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Al conmemorarse este domingo el Día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, planteó la necesidad de impulsar la seguridad jurídica y el Estado de Derecho a los fines de promover la inversión extranjera. En su discurso que tardó unos 20 minutos, el también presidente del Consejo del Poder Judicial puntualizó que aunque la […]
» Leer másEs el pan cotidiano, pero la nombradía del depredador sexual convierte en espectáculo inocuo el delito. Satisfacción circense de una sociedad que mira para otro lado cuando lo comete un don nadie. Pero no hay que equivocarse al apreciar las reacciones públicas. Wander Franco no está bajo los focos por estar acusado de la comisión de un crimen, sino por ser Wander Franco: un campocorto del béisbol profesional que juega para los Tampa Bay Rays en las Grandes Ligas.
Más pesa su caída en picado como pelotero, que la naturaleza de los hechos que se le imputan. “Esa muchachita tiene más millas que un Sonata”, escribió un tuitero. Él no es culpable de nada. Ella es culpable de todo. “Sabe” demasiado para alegar inocencia.
Wander Franco tiene biografía en Wikipedia e incontables notas aun en los medios más inimaginables, no solo en los tradicionales y arraigados en el universo mediático, nacionales y extranjeros. Lo nimba un contrato en el 2022 con Grandes Ligas por once años y una paga de 182 millones de dólares, de los que ya ha recibido 3.9 millones, algo así como 226.2 millones de pesos en menos de dos años. Suficientes para comprarse una casa en Tampa, Estados Unidos, valorada en pocos más de un millón y medio de dólares; un Lamborghini Huracán, un Mercedes Benz 450; un Mercedes Benz Gle 53, un Cadillac Escalade y un Land Rover Velar.
Si eran para su uso personal o quién sabe para qué, es harina de otro costal.
Con solo comprarlos gritaba a los cuatro vientos su estatus y su bonanza económica gracias a sus habilidades deportivas. Como también era altoparlante de su poder el helicóptero en el que, según el expediente acusatorio, llegó a aterrizar en Montellano en busca de la niña que hoy lo tiene en la palestra por razones ominosas.
Padre por primera vez en el 2018 y por segunda en el 2022, se casará con la madre de las criaturas en este último año, el de su buena estrella en las Grandes Ligas. Precoz como padre y precoz como nuevo rico. Al parecer, también aficionado a las adolescentes.
El desenlace preliminar ha sido más que publicitado, comentado y exprimido en los medios y las omnipotentes redes: multa y presentación periódica para él; multa y arresto domiciliario para ella.
“Me arriesgué y me gustó”, le escribió Wander Franco a la niña de catorce años con la que tuvo relaciones sexuales repetidas veces. Describía las consecuencias que podría tener en su carrera el conocimiento público de su abusiva relación. Hasta ahora, está suspendido de manera indefinida, pero la sanción puede ir a más. Algunos cronistas aseguran enfáticos que Wander Franco está terminado. Podría pagar caro su osadía ante el riesgo.
Lo que no parece haberle pasado por la cabeza en momento alguno fue que sostener relaciones sexuales con una persona menor en República Dominicana tipifica como delito. El literal c) del artículo 396 de la Ley 136-03, conocida como Código del Menor, es taxativo al respecto. Aunque quizá no fue ignorancia, sino prevalimiento en la permisividad de la cultura social dominicana frente al abuso sexual de menores, unido a la certidumbre de la invulnerabilidad que dan el dinero y la fama.
Las evidencias aportadas por familiares de la niña y por ella misma, hablan de una relación madre-hija atravesada por los conflictos y el desapego. Es una criatura rota desde mucho antes de alcanzar una no tan anónima y vicaria notoriedad pública. De familia numerosa, creció yendo y viniendo a hogares distintos. Maltratada siempre, escasamente comprendida en sus conflictos y en sus ansiedades. La ideación suicida la asaltó muchas veces.
Las conversaciones por whatsapp entre ella y su madre están llenas de palabras soeces y amenazas de la progenitora. Describen sin matices el poco valor que le daba como hija y como persona. Haberla descubierto como la gallina de los huevos de oro no morigeró la violencia y el desprecio mutuos. La niña fue desde siempre consciente de que su madre la había convertido en mercancía sexual.
No era la primera vez que Martha Vanessa Chevalier sacaba provecho de su hija, pero Wander Franco era una mina de diamantes. Él se arriesgó a la sanción de las Grandes Ligas; ella lo apostó todo al chantaje. El dinero conseguido por esta vía le permitió adquirir bienes diversos. Sagaz, habría logrado la firma de un contrato de confidencialidad con precio estipulado. Un negocio redondo.
