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La ciudad de Santiago de los Caballeros ha estado marcada en los últimos años por sonoros casos de estructuras trasnacionales vinculados al tráfico ilícito y trata de personas, que explotan a sus víctimas laboral y sexualmente, sin importar que sean menores de edad.

Desde el Ministerio Público han impactado decenas de organizaciones que se dedican a ese flagelo con niños, niñas, adolescentes y adultas nacionales, así como con migrantes de países como Haití, Venezuela, Colombia y otras naciones.

Una de esas redes desarticulada es la de un dominicano que supuestamente traficaba con niños hijos de ciudadanos haitianos, a quienes obligaba a mendigar por las calles como pedigüeños.

De acuerdo al órgano investigador, el imputado Franklin Agustín traía desde Haití a los menores de edad bajo la promesa de una mejor vida. Sin embargo, obligaba a las víctimas a pedir dinero para lucrarse con lo recolectado.

Los inmigrantes debían pagar al cabecilla de la estructura, desmantelada en el 2023, una cuota diaria para el alojamiento, comida y su permanencia en territorio nacional.

Otro caso relacionado con menores de edad es el de Juan Carlos Sosa Bencosme, acusado de explotar sexualmente a varias adolescentes dominicanas.

El expediente acusatorio indica que Sosa Bencosme inducia a las menores, con edades entre 14 y 15 años, a sostener relaciones sexuales con los clientes que, previamente, éste escogía a cambio de dinero en efectivo que él mismo administraba y decidía qué porción entregar a las tratadas.

Los testimonios de las jóvenes que eran utilizadas por Juan Carlos, dan cuenta que el imputado las reclutaba y tras convencerlas de entrar en el negocio, las amenazaba para que continuaran y guardaran silencio.

Operación Flor de Loto

Las redes de tráfico ilícito y trata de personas que se han destapado en Santiago también incluyen mujeres que, en busca de un mejor futuro, viajan al país engañadas, así como de manera voluntaria, para ejercer la prostitución.

Durante el año 2024, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Flor de Loto, donde rescató a 45 mujeres, 43 de ellas colombianas y dos venezolanas, que supuestamente eran explotadas sexualmente y mantenidas en cautiverio en varios apartamentos de complejos habitacionales en la comunidad de Gurabo, en la parte norte de Santiago.

De acuerdo al MP, Junior David Matos Monegro, conocido como “Junior”, y Estarly Almánzar Pérez dirigían esa organización dedicada a captar mujeres.

Ambos hombres, quienes están siendo procesados en los tribunales, tenían bajo control las identificaciones de algunas de las víctimas. El documento fáctico relata que los procesados eran quienes recibían el pago que hacían los clientes de las tratadas, a quienes ellos le presentaban el catálogo de servicios sexuales y los precios a pagar a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp.

Los encartados viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a sus víctimas, costeando procesos migratorios y de viviendas, atando con esta deuda a las víctimas, que debían ejercer labores sexuales bajo condiciones dispuestas por ellos, para poder saldar dichos compromisos económicos.

Trafico de haitianos

Desde hace décadas Santiago ha sido también uno de los principales destinos de migrantes haitianos en el país.

Los ciudadanos de la vecina nación llegan a esa demarcación cibaeña mediante el pago de altas sumas de dinero a estructuras organizadas que se dedican al tráfico de personas, violando la dignidad humana. Los traficantes, supuestamente actúan en múltiples ocasiones con la complicidad de autoridades, trasladan hasta más 20 personas en el interior de vehículos que solo tienen capacidad para cinco pasajeros. Además, en motocicletas logran atravesar localidades remotas que enlazan a los pueblos de la línea Noroeste con la ciudad corazón.

Tarifas

Una fuente con conocimiento del trasiego, informó a Panorama que en la actualidad los haitianos están pagando RD$10,000, RD$12,000 y RD$15,000 para ser trasladados desde la franja Norte de la frontera domínico-haitiana a Santiago y otras localidades de la región.

