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El Partido de Acción Liberal (PAL) proclamó a Luis Abinader como su candidato presidencial durante su Asamblea de Delegados. Los delegados respaldaron al mandatario por ser un líder capaz de encontrar soluciones en medio de la adversidad y por su habilidad para conciliar.
Abinader comparó su obra de gobierno con la de la oposición y afirmó que «le llevan mucho cuerpo y distancia». También mencionó que la deserción escolar se debe en parte al problema de transporte y anunció que en los próximos días quedará en funcionamiento el sistema público de transporte escolar en todo el Gran Santo Domingo.
La presidenta del PAL, Maritza López de Ortiz, destacó en su discurso de proclamación los logros y cualidades de Luis Abinader como líder de la nación. Resaltó que «se ha caracterizado por su habilidad para tender puentes y encontrar soluciones en medio de los desafíos, y ha procurado que la unidad, el respeto, la dignidad y la colaboración primen por encima de cualquier interés, convirtiendo su gobierno en un referente inclusivo del que todos somos parte».
Además, López de Ortiz destacó la firmeza de Abinader en la defensa de la soberanía y la patria en los escenarios internacionales. Afirmó que «con valor y firmeza ha trazado la raya de Pizarro y ha levantado un muro para dejar bien claro que bajo ninguna circunstancia la República Dominicana cederá ante la defensa de nuestro territorio».
Luis Abinader recibió el respaldo y cariño de los militantes del Partido de Acción Liberal y asumió distintos compromisos de nación, generando entusiasmo entre los presentes, quienes se identificaron con su visión de gobierno.
El presidente dio la bienvenida a los miembros del PAL, liderados por Maritza López, para que se integren al proyecto de desarrollo que lidera desde el gobierno.
Abinader comparó su obra de gobierno con la de la oposición y afirmó que «le llevan mucho cuerpo y distancia». También mencionó que la deserción escolar se debe en parte al problema de transporte y anunció que en los próximos días quedará en funcionamiento el sistema público de transporte escolar en todo el Gran Santo Domingo.
El presidente destacó que el país ha logrado avanzar a pesar de las dificultades y desafíos que ha enfrentado su gobierno, y resaltó las obras de transporte público en las que su gestión está trabajando. Además, detalló los logros en educación, salud y desarrollo turístico, y resaltó la importancia de un ministerio público independiente para el avance del país.
El Partido de Acción Liberal expresó su apoyo al presidente Luis Abinader con la convicción de que es la esperanza de la gente y la mejor opción para liderar el país en los próximos años.
Maritza López de Ortiz, quien fue ratificada como presidenta de esa entidad, junto a otras autoridades, enfatizó que el Partido de Acción Liberal no proclamaba a la figura como su candidato presidencial, sino que proclamaba «al líder que ha creído en que una nación logra avanzar cuando las voces de sus hombres y mujeres son escuchadas y sus necesidades atendidas».
El evento contó con la presencia de importantes dirigentes políticos del Partido Revolucionario Moderno, como su presidente José Ignacio Paliza, la secretaria general Carolina Mejía, el presidente de la Comisión de Alianza Andrés Bautista, así como miembros del Partido de Acción Liberal y representantes de otras organizaciones aliadas.
También estuvieron presentes Eddy Olivares, Juan Garrigó, Ricardo de los Santos, Nelson Arroyo, Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones, Fellito Suberví, miembro de la dirección ejecutiva del PRM, entre otros representantes de partidos como el presidente del Movimiento Nacional Balaguerista Auténtico, el doctor Modesto Guzmán, Eduardo Estrella de Dominicanos por el Cambio, Elsido Diaz, el general Zorrilla Ozuna, Antolín Polanco, Luis Acosta Moreta, Juan Cohen, Trajano Santana, Jhonny Jones, representante del PRSC, Benny Metz, viceministro de la presidencia, entre otros.
El Partido de Acción Liberal promueve la solidaridad en todas sus acciones, buscando el desarrollo de la sociedad sobre la base del trabajo y la equidad. Es una organización en la que cada uno de sus miembros tiene la oportunidad de aportar al crecimiento y proyección de la misma, según se describe en su descripción.
Residentes del turístico enclave mexicano de Los Cabos se preparaban para la llegada del huracán Norma que seguía acercándose al extremo sur de la península de Baja California para tocar tierra previsiblemente el sábado, mientras en el Atlántico el huracán Tammy amenazaba las islas de las Antillas Menores.
En el Atlántico, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que el huracán Tammy tenía vientos de 140 kph (85 mph) y se emitieron alertas de huracán para las islas de Guadalupe, Antigua, Barbuda, Montserrat, y San Cristóbal y Nieves. Tammy se movía hacia el noroeste a 13kph (8 mph).
