Anpa y las elecciones de nuevos directivos

El Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (Anpa), juramentó la Comisión Electoral que se encargará de organizar y dirigir las elecciones del gremio, por el período (2022-2024), programadas para el 28 de este mes 

La Comisión estará integrada por los ingenieros José Vásquez, Máximo Popa, Juan Geovanny Arias, Kenia Vizcaíno y Carlixto Viloria, quienes establecerán las pautas para lograr las instalaciones de las mesas electorales en las 12 delegaciones que integran la entidad en todo el país.

Danilo Severino, presidente del gremio, dijo que la comisión y la fecha de los comicios se escogieron mediante acuerdos entre las diferentes corrientes que integran a la Anpa, denominadas: «Fuerza Agropecuaria», «Consenso Gremial» y «Unidad Gremial.»

Dicho acuerdo contempla reponer todos los profesionales agropecuarios cancelados en el Ministerio de Agricultura, Instituto Agrario Dominicano (IAD), Fondo Especial para el Desarrollo (Feda), Proyecto La Cruz de Manzanillo y demás instituciones del sector oficial, en un plazo no mayor de tres meses, iniciando con un grupo de 96 técnicos del Ministerio de Agricultura, en el mes de septiembre del presente año.

Además, se acordó nombrar de forma parcial los profesionales que prestan servicios por contrato y corregir la situación presentada con el artículo uno del decreto 181-22, que jubila a 349 agrónomos, cuyas pensiones no se corresponden con los salarios devengados.

El acuerdo establece que el ministro de Agricultura, Limber Cruz sostendrá encuentros con los funcionarios titulares de otras instituciones vinculadas al sector, para que asuman de manera definida el referido compromiso.

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Decreto: Designan 2 viceministros, un embajador y un asesor

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto 504-22, con el cual nombra a cuatro servidores en diferentes instituciones, algunos de los cuales ya tenían funciones en el Estado.

En el artículo 1 designó a Escarlyn Yakaira Benzán como viceministra de Incentivo a la Producción y Emprendimiento del Ministerio Administrativo de la Presidencia en sustitución de José Gabriel Jaquéz Vásquez, quien fue designado en el mismo decreto como asesor del Poder Ejecutivo en materia de Comercio y Desarrollo de la Zona Norte.

En octubre del 2020, mediante el decreto 575-20, Abinader había designado a Benzán como secretaria general del Consejo Nacional de la Gestión Presidencial. 

En el artículo 2, el jefe de Estado designó a Opinio Antonio Díaz Vargas como viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), con el rango de embajador mientras permanezca en sus funciones. 

Y, en el artículo 4, Abinader designó a Jatzel Román González como embajador en el servicio interno del Mirex. Previamente, se desempeñaba como viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de esa misma institución, posición que había ocupado con el decreto 354-20, de agosto del 2020. 

El decreto no ha sido difundido por el equipo de Comunicaciones de la Presidencia, pero fue confirmado por una fuente del Palacio Nacional. 

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A 54 % de reclusos se les venció plazo de prisión preventiva

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) informó este miércoles que al 54 % de los reclusos del país se les venció el plazo de prisión preventiva

La información fue ofrecida en una nota de prensa en la que da a conocer que, desde el año 2019 hasta junio de 2022, asistió a 25,242 usuarios en atención permanente de la jurisdicción ordinaria, quienes ingresaron al sistema penitenciario por imposición de medida de coerción.

De acuerdo a la información, esta población estuvo conformada por 21,288 personas recluidas por imposición de prisión preventiva y 3,954 que permanecían internos hasta pagar la garantía económica impuesta.

Respecto a la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), durante el mismo periodo, la Defensa Pública asistió a 1,514 usuarios, quienes entraron al sistema penitenciario debido a imposición de medida cautelar.

El 70 % de estos casos ordinarios ingresados por medida de coerción fueron revisados y apelados por la Defensa Pública, es decir, se depositaron 17,547 acciones con el fin de variar la medida y lograr la libertad del imputado. Sin embargo, se rechazó el 53 % de estas acciones, y solo el 35 % (6,096) se acogieron. 

Mientras que, en la jurisdicción NNA, se apelaron y revisaron el 54 % (812) de las medidas cautelares, de las cuales la tasa de rechazo fue de 69 %, y se acogió el 51 % (413). 

