En defensa de Punta Catalina
La Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) es la principal fuente de electricidad de los dominicanos. Sus dos unidades, con capacidad total de 752 MW, pueden suplir, a precios muy competitivos, entre 30% y 35% de la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). El 18 de agosto de 2020 entregué ambas unidades operando a máxima carga y con los equipos en excelente estado, lo cual se ha traducido en un porcentaje de disponibilidad superior al 92%, que es más alto que el promedio internacional para ese tipo de plantas eléctricas.
Lamentablemente, el presidente Luis Abinader cometió un grave error al nombrar a Antonio Almonte como jefe del sector eléctrico, pues éste pertenece a un grupo que tiene como meta vender ese valioso activo del pueblo dominicano a precio de vaca muerta, y de esa manera destruir riqueza de todos los dominicanos. Para lograr ese objetivo se ha conformado un escuadrón de destrucción de Punta Catalina, encabezado públicamente por Almonte, quien se ha dedicado a tomar medidas encaminadas a reducir su capacidad de generación de ingresos y a incrementar el nivel de riesgo asociado a ese negocio. Visto su historial, ésta no será la primera vez que apoya intereses en contra de la CDEEE y la nación. El PRM cuenta con recursos humanos más capaces y experimentados que el señor Almonte para dirigir el Ministerio de Energía y Minas y para administrar Punta Catalina.
En un reciente artículo publicado en el Listín Diario, Almonte vuelve a mentir sobre la potencia de Punta Catalina. A pesar de que la reputada multinacional estadounidense Babcock & Wilcox, fabricante de la caldera, le aclaró en una carta enviada el 12 de febrero de 2021 que, en base a los resultados de las pruebas de desempeño realizadas por McHale & Associates, sus equipos pueden generar el vapor suficiente para que los turbogeneradores GE produzcan 376 MW brutos, Almonte sigue declarando que cada unidad tiene menor potencia de lo real. La intención de esa falacia es destruir el valor de Punta Catalina mediante la reducción de su capacidad operativa, beneficiando a aquellos generadores privados ineficientes que extraen rentas adicionales mientras más elevado sea el precio de la energía en el mercado spot. Esa posición es lesiva a los intereses del pueblo y del gobierno dominicano, pues las evaluaciones técnicas indican que, en términos de megavatios netos, que es la cantidad de energía que se vende al SENI, la Unidad 1 puede producir 345.586 MW netos y la Unidad 2 puede producir 347.677 MW netos, cifras que superan el nivel garantizado por el Contrato EPC que es de 337.39 MW netos. Esos resultados fueron verificados por las empresas estadounidenses Stanley Consultants y Clean Air.
Almonte reconoció en su artículo que despidió a los principales técnicos de Punta Catalina, quienes fueron entrenados por el Consorcio Odebrecht-Tecnimont- Estrella y los fabricantes de equipos (Babcock & Wilcox, General Electric y Hamon Corporation). En vez de contratar personal de carrera de operación y mantenimiento, con experiencia en plantas de generación eléctrica, ha colocado personal de montaje y técnicos con más de 20 años fuera del área de generación y sin conocimiento de la tecnología que se instaló en Punta Catalina, cuyo mérito es ser miembros o simpatizantes del PRM. El despido de la responsable de la operación del sistema de control de calidad del aire (AQCS), me permite pronosticar que ocurrirá un deterioro de ese sistema en los próximos meses por falta de mantenimiento y operación adecuada.
En su artículo, Antonio Almonte también señaló que “en un Acta Acuerdo de antología, Jaime Aristy Escuder y Rubén Bichara acordaron pagar a Odebrecht unos 11 millones de dólares adicionales, amparándose en el citado Anexo T.” Esa afirmación es totalmente falsa.
Un análisis simple de la documentación citada por Almonte revela que está afectado por una de estas opciones: a) severo déficit de lectura comprensiva; b) adicción patológica a mentir; c) síndrome avanzado de perversidad crónica; d) todas las anteriores.