Tammy se encontraba a unas 85 km (55 millas) al este de Martinica y a 220 km (135 millas) al sureste de la isla caribeña de Guadalupe y se movía hacia el oeste-noroeste a 15 kph (9 mph).
Se esperaba que Tammy mantuviera su fuerza de huracán e incluso se fortaleciera ligeramente a medida que avanzaba hacia las Antillas Menores durante el sábado, pasando por Guadalupe, Antigua y Barbuda. Tanto Martinica como Guadalupe son departamentos franceses de ultramar.
El Centro de Huracanes preveía fuertes lluvias e inundaciones en gran parte de las Antillas Menores.
Los habitantes de Antigua y Barbuda –un país formado por dos islas gemelas– se preparaban para la llegada de Tammy dos semanas después de verse afectados por la tormenta tropical Phillippe, que dejó entre 15 y 20 centímetros de lluvia y sumió a ambas islas en la oscuridad. Ahora se preveía que el nuevo ciclón dejará más de 30 centímetros de lluvia en la nación que quedó devastada en 2017 por el huracán Irma y que todavía se resentía por los daños de Phillippe.
“Esto significa que la tierra está todavía algo saturada y con lluvias adicionales, el potencial de inundaciones es elevado”, dijo el primer ministro Gaston Browne en una transmisión nacional el viernes por la tarde. El mandatario instó a los residentes a tomar todas las medidas necesarias para asegurar la vida y sus propiedades.
Las oficinas gubernamentales, los bancos y la mayoría de las grandes empresas cerraron temprano el viernes para que el personal pudiera prepararse. Las prisas de los residentes por abastecerse de artículos de primera necesidad provocaron atascos en St John’s y cerca de los centros comerciales y supermercados más populares.
Las autoridades locales de gestión de catástrofes anunciaron planes para abrir unos 40 refugios en comunidades de todo el país.
Los comercios de Cabo San Lucas colocaron láminas de madera contrachapada sobre sus ventanas y el personal del gobierno colgó pancartas advirtiendo a la gente desde el viernes que no intentara cruzar barrancos ni cauces de arroyos pues Norma comenzaba a dejar fuertes lluvias en la zona.
A primera hora del sábado, Norma se había debilitado ligeramente y había bajado a categoría 2. Se encontraba a 45km (30 millas) al oeste-suroeste de Cabo San Lucas con vientos de 155 kph (100 mph) y moviéndose a 13kph (8 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Se esperaba que Norma continuara en esa trayectoria hasta la noche antes de girar hacia el noreste y debilitarse el lunes.
El lento paso del huracán aumentaba la posibilidad de graves inundaciones. Se esperaba que Norma arrojara entre 15 y 30 centímetros de lluvia, con un máximo de 30 centímetros en algunas zonas del sur de Baja California y gran parte del estado de Sinaloa.
Hector Amparano, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, dijo que el sábado por la mañana ya habían unas 1.500 personas en refugios de Baja California.
Protección Civil de Los Cabos instó a los residentes a permanecer en interiores durante todo el día a medida que aumentaban los vientos y la lluvia mientras los trabajadores de servicios de emergencias se apresuraban a evacuar a las personas de las zonas bajas de la ciudad y trasladarlas a los refugios.
La policía de San José del Cabo rescató a dos personas de su camioneta cuando una corriente de agua la arrastró a primera hora del sábado y zonas populares quedaron convertidas en pequeñas islas incomunicadas entre sí y rodeadas por cauces de agua. Algunas áreas se quedaron el sábado por la mañana sin energía eléctrica ni internet.
Los hoteles de Los Cabos, frecuentados sobre todo por turistas extranjeros, seguían casi llenos, a tres cuartos de su capacidad, y los visitantes habían decidido no marcharse, según la secretaria de Turismo de Baja California Sur, Maribel Collins.
Aunque tampoco había mucha alternativa porque con la lluvia que ya caía en Los Cabos, algunos vuelos de entrada y salida fueron cancelados el viernes y el sábado los aeropuertos permanecían cerrados, según la oficina local de protección civil.
La asociación hotelera local estimó que había unos 40.000 turistas en Cabo San Lucas y San José del Cabo.
El viernes, una pareja de San Diego caminaba por las desiertas calles de Cabo San Lucas, dispuestos a quedarse en la zona porque el torneo de pesca deportiva en el que iban a participar se había aplazado hasta la semana siguiente.
Los puertos estaban cerrados. En el puerto deportivo, locales intentaban proteger sus embarcaciones como José Ceseña, que sacaba agua de su barco con el que suele transportar a turistas.
Homero Blanco, comandante estatal de la Guardia Nacional, dijo que se había ordenado el cierre de las playas y se habían enviado tropas de la Guardia para desalojar a la gente de la orilla del mar, donde no faltaba algún curioso.