En la jurisdicción ordinaria, la Defensa Pública logró obtener en audiencias preliminares y de fondo 5,573 decisiones a favor de la libertad de los usuarios asistidos en el periodo señalado. No obstante, con relación a NNA, estas decisiones favorables sumaron 469. 

Al considerar el total de las acciones acogidas, durante el año 2019 hasta junio de 2022, se estima que el 54 % de los casos asistidos por la ONDP, de jurisdicción ordinaria, y que ingresan cada año en estatus de privados de libertad, se les venció el plazo de prisión preventiva.

En ese mismo sentido, en la jurisdicción NNA, el plazo de privación provisional de libertad caducó para el 42 % de los casos atendidos.

El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, manifestó que es imperativo que los órganos del sistema de justicia se acojan a lo establecido en el artículo 40.9 de la Constitución de la República, que expresa que «las medidas de coerción, restrictivas de libertad personal, tienen un carácter excepcional…» y de igual forma lo estatuye el artículo 15 del Código Procesal Penal. 

Recalcó que la libertad es un derecho fundamental y es el Estado quien debe garantizar el mismo. Por tal razón, consideró que la prisión preventiva es la excepción dentro de las medidas establecidas por la norma. 

Puntualizó que desconocer que un proceso penal se puede conocer en libertad es violentar las garantías debido proceso.

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A 54 % de reclusos se les venció plazo de prisión preventiva

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) informó este miércoles que al 54 % de los reclusos del país se les venció el plazo de prisión preventiva

La información fue ofrecida en una nota de prensa en la que da a conocer que, desde el año 2019 hasta junio de 2022, asistió a 25,242 usuarios en atención permanente de la jurisdicción ordinaria, quienes ingresaron al sistema penitenciario por imposición de medida de coerción.

De acuerdo a la información, esta población estuvo conformada por 21,288 personas recluidas por imposición de prisión preventiva y 3,954 que permanecían internos hasta pagar la garantía económica impuesta.

Respecto a la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), durante el mismo periodo, la Defensa Pública asistió a 1,514 usuarios, quienes entraron al sistema penitenciario debido a imposición de medida cautelar.

El 70 % de estos casos ordinarios ingresados por medida de coerción fueron revisados y apelados por la Defensa Pública, es decir, se depositaron 17,547 acciones con el fin de variar la medida y lograr la libertad del imputado. Sin embargo, se rechazó el 53 % de estas acciones, y solo el 35 % (6,096) se acogieron. 

Mientras que, en la jurisdicción NNA, se apelaron y revisaron el 54 % (812) de las medidas cautelares, de las cuales la tasa de rechazo fue de 69 %, y se acogió el 51 % (413). 

En la jurisdicción ordinaria, la Defensa Pública logró obtener en audiencias preliminares y de fondo 5,573 decisiones a favor de la libertad de los usuarios asistidos en el periodo señalado. No obstante, con relación a NNA, estas decisiones favorables sumaron 469. 

Al considerar el total de las acciones acogidas, durante el año 2019 hasta junio de 2022, se estima que el 54 % de los casos asistidos por la ONDP, de jurisdicción ordinaria, y que ingresan cada año en estatus de privados de libertad, se les venció el plazo de prisión preventiva.

En ese mismo sentido, en la jurisdicción NNA, el plazo de privación provisional de libertad caducó para el 42 % de los casos atendidos.

El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, manifestó que es imperativo que los órganos del sistema de justicia se acojan a lo establecido en el artículo 40.9 de la Constitución de la República, que expresa que «las medidas de coerción, restrictivas de libertad personal, tienen un carácter excepcional…» y de igual forma lo estatuye el artículo 15 del Código Procesal Penal. 

Recalcó que la libertad es un derecho fundamental y es el Estado quien debe garantizar el mismo. Por tal razón, consideró que la prisión preventiva es la excepción dentro de las medidas establecidas por la norma. 

Puntualizó que desconocer que un proceso penal se puede conocer en libertad es violentar las garantías debido proceso.

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Decreto: Designan 2 viceministros, un embajador y un asesor

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto 504-22, con el cual nombra a cuatro servidores en diferentes instituciones, algunos de los cuales ya tenían funciones en el Estado.

