Este miércoles inicia la cuenta regresiva para las elecciones de las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD, incluyendo la rectoría, en la cual se enfrentarán Editrudis Beltrán y Jorge Asjana. El proceso será este próximo 15 de junio.
En las elecciones se disputarán los puestos de las personas que ocuparán la rectoría, vicerrectorías, decanatos y sus vicedecanatos, entre otras direcciones de las escuelas.
Las personas que podrán ejercer el derecho al voto en las elecciones de la estatal universidad son los miembros del Claustro Mayor eleccionario, integrado por todos los profesores en servicio activo, profesores ayudantes y un porcentaje de la población estudiantil y de los empleados de la UASD.
En total serán 3,215 personas las que podrán elegir a quien sustituirá a la actual rectora Emma Polanco. De esos hay 2,980 profesores con derecho al voto; 59 profesores ayudantes, que es una representación del 2 % de esos profesionales; una representación del cinco por ciento de los estudiantes que son 149, pero en este caso sólo calificaron 146.
Igualmente, participará un 1 % de los empleados de la UASD, que en su totalidad serán 30 para un total de 3,215 votantes.
Las elecciones se efectuarán el próximo 15 de junio en horario de 8:00 am a 8:00 pm.
Las mesas de votación estarán distribuidas en todos las facultades, recintos y centros universitarios que componen la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Debido a que la Comisión Central Electoral (CCE) de la UASD posee atribuciones para organizar, administrar y supervisar todo el trabajo que implique la realización de elecciones de las autoridades universitarias, estas no recibirán acompañamiento de la Junta Central Electoral (JCE).
El reglamento para elecciones de autoridades universitarias en su artículo 3 indica que las atribuciones de la CCE abarcan la organización de la lista de electores con los miembros del organismo correspondiente; recibir las solicitudes de inscripción de candidaturas; evaluar los expedientes y emitir resoluciones aprobando candidatos que cumplan los requisitos.
De igual forma, organizar y administrar las elecciones de los representantes de los profesores en el Claustro Menor.
Decidir en única instancia sobre la validez o nulidad de aquellos votos en torno a los cuales cualquier delegado o representante de un candidato haya objetado la decisión de los miembros de la me mesa electoral entre otros aspectos.
La campaña
Durante el tiempo de campaña de los aspirantes a ocupar cargos de la UASD se prohíbe en todo el campus universitario el uso de espacios físicos para la publicación de propaganda, lo que incluye letreros, afiches, cartulinas, vallas, altoparlantes, panfletos, globos, música rodante o cualquier promoción ofensiva contra los candidatos.
Estas prohibiciones no abarcan los adornos de los vehículos públicos o privados que pudieran pertenecer a empleados de la universidad.
Adela Chalas tiene 69 años, y a pesar de los achaques de la edad y el fuerte calor, en la mañana de ayer, igual que muchas otras veces, estuvo de pie frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva pidiendo cárcel para los acusados por la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos en Santo Domingo Este.
“Tenemos más de seis años luchando, pero mientras estemos vivos, estaremos luchando. Estamos interesados en que nos den nuestros títulos. Yo he sufrido accidentes en esto (manifestándose), pero no me canso. Queremos título y tranquilidad en nuestras casas”, dijo la señora que tiene más de 40 años residiendo en Los Tres Brazos.
Acompañada de un grupo de manifestantes, la señora Chalas narró que cuando llegó a Los Tres Brazos, el lugar era “un monte”. Dijo que a fuerza de mucho sacrificio fue construyendo su casita. “A veces dejábamos de comer para poner un block o poner una hoja de zinc… y ahora quieren quitarnos nuestra casita a fuerza de malicia”, reprochó la doña.
Manifestó su deseo de que la Justicia ponga un ejemplo “para que no vuelvan a hacer eso. Porque si los dejan quietos, al tiempo van a volver a necear”.
Una advertencia
Otro que estuvo en la manifestación fue Fernando Morillo, dirigente del Comité de Lucha por Los Tres Brazos. En nombre del colectivo hizo una advertencia a las autoridades judiciales: “Queremos decirle a la Justicia dominicana que equivocarse con Los Tres Brazos, sería prender un barrio. Porque nosotros no nos vamos a estar quietos hasta que se haga justicia en Los Tres Brazos, se nos den nuestros títulos y se castigue a los culpables”.