El gobierno federal envió 500 militares a este enclave turístico para ayudar con los preparativos para la llegada de Norma y las autoridades municipales dijeron que podrían abrirse hasta 39 refugios de emergencia en caso necesario.
Se emitió un aviso de huracán para el extremo sur de la península de Baja California, y se preveía que Norma llegara ya como tormenta tropical a la costa occidental del Pacífico mexicano.
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La periodista de AP Anika Kentish contribuyó con esta historia desde St. John’s, Antigua.
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A septiembre de este año, el gobierno ha recibido 51 propuestas para proyectos de inversión privada en la zona fronteriza bajo la Ley 12-21 que crea la “Zona especial de desarrollo fronterizo” y extiende las exenciones fiscales que quedaron extintas en la Ley 12-01.
Las empresas que proponen instalarse en líneas fronterizas están dispuestas a invertir, en promedio, 407 millones de pesos en sus compañías, provenientes de los sectores industria, agricultura, comercio y otros servicios.
Aunque se prevé que estas iniciativas generarían más de 9,700 empleos de ser aprobadas (un 16.32 % más que el total generado por las empresas acogidas a la Ley 12-01), ocho de cada 10 empresas reportan que la mayoría de sus empleados son trabajadores no calificados, para un 74.1 %.
El 46 % de los proyectos de inversión propuestos está enfocado en actividades agropecuarias, principalmente al cultivo de banano.
Así lo señala el informe mensual «Monitor de la Frontera«, realizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd).
Esto puede estar relacionado a que el 46 % de los proyectos de inversión propuestos está enfocado en actividades agropecuarias, principalmente al cultivo de banano, seguido de las actividades manufactureras, que ocupan el 36 % y que no necesariamente requieren de profesionales especializados.
Sin embargo, la mano de obra poco calificada incide en el desarrollo y crecimiento de esta zona.
“La falta de habilidades y capacitación adecuada generalmente conduce a una productividad más baja, a percibir menos salarios para los trabajadores, dado la naturaleza del trabajo desempeñado y de la poca especialización requerida, además del bajo valor agregado que representan estos productos a la cadena de valor y al sector industrial y productivo”, refiere el informe del Mepyd.
El análisis, incluido en el informe mensual “Monitor de la frontera”, señala que los salarios promedian los 16,550 pesos, en un rango que oscila entre los 10,669 hasta los 21,470.9 pesos. “Incluso tomando los salarios más altos ofrecidos, estos no son suficientes para cubrir la canasta del quintil de menor ingreso nacional”, indica.
Al observar estos salarios por actividad económica, el sector comercio es el que cuenta con el promedio salarial más alto, de 21,470 pesos. A este le siguen:
El 90.2 % de las empresas que hasta septiembre había propuesto iniciar actividades comerciales en la zona fronteriza se encuentra en la parte norte. Montecristi es la provincia que más concentra estos proyectos, con un 62.8 %.
El informe del Mepyd destaca que, hasta ahora, carecen de postulaciones de proyectos de inversión por parte del sector privado en las provincias Pedernales y Bahoruco, lo cual vincula “a las limitaciones comerciales que posee la zona sur de la frontera y su bajo tejido productivo”.
Por tamaño, el 47.6 % se trata de empresas medianas y el 38.1 % de compañías grandes, con rango de 27 hasta 2,120 empleados.
Aparte del habitual impuesto de 18% que se debe pagar para consumir refrescos, los compradores pagarían otro 20% de un impuesto especial agregado a las referidas bebidas si se aprueba un proyecto de ley que analiza la Cámara de Diputados.
La pieza legislativa busca regular la producción y la comercialización de las bebidas azucaradas, edulcoradas, carbonatadas y energizantes. Fue depositada en el Congreso por el diputado Hamlet Melo, del partido Fuerza del Pueblo.
“El impuesto que se refiere esta ley se aplicará sin perjuicio de la imposición de otros impuestos que graven este tipo de bebidas”, establece uno de los artículos de la pieza.
La sumatoria de este nuevo impuesto a las bebidas edulcoradas y azucaradas aumentará el costo del líquido, que puede variar su precio según el tamaño del envase.
Según la iniciativa, los recursos que se recauden cuando se cobre el nuevo impuesto de 20% serán repartidos en al menos cinco áreas: 50% para el programa de departamento de enfermedades crónicas del Ministerio de Salud, 20% al Ministerio de Deportes para programas de actividad física, 10% para organizaciones no gubernamentales que trabajen contra la obesidad o la diabetes y 5% para el Ministerio de Medio Ambiente y sus programas del uso de envases plásticos.
Asimismo, se dispondrá el 5% para la Asociación de Enfermos con insuficiencia renal, 5% para el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort) y un 5% para el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).