En el artículo 1 designó a Escarlyn Yakaira Benzán como viceministra de Incentivo a la Producción y Emprendimiento del Ministerio Administrativo de la Presidencia en sustitución de José Gabriel Jaquéz Vásquez, quien fue designado en el mismo decreto como asesor del Poder Ejecutivo en materia de Comercio y Desarrollo de la Zona Norte.

En octubre del 2020, mediante el decreto 575-20, Abinader había designado a Benzán como secretaria general del Consejo Nacional de la Gestión Presidencial. 

En el artículo 2, el jefe de Estado designó a Opinio Antonio Díaz Vargas como viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), con el rango de embajador mientras permanezca en sus funciones. 

Y, en el artículo 4, Abinader designó a Jatzel Román González como embajador en el servicio interno del Mirex. Previamente, se desempeñaba como viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de esa misma institución, posición que había ocupado con el decreto 354-20, de agosto del 2020. 

El decreto no ha sido difundido por el equipo de Comunicaciones de la Presidencia, pero fue confirmado por una fuente del Palacio Nacional. 

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Drogas, puertos y corrupción en República Dominicana

En la víspera de Navidad de 2018, La Kuora Club, uno de los clubes nocturnos más populares de Santo Domingo, estaba a reventar. Unas 700 personas habían concurrido para toda una noche de fiesta, y Arcángel, la estrella del reguetón, estaba a cargo del espectáculo principal de la noche.

Estos días de gloria no durarían mucho. Aquella sería una de las últimas fiestas del lugar.

El propietario era César Emilio Peralta, alias “El Abusador”, quien supuestamente fuera uno de los narcos más poderosos de República Dominicana. Era dueño o administrador de al menos otros cuatro clubes nocturnos en Santo Domingo, entre otra veintena de negocios.

Por la pista de baile de La Kuora había pasado la crema y nata de la sociedad dominicana durante años. Ángel, antiguo empleado del club, relató a InSight Crime que, en una noche, podía verse a políticos hombro a hombro con deportistas, estrellas de la farándula y narcotraficantes.

Los clubes nocturnos de Peralta, entre ellos uno denominado Flow, eran conocidos por su extravagancia. El dueño del local recuerda con regocijo que, en su mejor momento, una mesa en el Flow costaba unos 10.000 pesos dominicanos (US$185), y una botella de licor se conseguía por cinco veces el precio de venta en la tienda de la esquina. “El estacionamiento se llenaba de coches deportivos de lujo”, relata el dueño.

Esos días quedaron en el pasado. Un vigilante solitario, pagado por las autoridades dominicanas, es lo que se ve en lugar de los despampanantes autos a las afueras de La Kuora. Otro de los clubes de Peralta es ahora un edificio de oficinas, y un tercero quedó abandonado totalmente; sus anuncios de ‘Se vende’ se decoloran bajo el sol inclemente. Por las rendijas de las tablas que bloquean la entrada del Kaprich, otro club que fuera propiedad del capo, pueden verse tuberías colgando del techo y trozos de aislante desparramados por el suelo.

Peralta fue por varios años el máximo capo del hampa dominicana, pero, para mediados de 2019, la marea se volvió en su contra. Todos sus negocios fueron cerrados de manera permanente después de que lo identificaran formalmente como un narcotraficante extranjero de importancia, según la Ley de Capos de Estados Unidos. Fue detenido en Colombia en diciembre de 2019 y extraditado a Puerto Rico en diciembre de 2021, y allí permanece en espera de su juicio por cargos relacionados con drogas.

Redes de tráfico de cocaína en República Dominicana

Las circunstancias precisas que rodean la incursión de César Peralta en el tráfico de drogas no están del todo claras. Se cree que comenzó a traficar narcóticos en los noventa y no tardó en unirse a la red de Rolando Florián Féliz.

A principios de los noventa, los traficantes colombianos comenzaron a usar a República Dominicana como escala ideal en la ruta hacia Estados Unidos y para ello necesitaban contactos con conocimiento local y recursos para recibir los cargamentos, almacenarlos y posteriormente enviarlos a su destino final. Florián Féliz cumplía esta tarea para el entonces poderoso Cartel de Cali y transportaba cargamentos de cocaína a través de la isla. Así fue como se convirtió en uno de los primero capos dominicanos.

Si bien Florián Féliz terminaría en prisión en 1996 y posteriormente moriría asesinado en su encierro, fue la inspiración de una generación de traficantes dominicanos. Los narcos de la isla se fueron sofisticando, negociando sus transacciones con drogas con los traficantes colombianos y vendiendo cargamentos a clientes estadounidenses y europeos.

