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Los 200 kilos de cocaína que ocupó el Ministerio Público en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) constituyen el cargamento más grande de sustancias narcóticas decomisado por las autoridades en Santiago en décadas.

La droga fue encontrada en una residencia en la calle Fernando Mejía, del Residencial Vista del Llano en Gurabo Arriba, durante la búsqueda de un individuo conocido como «El Compa», quien, según informes, se dedicaba a la venta y distribución de drogas.

El informe oficial establece que, al ingresar al inmueble con la orden de allanamiento número 01767-2024, las autoridades descubrieron cinco paquetes de presunta cocaína dentro de un bulto en una habitación, así como 737 láminas de la sustancia en la parte trasera de una camioneta tipo Van, marca Hyundai, con placa I074568, estacionada en la marquesina de la vivienda.

Durante el allanamiento, también se incautaron dos pistolas, tres cargadores, una escopeta, varias cápsulas, una balanza, dos celulares, dos máquinas de sellado al vacío, una máquina de contar dinero, 25,186 dólares estadounidenses, un autobús tipo van, varios rollos y fundas plásticas, entre otras evidencias.

Una persona será sometida por este caso en las próximas horas, mientras se activa la búsqueda de otras, algunas de ellas identificadas como parte de esta supuesta red de narcotráfico.

Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago, resaltó la importancia del caso debido a la cantidad de sustancias ilícitas incautadas.

• «Es una cantidad de droga que en mucho tiempo no se había ocupado en la ciudad de Santiago«, expresó el funcionario judicial.

Según los reportes estadísticos de la fiscalía, las mayores incautaciones de cocaína en Santiago fueron de 178 y 170 kilos en 2011 y 2010, respectivamente.

Nueva York- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió con una subida del 0,28 %, en los 78,76 dólares el barril, aproximándose así a terminar el mes de febrero con ganancias. A las 9-05 hora local (14-05 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril subían 0,22 dólares con respecto […]

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Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazaron este jueves la apelación del Ministerio Público contra la medida de coerción impuesta al rapero Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine, quien está implicado en un caso de violencia de género e intrafamiliar.

La información fue confirmada por su abogado, Waldo Paulino, quien manifestó que la Corte entendió que al órgano acusador «le faltó objetividad», ya que todas las pruebas presentadas en la solicitud de medida de coerción correspondían a hechos que ocurrieron fuera de República Dominicana.

«Por lo tanto, en este país no podían ser acogidos los argumentos y alegatos del Ministerio Público«, expresó.

El pasado 21 de febrero, el Ministerio Público a través de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, depositaron el recurso de apelación ante la corte al entender que el tribunal realizó una aplicación errónea de la norma y destacó el peligro que corre la víctima al no imponérsele la medida privativa de libertad que solicitó por los hechos cometidos contra su pareja, la también cantante urbana Jorgina Guillermo Díaz, conocida como Yailin La Más Viral, y su madre Wanda Díaz Núñez.

Ramos indicó que la jueza vulneró el derecho de la víctima, la señora Wanda Díaz Núñez de ser escuchada.

El Ministerio Público señala que la jueza también permitió que abogados que, por disposición de la ley, no podían tener participación, lo hicieran de manera activa, demostrando una vulneración a los derechos de las partes.

Además, aseguró que se ignoró la prueba de la llamada que realizó la señora Yailín al 9-1-1 pidiendo ayuda y el peligro de fuga al ser Tekashi extranjero.

De igual forma, la fiscal consideró que que se ignoró la prueba aportada de un celular que se le ocupó al señor Tekashi en la celda, con el cual estaba amedrentando a los testigos y obstaculizando la investigación. 

Medida de coerción 

La jueza Fátima Veloz impuso a Tekashi la presentación de una garantía económica de 30 mil pesos, impedimento de salida del país, presentación periódica los días 30 cada dos meses por ante el Ministerio Público y la obligación de someterse a la vigilancia y cuidado del Centro Conductual para la Desarticulación de la Personalidad Violenta y asistir a las charlas que imparte dicho centro.

Veloz también emitió una orden de protección recíproca a favor de las víctimas, donde se le prohíbe a Tekashi molestar, intimidar, asediar, hostigar o amenazarlas por cualquier vía, ya sea en persona, por teléfono, por mensajes de textos o de WhatsApp o cualquier otra aplicación similar, videollamadas, redes sociales o por intermedio de terceras personas.

Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazaron este jueves la apelación del Ministerio Público contra la medida de coerción impuesta al rapero Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine, quien está implicado en un caso de violencia de género e intrafamiliar.

La información fue confirmada por su abogado, Waldo Paulino, quien manifestó que la Corte entendió que al órgano acusador «le faltó objetividad», ya que todas las pruebas presentadas en la solicitud de medida de coerción correspondían a hechos que ocurrieron fuera de República Dominicana.

«Por lo tanto, en este país no podían ser acogidos los argumentos y alegatos del Ministerio Público«, expresó.