Consideró que el juez de la instrucción que conoció la audiencia preliminar ha tenido suficientes elementos de pruebas para enviar a los acusados a un juicio de fondo.
La manifestación de los comunitarios se produjo en momentos en que estaban esperando el fallo del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual debe decidir si envía a juicio de fondo a los acusados del caso por la venta de los terrenos del caso Los Tres Brazos.
Sin embargo, el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, informó que la sentencia no estaba lista y pospuso el fallo para el próximo lunes a las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público aseguró que entre las razones por las que no estaba listo el fallo figuran que es un caso complejo, con una gran cantidad de testigos y pruebas, y “quizás el tribunal necesite un poco más de tiempo para poder concluir el auto. Es una situación que hasta cierto punto es previsible en un caso tan complejo” dijeron.
Las pretensiones de la venta
El Ministerio Público aseguró ayer que los imputados del caso Los Tres Brazos desfalcaron al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude con el que tenían la expectativa de ganar unos 5 mil millones de pesos. La afirmación la hizo el fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al ser abordado por la prensa. Además de Marmolejos, representaron al Ministerio Público los fiscales litigantes Isis de la Cruz, Ernis Mella, Rosa Pichardo, Wagner Cubilete y Aurelio Valdez. Los fiscales que representan al Ministerio Público acusan al grupo de desfalcar y estafar al Estado dominicano.
Veintisiete organizaciones sociales denunciaron este lunes que el Gobierno en la República Dominicana practica “violencia racista” en contra de los inmigrantes haitianos y los dominicanos de tez negra.
En una rueda de prensa frente al Palacio Nacional, las entidades demandaron del Gobierno detener su “política de violación” en contra de esas personas y pidieron que se respete el debido proceso al momento de las detenciones.
“No estamos diciendo que a las personas en condición migratoria irregular se les dé permiso de vivir en situación irregular, sino que se agoten los debidos procesos para que estas personas no se vean violentadas”, expresó Sheila Báez.
Las organizaciones se pronunciaron sobre todo por lo sucedido hace 12 días en la urbanización Ciudad Juan Bosch, ubicada en el municipio Santo Domingo Este. El miércoles 18 un grupo de haitianos recibió a pedradas a los agentes de migración.
Al día siguiente la Dirección General de Migración (DGM) respondió con una intervención en el sector, la cual terminó con la detención de 385 haitianos indocumentados, aunque hubo denuncia que también se estaba deteniendo a personas que presentaban papeles.
Desde entonces, residentes haitianos de Ciudad Juan Bosch, quienes se desligaron del ataque a pedradas, denunciaron que viven en un “estado de acoso y zozobra” por parte de DGM; los inmigrantes también reconocieron que las autoridades realizan su trabajo.
Roudy Joseph, portavoz del colectivo #HaitianosRD. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
Alicia Méndez, unas de las representantes de las organizaciones que se pronunciaron hoy, afirmó que el Gobierno utiliza el tema de la inmigración haitiana como “desvío” a los problemas de apagones, inflación o el malestar popular.
“Quieren desviar la atención de los problemas de la mega minería, de las protestas, de la falta de acceso a servicios en este país. Entonces, sacan el antihaitianismo debajo de la manga para tapar la realidad”, aseguró Méndez.
Roudy Joseph, portavoz del colectivo Haitianos RD, contó que en uno de los operativos de la Dirección General de Migración fue detenido y observó violaciones que se cometieron como la retención de teléfonos móviles.
Las organizaciones también pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar a un grupo de nacionalistas a quienes acusan de «amenazar y acosar» a defensores derechos humanos.
Las entidades firmantes son: Haitianos RD, Movimiento Reconoci.do, We Are All Dominican, Resistencia Cultural, Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, Militancia Revolucionaria Socialista, Junta de Prietas y Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista.
De igual forma, Red Joc, Grupo de Jóvenes de los Jovillos, Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas, Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer, Movimiento Caamañista, ASí Soy, Fundación Comunitaria por el Desarrollo de Monte Largo, la Red de Defensores Populares, Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó y Educación Espejo.
También se suma Aquelarre RD, Tertulia y Foro Feminista Magaly Pineda, RD es de Todes, La Ceiba, Asociación de Profesionales Integrados por el Desarrollo de Haití y la Unión Democrática de Mujeres, Frente de Lucha, Unidad y Progreso.