Un traficante destacado en esta nueva generación, y a quien Peralta eligió para que trabajara a su lado, fue Quirino Paulino Castillo, capitán del Ejército y emprendedor con docenas de estaciones de combustible y otros negocios. A lo largo de su prolífica carrera, Paulino Castillo traficó con éxito numerosas toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y colaboró con un sinnúmero de otros traficantes importantes antes de su captura en 2004. Peralta ganó importancia en las filas de la organización de Paulino Castillo, y probablemente aprendió lo suficiente para llenar el vacío dejado por los miembros del equipo de alta gerencia de Castillo cuando estos fueron aprehendidos por las autoridades.

Para 2015, Peralta había alcanzado una posición sólida como uno de los principales narcotraficantes de República Dominicana y de todo el Caribe. Al momento de su captura, se asumía que movía unas 25 toneladas de cocaína al año, además de otras actividades ilícitas como lavado de dinero y trata de mujeres colombianas. Esas cantidades llevaron a las autoridades federales estadounidenses a compararlo con el denostado capo mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

El éxito de Peralta se resumía en tres principios: la colaboración con otros grupos criminales de la isla, la cooperación con el crimen organizado transnacional y la apariencia de tener un negocio legítimo.

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Infografía

Diplomacia de gremio en el narco dominicano

Peralta no fue el primer traficante dominicano que estableció vínculos con rivales locales. Aunque la isla tuvo algunos conflictos violentos por drogas, las redes criminales de República Dominicana han cooperado entre sí por décadas.

“Lo que he visto en los casos judiciales es que los narcotraficantes son buenos amigos, van de fiesta juntos, visitan clubes juntos”, comentó a InSight Crime un juez que solicitó mantener el anonimato.

La serie de lugares de rumba de Peralta le iba bien a su propósito, pues les ofrecía a sus colegas del negocio lugares para socializar y cerrar negocios.

“Todos se conocen entre sí, y de ser necesario, trabajan todos juntos”, comentó un alto agente de la fuerza pública en Santo Domingo, quien también solicitó reserva de su identidad por razones de seguridad.

Esta colaboración alcanzó niveles tales que las redes criminales especializadas llegaron a proveer servicios específicos a los altos traficantes. Por ejemplo, Peralta mantenía los servicios de Ramón del Rosario Puente, alias “Toño Leña”, quien se especializó en el transporte de enormes cargamentos de drogas entre Suramérica, República Dominicana, Puerto Rico y Nueva York. Ramón del Rosario Puente fue extraditado a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico en abril de 2021.

Atractivo internacional

La ubicación geográfica de República Dominicana la ha convertido en plataforma natural para conectar las economías criminales de Suramérica, Norteamérica y Europa. Peralta supo hacer pleno uso de esto.

En Colombia, al parecer, negoció una alianza exitosa con Los Urabeños, uno de los grupos criminales más importantes del país, llamados Clan del Golfo por las autoridades y autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El abogado de Peralta, Joaquín Pérez, le dijo a InSight Crime que no creía que Peralta estuviera conectado con Los Urabeños.

También aprovechó sus fuertes conexiones con redes criminales en la diáspora dominicana en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses también han hecho acusaciones generales sobre el tráfico de Peralta hacia Europa, que es hoy quizás el mayor mercado para la cocaína traficada desde República Dominicana.

Los grupos del crimen organizado europeo que no tienen contacto directo con los proveedores colombianos suelen contactar a los traficantes de países de tránsito como República Dominicana, según comentó a InSight Crime Alberto Areán Varela, coordinador del Programa de Control de Contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en el Caribe.

Los grupos criminales europeos ni siquiera tienen que viajar a la isla. “Es en Madrid donde se celebran esos encuentros”, explicó Areán Varela.

Además de Peralta, la reputación de República Dominicana como oasis internacional de narcotráfico ha atraído a una plétora de delincuentes.

“[El país] tiene una infinidad de atractivos, no solo el clima, las vías y el bajo costo de vida, sino también el acceso a lujos, la posibilidad de cambiar de identidad, de hacerse visible o de desaparecer”, comentó a InSight Crime el alto oficial.

