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A una semana de estar promulgada, la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha levantado una ola de cuestionamientos que, más allá de los pronunciamientos públicos, se hace espacio en los tribunales.
Al menos cuatro recursos de inconstitucionalidad se han incoado esta semana ante el Tribunal Constitucional en procura de la nulidad completa de la legislación o de algunos de sus artículos, siendo los más atacados el 9, 11 y 26, presentes en la mayoría de las instancias.
Entre los que han accionado ante el TC figura un grupo de abogados encabezados por el presidente en funciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún Hernández, que pide declarar inconstitucional los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24 y 26 de la cuestionada ley.
Los mismos hacen referencia, entre otras cosas, a la obligatoriedad de entregar informaciones a los miembros de la DNI y sin previa autorización de un juez, así como a la potestad que se da a la nueva dirección de investigar a ciudadanos sin la participación de un tercero imparcial.
diferentes acciones directas de inconstitucionalidad se han sometido contra la ley ante el Tribunal Constitucional.
Argumentan los abogados que la normativa vulnera los derechos fundamentales establecidos en los artículos 4, 7, 8, 44, 49, 50, 51, 69, 74, 138 y 169 de la Constitución dominicana.
El también abogado y exfiscal Cirilo de Jesús Guzmán López es otro de los que incoó un recurso contra la referida legislación, y pide su eliminación, así como la inconstitucionalidad de los artículos 9, 10, 11 y 26, pues a su entender riñen con los artículos constitucionales 44, 49 y 69.
El lunes se presentaron ante el TC varias organizaciones sociales y el Partido Generación de Servidores que también procuran por separado la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 9, 11 y 26.
En la nueva Ley 1-24, artículo 9, se establece que entre las funciones de la DNI está el “investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional, sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público”.
A decir de los accionantes ante el TC, esa disposición vulnera el papel de jefe de la investigación que otorga la Constitución, en su artículo 169, al Ministerio Público.
“El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad”, dice el 169.
Sobre el artículo 10 de la nueva Ley que reza: “La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ejercerá sus atribuciones con apego al marco constitucional y legal vigente y pleno respeto de los derechos fundamentales, bajo los principios de eficacia, necesidad, idoneidad, especialización, proporcionalidad y coordinación”, dicen que violaría el artículo 169, toda vez que no indica que la funciones serán supervisadas ni por el Ministerio Público ni por un juez.
El artículo 11 de la nueva ley, uno de los más atacados, dicta que todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, “sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimiento…”.
Según los recurrentes, esa disposición atentaría contra los artículos 44 y 49, 50, 51 y 69 de la Constitución.
En el 44 se establece que toda persona tiene derecho a la intimidad. “Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen”.
El 49 dice: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”. También dicta que “el secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley”.
Los artículos 50 y 51 se refieren a la libertad de empresa y de propiedad.
Uno de los argumentos de los accionantes contra el artículo 26 de la Ley de la DNI, que manda a sancionar con prisión menor de dos a tres años y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público, a quienes se nieguen a entregar información solicitada, se eliminan varios derechos fundamentales.
Citan entre otros, el secreto profesional de los abogados, la cláusula de conciencia de los periodistas, el secreto de los archivos médicos, el secreto bancario, el de las telecomunicaciones.
Según el recurso presentado por Surún Hernández, con las disposiciones de la Ley se estaría institucionalizando el “caliesaje” (acción de espiar y delatar) del Estado, y todo al margen del debido proceso y sin la fiscalización de un juez.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, enfatizó que la ley que crea la DNI no contiene ningún artículo contrario a la Constitución, como han denunciado varios sectores que han interpuesto recursos de nulidad en los tribunales.
Sin embargo, aunque Peralta explicó que la Ley no es inconstitucional, sostuvo que las autoridades gubernamentales están en la disposición de modificar la normativa si se les convence de que la pieza vulnera derechos fundamentales. El Gobierno también acataría decisiones del TC.
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Aunque aclaró que aún no puede referirse a las oposiciones contra la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez Lavandier, dijo ayer martes que los recursos se evaluarán bajo “el protocolo normal” que ejecuta la alta corte.
Tras participar en una audiencia solemne por los 12 años del Tribunal Superior Electoral (TSE), Estévez Lavandier reiteró que los recursos contra la Ley de la DNI serán procesados con el protocolo habitual, a menos que el Pleno del TC decida cambiar la estrategia y declararlos de urgencia. También, manifestó que el TC aún no ha evaluado los recursos de oposición ya que son muy recientes, por lo que el Pleno de jueces todavía no se ha reunido para analizar los rechazos.
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) rindió un informe en el que describe la persistencia de la violencia, la inseguridad y el desgaste de las instituciones policiales y de justicia en Haití.
