Los imputados en la red desmantelada durante la Operación Gavilán realizaron transferencias millonarias adulterando los conceptos de las mismas para disfrazar el objeto ilícito, según la solicitud de medida de coerción presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público en el Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
De acuerdo con la acusación, los miembros de la presunta red utilizaron su posición como empleados con acceso a la base de datos de registros penales para cometer acciones ilícitas en contra de los registros nacionales de procesamiento y antecedentes penales.
El expediente detalla que, los imputados en la red eliminaron registros penales de personas procesadas, así como de condenados provisionalmente y definitivamente por delitos graves como narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos, entre otros.
De acuerdo con la acusación, los miembros de esta red crearon un esquema criminal sostenible en el tiempo con ramificaciones a nivel nacional, que funcionaba bajo el siguiente esquema: solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, consulta de comprobación, expedición de certificado de no antecedentes penales y «franqueo» o colocación de sellos para salir del país.
Además, se asociaron con ex miembros de la Policía Nacional a quienes eliminaron antecedentes penales graves y los integraron a la red criminal.
Según la acusación, los implicados en la red integraron a parejas, familiares y personas relacionadas a quienes utilizaban para realizar movimientos financieros con el dinero producto del soborno recibido y así evadir la persecución.
El expediente explica que la presunta red trabajaba de manera organizada, con características propias de las organizaciones del crimen organizado.
Aunque la red lleva más tiempo operando, fue en 2018 cuando perfeccionaron su organización, denominada «La Vuelta».
Los integrantes de la red beneficiaron a criminales de alto perfil, ofreciéndoles un servicio permanente de borrado de registros penales, a cambio de considerables cantidades de sobornos.
Utilizaron el dinero obtenido de la eliminación o adulteración de registros penales en todo el país para adquirir bienes y servicios.
Los implicados
Los miembros de la red eliminaron o adulteraron más de 8 mil registros penales a cambio de sobornos, utilizando un esquema que funcionaba como una especie de empresa criminal.
La Dirección General de Persecución informó que esta presunta organización criminal a nivel nacional está integrada por fiscales, empleados administrativos, miembros de la Policía Nacional, empleados de la Dirección General de Migración y personas morales, con el objetivo de cobrar sobornos a cambio de la eliminación y adulteración de registros penales.
En la red están imputados Alfredo Mirambeaux Villalona, encargado de la División de Administración de Base de Datos en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República; Mártires Rosario Reyes, quien se desempeñaba como soporte del sistema de justicia en dicha dirección; Rubén Darío Morbán Santana, encargado de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este; Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel y Domingo Julio Santana Sánchez, empleados de la Procuraduría.
También están imputadas Yokaira Elizabeth Carmona, Luis Alfredo Astacio Polanco, la hija y la esposa del imputado Rubén Darío Morbán Santana, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva, respectivamente, Anthony Vicente Ferrer Monegro, miembro de la Policía Nacional, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
Entre los imputados también figura la empresa Nexcom Technology.
