2023 el Ministerio de Economía observó algunas limitaciones para lograrlo, entre ellas el reto de los sistemas de almacenamiento.

Para esa fecha, el ritmo de crecimiento de la matriz “limpia” era de apenas 1.3 % por una serie de incidencias atmosféricos que afectaron el  país durante 2022 y 2023, ralentizando el desarrollo de los molinos de viento y los paneles solares.

Para afrontar el desafío,  la Comisión Nacional de Energía emitió la resolución CNE-AD-0036-2022, que establece la inversión de baterías de reserva para instalaciones de más 50 MWp, lo que supone un aumento en los costos.

Advierte informe

El informe Monitor Energético de julio del 2023 del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo reveló la necesidad de motivar la inclusión de sistemas de almacenamiento para ampliar la generación a partir de fuentes renovables para poder alcanzar la meta de un 25 % de participación de “energía limpia” para el 2025.

La inversión aumentó en 2023

Las estadísticas del Banco Central sobre la inversión extranjera directa señalan que el sector energético fue canalizador del 24.46 % del total de la Inversión de Extranjera Directa durante los primeros nueve meses del pasado año, para 826.9 millones de dólares, siendo  uno de los sectores de mayor crecimiento.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, había informado que para finales del 2023 se esperaba la entrada en funcionamiento de 17 proyectos renovables, los cuales aportarán 900 megavatios al sistema. 

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Con más luces que sombras y con avances institucionales

El limitado interés que generó abstención por deplorable culto al presidencialismo no redujo méritos ni mermó las consecuencias legales legitimadoras para la democracia dominicana que resultó del cívico comportamiento de ciudadanos que en cumplimiento del deber antier concurrieron a las urnas en un proceso a cargo de autoridades electorales de reconocida independencia y verticalidad. Como […]

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Seguridad alimentaria: RD consumió 90.6% productos que cultivó en 2023

El presidente Luis Abinader destacó este lunes la capacidad productiva que ha logrado la República Dominicana para abastercer la demanda agropecuaria de la población residente y de los turistas que visitan el país.

Según informó durante LA Semanal, la población dominicana, así como los millones de turistas que entraron al país, consumieron el 90.6 % de los alimentos producidos por dominicanos en el 2023, una cifra superior al 88.5 % alcanzado en el 2019. 

La cifra es considerada por el presidente  Abinader como buena por tratarse de una media isla. 

Dijo que el crecimiento se debe al apoyo del Banco Agrícola al sector agropecuario. Dijo que la institución ha otorgado préstamos, solo el año pasado, por un monto equivalente a unos 104,477 millones de pesos.

De esa suma, 14,000 millones de pesos se otorgaron a tasa cero, como parte de un programa que ha beneficiado a  17,000 productores. 

Dijo que los empréstitos otorgados por el Banco Agrícola pasaron de 30,000 millones de pesos, en el 2020, a 54,920  millones,  en el 2023, para un aumento de un 81 %.

Producciones por rubros

Un sector que resaltó en el encuentro  fue el acuícula: en 2021 llegó a 474 toneladas y en 2023 subió a 1,018 toneladas.

En cuanto a los huevos, la producción mensual fue de 300 millones, muy por encima del registro de 2019, cuando ascendió a 240 millones. Los quintales de pollos pasaron de 16 millones mensuales, en 2019,  a 22 millones mensuales en 2023, para una incremento de 27 %.

Entre el 2017 y 2020, la cosecha de arroz ascendió a 13.2 millones de quintales, mientras que entre 2021 y 2023 aumentó a 14.2 millones, para un alza de 6.57 %. En cuanto a la habichuelas, en ese mismo periodo, la producción fue de 1.3 millones de quintales, pero entre 2020 y 2023 se incrementó y llegó a 1.4 millones, un alza de 4.27 %.

Sobre la producción de arroz, el ministro de Agricultura, Limbert Cruz, intervino para indicar las alzas, a pesar de qie la sequía del 2023 afectó la producción. También fue impactada por el diluvio del 18 de noviembre del 2023.

En cuanto a la cosecha de cebolla, pasó de 1.3 millones de quintales, entre el 2017 y 2020 ,a un 1.8 millones entre 2020 y 2023, un aumento de 33.8 %. En esos mismos periodos comparativos, el cultivo de ajo se elevó de 39,222  a 68,997 quintales, equivalente a un alza de 75.9 %.

Sobre el significativo aumento de la producción de este cultivo, el titular de Agricultura dijo que se debió al desarrollo en el país de “Trompa de elefante”, una variedad que, en producción por tarea, cuadruplica la producción del ajo tradicional.

Sobre el guineo, entre 2017 y 2020, la cosecha llegó a 22.6 millones de quintales,y en el 2021 y 2023 se multiplicó hasta sumar 31.8 millones de quintales. El plátano pasó de 23.1 millones a 26.1 millones en los periodos comparados.

Valoración de la FAO

El jefe de Estado destacó que esos trabajos lograron que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) reconociera que la subalimentación bajara de 8.3 % a un 6.3 % en el 2023, indicando que “mucha gente se está alimentando mejor”.

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