“Dicho destino no será susceptible de asignarse a otro fin ni a transferencia presupuestaria alguna”, establece la iniciativa del diputado Melo.
La formulación también prohíbe la publicidad radial y televisada de bebidas edulcoradas y azucaradas de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a viernes. Mientras que los fines de semana queda prohibida de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
El artículo donde se resalta la prohibición destaca que toda publicidad contendrá una nota final que diga: “consumir este producto causa diabetes, hipertensión y cáncer”.
El proyecto de ley, que ya se estudia en una comisión de la Cámara de Diputados, prohíbe la venta de refrescos en las escuelas y en otras instituciones educativas destinadas a menores de 18 años, sin importar si son públicas o privadas.
Asimismo, ordena que los establecimientos comerciales ubicados a 50 metros o menos de las verjas de las escuelas no podrán expender bebidas azucaradas, edulcoradas o carbonatadas.
También la nueva ley prohibiría la venta de refrescos y bebidas energizantes en envases superiores a las 16 onzas fluidas, mientras que en los restaurantes y puestos de comida rápida no podrán brindar la bebida en envases mayores a las 12 onzas.
Para el cumplimiento de la ley, el proyecto dispone que los restaurantes donde se venda refrescos, tengan por obligación recipientes o dispensadores con agua potable cerca de las mesas.
En el documento, el proponente alega que es necesario crear conciencia sobre el elevado consumo de bebidas gaseosas que existe en República Dominicana y sus consecuencias para la salud.
“La ingesta menor de calcio debido al consumo de bebidas carbonatadas se asocia a mayor cantidad de fracturas óseas entre los niños y adolescentes”, sostiene el legislador en su propuesta.
Aparte del habitual impuesto de 18% que se debe pagar para consumir refrescos, los compradores pagarían otro 20% de un impuesto especial agregado a las referidas bebidas si se aprueba un proyecto de ley que analiza la Cámara de Diputados.
La pieza legislativa busca regular la producción y la comercialización de las bebidas azucaradas, edulcoradas, carbonatadas y energizantes. Fue depositada en el Congreso por el diputado Hamlet Melo, del partido Fuerza del Pueblo.
“El impuesto que se refiere esta ley se aplicará sin perjuicio de la imposición de otros impuestos que graven este tipo de bebidas”, establece uno de los artículos de la pieza.
La sumatoria de este nuevo impuesto a las bebidas edulcoradas y azucaradas aumentará el costo del líquido, que puede variar su precio según el tamaño del envase.
Según la iniciativa, los recursos que se recauden cuando se cobre el nuevo impuesto de 20% serán repartidos en al menos cinco áreas: 50% para el programa de departamento de enfermedades crónicas del Ministerio de Salud, 20% al Ministerio de Deportes para programas de actividad física, 10% para organizaciones no gubernamentales que trabajen contra la obesidad o la diabetes y 5% para el Ministerio de Medio Ambiente y sus programas del uso de envases plásticos.
Asimismo, se dispondrá el 5% para la Asociación de Enfermos con insuficiencia renal, 5% para el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort) y un 5% para el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).
“Dicho destino no será susceptible de asignarse a otro fin ni a transferencia presupuestaria alguna”, establece la iniciativa del diputado Melo.
La formulación también prohíbe la publicidad radial y televisada de bebidas edulcoradas y azucaradas de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a viernes. Mientras que los fines de semana queda prohibida de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
El artículo donde se resalta la prohibición destaca que toda publicidad contendrá una nota final que diga: “consumir este producto causa diabetes, hipertensión y cáncer”.
El proyecto de ley, que ya se estudia en una comisión de la Cámara de Diputados, prohíbe la venta de refrescos en las escuelas y en otras instituciones educativas destinadas a menores de 18 años, sin importar si son públicas o privadas.
Asimismo, ordena que los establecimientos comerciales ubicados a 50 metros o menos de las verjas de las escuelas no podrán expender bebidas azucaradas, edulcoradas o carbonatadas.
También la nueva ley prohibiría la venta de refrescos y bebidas energizantes en envases superiores a las 16 onzas fluidas, mientras que en los restaurantes y puestos de comida rápida no podrán brindar la bebida en envases mayores a las 12 onzas.
Para el cumplimiento de la ley, el proyecto dispone que los restaurantes donde se venda refrescos, tengan por obligación recipientes o dispensadores con agua potable cerca de las mesas.
En el documento, el proponente alega que es necesario crear conciencia sobre el elevado consumo de bebidas gaseosas que existe en República Dominicana y sus consecuencias para la salud.
“La ingesta menor de calcio debido al consumo de bebidas carbonatadas se asocia a mayor cantidad de fracturas óseas entre los niños y adolescentes”, sostiene el legislador en su propuesta.