El pasado 21 de febrero, el Ministerio Público a través de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, depositaron el recurso de apelación ante la corte al entender que el tribunal realizó una aplicación errónea de la norma y destacó el peligro que corre la víctima al no imponérsele la medida privativa de libertad que solicitó por los hechos cometidos contra su pareja, la también cantante urbana Jorgina Guillermo Díaz, conocida como Yailin La Más Viral, y su madre Wanda Díaz Núñez.

Ramos indicó que la jueza vulneró el derecho de la víctima, la señora Wanda Díaz Núñez de ser escuchada.

El Ministerio Público señala que la jueza también permitió que abogados que, por disposición de la ley, no podían tener participación, lo hicieran de manera activa, demostrando una vulneración a los derechos de las partes.

Además, aseguró que se ignoró la prueba de la llamada que realizó la señora Yailín al 9-1-1 pidiendo ayuda y el peligro de fuga al ser Tekashi extranjero.

De igual forma, la fiscal consideró que que se ignoró la prueba aportada de un celular que se le ocupó al señor Tekashi en la celda, con el cual estaba amedrentando a los testigos y obstaculizando la investigación. 

Medida de coerción 

La jueza Fátima Veloz impuso a Tekashi la presentación de una garantía económica de 30 mil pesos, impedimento de salida del país, presentación periódica los días 30 cada dos meses por ante el Ministerio Público y la obligación de someterse a la vigilancia y cuidado del Centro Conductual para la Desarticulación de la Personalidad Violenta y asistir a las charlas que imparte dicho centro.

Veloz también emitió una orden de protección recíproca a favor de las víctimas, donde se le prohíbe a Tekashi molestar, intimidar, asediar, hostigar o amenazarlas por cualquier vía, ya sea en persona, por teléfono, por mensajes de textos o de WhatsApp o cualquier otra aplicación similar, videollamadas, redes sociales o por intermedio de terceras personas.

Una situación de pánico se registró este jueves en el Aeropuerto Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, Haití, luego que esa terminal aérea fuera atacada por bandas armadas.

Los medios haitianos informan que un avión que se disponía a volar a Cuba fue alcanzado por proyectiles, aunque no especifican si hubo personas heridas en el ataque.

Según el periódico Haití 24, el avión que se dirigía a Cuba fue blanco de proyectiles, lo que puso en alerta a los empleados.

“Es importante señalar que Puerto Príncipe y sus alrededores fueron escenario de gran tensión este día, marcado en particular por intercambios de disparos de armas automáticas. Esta situación provocó el cese de actividades en varias localidades”, señala.

El diario Le Nouvelliste indica, además, que varios barrios de la región metropolitana son objeto de intensas tensiones este jueves.

Se escucharon disparos de armas automáticas, en particular en el centro de Puerto Príncipe, en Bel-Air, en la ruta desde el aeropuerto, en la base de Delmas, en Tabarre, y al nivel de la llanura de Cul-de-sac.

“Esta situación ha creado pánico en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture y en el aeropuerto Guy Malary, que gestiona vuelos locales. Los empleados y viajeros tuvieron que tumbarse en el suelo para escapar de las balas perdidas. Las imágenes muestran impactos de bala en una ventana de vidrio y sillas en la sala de espera del aeropuerto Guy Malary”, indica.

Le Nouvelliste asegura que se desconocen por ahora los motivos de los ataque por parte de los grupos armados.

“A pie, en moto o en coches públicos y privados, cientos de personas se apresuran a llegar a sus casas”, informa.

Los ataques ocurren en momentos en que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, se encuentra en Kenia, donde se espera que ultime con las autoridades de ese país los detalles del despliegue de la misión multinacional autorizada por las Naciones Unidas y que el país africano se ofreció a liderar.

Vuelos cancelados

Le Nouvelliste indica que los vuelos internacionales, procedentes y con destino a Estados Unidos, desde el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe y los vuelos nacionales, fueron cancelados este jueves después de que al menos un avión y las instalaciones del aeropuerto fueran alcanzados por disparos de armas automáticas.

La decisión de suspender las operaciones fue adoptada por las compañías aéreas.

«Tras los intercambios de disparos que tuvieron lugar hoy cerca del cruce de Rita, poniendo en peligro a los usuarios de la terminal Guy Malary y provocando daños a algunos aviones, la compañía Sunrise Airways ha decidido suspender todos sus vuelos hasta nueva notificación, para no poner en peligro viajeros, equipos de tierra, tripulaciones o aviones», dijo la aerolínea Sunrise, según señala el medio haitiano.

«Las imágenes muestran agujeros de bala en la cabina de un avión que volaba de Haití a Cuba, en un ventanal y en sillas de la sala de espera del aeropuerto Guy Malary», reitera. 

“Adilka Féliz murió por mala práctica legislativa”, sostuvo la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, indicando que la muerte de la joven economista que trabajaba como asistente legislativa del senador Yván Lorenzo, fue consecuencia de la irresponsabilidad de los legisladores, que durante más de 20 años mantienen penalizado el aborto.

Féliz Paulino, de 33 años de edad, murió la noche del miércoles tras haber sufrido un infarto durante un parto prematuro.

