Condena sin sentencia
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para ejercer su cargo por “un delito de revelación de datos reservados”, según el fallo anunciado este jueves tras solo una semana de deliberación. La sentencia está pendiente de redacción, por lo que el fiscal general queda, por un lado, obligado a cesar en su puesto, y por otro, sin capacidad de contestar públicamente a una resolución cuyos argumentos no conoce mientras quienes le han atacado celebran el fallo como una victoria política. La sentencia no tiene efecto hasta que se notifique.