Demasiadas dudas
Diecinueve días después de que se conociera el sentido del fallo, el Tribunal Supremo hizo pública ayer la sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por “un delito de revelación de datos reservados”. Era la primera vez en la historia democrática que un fiscal general se sentaba en el banquillo, y lo hacía por la supuesta filtración a un medio de comunicación de un correo electrónico remitido por la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el que este reconocía dos delitos fiscales y proponía un acuerdo a la fiscalía. Lo extraordinario del caso y su relevancia institucional exigían un pronunciamiento judicial que aportara solidez, certezas y consenso: una sentencia inatacable. No lo es.