La organización Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project) publicó un estudio sobre la “Corrupción en el Caribe” en el que hicieron un levantamiento sobre la percepción que tienen los ciudadanos de 14 países de esta región sobre las prácticas deshonestas en el sector público y privado.
World Justice Project es una organización internacional que dice tener la misión de trabajar para extender el imperio de la ley en el mundo.
Los países evaluados fueron Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y San Cristóbal y Nieves. Cuba estuvo excluida.
En la encuesta, los dominicanos encabezaron la lista entre quienes reportaron que previo a las elecciones nacionales les han pedido votar por un candidato a cambio de favores o dinero.
El país obtuvo el 36%, seguido por Guyana, con un 23%, Santa Lucía, con un 15%, y Bahamas, con 13%. El resto quedó debajo del 12%. Los números más bajos los obtuvieron Antigua y Barbuda y Barbados, con un 2% cada uno.
Normalización
República Dominicana estuvo entre los tres países donde están más aceptadas las acciones corruptas, después de Haití y Guyana. Ellos tienen el índice más alto de personas que consideraron aceptable que un empleado público pida un soborno para acelerar un proceso administrativo (17%, 34% y 24%).
También tuvieron la mayor cantidad de ciudadanos que normalizaron el hecho de que un ciudadano ofrezca el soborno o que un funcionario electo tome fondos públicos para su uso privado.
Esas tres naciones también consideraron “siempre o usualmente aceptable” que un empleado público sea contratado en base a lazos familiares y relaciones amistosas.
Los ciudadanos dominicanos fueron los segundos, después de Guyana, con menos rechazo (23%) al hecho de que una persona en un cargo de elección popular use fondos públicos robados para ayudar a su comunidad.
Solamente Haití supera a la República Dominicana (21%) en la cantidad de personas que ven como normal que un agente de seguridad (policía, militar, de migración, aduanas) solicite un soborno.
De forma contradictoria, los dominicanos estuvieron entre los que consideraron menos frecuente que se influencie la contratación de un amigo en el sector público (69%) o la elección de una empresa de un amigo para una contratación con el Estado (68%). En la primera categoría el puntaje más alto lo obtuvo Las Bahamas (90%)
Funcionarios corruptos
La República Dominicana supera el promedio regional de países donde la gente tiene la percepción de que todos o la mayoría de las siguientes personas están involucradas en prácticas de corrupción: empleados del Gobierno, jueces y magistrados, los encargados de la investigación criminal (Ministerio Público), abogados defensores públicos, oficiales de policía, empleados de recaudación de impuestos y profesores de escuelas públicas.
El país se colocó por debajo del promedio en la percepción de que practican la corrupción los miembros del congreso, empleados de los gobiernos locales, miembros de las fuerzas armadas, oficiales de aduanas, doctores y enfermeras en hospitales públicos, oficiales de registro de vehículos y licencias de conducir, los medios de comunicación y los partidos políticos.
Entre los dominicanos que pagaron un soborno, tan sólo un 8% dijo haberlo reportado a la autoridad, y las razones principales para no hacerlo fue “es inútil, nadie hará nada al respecto” (30%), “lo hice como muestra de gratitud” (17%) y “no sabía a quién debía reportarlo o estaba muy lejos” (12%).