En el Ministerio de Educación (Minerd) la data es imprecisa, al punto que ni el número de estudiantes es exacto. El propio ministro de Educación, Roberto Fulcar, lo expuso al señalar que en los casi dos años que lleva al frente de ese ministerio, tienen que cruzar cinco veces los datos antes de tomar una decisión.
“En estos menos de dos años en el Minerd, una angustia siempre ha sido cada vez que tenemos que tomar decisiones, tenemos que cruzar cinco veces los datos, porque las escuelas, las direcciones de las escuelas dan una cantidad de matrícula para recibir la alimentación escolar, pero los directores nos dan otra matrícula para determinar la falta de personal de apoyo, según el interés de que se trate”, dijo Fulcar, al momento de informar sobre un proyecto que tienen en marcha para sistematizar y actualizar toda la información educativa nacional.
Dicho proyecto, ambicioso, según definió, permitirá que todos los hacedores de opinión pública puedan hablar con base a las informaciones concretas.
“Por eso tenemos un ambicioso proyecto en marcha para sistematizar, actualizar toda la información que tiene que ver con la Educación y ponerla al servicio de la sociedad, para también contribuir a que la opinión pública, los comunicadores, periodistas, los analistas, los investigadores, los articulistas, puedan hablar con fundamento en datos”.
Agregó a la expresión de fundamentarse en datos, su idea de que en el país, los dominicanos y dominicanas hablan y saben de todo.
“Hay que hacer una contribución seria para que nosotros, en los próximos meses, que es la meta, podamos entregarle a este país un sistema de información sólido, sostenible y confiable”, enfatizó.
Fulcar habló tras el anuncio de una consulta nacional para la transformación educativa, que llevarán a cabo a partir del próximo lunes 6 de junio en conjunto con varias de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país.
La consulta procura evaluar qué ocurrió y cómo le fue al sistema educativo dominicano durante la pandemia del COVID-19 y servirá para identificar las principales transformaciones “y palancas estratégicas para reinventar la educación del Siglo XXI y acelerar el proceso hacia objetivos educativos compartidos”.
La explicación la ofreció Julissa Hernández, viceministra de Planificación y Desarrollo del Minerd, durante una rueda de prensa encabezada, además del ministro Fulcar, por el Coordinador Residente de la ONU en el país, Mauricio Ramírez.
Las consultas, a llevarse a cabo entre el 6 y 11 de junio, incluirán a los distintos sectores nacionales que inciden en el ámbito educativo nacional y se organizan mediante cinco mesas de trabajo.
Prepararse para la cumbre
La consulta educativa se enmarca y es preparatoria para la cumbre sobre educación que realizará la ONU en septiembre próximo y que tendrá a finales de junio un preencuentro con las delegaciones de los países en París, Francia. “La iniciativa es parte de la convocatoria de la ONU como parte de los objetivos de desarrollo sostenible y la década de acción. Se ha convocado a una cumbre mundial que buscar movilizar la acción, presentar soluciones y ofrecer la solidaridad para transformar la educación a nivel global”, indicó Mauricio Ramírez, representante de la ONU en el país.
El Gobierno dominicano ha dado el pistoletazo de salida para encaminar el sistema eléctrico nacional al nivel de los países desarro- llados con el aporte de dos mil megavatios desde la fecha hasta el 2026.
Tras más de un año de licitación, ayer, el presidente Luis Abinader y el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, anunciaron a los ganadores de la licitación de dos plantas de gas natural, más una terminal de descarga, que se construirán en la bahía de Manzanillo, de Montecristi, con capacidad para generar 800 megavatios.
Se trata de los Haina Investmet Corporation y Manzanillo Energy, los cuales se impusieron en una licitación sobre 16 sociedades y construirán las dos plantas divididas por bloques.
Haina Investmet Corporation construirá el Bloque I, compuesto por una planta de gas natural con capacidad de 400 megavatios más una terminal de gasística, cuyo precio ofrecido fue 8.84 centavos de dólar por kilovatio/hora.
1,700
millones de dólares es la inversión del proyecto, que serán aportados por los constructores.
Mientras que el consorcio Manzanillo Energy ganó la licitación de la segunda planta con igual capacidad e 400 megavatios, bajo un precio de 5.82 centavos de dólar el kilovatio/ hora.
