El 34 % de los turistas que visitaron República Dominicana en 2025 se alojó en renta corta, según el Banco Central
En 2025, el 34 % de los turistas que visitaron la República Dominicana se alojó en establecimientos de renta corta, de un total de 8,860,709 visitantes, de acuerdo con cifras del Banco Central dominicano.
Este comportamiento confirma una tendencia creciente en la preferencia por este tipo de alojamiento. En 2024, 2,564,651 no residentes optaron por la renta corta, mientras que en 2025 la demanda registró un incremento de 17.6 %, reflejando la expansión sostenida de este segmento dentro del mercado turístico nacional.
Ante este panorama, la vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Aguie Lendor, reiteró que el sector hotelero aspira a una regulación mucho más completa del alquiler de corto plazo, como Airbnb, mediante un proyecto de ley que contemple aspectos fiscales, de uso de suelo y de operación de las unidades.
Lendor explicó que la iniciativa busca establecer reglas claras sobre dónde pueden operar estas propiedades, bajo qué condiciones y con qué estándares de seguridad, similares a los exigidos a los hoteles, con el objetivo de proteger a los turistas.
Asimismo, indicó que el Ministerio de Turismo (Mitur) tendría la facultad de regular todo lo relativo a las unidades de alojamiento, incluyendo la emisión de licencias para el operador, el propietario y la unidad, garantizando que estén debidamente registradas y cuenten con medidas como cámaras de seguridad, controles de humo e incendios y un registro de huéspedes.
“La seguridad del turista es responsabilidad de todos, no importa dónde se esté hospedando”, subrayó la ejecutiva.
Lendor destacó además que el sector privado ha trabajado de manera conjunta con el Mitur en un borrador de reglamento presentado por la institución, valorando la apertura al diálogo y señalando que ya se realizaron observaciones que están siendo incorporadas en la versión final del documento.
En materia fiscal, insistió en que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) debe garantizar el cobro de los impuestos correspondientes a las unidades que se alquilan con fines comerciales, tanto al propietario que genera ingresos como a la agencia intermediaria que gestiona el alquiler.
“Cada unidad debe pagar los impuestos que le corresponden”, puntualizó, según declaraciones ofrecidas a Acento.
Finalmente, planteó la necesidad de aplicar criterios de ordenamiento territorial, como la limitación de unidades por kilómetro cuadrado, de forma similar a la regulación hotelera, con el fin de asegurar la sostenibilidad del modelo y prevenir conflictos en las comunidades.
Lendor aclaró que estas propuestas no buscan obstaculizar el alquiler turístico, sino promover una convivencia ordenada, señalando que el rechazo comunitario no es hacia el turista, sino hacia la presencia constante de personas desconocidas en zonas residenciales.
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