En el 2024 fue desmantelada en el municipio de Navarrete una de esas estructuras que trafica con haitianos indocumentados.

Esa organización integrada por 10 personas, es definida por la Fiscalía de Santiago como una estructura mafiosa (actualmente con medidas de coerción), que se emplearon en el tráfico de indocumentados, a los cuales, tras cruzarlos de forma irregular por la división de ambos países, los escondían en casuchas, casetas, fincas y otros lugares que ellos tenían habilitados para estos fines, luego los redistribuían, según el interés de la persona objeto de tráfico y cuánto pudiera pagar a cambio.

A esa red le atribuyen las muertes de 13 haitianos, ocurridas en agosto del 2023, al volcarse la yipeta donde eran trasladados de manera clandestina y caer en un canal de riego por el tramo carretero Peñuela-Navarrete.

Hablan las autoridades

Para el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, uno de los crímenes más atroces que se cometen es el del Tráfico Ilícito y Trata de personas, ya que lacera de manera sensible y directa los derechos de las personas que son objeto de los mismos, pero, además, impacta de manera negativa la seguridad y la identidad de la nación.

Establece que quienes son tratados generalmente son mujeres, convertidas por estas estructuras en objeto con fines sexuales y comerciales.

¨Los traficantes lo hacen aprovechándose de una necesidad, de un estado vulnerable de las personas, e incursionan en el delito para generar un comercio en torno a esta práctica¨, indica.

El funcionario judicial explica que usualmente el traficante contacta a la persona objeto de tráfico y esta a su vez acuerda pagar sumas abusivas por ello. Bonilla detalla que, en gran parte de las estructuras desarticuladas, son lideradas por ciudadanos dominicanos que no piensan en que están afectando la identidad de su país, por ganarse un dinero ilícito.

El funcionario entiende que es necesario seguir concientizando a todos los actores (jueces, fiscales, militares y policías) para que se apliquen las drásticas sanciones que contemplan las normas. Además, expresa la necesidad de orientar a la población, sobre todo, al sector transporte para que puedan identificar cuando se está ante un posible traficado, o se están utilizando las rutas para el tráfico.

El fiscal destaca que para el corriente año 2025 proyectan reforzar los equipos de investigación y persecución, a fin de que continuar impactando estas mafias de traficantes y quienes se asocien con ellos.

Para eso, dijo que están coordinando con la Dirección General de Migración (DGM), el Ejército de la República Dominicana (ERD) y la Policía Nacional, la política de interdicción y judicialización de los casos en flagrante delito que presentan los organismos de seguridad del Estado, y trabajar las estructuras junto a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico y la Trata de Personas que funciona a nivel nacional.

Derechos Humanos

El delito del tráfico y trata de personas constituye una de las grandes preocupaciones de la organización Hispanos Unidos por la Paz y los Derechos Humanos.

Rebeca Henríquez, representante de dicha entidad en el país, explicó que desde la institución trabajan permanentemente denuncias sobre ese ilícito.

Dice que la mayoría de los casos que asisten están relacionados con mujeres y niñas vinculadas a la industria del sexo.

En conversaciones con víctimas, ciudadanas colombianas, venezolanas y haitianas, Henríquez dice que un gran porcentaje de estas le comentan que vienen al país ¨engañadas¨ con ofertas para laborar en el mercado formal (bares y restaurantes).

¨Cuando ellas están aquí muchas veces le retienen sus documentos, según ellas nos han dicho, para sus manejadores poder tener el control¨, establece la activista.

Henríquez destaca que en la organización Hispanos Unidos por la Paz y los Derechos Humanos acompañan a las víctimas en la parte psicológica y legal cuando se deciden a realizar la denuncia por ante los organismos competentes.

Un flagelo histórico 

El sociólogo Víctor Burgos expresó que el ilícito de trata y tráfico de personas es una problemática que ha existido desde tiempos antiguos, evolucionando a través de las distintas etapas de la historia y adaptándose a los contextos sociales, económicos y culturales de cada época.

