El fiscal se defiende
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declaró este miércoles en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Es la primera vez en democracia que un fiscal general es citado como imputado por un delito que en este caso conlleva penas de hasta cuatro años de cárcel. En teoría, esta circunstancia debería haber provocado la dimisión de García Ortiz, principal representante de un órgano de relevancia constitucional. Pero el conocimiento exacto de los hechos que investiga el Supremo desaconseja tal solución porque supondría ceder frente a quienes, desde una posición de poder institucional, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, mintieron para defender a un defraudador confeso, Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.