Entre los casos recientes de delincuentes extranjeros en el país se encuentra el de un criminal neerlandés, quien fue acribillado tres veces pero sobrevivió en el balneario de Las Terrenas en enero de 2022. En otro ejemplo, ocho integrantes del clan Contini, de Italia, fueron capturados en 2020. Llevaban años viviendo en el país, eran dueños de varios negocios y tenían a sus hijos matriculados en colegios dominicanos.

“Aunque la mayoría de las personas que ingresan al país solo quieren disfrutar de él, algunos se establecen aquí como enlaces para estructuras criminales internacionales”, le explicó a InSight Crime Diego Pesqueira, portavoz de la Policía Nacional dominicana.

De hecho, es posible que haya un aumento en la presencia de “expatriados” del hampa, en parte debido a la temprana reapertura de la industria del turismo de la isla durante la pandemia por COVID-19. «Siempre ha habido exponentes del crimen organizado europeo en República Dominicana, pero al ser este uno de los pocos países que mantuvo sus fronteras abiertas durante la pandemia, ha habido un aumento de las figuras del crimen organizado establecidas en suelo nacional”, anotó el oficial de la fuerza pública.

Hacer dinero, no la guerra

República Dominicana tiene niveles relativamente bajos de violencia relacionada con el crimen organizado, en especial si se compara con muchos otros puntos de paso para el tráfico de cocaína.

De los 841 homicidios registrados entre enero y septiembre de 2021, solo 83 tuvieron relación con el narcotráfico y el consumo de estupefacientes. La tasa de homicidios de República Dominicana en 2021 se estimó en 10,3 por 100.000 habitantes, más baja que la de Costa Rica.

De nuevo, los vínculos de cordialidad en el marco de los cuales se hacen muchos negocios en el hampa del país ofrecen una sensación de seguridad.

“Quienes están en la cima no se ven como vendedores de drogas. Adoptan el papel de empresarios y son creíbles, hacen negocios con los bancos e incluso con el gobierno”, le relató a InSight Crime un experto en lavado de dinero, quien solicitó mantener el anonimato por no estar autorizado a hablar en nombre de su organización.

Los clubes de César Peralta y otros negocios le permitían lavar las ganancias de la droga, pero también le dieron cierta influencia en la élite dominicana.

En las llamadas telefónicas grabadas antes de su huida a Colombia en 2019, puede oírse a Peralta hablando con un intermediario no identificado, quien se queja de la traición de aquellos a quienes supuestamente ayudó a llegar al poder, incluido el expresidente Danilo Medina Sánchez (2012-2020).

En referencia a Medina, puede oírse a Peralta diciendo: “Copia este mensaje y mándaselo a Danilo, que si va a seguir con la persecución con mi gente, con mi familia y con todo el entorno, para yo también hablar”.

Los nexos entre Peralta y Medina son claros. En julio de 2020, Medina admitió que había recibido aportes de Peralta para su campaña electoral, pero afirmó que no sabía que el dinero procedía de actividades ilícitas —a pesar del hecho de que Peralta ya había sido detenido por narcotráfico en múltiples oportunidades—.

Las conexiones de Peralta no pudieron salvarlo una vez que Estados Unidos comenzó a mostrar interés. Si bien las autoridades estadounidenses habían investigado a Peralta desde 2017, su tiempo comenzó a agotarse después de que fuera designado como un importante narcotraficante extranjero bajo la Ley de Capos (Kingpin Act) en agosto de 2019. Sus negocios fueron confiscados y él huyó a Colombia. Usando una identificación colombiana falsa con un nombre diferente, operó en Venezuela y Colombia durante meses, presuntamente teniendo una relación directa con Los Urabeños.

No está claro por qué, pero su suerte cambió. Para cuando la policía colombiana lo arrestó en Cartagena, en diciembre de 2019, no solo huía de las autoridades. Hacía pocas semanas había escapado de un atentado contra su vida en Barranquilla, así que también se escondía de otras redes criminales; posiblemente de Los Urabeños.

Se llenó el vacío

El sonado arresto de Peralta no parece haber reducido el trasiego de cocaína por República Dominicana. Otras redes han tomado su lugar, y el continuo descubrimiento de cantidades récord de drogas en la isla muestra que la actividad de la ruta dominicana no se ha visto afectada.

