Conflicto en el TSE apresura convocatoria del CNM para elegir nuevos jueces
La convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para renovar el Tribunal Superior Electoral (TSE) encuentra a los jueces de esa alta corte en un conflicto interno, motivado por decisiones adoptadas por su presidente, que han sido consideradas ilegales y arbitrarias por cuatro magistrados.
Al parecer este impasse apresuró que el CNM sea convocado para este viernes, pues ocurre faltando todavía dos meses para que concluya la actual gestión, en julio próximo, algo que no solía pasar, ya que por lo general ese organismo se reúne después de vencido el período de los jueces de las altas cortes que les corresponde nombrar.
El conflicto en el TSE surge después que asumió como presidente Marcos Cruz García, a principio de noviembre del 2020, por la renuncia de Román Jáquez Liranzo, quien fue designado presidente de la Junta Central Electoral (JCE). Antes, Cruz se desempeñaba como suplente de Jáquez Liranzo.
Por tres ocasiones, los jueces Santiago Sosa, Rafaelina Peralta, Cristian Perdomo y Ramón Arístides Madera han enviado comunicaciones al presidente del TSE, en la que cuestionan medidas adoptadas de forma unilateral, sin ser conocidas por el Pleno de jueces. Además, han pedido a directores de varios departamentos que les rindan informes sobre acciones tomadas por el presidente en el aspecto financiero y de personal.
En la más reciente comunicación, del 17 de mayo, conminan al presidente del tribunal a convocar al Pleno, para conocer varios puntos, vinculados con el manejo financiero de la Alta Corte, y el régimen disciplinario del personal.
Los cuatro magistrados advierten que de no convocar al pleno lo harán ellos y que en caso del presidente no asistir, presidirá la sesión el juez titular de mayor edad, en este caso, sería Santiago Sosa, en base al reglamento orgánico del TSE.
Como reacción a este reclamo, el presidente del TSE envió una comunicación a directores de varios departamentos, en los cuales dice que las instrucciones y advertencias hechas por los 4 magistrados “carecen de fundamento legal para ser cumplidas”.
Cruz expone que esos magistrados no disponen de atribuciones administrativas legales ni reglamentarias para emitirlas, por lo que no merecen ser observadas, ya que solo están sometidos jerárquicamente al presidente o al Pleno.
“Solo el Pleno del tribunal, una vez convocado por su presidente está facultado para adoptar decisiones en los términos expresados en tales cartas”, indica Cruz García.