Ante el hecho, esta asociación reiteró el llamado a las autoridades para la aprobación de las tres causales, las cuales consisten en permitir el aborto en tres situaciones extremas, que es cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando el embarazo no dará vida (es inviable) y cuando es resultado de incesto o violación.

Asimismo, recalcaron que actualmente el Código Penal impone penas de hasta 20 años para el personal médico que interrumpa un embarazo, incluso en estas tres circunstancias.

• “Todas las muertes maternas son dolorosas, pero las que se hubieran podido evitar con la interrupción oportuna del embarazo son particularmente desgarradoras, como acabamos de ver en el caso de Adilka Féliz”, sostuvo.

Indicó que quien equipara el valor de la vida de una mujer al de un embrión no está dando testimonio de su devoción por la vida intrauterina, sino de su poco aprecio por la vida de la mujer, dado que «desde cualquier enfoque ético razonable es evidente que ambas vidas no tienen el mismo valor”.

“Los legisladores y líderes religiosos que insisten en que la vida de la mujer y del embrión valen lo mismo y que la interrupción del embarazo solo es permisible cuando los médicos han tomado todas las medidas y agotado todos los recursos posibles para preservar ambas vidas, que miren bien las consecuencias de sus actos”, advirtió.

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Precandidato presidencial de Alianza País asegura urge aprobar tres causales del aborto

Añadió: “Eso fue exactamente lo que hicieron los médicos de Adilka, que no era una mujer pobre y sin nombre que llegó demasiado tarde al hospital, sino una profesional con acceso a las mejores atenciones médicas disponibles en el país”.

La Coalición criticó que los legisladores se escuden en el “Estado de necesidad” para rechazar las causales, cuando hay demasiados casos que ponen en evidencia los riesgos mortales para las mujeres y la situación insostenible en la que pone a los médicos, a elegir entre salvar una vida o la amenaza de ir a la cárcel.

Explicó que el “Estado de necesidad” pone al médico en el grave dilema de elegir si procede con el aborto para proteger la salud y vida de la mujer según lo establecido por las normas internacionales, o si por el contrario evade o dilata el aborto para protegerse a sí mismo de posible persecución judicial.

Asimismo, dijo que el rechazo a las causales sólo evidencia la “miseria moral” de la clase política, pues se trata de un atentado contra la dignidad, la salud y hasta la vida de las mujeres.

“Los políticos -y hasta los presidentes- que piensan que obligando a una niña violada o a una mujer enferma a parir demuestran su “defensa de la vida” solo evidencian su hipocresía electorera y su falta de compromiso real con las mujeres”, indicó.

“Adilka Féliz murió por mala práctica legislativa”, sostuvo la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, indicando que la muerte de la joven economista que trabajaba como asistente legislativa del senador Yván Lorenzo, fue consecuencia de la irresponsabilidad de los legisladores, que durante más de 20 años mantienen penalizado el aborto.

Féliz Paulino, de 33 años de edad, murió la noche del miércoles tras haber sufrido un infarto durante un parto prematuro.

Ante el hecho, esta asociación reiteró el llamado a las autoridades para la aprobación de las tres causales, las cuales consisten en permitir el aborto en tres situaciones extremas, que es cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando el embarazo no dará vida (es inviable) y cuando es resultado de incesto o violación.

Asimismo, recalcaron que actualmente el Código Penal impone penas de hasta 20 años para el personal médico que interrumpa un embarazo, incluso en estas tres circunstancias.

• “Todas las muertes maternas son dolorosas, pero las que se hubieran podido evitar con la interrupción oportuna del embarazo son particularmente desgarradoras, como acabamos de ver en el caso de Adilka Féliz”, sostuvo.

Indicó que quien equipara el valor de la vida de una mujer al de un embrión no está dando testimonio de su devoción por la vida intrauterina, sino de su poco aprecio por la vida de la mujer, dado que «desde cualquier enfoque ético razonable es evidente que ambas vidas no tienen el mismo valor”.

“Los legisladores y líderes religiosos que insisten en que la vida de la mujer y del embrión valen lo mismo y que la interrupción del embarazo solo es permisible cuando los médicos han tomado todas las medidas y agotado todos los recursos posibles para preservar ambas vidas, que miren bien las consecuencias de sus actos”, advirtió.

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Explicó que el “Estado de necesidad” pone al médico en el grave dilema de elegir si procede con el aborto para proteger la salud y vida de la mujer según lo establecido por las normas internacionales, o si por el contrario evade o dilata el aborto para protegerse a sí mismo de posible persecución judicial.

Asimismo, dijo que el rechazo a las causales sólo evidencia la “miseria moral” de la clase política, pues se trata de un atentado contra la dignidad, la salud y hasta la vida de las mujeres.

“Los políticos -y hasta los presidentes- que piensan que obligando a una niña violada o a una mujer enferma a parir demuestran su “defensa de la vida” solo evidencian su hipocresía electorera y su falta de compromiso real con las mujeres”, indicó.

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