Wander Franco tiene biografía en Wikipedia e incontables notas aun en los medios más inimaginables, no solo en los tradicionales y arraigados en el universo mediático, nacionales y extranjeros.
Hasta que un día, dicen que como reacción al supuesto nuevo idilio de Wander Franco con otra adolescente, la niña explotó en las redes. Lo dijo palabra por palabra: había mantenido relaciones sexuales con el pelotero desde poco antes de cumplir los catorce años. Después, quiso lograr que sus publicaciones fueran borradas de la página web de un “comunicador” al que le había confiado la información. Pero las redes se nutren del escándalo y el escándalo estaba servido, famoso de por medio. La respuesta de la madre a la publicación fue insultar a la hija con palabras de encendidos colores. Acusarla de labrarle la desgracia y, muy probablemente, de arriesgarla a represalias del entorno de Wander Franco.
La desesperada estrategia de Martha Vanessa Chevalier para ocultar sus delitos, actúa en su contra. Nueve meses después del diciembre del 2022, en el que el pelotero se llevó a su hija durante dos días “sin su consentimiento”, reaccionó ante la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes acusándolo de sustraerla. También presentó denuncia de secuestro contra familiares en cuya casa se refugió la menor para escapar del ambiente de violencia de la casa materna. Un tiempo demasiado dilatado para que su indignación moral fuera creíble.
El desenlace preliminar ha sido más que publicitado, comentado y exprimido en los medios y las omnipotentes redes: multa y presentación periódica para él; multa y arresto domiciliario para ella. ¿Proporcionalidad en la medida de coerción o ideología patriarcal haciendo de las suyas en los tribunales de justicia?
Por donde quiera que se mire, Martha Vanessa Chevalier es indefendible. La explotación sexual comercial de su propia hija menor de edad, repele. Pero a la decisión del tribunal subyace algo más que la mera impartición de justicia: el castigo a una mujer que no ha sabido ser “buena madre”. Déficit misional que no puede ni debe ser pasado por alto.
El acusado de abuso sexual puso la solución de su caso “en manos de Dios”. El juez Romaldy Marcelino sirvió de intérpete de las manos divinas y dibujó en los labios de Franco una sonrisa exhibida con beneplácito a la salida del tribunal. Ni impedimento de salida ni arresto de ningún tipo, pese a que el Ministerio Público, en su acta de acusación, pidió penas iguales para ambos imputados, estableciendo para él el peligro de fuga basado en las veces en que viajó al exterior tras no acudir a las citaciones que le hiciera el tribunal. Podrá vivir libremente, e incluso viajar (¿y quedarse?), mientras dure el proceso.
Martha Vanessa Chevalier no podrá hacer nada de lo que le estará permitido a su cómplice en la “asociación de malhechores”, “lavado de activos” y “explotación sexual comercial infantil”. Para ella, el juez Marcelino obedeció sin chistar la solicitud del Ministerio Público.
Una mala madre, que además hace caso omiso de las “normas morales” que las mujeres “decentes” están obligadas a observar, no merece beneficiarse de la razonabilidad de la decisión judicial y debe ser sancionada de la más drástica manera posible.
Martha Vanessa Chevalier no tuvo motivos para sonreír como lo hizo su cómplice. No podía tenerlos. Estaba condenada de antemano.
El director de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, aseguró que está lista la investigación que llevó a cabo esa entidad a la directora del Acuario Nacional y que en los próximos días sería entregada al presidente Luis Abinader.
El mandatario encargó a Pimentel y a Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, de realizar una investigación administrativa a Wanda García por haber sido señalada en serias irregularidades en compras y contrataciones de la institución que dirigía.
Al mismo tiempo, la suspendió de su cargo por 60 días renovables, con disfrute de su salario de RD$250,000, plazo que culminó el sábado 6 de noviembre de 2023. Se desconoce si Abinader lo va a extender o procederá a su destitución definitiva.
Al ser cuestionado sobre el avance de las pesquisas que ha realizado, Pimentel respondió a Diario Libre que «está lista y se va a entregar al presidente en los próximos días».
La suspensión se realizó según la Ley de Función Pública, en la que se indica que “cuando para realizar una investigación judicial o administrativa fuere conveniente, a los fines de la misma, suspender a un servidor público, la suspensión será con goce de sueldo y tendrá una duración hasta de sesenta días continuos, lapso que podrá ser prorrogado por una sola vez”.