Ambas plantas crearán 700 empleos durante la construcción y tendrán una inversión de 1,700 millones de dólares, de cuyo dinero “el Gobierno no aportará ni un peso”, sino que será financiado por los inversionistas de las dos sociedades ganadoras de la subasta.
Un tercer consorcio presentó su oferta, pero no calificó. En total, 16 consorcios presentaron ofertas técnicas, pero de esos, tres ofrecieron las ofertas económicas.
Las plantas de gas en Manzanillos, que deben comenzarse a construir a un máximo de seis meses de haberse firmado el contrato, serán inauguradas en tres años y medios, según las proyecciones del Gobierno.
“Más barata que Punta Catalina”
Abinader presume que los 800 megavatios que producirán las plantas de Manzanillo serán 120 más que los generados por la Central Termoeléctrica Punta Catalina y su costo será más barato.
“Manzanillo será una terminal de gas y con una inversión mucho menor que los más de tres mil millones consumidos en Punta Catalina por una central más pequeña y a cuenta del presupuesto de la nación y deudas”, manifestó el jefe de Estado.
De manera general, el Gobierno tienen en plan generar en los siguientes cuatro años dos mil megavatios, suficientes para suplir el déficit de la actualidad y contar con una reserva del 15 %, similar a los países desarrollados, indicó el presidente Abinader.
En diciembre del 2021, agregó Abinader, se licitó una planta que también generará alrededor de 400 megavatios y que estará lista en noviembre del 2022.
El jefe de Estado expresó que se construyen tres autopistas eléctricas: una de 345 kilovatios, desde Manzanillo a Guayubín y de Guayubín a El Naranjo, Santiago.
De igual manera, está en proceso la licitación para la construcción de la línea 345 kilovatios de San Pedro Macorís a Guerra y se lanzará próximamente la licitación para la construcción de la línea de 345 kilovatios de Punta Catalina al kilómetro 15 de Azua.
Durante la inauguración del Parque Fotovoltaico El Soco, Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, manifestó que al finalizar el 2022 se aportarán 600 megavatios, para suplir el 20% de la demanda de electricidad durante el día.
El gobernante precisó que el propósito es que el sistema eléctrico nacional tenga la capacidad suficiente para descargar y transportar toda la energía que producirán las centrales citadas y los proyectos de energías.
Al anuncio del proyecto asistieron, además, los ejecutivos de las EDE, miembros y los veedores.
Parque Fotovoltaico El Soco
En la mañana del lunes, Abinader encabezó la inauguración del Parque Fotovoltaico El Soco, en el municipio Consuelo, San Pedro de Macorís. El proyecto pertenece a las empresas Bas Project Corporation y Dominion, que lo llevaron a cabo con el financiamiento en condiciones muy cómodas de Banreservas. La inversión fue de 90 millones de dólares. Ubicado en la carretera San Pedro Macorís-Hato Mayor, a 3 kilómetros de la salida de la Autovía del Este, cuenta con más de 146,000 paneles fotovoltaicos y 11 estaciones inversoras. BAS Corporation ya fue responsable de la planta Mata de Palma, construida en 2019 en el municipio San Antonio de Guerra, en Santo Domingo, con una potencia igual de 50 megavatios.
La investigación por el alegado pago de sobornos para la compra de ocho aviones Super Tucano por el Gobierno dominicano, que comenzó en 2013 con el apresamiento en Brasil de un asesor de ventas de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), llegó este lunes a su fin parcial con la absolución de los acusados de recibirlos.
El exministro de Defensa, mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD); y el empresario Daniel Aquino Hernández fueron declarados no culpables de recibir pagos por unos 3.5 millones de dólares, supuestamente para agenciar la compra de estas aeronaves, adquiridas en 2009.
Durante la lectura de la sentencia, las magistradas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez, del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, determinaron como ilógico que una transferencia bancaria aprobada en el 2009 haya sido para cumplir lo realizado por Peña Antonio a partir del 2007.
De igual forma, dijeron que las imputaciones de aumento patrimonial señalado por el Ministerio Público contra el exgeneral a partir del 2006 se debilitan, debido a que él hacía operaciones similares antes de su designación en el cargo.
