Reclaman apertura de Las Parras
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) exhortaron a las autoridades a que comiencen a operar el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en Guerra, paralizado hace casi tres años mientras los presos están hacinados en otros recintos.
Servio Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de Finjus, y Miguel Surún Hernández, presidente del gremio de abogados, consideran que no es posible que el recinto tenga casi tres años paralizado, mientras que el sistema penitenciario se encuentra abarrotado de privados de libertad, luego de haberse hecho una inversión millonaria.
Castaños Guzmán dijo que cualquier diligencia judicial y cualquier intervención de la Cámara de Cuentas en lo que fue el proceso de construcción de ese recinto, debió haber concluido.
Expresó que si hay aspectos que tienen que mejorarse al recinto penitenciario para hacerlo más eficiente, que se haga ya, pero que eso tiene que abrirse y que comience a operar con todas las regulaciones que el mismo centro requiera.
“Llama la atención que a casi tres años de haberse hecho denuncias y de descubrir irregularidades, todavía ese centro penitenciario permanezca cerrado y cualquier cosa que esté pendiente que entonces que se acelere, pero esa inversión se va a deteriorar, si no se pone a operar”, enfatizó el jurista.
Manifestó que se sabe que se abrió una investigación, pero que es hora de que la misma haya concluido y que cualquier cosa que pueda en el marco de esa investigación salir que se proceda en consecuencia, reiterando que el centro penitenciario tiene que comenzar a operar de inmediato.
Presidente abogados
Mientras que el presidente del Colegio de Abogados, Surún Hernández, considera que la situación por la que está atravesando el proyecto de construcción Las Parras grafica en cuerpo y alma el daño que le hace la corrupción administrativa a la sociedad dominicana.
Manifestó que el país conoce la situación de la sobrepoblación carcelaria que afecta mayoritariamente a personas de escasos recursos económicos y que no ha podido ejecutarse un plan de descongestionamiento de las antiguas cárceles.