En su última Evaluación de Amenazas por Drogas (Drug Threat Assessment), la Administración estadounidense para el Control de Drogas (DEA) concluyó que las organizaciones criminales transnacionales dominicanas “han ampliado sus capacidades, de modo que han logrado tener un dominio y un control que se origina en los países de las zonas proveedoras, y de esta manera pueden orquestar el transporte de cargamentos de varias toneladas por el Caribe con destino final a las ciudades del noreste de Estados Unidos y a Europa”.

Como le comentó Areán Varela a InSight Crime, “ya dejaron de ser simples redes de transporte; ahora compran, almacenan y venden”.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, declaró la guerra contra el narcotráfico en el país, y los decomisos récord durante su administración han sido muy aplaudidos, incluso por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero al mantenerse incólumes la corrupción y la colusión entre las élites y el crimen organizado, queda por ver si se complicará la campaña de Abinader para aplastar el tráfico de drogas.

República Dominicana se enorgullece de ser un país abierto al mundo. Como uno de los primeros países en abrir sus puertas tras la pandemia de COVID-19, le ha dado la bienvenida al turismo y los negocios. Pero los delincuentes también pretenden ser bienvenidos. En esta serie de tres partes, InSight aborda la infraestructura, las redes de tráfico y la corrupción que facilitan el crimen organizado en República Dominicana.

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Una guerra contra corriente para erradicar la corrupción

 

El imponente Palacio de Justicia de Santo Domingo bulle de actividad y conversaciones cruzadas. Abogados y jueces caminan con pasos largos por sus recintos en sus togas y birretes negros inmaculados, mientras los acusados pasan arrastrando los pies, con la cabeza gacha, escoltados por la policía.

En un pequeño despacho del segundo piso, en el que se apiñan los expedientes en los estantes, una jueza, que solicitó reserva de su identidad, habló con InSight Crime sobre los casos de corrupción de alto nivel que han acaparado las primeras planas del país en los últimos años. Estos casos parecen señalar un cambio de dirección en la impunidad que por tanto tiempo ha cobijado a personajes importantes en República Dominicana, comentó la jueza.

“Venimos de una cultura en la que ciertos delitos eran en su mayor parte invisibles. Los delitos callejeros, el robo y similares, eran judicializados. Pero ¿la corrupción? Rara vez”, señaló y agregó: “Este es un nuevo momento: los fiscales anticorrupción tienen mayores recursos ahora y la gente quiere que sean llevados a la justicia”.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha estado ocupada. Desde que el presidente Luis Abinader se posesionó en 2020, la Pepca ha abierto varios casos contra ministros de gobierno, oficiales de las fuerzas de seguridad y parientes cercanos del expresidente Danilo Medina.

El expresidente no ha enfrentado cargos formales, pero los fiscales de la Pepca demostraron que no les asusta enfrentar a sospechosos con poder político. Y en una campaña legal llamada «Antipulpo», han preparado casos contra muchos tentáculos de la presunta corrupción que se desprendió de la anterior administración de Medina.

Los numerosos tentáculos de la corrupción

Juan Alexis Medina, hermano del expresidente, está acusado de usar sus lazos familiares para crear una enorme red criminal de malversación de fondos públicos, que involucra a por lo menos 22 organismos de gobierno, además de exministros, exdirectores generales y al otro hermano del presidente. Según la acusación formal de la Pepca, la red criminal-política robó millones de dólares de recursos estatales.

Por eso le llaman Antipulpo”, como le explicó a InSight Crime el economista y especialista en lavado de dinero Heiromy Castro. “El caso toca básicamente a todos los ministerios. Hubo una cultura de impunidad que permitió que eso ocurriera”.

Otros casos grandes en proceso en los tribunales indican que la corrupción en la administración de Medina llegó mucho más allá del Ejecutivo.

Los fiscales de un caso conocido como Coral, y su derivado Coral-5G, describen una red de corrupción y lavado de dinero que operó en los mandatos de Medina (2012-2020) a manos de oficiales de alto rango, incluidos generales del ejército y la fuerza aérea. Esa red está señalada del robo de millones de dólares del Estado, parte de ellos mediante contratos otorgados a empresas de papel. El saqueo, legalizado usando propiedad raíz, autos de lujo y otros bienes, se avaluó en 4.5 millones de pesos dominicanos (más de US$84 millones).