También indicaron que el exministro de Defensa, mayor general Peña Antonio, presenta negocios desde el año 1986, y que al confrontarlos, estos no resultan absurdos.
El Ministerio Público había solicitado una condena de diez años de prisión para los acusados los sobornos de Embraer, empresa fabricante de las aeronaves que admitió los pagos irregulares y fue condenada en septiembre de 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares a favor del Estado dominicano.
En ese momento se explicó que esta sentencia fue posible gracias a la aplicación de un juicio penal abreviado, luego de que el 30 de agosto de 2018 la jueza Yanibet Rivas, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó el acuerdo suscrito para tales fines.
Pagos y condenas
Como parte del acuerdo hecho con el Estado dominicano, Embraer se comprometió a entregar al Ministerio Público documentos con información sobre los sobornos que admitió haber pagado.
En diciembre de 2018 se informó que la justicia brasileña condenó a diez exejecutivos de Embraer por haber pagado 3.5 millones de dólares en sobornos para un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, a cambio de favorecer a la compañía en una venta, entre ellos al vicepresidente de la firma, Eduardo Muñoz de Campos.
Dos años antes, en octubre de 2016, Embraer acordó pagar 205 millones de dólares en Estados Unidos para cerrar casos por corrupción en terceros países.
Según lo publicado en esa fecha en los medios de comunicación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la empresa brasileña hizo pagos irregulares a funcionarios de República Dominicana, Arabia Saudita y Mozambique, en tanto falseó datos sobre contratos en India.
Embraer pagó 107 millones de dólares al Departamento de Justicia estadounidense y otros 98 millones de dólares en multas y compensaciones a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés).
La justicia estadounidense tuvo jurisdicción en los casos debido a que la empresa Embraer, que fue privatizada en 1994 aunque el gobierno brasileño tiene participación accionaria, cotiza en la bolsa de valores de Nueva York.
La compra
Desde los primeros aprestos para adquirir los ocho aviones Super Tucanos, diversos sectores expresaron sus críticas. Entre ellas de una supuesta sobrevaloración, además de los alegados sobornos.
Las aeronaves fueron compradas por 93.6 millones de dólares, a través de un préstamo aprobado por el Congreso dominicano en 2008 y suscrito con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (BNDES) y la Empresa Brasileira de Aeronáutica, S. A. (Embraer).
Alivio de los descargados
Al salir del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el exministro de Defensa, mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, dijo llorando: “Al pueblo dominicano que cuide esos aviones, pues nos garantizan la seguridad nacional y que nos han ayudado tanto a combatir el narcotráfico. El narcotráfico para mí es un demonio”. Mientras que el coronel Carlos Piccini Núñez dijo: “He sido bendecido por el Señor, porque como ustedes saben, sufrí tres años injustamente de cárcel, de los cuales estuve un gran tiempo en solitario”. En tanto, los representantes del Ministerio Público expresaron que hay contradicciones en la declaración del tribunal y, por lo tanto, apelarán.
Aunque siguen sin revelar detalles, es más que oficial. El expresidente Danilo Medina, que además es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se encuentra bajo investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), cuyos incumbentes han invitado a la ciudadanía a que espere los resultados de las indagaciones.
“No doy detalles sobre investigaciones abiertas. Ahora bien, nuestras investigaciones deben evaluarse por los resultados. Esperen los resultados de nuestras investigaciones”, respondió el titular de la Pepca, Wilson Camacho, tras ser preguntado por la prensa sobre la revelación hecha por la procuradora de corte, Mirna Ortiz.
«“Nuestras investigaciones deben evaluarse por los resultados. Esperen los resultados”»Wilson CamachoTitular de la Pepca“
Y es que Ortiz, quien es la coordinadora de litigación de la Pepca, confirmó que hay una investigación abierta contra el exmandatario, aunque dijo que “no se han encontrado elementos suficientes”.
“(Medina) No ha sido interrogado, estamos investigando. La investigación dirigida hacia un expresidente tiene unos ribetes distintos, tiene una carga probatoria distinta, ha sido mencionado en los procesos, porque todos estos procesos se dieron bajo su gestión e indiscutiblemente de alguna u otra manera toca lo que fue el ejercicio de su mandato presidencial y por eso es mencionado de manera tangencial en estas acusaciones”, dijo la funcionaria del Ministerio Público.
