Endesa e Iberdrola abren una guerra judicial por los residuos nucleares y reclaman 778 millones al Estado
Las dos grandes eléctricas propietarias mayoritarias de las centrales nucleares de España —Endesa e Iberdrola— han abierto una guerra judicial contra el Estado a cuenta de estas instalaciones. Mientras abogan en público por una negociación con el Gobierno para ampliar el calendario de operación de las cinco plantas del país —aunque sin presentar una propuesta concreta y consensuada con todas las compañías propietarias de las plantas—, estas dos empresas han puesto a trabajar a sus despachos de abogados contra el Gobierno, contra la compañía pública que gestiona los residuos radiactivos (Enresa) y contra el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el órgano que supervisa la actividad de estas centrales.