Según los fiscales de otro caso con un nombre cercano a la vida marina, Medusa, el exfiscal general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez (2016-2020), llevó a cabo una configuración similar fuera de su oficina.

El caso Medusa señala que Rodríguez «convirtió a la Fiscalía General en el centro de mando de operaciones criminales». Junto con varios de sus subordinados, Rodríguez presuntamente abusó de su cargo para cometer fraude y robar recursos destinados a los sistemas de investigación, justicia y prisiones del país. Pepca estima que la red de corrupción manejó más de un billón de pesos dominicanos (US$18 millones).

Sin embargo, existen indicios de que el exfiscal general no se retirará discretamente. En marzo, el fiscal del caso Wilson Camacho acusó a los imputados en Medusa de intimidar y tratar de coaccionar a los testigos desde su lugar de detención. Los abogados de Rodríguez declararon a InSight Crime que su cliente es víctima de asesinato político.

«En República Dominicana, se usa la justicia como arma contra opositores políticos», escribieron en respuesta a la invitación a comentar.

Lo que diferencia esta campaña anticorrupción es que no está dirigida solo contra el expresidente o la oposición. Los fiscales también han investigado a funcionarios de la administración del actual presidente Luis Abinader acusándolos en el caso bautizado Operación 13 de defraudar a la ciudadanía en más de 500 millones de pesos dominicanos (unos US$9,1 millones). El depuesto director de la Lotería Nacional, Luis Dicent, enfrenta cargos de autoría intelectual del esquema fraudulento y de presión a sus coacusados para que participaran, según el cubrimiento del caso publicado por el medio local Diario Libre.

Esa serie de procesos connotados ha dado a muchos dominicanos la esperanza de que su sistema de justicia ha tomado en serio la lucha contra la corrupción. El índice de Percepción de la Corrupción de 2021, elaborado por Transparencia Internacional, reflejó el clima positivo, y lo atribuyó a las condenas recientes de personajes de la élite política, y varios lugareños en la isla expresaron optimismo por la campaña anticorrupción, aun cuando no aprobaran otros aspectos de la administración de Abinader.

Pero organizaciones internacionales y expertos advierten que la corrupción sigue incrustada fuertemente en todos los aspectos de la vida pública y que resultará difícil enfrentarla. Incluso Transparencia Internacional informa que las proclamadas mejoras en la percepción de corrupcion situaron a República Dominicana en el lugar 128 de 180, y advierten que las instituciones públicas siguen siendo frágiles y que el actual avance podría “perderse rápidamente”.

Un informe del Departamento de Estado estadounidense, publicado en abril de 2022, también halló que aún se está lejos de un cambio real. El informe concluyó que “aunque el fiscal general ha abierto un buen número de casos contra funcionarios públicos, incluidos políticos connotados y sus familias […] la corrupción en el gobierno seguía siendo un problema de gravedad”.

Varios expertos indican que esta corrupción administrativa se derrama desde los sectores privilegiados y ha creado un ambiente de impunidad en República Dominicana, donde se ha borrado la línea entre la élite y el hampa.

“Todos frecuentan los mismos lugares”, le explicó a InSight Crime un alto experto internacional en seguridad internacional. “Se sorprendería de ver la cantidad de delincuentes que se sientan a beber con políticos y empresarios; en un par de minutos se cruzan unos con otros”.

Arenas movedizas

Las acusaciones en una serie de casos judiciales recientes ilustran esos vínculos en todo el espectro político.

En septiembre de 2021, el diputado Héctor Darío Féliz Féliz escondió al narco Juan José de la Cruz Morales, alias “Wandy”, en su vehículo cuando los investigadores llegaron a aprehenderlo, según los informes oficiales.

Féliz Féliz no puede ser detenido, ya que goza de inmunidad política por su calidad de miembro de la cámara de diputados. Esta parece haber sido una cualidad que Wandy buscó en sus amigos, pues según los fiscales, su red de narcotráfico hizo aportes directos a las campañas políticas de los legisladores dominicanos. Los fiscales también vincularon a otros dos diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de Abinader, a la misma red de narcotráfico.

El caso de Féliz Féliz está lejos de ser una excepción. Otra legisladora, Rosa Amalia Pilarte López, está casada con el presunto narcotraficante Miguel Arturo López Florencio, alias “Miky López”. Los fiscales acusan a Miky López de haber liderado una red que no solo traficaba drogas, como éxtasis y cocaína, sino que también prestaba servicios de lavado de dinero a otras redes criminales, entre ellas las vinculadas al narcotraficante puertorriqueño José Figueroa Agosto, y al escándalo de corrupción de Odebrecht, según la acusación.