En el documento presentado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres que engloba, además, la experiencia de trabajo de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), se establece que en el 2023 los homicidios aumentaron en un 119.4 %.
Unas 4,789 personas perdieron la vida, entre ellas 465 mujeres, 93 niños y 48 niñas, lo que equivale a una proporción de 40.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, frente a los 2,183 registrados en 2022 (18.1 homicidios por cada 100 mil habitantes).
Además, establece que el número de personas secuestradas subió de 1,359, en 2022, a 2,490, en 2023, lo que representa un aumento de un 83 %.
“Estoy consternado por el alarmante grado de violencia cada vez mayor de los actos perpetrados por las bandas, que devastan la vida de los haitianos, en particular en Puerto Príncipe”, deploró Guterres.
Prosiguió: “Las bandas siguen cometiendo homicidios, secuestros y actos de violencia sexual con total impunidad, sobre todo contra mujeres y niñas, entre otros abusos. Otro motivo de gran alarma es la rápida extensión de la violencia de las bandas a zonas rurales antes consideradas seguras, en particular en el departamento de Artibonito”.
El informe detalla que las bandas han propiciado ataques contra las comisarías con el propósito de eliminar la presencia policial en las comunidades para continuar la extensión de su dominio.
Señala que producto de estos ataques consecutivos han quedado inutilizadas y destruidas por incendios más de 45 comisarías de las 412 existentes en el país.
Pese a las ayudas que ha recibido Haití para reformar, reclutar y capacitar a sus soldados, incluidos recursos económicos y armas, la ONU ve con preocupación el desgaste policial. Este organismo “sigue teniendo capacidad limitada para iniciar sus operaciones contra las bandas”, cita el informe.
El año pasado, además, el número de policías siguió disminuyendo. 1,636 oficiales abandonaron el servicio.
En el mismo período, 48 policías resultaron muertos y 75 terminaron heridos.
Hasta el 31 de diciembre, la policía haitiana contaba con 13,196 oficiales, de los cuales 1,588 eran mujeres.
Guterres señaló que es de vital importancia que la Policía y el sistema de justicia haitiano estén fortalecidos para el éxito de la misión que le ayudará a combatir a las bandas.
“Para que la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad tenga un efecto duradero, es preciso buscar soluciones que permitan resolver con rapidez el desgaste de la policía. La labor de la Misión de Apoyo y el refuerzo de las operaciones de la policía deben ir acompañados del fortalecimiento de los sistemas judicial y penitenciario”, advirtió.
Guterres finalizó su informe con unas observaciones, tanto para el pueblo haitiano como para la comunidad internacional. Manifestó que nada de lo expuesto es una exageración sobre la gravedad actual de la situación política y humanitaria en Haití.
“En esta coyuntura crítica de la historia de Haití -alertó- es primordial que las partes interesadas haitianas se unan para construir un amplio consenso sobre una solución duradera e inclusiva y que los haitianos consideren propia, que permita celebrar elecciones creíbles, participativas e inclusivas para restituir las instituciones democráticas del país una vez que lo permitan las condiciones de la seguridad”.
Solicitó a los países miembros de la ONU que aumenten su apoyo a las respuestas humanitarias y de desarrollo en Haití para proteger a las personas más vulnerables, sin dejar de invertir para resolver las causas profundas de la inestabilidad”.
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La ONU reseñó que la situación volátil dentro de Haití afecta cada vez más a la frontera con la República Dominicana. Indicó que, desde julio de 2023, las autoridades dominicanas “devolvieron por la fuerza” a 118,228 haitianos (65 % hombres, 22 % mujeres, 7 % niños y 6 % niñas).
Además, indica que, en menor magnitud, pero igualmente, otros países deportaron haitianos: 406 desde los Estados Unidos, 596 desde las Bahamas, 1,649 desde las Islas Turcas y Caicos y 505 haitianos desde Cuba, Jamaica y Turquía.
Señaló que esta situación suscitó preocupaciones humanitarias urgentes, “ya que las personas son deportadas abruptamente y deben afrontar un futuro incierto y quizá también riesgos para su bienestar”. Aduce que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha observado un aumento del número de haitianos que piden orientación sobre cómo solicitar asilo o servicios esenciales, como asistencia humanitaria. En toda la región de América, las solicitudes de asilo presentadas por haitianos ascendían a 194,774 a mediados de 2023, reportó Acnur.