En el Anexo T del Contrato de EPC, firmado el 14 de abril de 2014 y que gobierna la relación entre la CDEEE y el Consorcio constructor de Punta Catalina, se presentan las penalidades e indemnizaciones por incumplimiento de las pruebas de aceptación o desempeño de esa central eléctrica. En el caso de la potencia neta, se indica que, por cada MW de menor potencia alcanzada respecto del valor de garantía ofrecido por el Consorcio constructor (i.e., 337.39 MW), se le aplicaría una penalidad de dos millones de dólares.
El señor Almonte interpreta al revés el contenido del Anexo T, o lo tergiversa a propósito, al señalar que la CDEEE debe pagarle un millón de dólares por cada MW adicional que logren producir las unidades de la central y por eso concluye que “si como defiende Jaime la caldera tiene 376 MW bruto y 347 MW netos, entonces la CDEEE debía pagarle más de Diez millones extras a Odebrecht.” Esa afirmación es totalmente incorrecta, falsa y malintencionada. La CDEEE no tenía que pagarle, y no le pagó, un centavo más al consorcio constructor por haber alcanzado una potencia neta superior al nivel garantizado por el contrato. Esto demuestra que Almonte miente y difama al decir que la CDEEE le pagó 11 millones de dólares adicionales a Odebrecht o al Consorcio, amparándose en el Anexo T del Contrato de EPC.
A pesar de tener toda la información a mano, pues se la dejé descrita en un amplio informe final que entregué a la nueva administración de Punta Catalina, Almonte omite describir lo siguiente.
El 19 de diciembre de 2019, la CDEEE y el Consorcio acordaron someter sus discusiones sobre las disputas existentes, originadas por reclamos presentados en 2017 por el Consorcio, a un proceso de mediación en el marco del Centro Internacional ADR de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en Nueva York, tal y como habilita el Contrato de EPC a las partes. A través de ese proceso de mediación se logró reducir el monto de la disputa de 973.2 millones de dólares a 395.5 millones de dólares, de los cuales el gobierno sólo tendría que desembolsar 59.5 millones de dólares, pues a través del Fondo Contingente había desembolsado 336 millones de dólares.
El 20 de enero de 2020 se firmó en Nueva York la hoja de términos y condiciones para el acuerdo de resolución de la disputa, estableciéndose la forma en que se esa suma se pagaría con el objetivo de asegurar la terminación y puesta en marcha de la Unidad 2. Específicamente, en la sección 9 de esa hoja se detallaron diez eventos activantes de pagos, cuyos montos agregados alcanzaban los 59.5 millones de dólares. Entre esos eventos se pueden citar: la sincronización de la Unidad 2; la operación de la unidad a una potencia igual o mayor a 200 MW por dos horas y dos molinos; y la operación de la unidad a una potencia igual o mayor a 376 MW por dos horas y tres molinos; entre otros. A este último evento se le asignó un pago de 11 millones de dólares, que es confundido malintencionadamente por el señor Almonte con lo que se establece en el Anexo T del Contrato de EPC, que se refiere a penalidades e indemnizaciones y no a bonos, premios o beneficios adicionales para el Consorcio.
El Acta Acuerdo del 20 de enero de 2020 que cita Almonte fue firmada en Nueva York y es parte del proceso de discusión de las disputas existentes entre la CDEEE y el Consorcio, que concluyó en marzo de 2020. A diferencia de Almonte que escondió, ocultó y engavetó la carta de Babcock & Wilcox que desnudó su mentira, la resolución de esa disputa fue un evento publicado en la prensa internacional y local, resaltando el hecho de que a partir de ese momento el gobierno dominicano se beneficiaría de toda la generación de electricidad de ambas unidades de Punta Catalina. Esto fue clave para que el pueblo dominicano tuviese electricidad continua durante el período de confinamiento impuesto por las autoridades para moderar la propagación de la pandemia del covid-19.
Para poner punto final a este intercambio, le propongo al presidente Abinader que autorice al señor Almonte, su ministro de Energía y Minas, a asistir a un debate de dos horas, televisado a todo el país, al que de seguro se integrarían varios canales de televisión, para que la nación pueda comprobar quién miente y quién dice la verdad sobre el activo eléctrico más valioso del pueblo dominicano.