Cuenta que las principales causas históricas del tráfico ilícito de personas incluyen la demanda de mano de obra barata en la agricultura, minería y construcción.

Asimismo, el también catedrático en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) relata que en el presente la trata adopta diversas formas, entre las que destacan: explotación sexual.  Sostiene que mujeres, niñas y niños son forzados a trabajar en la industria del sexo.

El fenómeno también se da en la explotación laboral infantil.

Entiende que, a pesar de los avances legales, el tráfico ilícito de personas sigue siendo una actividad lucrativa para las redes criminales, generando miles de millones de dólares anualmente y dejando millones de víctimas en todo el mundo.

Sostiene que los factores socioeconómicos, la desigualdad, la violencia y la corrupción han creado un entorno propicio para la expansión de este delito en la región, en especial en la República Dominicana.

Sugerencias

El sociólogo considera que la implementación de políticas efectivas y la atención integral al problema siguen siendo los mayores retos para enfrentar este flagelo.

Entiende que las autoridades deben atacar la raíz de la situación, fortaleciendo las instituciones judiciales y de seguridad.

De igual manera, sugiere establecer campañas de prevención, enfocadas en comunidades vulnerables, así como ampliación de los programas de protección y asistencia integral para las víctimas.

También expresa la necesidad de que los organismos internacionales ofrezcan mayor cooperación para desmantelar las estructuras transnacionales.

Precedentes judiciales

Uno de los primeros casos de Tráfico Ilícito y Trata de Personas que trascendió en Santiago fue el denominado por el Ministerio Público como Bahamas, el cual involucra a 18 personas en una red criminal transnacional desmantelada en el año 2019 y cuyo juicio de fondo aún no concluye.

El órgano persecutor indica que el grupo constituye una amplia organización de extorsión, vinculada también a la falsificación de todo tipo de documentos de viajes de diversos países y legaciones diplomáticas establecidas en Santiago, República Dominicana, así como al porte y tenencia de armas de fuego sin autorización.

Entre los vinculados en esa red, aún en proceso de judicialización, figuran siete inspectores de la Dirección General de Migración (DGM).

El jurista José Gregorio Vásquez, representante legal de uno de los encartados en ese proceso, cuestiona la lentitud con la que marcha el caso Bahamas y otros procesos vinculados al Tráfico ilícito y Trata de personas.

Relata que en el 2022 recibió un no ha lugar a favor de su representada en el caso en cuestión, una decisión que fue apelada por el Ministerio Público, sin que hasta el momento ese recurso sea conocido.

Atribuye la demora a la falta de interés de las autoridades judiciales luego que los casos dejan de ocupar las primeras planas en los medios de comunicación.

En el distrito judicial de Santiago existen otros precedentes del ilícito en cuestión, en los que el Ministerio Público ha logrado condenas. Entre ellas se destaca la pena a 15 años de prisión impuesta contra Amaury Amado Tejada de la Cruz por tráfico ilícito de migrantes y falsificación de documentos públicos y privados, entre estas identificaciones, títulos de propiedad, pasaportes y visas de distintos países, incluyendo Estados Unidos, España, Panamá, Venezuela, Chile, Costa Rica, entre otros.

Otra sentencia lograda a 20, 15, 10 y 7 años de prisión por trata de personas agravada, lavado de activos y otros ilícitos, fue el proceso judicial conocido como “Casa Blanca Night Club”.

Las mujeres, ciudadanas colombianas y venezolanas, eran explotadas sexualmente para lucrarse afectando la dignidad de las víctimas.

Sanciones

La Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, es un instrumento que permite a los actores judiciales emplear mejores herramientas en la persecución y judicialización de las estructuras criminales que se dedican a esta práctica ilegal. La ley contempla penas severas contra el tráfico y la trata de personas, con penas que van desde 10 a 20 años.

Día mundial contra la Trata

El 30 de julio de cada año se celebra el Día Mundial contra la Trata de personas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de crear conciencia de la situación de las víctimas de este delito.