Menciones en los casos
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha realizado ninguna imputación formal hacia Danilo Medina, aunque el nombre de este exmandatario es mencionado decenas de veces en los grandes casos de corrupción que están en los tribunales.
Por ejemplo, en el caso Antipulpo, cuyo principal imputado es Juan Alexis Medina, la Pepca menciona que “para crear el entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes, el imputado (Juan Alexis) actuó bajo el escudo protector y el apoyo de la Presidencia de la República que encabezó su hermano, Danilo Medina Sánchez”.
También menciona la acusación que “el 16 de agosto de 2012, el ciudadano Danilo Medina Sánchez asume como presidente constitucional de República Dominicana. Varios miembros de la familia Medina Sánchez, con el ya mandatario juramentado, pasaron a multiplicar sus influencias en diferentes instancias del Estado dominicano, empezando, obviamente, por la Presidencia de la República”.
“Justicia política”
Ante la mención de que Danilo Medina está siendo investigado”, el abogado y secretario de asuntos jurídicos del PLD, José Dantés, expresó la semana pasada que no le sorprende que “dos días después que Danilo Medina presidió un acto político masivo, exitoso, y que el presidente Luis Abinader sacó medio gobierno a las calles, el Ministerio Público se despache con unas declaraciones ligeras, provocadoras e irresponsables donde dice investigar, pero no tiene pruebas”.
Consideró que las declaraciones de Mirna Ortiz tienen “un matiz claramente político. En consecuencia, se salen de los parámetros legales y éticos dentro de los cuales debe actuar un representante del Ministerio Público. ¿Son estas declaraciones responsables de un Ministerio Público objetivo? Para nada. El Ministerio Público sigue jugando a judicializar la política en RD”.
Los cercanos a Danilo Medina
La actual administración del Ministerio Público tiene abiertas varias investigaciones que incluyen a familiares y personas cercanas al expresidente Danilo Medina Sánchez. Entre los aleegados a Danilo que están sometidos figuran su hermano Juan Alexis Medina, y su hermana Magalis Medina. Mientras que otros parientes han sido mencionados en varios actos de corrupción que no han llegado a los tribunales. Pero además, está en prisión el general Adán Benoni Cáceres, quien se desempeñó como jefe de seguridad del exmandatario.
Veintisiete organizaciones sociales denunciaron este lunes que el Gobierno en la República Dominicana practica “violencia racista” en contra de los inmigrantes haitianos y los dominicanos de tez negra.
En una rueda de prensa frente al Palacio Nacional, las entidades demandaron del Gobierno detener su “política de violación” en contra de esas personas y pidieron que se respete el debido proceso al momento de las detenciones.
“No estamos diciendo que a las personas en condición migratoria irregular se les dé permiso de vivir en situación irregular, sino que se agoten los debidos procesos para que estas personas no se vean violentadas”, expresó Sheila Báez.
Las organizaciones se pronunciaron sobre todo por lo sucedido hace 12 días en la urbanización Ciudad Juan Bosch, ubicada en el municipio Santo Domingo Este. El miércoles 18 un grupo de haitianos recibió a pedradas a los agentes de migración.
Al día siguiente la Dirección General de Migración (DGM) respondió con una intervención en el sector, la cual terminó con la detención de 385 haitianos indocumentados, aunque hubo denuncia que también se estaba deteniendo a personas que presentaban papeles.
Desde entonces, residentes haitianos de Ciudad Juan Bosch, quienes se desligaron del ataque a pedradas, denunciaron que viven en un “estado de acoso y zozobra” por parte de DGM; los inmigrantes también reconocieron que las autoridades realizan su trabajo.
Roudy Joseph, portavoz del colectivo #HaitianosRD. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
Alicia Méndez, unas de las representantes de las organizaciones que se pronunciaron hoy, afirmó que el Gobierno utiliza el tema de la inmigración haitiana como “desvío” a los problemas de apagones, inflación o el malestar popular.
“Quieren desviar la atención de los problemas de la mega minería, de las protestas, de la falta de acceso a servicios en este país. Entonces, sacan el antihaitianismo debajo de la manga para tapar la realidad”, aseguró Méndez.
Roudy Joseph, portavoz del colectivo Haitianos RD, contó que en uno de los operativos de la Dirección General de Migración fue detenido y observó violaciones que se cometieron como la retención de teléfonos móviles.