Ésta podría terminar si Abinader revoca la medida, por decisión de sobreseimiento, por absolución en la investigación o por imposición de una sanción. García ocupa la posición desde que comenzó este Gobierno, el 16 de agosto de 2020.
El cargo de Wanda García es ocupado de manera provisional por Jimmy Constantino García Saviñón, quien es además director de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos.
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Una investigación de la periodista Nuria Piera reveló que Wanda García presuntamente cometió nepotismo al nombrar a su yerno, Vladimir Stalin Lugo Reyes, como asesor en tecnología de la institución, quien luego dejó el cargo.
Lugo Reyes había sido beneficiado con tickets de combustibles, incluso después que no trabajaba en el Acuario, que en seis meses sumaron 499,100 pesos. La entidad excluyó estas asignaciones de los reportes que entregó a la Fundación Justicia y Transparencia, pero sí estaban en los documentos que tenía la Contraloría General de la República.
Dos conserjes que reportaron no tener vehículos también recibieron tickets de combustibles de 160,500 y 113,500 pesos, respectivamente.
Después de abandonar su posición, Lugo pasó a ser gerente de infraestructura de Mallol It Consulting, empresa que un mes después ganó una licitación del Acuario para contratar asesoría y soporte técnico por valor de RD$1,033,680.
Otra licitación para la recuperación de datos institucionales la ganó una compañía que se dedica a suplir alimentos para eventos, Aydee Catering y Eventos, SRL. Su titular es Jhon Delfin Ortiz Cáceres, quien también es empleado del Instituto Técnico Superior Comunitario, con un salario de 25,800 pesos.
Un proceso de licitación para adquirir 742 especímenes vivos, entre ellos seis tiburones, fue adjudicado a una empresa que en realidad es un food truck por RD$997,500, la cual no realizó el trabajo y medio año después un buzo recibió la encomienda del mismo yerno de la directora de capturar esos peces.
Suplidora LH ganó una licitación para el brillado de pisos por 165,000, pero el trabajo fue hecho por un particular por un monto inferior.
Suplidora LH tiene 103 actividades de servicio que van desde animales vivos hasta construcción de edificios. La misma ha sido suplidora de juegos infantiles, que no se han colocado, y asesoría financiera. Su dirección lleva a un local abandonado y cerrado.
El reportaje de Nuria también descubrió indicios de compras de productos a compañías por el doble de su valor de mercado.
El presidente y candidato a la reelección, Luis Abinader, dio un espaldarazo a los candidatos a alcaldes y directores de distritos municipales del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con una concentración en el Palacio de los Deportes, junto a miembros de los 22 partidos aliados del PRM
Aprovechó el escenario para lanzar dardos a la oposición, a la cual, dijo, ha dado gabela y todavía no pasan del 24 % en la preferencia del electorado.
Dijo que, por respeto a la Ley Electoral, que prohíbe los mítines a cielo abierto en la precampaña, se había limitado a hacer actividades bajo techo, pero que, de ahora en adelante, se va a lanzar a las calles.
Además, anunció una intensificación de la campaña y convidó a la militancia a hacer el trabajo político para buscar los votos.
“Estaré en los principales municipios, pero también vamos a hacer varios frentes de campaña para que las dos Raquel, para que José Ignacio, para que don Hipólito, doña Milagros, los diferentes líderes del partido, estén en los diferentes frentes apoyando a los candidatos”, manifestó.
Pidió a los perremeístas visitar cada barrio para decir a la gente las obras que ha hecho su administración y para recoger el apoyo que tiene el partido y el Gobierno a nivel nacional. “No se puede quedar un perremeístas sin votar y sin hacer campaña”, arengó.
Combinados esos elementos, garantizó: “En febrero vamos a darles una ejemplar derrota para que sea el mensaje, y vamos entonces a rematar como nunca antes en mayo”.
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Tras la actividad en el Palacio de los Deportes, el presidente Abinader se trasladó a Santo Domingo Norte a acompañar a la candidata a la Alcaldía, Betty Gerónimo, para un recorrido por algunas de las calles de esa demarcación. Más tarde, el jefe de Estado viajó a Santo Domingo Este para un recorrido por Los Mina y Los Tres Brazos con el candidato a la Alcaldía, Dío Astacio. A ambas actividades se unieron cientos de simpatizantes del PRM.
