El escándalo de Torrejón golpea la gran apuesta por la privatización sanitaria del PP de los últimos 30 años
Las privatizaciones sanitarias emprendidas por el PP en los últimos 30 años, principalmente en la Comunidad Valenciana y Madrid, han sacado a cientos de miles de personas a la calle, motivado huelgas, crispado sesiones parlamentarias, llegado a los tribunales y catalizado crisis políticas. Pero nunca antes había quedado expuesta de forma tan cruda la cuestión esencial que subyace bajo un debate con potencial para encender movilizaciones sociales y agitar la agenda política. Que la relación entre el afán de lucro y un servicio público esencial como la sanidad es compleja era algo sabido. Que las empresas, en determinadas circunstancias, pueden verse tentadas a elegir entre salud y negocio, se sospechaba. Ahora, sin embargo, ha quedado por primera vez en evidencia que la opción elegida ha sido la de los beneficios.
El modelo que ni Fraga ni Feijóo quisieron en Galicia
En Galicia, cuna del fundador del PP y del actual líder del partido, el modelo público-privado de los populares para gestionar hospitales nunca llegó tan lejos como en la Comunidad Valenciana o Madrid. Manuel Fraga nunca optó por el modelo Alzira, que pone centros hospitalarios públicos en manos de empresas. Lo que sí hizo en 2001 fue integrar a Povisa, el mayor hospital gallego de propiedad y gestión privada, en la red del servicio gallego de salud asignándole un número de tarjetas sanitarias. Este centro de Vigo estaba entonces en manos de una poderosa empresa naviera local. En 2019 fue comprado, precisamente, por Ribera Salud.
Povisa recibe de la Xunta 97 millones al año para atender a 115.000 vecinos del área de Vigo que lo eligen voluntariamente. Son cada vez menos y el centro se queja desde hace años de dificultades financieras. Desde la pasada primavera cobra de las arcas públicas por consulta, prueba o cirugía, no por tarjeta sanitaria. El Gobierno de Alfonso Rueda cambió la forma de pagarle a Povisa tras informes fiscalizadores que criticaban la opacidad del sistema. Por eso fuentes de la plantilla señalan que no creen que la dirección esté aplicando las polémicas recetas del CEO que abogan por recortar la actividad sanitaria para ganar más. El BNG, con todo, ha pedido a Rueda que lo investigue.
Con Fraga de presidente y Alberto Núñez Feijóo de número dos en la Consellería de Sanidade que dirigía José Manuel Romay Beccaría, la Xunta ensayó un sistema en cuatro hospitales que liberaba su gestión y sus contrataciones de controles administrativos. Lo hizo poniendo estos centros en manos de fundaciones públicas, pero fue tal el fiasco financiero que se acabó dando marcha atrás al modelo. Fue revertido mientras Romay y Feijóo lo extendían por España ya desde el Gobierno de José María Aznar.
Hubo que esperar a que Feijóo sucediese a Fraga para que el PP gallego diese otro paso al frente en la senda privatizadora, de nuevo con Vigo como campo de pruebas. Eso sí, una vez más se quedó lejos de las fórmulas de la Comunidad Valenciana y Madrid. Tras ser investido presidente por primera vez en 2009, Feijóo optó por construir un nuevo hospital público en Vigo con un modelo de colaboración público-privada con el que Fraga nunca se había atrevido.
Para no engordar la deuda autonómica y cumplir con el mandato de austeridad y bajo déficit de aquel momento, el actual líder del PP delegó en una constructora la financiación y ejecución del complejo. La compañía recibió a cambio un canon anual por 20 años y la explotación de los servicios no sanitarios. Feijóo defendió este sistema privatizador como más eficaz, pero tampoco le salió bien: la Xunta tuvo que salir al rescate de la UTE adjudicataria tramitándole un préstamo ante el Banco Europeo de Inversiones y el proyecto acabó costando 470 millones más que si se hubiera ejecutado con una fórmula totalmente pública.