Las organizaciones también pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar a un grupo de nacionalistas a quienes acusan de «amenazar y acosar» a defensores derechos humanos.
Las entidades firmantes son: Haitianos RD, Movimiento Reconoci.do, We Are All Dominican, Resistencia Cultural, Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, Militancia Revolucionaria Socialista, Junta de Prietas y Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista.
De igual forma, Red Joc, Grupo de Jóvenes de los Jovillos, Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas, Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer, Movimiento Caamañista, ASí Soy, Fundación Comunitaria por el Desarrollo de Monte Largo, la Red de Defensores Populares, Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó y Educación Espejo.
También se suma Aquelarre RD, Tertulia y Foro Feminista Magaly Pineda, RD es de Todes, La Ceiba, Asociación de Profesionales Integrados por el Desarrollo de Haití y la Unión Democrática de Mujeres, Frente de Lucha, Unidad y Progreso.
La proliferación de alimentos ultra procesados, con alto contenido de azúcares y grasas, han disminuido el aporte de nutrientes importantes como hierro, zinc y calcio, aumentando así la ingesta de calorías vacías, degenerando en sobrepeso y obesidad.
Según precisó este lunes el viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública, Eladio Pérez, “la malnutrición es un problema de salud pública”.
Obesidad en los dominicanos
De acuerdo al informe de la primera jornada nacional de prevención de Sobrepeso, Diabetes y Obesidad (Sodhi), el 37 % de la población adulta dominicana es obesa y el 34 % presenta sobrepeso. En el caso específico de las mujeres, el 34 % de las que se encuentran en edad reproductiva sufre de anemia y un 3 % tiene deficiencia de ácido fólico.
Un estudio realizado en 2019 por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), estableció que el 15.8 % de los adolescentes escolares tiene sobrepeso; el 9.8 % es obeso. En el extremo contrario, el 3.6 % tiene bajo peso.
Los casos de anemia en niños menores de cinco años alcanzan el 28 %, el 8 % de esta población que está en sobrepeso, el 7 % muestra retraso en el crecimiento y el 3 % de los infantes presenta desnutrición crónica.
Partiendo de este escenario, el Ministerio de Salud Pública plantea la actualización de las Guías Alimentarias basadas en Sistemas Alimentarios (Gabsa), una herramienta para promover hábitos de alimentación saludables.
«“Vamos a tener un documento que permita tener un sistema alimentario, donde se promueva una alimentación saludable para la población y que sea una herramienta que pueda mejorar las políticas públicas”»Patricia GrullónDirectora de Nutrición“
La directora de Nutrición del Ministerio, Patricia Grullón, explicó en un encuentro realizado en el hotel Sheraton, que República Dominicana ya cuenta con guías alimentarias, pero datan de 2009 y ameritan adecuarse a la realidad que vivimos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) propuso un cambio en la estructura de las guías, elaborando una nueva metodología que será acogida por el país.
“No vamos a tomar en cuenta solamente los alimentos, sino que adicionalmente, se estarán tomando en cuenta todos los participantes de los sistemas alimentarios, desde la producción con la parte de agricultura, hasta el transporte de los alimentos y toda la logística que esto conlleva de quienes participan en la elaboración de los alimentos, hasta llegar al consumidor”, declaró.
Estas guías servirán para motivar políticas públicas que generen un cambio de comportamiento, gracias a la cooperación de todos los sectores participantes: salud, educación, agricultura, economía, sociedades profesionales y los consumidores.
1,915Millones de dólares anuales podría ser el monto de los costos públicos por malnutrición sin las Gabsas.
Proyecto se hará en seis fases
La actualización de las Gabsasse inició a finales de 2021 con la fase de planeación.
Actualmente, se encuentra en la segunda etapa, análisis situacional y revisión de la evidencia.
En el mes de julio se hará la preparación de las recomendaciones técnicas. En septiembre se pasará a la validación de las recomendaciones técnicas, com miras de pasar en octubre a la estrategia de implementación.
De acuerdo a la línea de tiempo trazada, para diciembre de 2022, el personal de Salud Pública espera llegar a la etapa final: el monitoreo de la implementacion de las Gabsas y analizar el abordaje holístico con miras a servir de referencia a los gobiernos para alinear las políticas de los programas nacionales relacionados con los alimentos.
