A su salida de la sala de audiencias este martes, la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, reveló que el imputado por violencia de género Emilio Antonio López Nivar supuestamente ha obstaculizado la investigación que lleva en su contra el Ministerio Público.
Ramos dijo que una prueba fehaciente de esto ocurrió ayer lunes cuando el organismo persecutor intentó entrevistar a un menor a través de la cámara Gesell y el imputado facilitó, supuestamente, que la víctima, que en este caso es su esposa, la comunicadora Tamara Martínez, pudiera movilizarse con el niño para impedir el trabajo de las autoridades.
Martínez, quien es conductora del programa televisivo “Los dueños del circo”, apoya totalmente a López, según la fiscal. Días antes afirmó en un video colgado en su cuenta de instagram que es víctima de violencia física y psicológica y que estaba siendo chantajeada.
Ante esta situación, la funcionaria judicial dijo que es un escenario propicio, para que, en lugar de estar juzgando víctimas, que las entendamos.
“Es un caso en el que tenemos a la víctima totalmente en contra del Ministerio Público, donde ella está apoyando ciento por ciento a su agresor y es entendible, porque esto es parte del síndrome de Estocolmo, del síndrome de la mujer maltratada y es importante que no la juzguemos, sino que entendamos que esto parte del mismo ciclo de la violencia”, apunto la fiscal del Distrito.
Medida de coerción
Este martes, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso tres meses de prisión preventiva al abogado Emilio López Nivar.
El juez también decidió que el abogado cumpla la medida coercitiva en el centro penitenciario Najayo-Hombres.
El abogado Emilio López era investigado por supuestamente agredir física y psicológicamente a su pareja, la comunicadora Tamara Eilyn Martínez Piña, atendiendo una denuncia pública de la señora Cesarina Piña, madre de la comunicadora, quien presentó la denuncia ante las autoridades, siendo arrestado y procesado por la presunta violación a los artículos 309-I, 309-2, 309-3, literal D y H, sobre violencia de género y el 332 del Código Penal Dominicano.
El artículo 309 se aplica en los casos de violencia de género “cuando una persona agraviada resultare enferma o imposibilitada para dedicarse al trabajo, durante no menos de diez días ni más de veinte, a consecuencia de los golpes, heridas, violencia, lesiones o vías de hecho…”.
En tanto que artículo 332 castiga “a la persona que incurra en una actividad sexual no consentida en una relación de pareja, en cualquiera de los casos siguientes: a) Mediante el empleo de fuerza, violencia, intimidación o amenaza; b) Si se ha anulado sin su consentimiento su capacidad de resistencia por cualesquier medio; c) Cuando por enfermedad o incapacidad mental, temporal o permanente, la persona víctima estuviere imposibilitada para comprender la naturaleza del acto en el momento de su realización; d) Cuando se obligare o indujere con violencia física o psicológica a su pareja a participar o involucrarse en una relación sexual no deseada con terceras personas……”.