El decreto 2-24, que cancela los permisos de operación local e internacional al Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), se basa escrupulosamente en sentencias de los tribunales dominicanos, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que confirmó la lesividad al interés público del proyecto.
Adoptada por el presidente Luis Abinader el viernes pasado, la decisión deja sin efecto el decreto 270-20, emitido por Danilo Medina en los estertores de su mandato, en aprobación del establecimiento del AIB, y se opuerto de Bávaro corresponde con un mandato expreso de la SCJ en un fallo registrado el 15 de diciembre último.
En uno de los considerandos se expresa textualmente que el susodicho decreto, “además de partir de una resolución de no objeción que ha sido anulada, incurre, según el criterio de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia expresado en la Sentencia núm. SCJ-TS-23-1451, en un exceso de competencia, pues determina de manera directa, cuál será la empresa beneficiaria de su construcción y operación, cuando, de conformidad con la ley, la atribución del Poder Ejecutivo se limita a impartir o no su aprobación respecto al establecimiento de un aeropuerto en un lugar determinado”.
Dicho de otro modo, el AIB nació como una concesión de grado a grado, sin el beneficio de una licitación pública que asegure la libre concurrencia. Sus gestores derivaron una ventaja con génesis en el monopolio del poder. Al determinar el tribunal supremo que otro poder del Estado, el Ejecutivo, incurrió en exceso de competencia, el presidente Abinader quedaba conminado a corregir el abuso so pena de complicidad con una irregularidad inequívoca.
Principio fundamental en democracias como la República Dominicana, la separación de poderes persigue evitar que un solo órgano concentre demasiado poder, lo que podría conducir a abusos y violaciones de derechos. Cada rama del gobierno tiene funciones específicas y está diseñada para actuar como un contrapeso a las otras.
En el caso del Poder Judicial, al cual se adscribe la SCJ, le corresponde revisar la constitucionalidad de leyes y acciones ejecutivas. Esta capacidad le permite actuar como un contrapeso contra posibles excesos de los otros dos poderes, asegurando que sus acciones estén en conformidad con la regla legal.
Más que en consideraciones de los errores en que incurrieron las agencias asociadas al Ejecutivo en la administración pasada, el decreto revocatorio del presidente Abinader se fundamenta en las decisiones judiciales de los tribunales en el caso del AIB, que acumula ocho sentencias todas en contra. Una de ellas, del Tribunal Superior Administrativo, asegura que la lesividad atribuida por el IDAC al AIB responde al “compromiso de salvaguardar la seguridad nacional y aeronáutica”.
Una excepción es el considerando dos, explicativo y necesario: “Que, pese a la existencia del referido decreto y de la comunicación consecuente, el propio Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) advirtió que ni el Decreto núm. 270-20, ni la comunicación núm. 2293 emitida por dicho ente, tenían como base la debida tramitación de los permisos requeridos, la realización de los estudios indispensables para este tipo de proyecto ni el agotamiento de los procesos administrativos que de manera expresa señala la legislación vigente al momento de su emisión”.
Otra de las consideraciones, también extraída de las decisiones judiciales, manifiesta errores en la defensa del AIB.
Una vez iniciado el procedimiento administrativo de lesividad por la nueva administración del IDAC en noviembre 2020, y “pese a las comunicaciones e invitaciones citadas anteriormente, y otras de igual naturaleza, los promotores del proyecto en cuestión no comparecieron ni presentaron la documentación de rigor para su defensa”. Se desconocen aún cuestiones esenciales como los títulos de propiedad y permiso de uso de suelo de los terrenos donde se levantaría el AIB.
El decreto revocatorio contiene una narrativa acabada del curso judicial del AIB y sus contradictores a lo largo de casi cuatro años.
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El considerando final es una reiteración de respeto a la separación de poderes y a la institucionalidad: “Que la constatación inequívoca por parte de la Administración pública de los hechos enunciados… permitiría, por sí misma, la derogación del Decreto núm. 270-20, de fecha 21 de julio de 2020, por haber sido emitido en violación al debido proceso administrativo y sin apego a la legalidad vigente en el momento de su emisión, todo local ha sido también establecido por sentencias que han agotado todo el trámite judicial, convirtiéndose en definitivas y dotadas de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”.
Al amparo de leyes y resoluciones que blindan su decisión, el presidente Abinader decreta el artículo 1 de su pieza: “Queda derogado el Decreto núm. 270-20, del 21 de julio de 2020, que aprobó el establecimiento del Aeropuerto Internacional de Bávaro, en el paraje de Tres Piezas, sector El Salado, del municipio Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia”.