Aunque en principio acordaron que la obligatoriedad de entregar informaciones debía ser previa autorización de un juez, un cambio de última hora eliminó esa prerrogativa y varió en la Cámara de Diputados la esencia del cuestionado artículo 11 de la ya promulgada ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La situación se registró en la sesión extraordinaria del 29 de diciembre del pasado año 2023, donde el presidente de la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas, el oficialista Ramón Antonio Bueno Patiño anunció ante el pleno que tenía una modificación al texto del artículo 11.
De inmediato, y cuando se procedía a la lectura del texto de la modificación, el presidente de la Cámara de Diputados, el perremeísta Alfredo Pacheco, frenó el proceso y dijo que se le daría lectura por secretaría.
Sin dar lectura a la propuesta de modificación se procedió al pase de los turnos. Habló primero la diputada por Fuerza del Pueblo, Lourdes Aybar de Serulle, a seguida tomó la palabra el peledeísta Elpidio Báez y luego Juan Dionicio Restituyo del Frente Amplio. Los diputados coincidieron en la necesidad de crear un nuevo organismo, sujeto a las disposiciones de la Constitución y las leyes, de cambios en el texto, sin tocar en ningún momento el artículo 11.
El vocero de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, tomó un turno y refirió que hicieron observaciones de tipo técnico jurídico en 5 artículos, no incluían el artículado 11.
Luego, el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julito Fulcar, llamó a sus colegas a dar el voto favorable para sancionar el proyecto.
Culminados los turnos se dio paso a conocer las modificaciones, una del diputado Restituyo y la de Bueno Patiño.
Alfredo Pacheco llamó a los diputados a atender las modificaciones planteadas y procedió a su lectura y posterior votación.
“Artículo 11, se plantea, el colega Ramón, esta modificación también fue más o menos consensuada para que, donde el artículo 11, entrega de información, todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, entonces se le añade, sin perjuicio de la formalidades legales para protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, eso es lo que se le añade, y el artículo sigue diciendo estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia todas las informaciones que esta requiera relativas al artículo 9 para el cumplimiento de sus funciones, inteligencia y contrainteligencia a los fines de salvaguardar la seguridad nacional, lo que se le añade es una garantía, para que sepan lo que estamos votando, constitucional que señala nuestra Constitución bajo cuales criterios se protege, que la Constitución lo protege, la intimidad personal y el honor de las personas, entonces lo que estén de acuerdo pulsen si y los que no estén de acuerdo pulsen no por favor, a votación”, motivó Pacheco para continuar señalando que “en otras palabras esta modificación da más garantía”.
La modificación se sometió a votación y fue aprobada con 125 votos a favor, 2 en contra, 8 no votaron, 55 estuvieron ausentes de una matrícula de 135 diputados.
Los diputados fusionaron tres proyectos, Se trata del que regula la Dirección Nacional de Inteligencia, del senador Milciades Franjul, el que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de la RD, de la diputada Lourdes Aybar y el que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), de los diputados Julito Fulcar y Braulio Espinal. Fue aprobado con su informe y modificación con 125 a favor, 1 en contra, 10 no votaron y 54 ausentes. Pasó al Senado.
El Ministerio de Obras Públicas instaló barandas de protección en el lugar de Quita Sueño, en la carretera Sánchez, donde 13 personas murieron en noviembre pasado cuando una guagua con pasajeros fue impactada por una patana cargada de cemento.
Luego de ese accidente ocurrieron otros y el más reciente fue el pasado jueves, cuando Carlos de Jesús Ramírez, de 40 años de edad, perdió el control de su carro y fue a parar en el mismo lugar donde cayó el autobús.
Diario Libre publicó el pasado viernes los reclamos de autoridades municipales y residentes para que tomen medidas preventivas para evitar la ocurrencia de más accidentes en el lugar. Al día siguiente fueron colocadas las barandas.
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En el tramo exacto de los accidentes se colocaron barandas a baja altura y algunas personas consideran que no tienen suficiente fortaleza para recibir impacto de vehículos pesados, debido a que es el final de una vía en declive.
Las barandas fueron colocadas en ambas direcciones de la vía, en los lugares donde el nivel es más elevado, como la situada junto a la cañada y la zona de viviendas y negocios desde la salida de Piedra Blanca hasta Quita Sueño, un tramo de aproximadamente un kilómetro.
Para residentes como Lucas Evangelista González, las barandas alivian el problema, pero no son solución porque hay que regular el tránsito de vehículos pesados a alta velocidad, como el de los camiones de volteo, patanas y otros.
Josefa María Félix, otra residente en la zona, entiende que lo que se hizo en el lugar del accidente no es lo que demanda.
Diario Libre consultó al Ministerio de Obras Públicas para saber si con la colocación de esas barandas era seguro el tránsito por ese tramo de la carretera Sánchez, pero se informó que el ingeniero encargado daría detalles sobre la intervención más adelante.