La duda también erosiona las instituciones
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará en el banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos. Hablamos de una situación insólita tras una instrucción discutible que invita a pensar en un proceso que obedece a razones metajurídicas. Baste recordar aquí la rareza que representa la investigación judicial de una filtración periodística; un registro a todas luces desproporcionado en la sede de la Fiscalía con interceptación de todos los dispositivos electrónicos del fiscal general; la obstinada posición de la acusación popular para atribuir el delito de revelación de secretos a Álvaro García Ortiz; y, finalmente, la confirmación de su procesamiento tras la desestimación del recurso que aquél planteó contra el auto dictado por el juez instructor, Ángel Hurtado.