Regularización: el beneficio fiscal neto es de hasta 4.000 euros por inmigrante
España crece aproximadamente el triple que la media europea, básicamente por dos motores a reacción: los bajos precios de la energía —España tiene ventaja por las renovables por vez primera desde la Revolución Industrial— y la migración. El Ejecutivo pactó en Bruselas la excepción ibérica en su día y ha seguido incentivando el uso de renovables por el lado energético. Y llevaba meses estudiando cómo acometer la regularización de aproximadamente medio millón de inmigrantes en situación irregular, a pesar de un contexto europeo e internacional muy restrictivo en política migratoria. España lleva meses alejada de ese consenso que abrazan tanto Estados Unidos con Donald Trump como la mayoría de los Gobiernos europeos, incluidos socialdemócratas como Reino Unido y Dinamarca. La vía de la iniciativa legislativa popular en el Congreso estaba cegada, básicamente por la negativa en redondo de dos de los socios de investidura, PNV y Junts. Finalmente, La Moncloa vio una ventana de oportunidad para sacar adelante esa medida vía decreto. La negociación política —con Sumar, con Podemos, dentro del propio Ejecutivo— iba por un lado. Pero un reducido equipo ha trabajado durante más de año y medio en La Moncloa el Gobierno estudiando los pros y los contras. Por el lado económico se manejaban varios informes internacionales de regularizaciones similares, en Italia y en Francia, por ejemplo. Y en especial dos estudios, firmados por académicos de la Pompeu Fabra y de la Carlos III, que estiman los efectos económicos de dar papeles a los inmigrantes. Uno de ellos tiene 27 páginas y montones de ecuaciones, tablas y datos; el otro, 69 páginas cargadas de más y más datos, tablas y ecuaciones. Pero sus conclusiones son similares: los efectos económicos de una regularización son positivos.