El Congreso congela la cuestión de confianza sobre Sánchez que exige Junts
El Gobierno ha vuelto a ganar tiempo para intentar reconducir la tormentosa relación con Junts. La ruptura con la formación independentista estuvo planeando hasta última hora, ante la insistencia de los socialistas en que no admitirían a trámite en la Mesa del Congreso, convocada para la mañana de este jueves, la propuesta de los independentistas para que el pleno de la Cámara instase a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. La formación de Carles Puigdemont, que tiene previsto un pronunciamiento público este viernes en Bruselas, amenazaba con cortar cualquier apoyo parlamentario al Gobierno si se vetaba su iniciativa. Tras un tenso tira y afloja, la Mesa, con mayoría de PSOE y Sumar, ha vuelto a hacer lo mismo que en diciembre, cuando Puigdemont lanzó su órdago: aplazar cualquier decisión alegando que existen dudas jurídicas sobre la pertinencia de una iniciativa que algunos ven como una moción de censura encubierta. La ruptura se ha evitado por ahora, pero todo queda a expensas de nuevas negociaciones.
Perder una cuestión de confianza sí tiene consecuencias y abre un proceso de investidura
La presentación y posible aprobación o rechazo de una cuestión de confianza no es un asunto menor, sin consecuencias políticas para el Gobierno y su presidente. El artículo 112 de la Constitución refleja cómo debe articularse y en teoría por quién: “El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados”. El artículo 114 específica: “Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99”. Este artículo es el que regula normalmente los procesos de investidura.
Lo que Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha registrado en el Congreso es una proposición no de ley en la que solo se puede instar, si fuese aceptada, a que sea el jefe del Gobierno el que asuma esa reclamación de la cuestión de confianza, en principio sin más consecuencias. El debate técnico, jurídico y político en ciernes es precisamente sobre hasta qué punto asumir esa propuesta tendría consecuencias y vinculaciones obligatorias para el presidente para aceptar ese debate, pero también sobre si ese hecho podría suponer en realidad ya un cierto cuestionamiento o varapalo de la propia labor del presidente. En el propio grupo socialista hay posiciones diferentes y dudas al respecto y también en Sumar. Pero lo que los letrados del Congreso han ratificado a preguntas de miembros de la Mesa es que si el debate de la cuestión de confianza llegase a pleno y esta fuese rechazada por una mayoría, se tendría que poner en marcha un proceso de investidura.