En algunos casos, incluso, se dice que algunas figuras políticas dominicanas han cruzado la línea de la asociación con delincuentes a la participación directa en actividades ilícitas.

En 2021, el diputado en ejercicio por la provincia de Santiago, Miguel Gutiérrez, fue detenido en el aeropuerto de Miami y acusado de tráfico de cocaína. Gutiérrez no fue el primero. En 2020, las autoridades extraditaron a un candidato al congreso e imputaron a un veterano director de campaña, ambos por narcotráfico. Este último fue acusado por la Fiscalía estadounidense de trabajar directamente con el Cartel de Sinaloa.

Es más, las redes criminales presuntamente infiltraron el mismo sistema de justicia que debía llevarlas a juicio. En 2020, dos jueces fueron destituidos después de recibir presuntamente pagos de un narcotraficante convicto.

Los mayores narcos de la isla son sospechosos de buscar influir en expresidentes y candidatos presidenciales.

El imputado narco César Emilio Peralta, alias “El Abusador”, fue grabado afirmando que en 2016 financió la campaña del expresidente Danilo Medina, quien admitió haber recibido el dinero, pero negó saber que fuera producto del narcotráfico.

Denuncias similares se remontan a varios años atrás. Figueroa Agosto presuntamente ayudó a financiar la campaña presidencial del candidato de centro-izquierda Miguel Vargas Maldonado, quien fue derrotado en las urnas. Vargas negó cualquier vínculo con el narcotraficante.

Otro de los antiguos jefes de Peralta, Quirino Paulino Castillo, afirmó que entre 2002 y 2004 gastó millones de dólares en las campañas electorales del presidente Leonel Fernández, del colectivo de centro-izquierda Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Este respondió haciendo gala de los logros de su administración, sin hacer referencia directa a las denuncias en su contra, según una copia de su respuesta publicada en medio dominicanos.

Esas denuncias repetidas de apoyo a candidatos presidenciales con dinero del narcotráfico apuntan a un problema recurrente y dejan ver la debilidad de las leyes de financiación electoral en el país, que pueden usarse para ofrecer una fachada amplia a quienes buscan comprar influencia política en los niveles más altos de la rama ejecutiva.

Policía de bolsillo

También pueden estar en riesgo elementos de la policía dominicana a cargo de la investigación de delitos.

En 2014, la entonces fiscal jefe del Distrito Nacional reveló que exagentes de policía estuvieron implicados en la mayoría de asesinatos por encargo entre narcotraficantes. Ese mismo año, el jefe del extinto organismo antinarcóticos, la Dirección Central Antinarcóticos (Dican), fue acusado de robar cerca de una tonelada de cocaína y fue condenado a 20 años de prisión.

Un año después, Yeni Berenice Reynoso, entonces fiscal jefe del Distrito Nacional, en la jurisdicción de Santo Domingo, afirmó que la policía participó en el 90 por ciento de los casos de crimen organizado. En los años que antecedieron a su denuncia, se conoció la baja simultánea de cientos y en ocasiones miles de agentes por presuntas conexiones con organizaciones criminales.

La evidencia indica que poco cambió después de 2015. Tanto Miky López como su hijo estuvieron en la nómina de la Policía Nacional hasta 2020, según la misma policía. Más recientemente, en noviembre de 2021, las autoridades detuvieron a 14 agentes, acusados de participar en un “tumbe de droga”, o robo de narcóticos que por lo general comete una banda contra otra, según informó un comunicado de la Fiscalía General.

“Muchos policías participan en crimen organizado. Esa es su respuesta a los bajos salarios que reciben y a la falta de normas claras”, le explicó a InSight Crime Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, (Adocco), en agosto de 2021.

“No hay manera de que el crimen organizado prospere sin la participación, el respaldo y la implicación de las autoridades”, añadió.

InSight Crime trató de comunicarse con todos los acusados mencionados o sus apoderados para tener sus comentarios. Con excepción de los abogados de César Emilio Peralta y Jean Alain Rodríguez, todos los demás o declinaron hacer comentarios o no pudieron ser contactados.

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