Tal considerando es una crítica indirecta al decreto derogado, al que coloca la estampa implícita de apresurado porque aprueba un proyecto carente de la sustentación legal indispensable para su implantación. El director del IDAC de entonces, Alejandro Herrera, inteligentemente nadó y guardó la ropa para conservar su integridad.
Al destacar lo “esencial” de que el país sea conocido como “una nación de leyes y de derechos” para lograr una reputación internacional atractiva para la inversión, el presidente de la Suprema Corte de Justicia anunció para los próximos dos años “una retadora” agenda local e internacional que concluirá en mayo del 2025 con la celebración del Congreso Mundial del Derecho y la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Luis Henry Molina sostuvo que será, sin duda, una ocasión única para que República Dominicana despliegue su hospitalidad y se consolide como un referente regional en materia de institucionalidad democrática y desarrollo económico y social.
Durante su discurso ayer en la audiencia solemne por el Día del Poder Judicial, a la que asistió el presidente Luis Abinader y representantes del Congreso Nacional, Molina expuso que la seguridad jurídica no está circunscrita a un ámbito u otro en particular, sino a todos los niveles de la sociedad. Afirmó que, además de respaldar las iniciativas comerciales y procurar la búsqueda de inversión, la seguridad jurídica también “debe sostener, con igual entereza, los derechos humanos y laborales, la propiedad intelectual, la protección del medio ambiente y los recursos naturales”.
Citó otro “actor fundamental” en esta tarea y es el Registro Inmobiliario, el cual, dijo, “está haciendo una excelente labor para la garantía de los derechos de propiedad registrada y aval de los negocios inmobiliarios”.
En cuanto a los trabajos que han avanzado para el Plan Estratégico Justicia 20-24, adelantó que estos desembocarán en la Conferencia del Poder Judicial de abril de este año.
“Colocar República Dominicana a la delantera del crecimiento y el desarrollo en la región debe ser nuestra aspiración compartida, que lidera principalmente el Poder Ejecutivo y el sector empresarial. Sin embargo, hay mucho que el PJ puede aportar, como garante de la seguridad jurídica”, indicó Molina.
El presidente de la SCJ afirmó en su discurso que el PJ continuará trabajando en sus “líneas centrales”, que son: fortalecer su integridad institucional a fin de aumentar la credibilidad, en su modernización para facilitar acceso a la justicia de todos los ciudadanos y en garantizar la dignidad de las personas.
Al reiterar el avance que han tenido las diferentes salas de la SCJ en eliminar la mora judicial, el presidente de esa alta corte narró que al llegar al puesto había expedientes con más de treinta y siete años sin fallarse.
“Desde junio de 2019 a la fecha, la SCJ ha tenido un desempeño sin precedentes, dando solución a 37,406 recursos de casación. Hoy, todas las Salas fallan casos ingresados en 2023 y la Segunda Sala conoce casos ingresados en los últimos seis meses”, dijo.
Citó uno de los “muchísimos” desgarradores dramas como secuelas de la mora que se producían, el caso de un pescador que demandó en responsabilidad civil a un dentista por una mala práctica médica y que, al emitirse la sentencia a su favor, el 10 de junio de 2009, veinte años después, su abogado había perdido ya contacto con él. La mala práctica le generó “lesiones graves” al pescador. Sostuvo que el caso es mencionado por el jurista Fabio Guzmán Ariza “haciendo un bosquejo de la historia de la mora judicial”, por ser este abogado quien interpuso la demanda. Fue una de las primeras demandas de responsabilidad civil médica en el país, y el primero en llegar a casación. Molina insistió nuevamente en la necesidad de la mediación, como método alterno a los procesos penales, para lograr la descongestión de los tribunales, y de los centros penitenciarios.
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El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Benito Ángeles, exhortó a los miembros del Poder Judicial a actuar con delicadeza, cuidado y autentica justicia para que resplandezca la verdad.
Monseñor Ángeles encabezó una misa de acción de gracias por el Día del Poder Judicial en presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. El religioso llamó a los actores del sistema a tener discernimiento en la misión de aplicar justicia.
“Dios no hace distinciones con nadie, sino que lo que quiere es la recta acción traducida en una recta justicia y que tenga como resultado lo que el Señor regala a los que en conciencia lo llevan adelante que es la paz, la paz interior que no se compra ni se vende”.Indicó que esa paz se vive en la medida en que la coherencia lleve siempre el sentido del respeto a las personas, porque cada humano es hijo de Dios.
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