Afectados en operación “Nido” se muestran indignados por lentitud del proceso judicial
Varios afectados por la operación “Nido“, caso de estafa inmobiliaria que involucra millones de dólares en inversiones fallidas, manifestaron su indignación y frustración por la lentitud del proceso judicial y la falta de respuesta en los tribunales.
Serge Robert Pierre, ciudadano francés que lleva casi una década en el país, afirmó haber perdido 48,000 dólares y reclamó que su caso sirva como ejemplo para que este tipo de fraude no vuelva a repetirse en República Dominicana.
Glenis Casado, quien invirtió 20,000 dólares en un proyecto ubicado en la avenida España, expresó que el impacto va más allá de lo económico: “Hemos perdido tiempo, dinero y estabilidad emocional”.
Ella, igual que los demás afectados, espera que los bienes incautados sean decomisados y usados para resarcir a las víctimas, aunque reconoce que la reparación económica no borra el daño emocional causado. “Queremos recuperar la confianza en el país, en el turismo, en las inversiones”, dijo con esperanza.
Otras víctimas señalaron directamente a personas del entorno del acusado principal, Emmanuel Rivera, acusando a colaboradores de ocultar información y entretener a los inversionistas mientras sabían que se trataba de una estafa.
Fernanda Sena, otra víctima, exigió justicia y denunció públicamente al supuesto contable del proyecto que, según ella, conocía el uso indebido de los fondos y engañó al grupo de inversionistas.
“Nos decía que esperáramos, sabiendo que Emmanuel se quedaba con el dinero”, afirmó. Las víctimas insisten en que el Estado debe dar la cara y facilitar la devolución de lo perdido.
Escándalo y estafa
El caso salió a la luz pública a raíz de un profundo reportaje realizado por el programa N Investiga, donde se relevó el modus operandi utilizado para estafar a decenas de personas con un proyecto inmobiliario promovido por Emmanuel Rivera, un hijo de este y compartes.
El proceso está en juicio de fondo, conociendo las evidencias aportadas por el Ministerio Público, que ha incautado casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada, adquiridos presuntamente con fondos obtenidos a través de la estafa.