El atasco en los consulados deja a casi medio millón de hijos y nietos de españoles en espera de su nacionalidad
Cuando España aprobó la Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022, incluyó una medida para que todos los hijos y nietos de exiliados o emigrantes españoles pudieran acceder a la nacionalidad española. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que la ley se aprobaba “para saldar la deuda de gratitud” con quienes se comprometieron con la democracia. “Vamos tarde, demasiado tarde”, afirmó. Dos años y medio después, 680.000 personas han atendido el llamado y han pedido la nacionalidad, principalmente en América Latina y en Miami (EE UU), según las cifras del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero los recursos para gestionarlas han resultado insuficientes y solo el 30% de esas solicitudes —200.364— han sido ya inscritas en los consulados españoles. Unas 3.800 han sido denegadas y el resto, casi 474.000, están pendientes, aunque los expedientes aprobados rozan los 320.000. La espera “superará varios meses y quizás años, ya que el número de solicitudes (…) excede con mucho la capacidad de procesarlas”, se lee en algunas de las respuestas que los consulados envían a los solicitantes. Fuentes de Exteriores alegan que se trata de cifras muy superiores a las presentadas al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007, antecesora de la actual, y que los plazos de tramitación son ahora mucho más reducidos, aunque su gestión suponga “un desafío” para la red consular.