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La campaña para las elecciones municipales del 18 de febrero del 2024 está oficialmente abierta, luego de que la Junta Central Electoral (JCE) emitiera la proclama que da luz verde a las actividades políticas y que ordena a los candidatos cumplir con los topes de gastos.
La disposición, amparada en la nueva Ley de Régimen Electoral 20-23, se dictó a 20 días de la Navidad, y en la misma se llama a los candidatos a desarrollar sus actos apegados a las normas éticas de la campaña electoral. A partir de la proclama, los postulantes a las alcaldías deberán presentar sus planes de gobierno a más tardar en 10 días.
En la proclama oficial, la JCE hizo constar que la campaña será de manera exclusiva para los candidatos y candidatas a cargos de elección popular en el nivel municipal, cuyo período concluirá a las 12:00 de la noche del jueves 15 de febrero del 2024.
“Se convoca a todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos por la JCE y a todos los ciudadanos dominicanos aptos para ejercer el sufragio, a concurrir y votar en las elecciones ordinarias generales municipales en los niveles de alcaldías, regidurías, direcciones distritales y vocalías de la República Dominicana”, aduce.
«Este paso, como decíamos anteriormente, el banderazo de unas elecciones que serán justas, libres y seguras»Román Jáquez L.Presidente de la JCE“
En la declaratoria se dispuso la separación de los niveles de elección, dejando establecido que los votos de los distritos municipales no serán computados al municipio.
“Al establecerse la separación de los niveles de elección, los electores de los municipios recibirán dos boletas, una para la elección conjunta de alcaldes, vicealcaldes y otra para la elección de regidores y sus suplentes”, refiere la proclama. El escrutinio se hará por cada nivel, alcaldías y regidurías.
En el caso de los distritos municipales serán dos boletas, una para la elección conjunta de directores y subdirectores y otra para los vocales. En el escrutinio, tanto para los vocales como regidores, una vez determinados los escaños, ocuparán las posiciones los más votados.
De acuerdo a la Ley 20-23 de Régimen Electoral, la campaña electoral es el conjunto de actividades lícitas organizadas y desarrolladas con el propósito de promover expresamente las propuestas electorales para la captación del voto a favor de los candidatos oficializados.
Corresponderá a la JCE durante el período de campaña electoral, informar e incentivar la participación en las elecciones, sin influir en la orientación del voto de los electores.
De los comicios
Para los comicios municipales están llamados a votar 8,105,151 electores, distribuidos en 16,850 colegios electorales que funcionarán en todo el país.
A través de las asambleas electorales, se escogerán los alcaldes, vicealcaldes, regidores y suplentes de los cabildos de 157 municipios y el Distrito Nacional.
De igual forma, los directores, subdirectores y vocales de los 235 distritos municipales. Para los comicios del 2024 participarán 34 partidos y ocho movimientos.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo garantizó que las elecciones del 2024 serán justas, libres y seguras. Precisó que la seguridad de los comicios es la garantía que dará paz a los ciudadanos al depositar los votos en las urnas. “Este paso, como decíamos anteriormente, es el banderazo de unas elecciones que serán justas, libres y seguras”, manifestó durante el lanzamiento del programa de capacitación de los Instructores de la Policía Militar Electoral. De acuerdo a Jáquez Liranzo hay 23 oficinas de servicios en el exterior, y en 35 países se celebrarán elecciones el próximo año. “Esa parte humana tiene lo que es la JCE, el Pleno y todas las direcciones y todos los junteros y junteras a nivel nacional e internacional”, dijo.
Más de 55 mil uniformados para el proceso
Alrededor de 55 mil miembros de la policía militar serán desplegados en las elecciones municipales y presidenciales de 2024, anunció ayer miércoles la Junta Central Electoral (JCE).
Mario Núñez, director de la Dirección Nacional de Elecciones de la JCE, explicó que se inició con la capacitación del personal que estará a cargo de la seguridad de los comicios debido a que el primer encuentro con las urnas será en febrero del próximo año 2024. “Nosotros como JCE estamos brindando una plataforma en términos de dotar y conformar un equipo de instructores que a su vez van a capacitar a los instructores de ustedes (policías y militares) y ya luego viene un despliegue operacional”, dijo.
En tanto, el jefe de la Policía Militar Electoral, el mayor general Juan José Otaño Jiménez, informó que el programa de capacitación de instructores comenzó simultáneamente en Azua, La Romana, San Pedro de Macorís, Puerto Plata y San Pedro de Macorís. Adelantó que a partir de enero los temas electorales serán incorporado a los programas de estudios del personal militar que cursa en la Universidad Nacional para la Defensa, en el Instituto Policial de Educación Superior y otros centros.
La controvertida modificación al contrato de renegociación de la concesión de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) a la empresa VINCI Airports fue aprobada el pasado martes 5 de este mes en única lectura en la Cámara de Diputados y ahora va rauda al Senado, donde se prevé que la mayoría perremeísta, que domina la Cámara Alta, logre la aprobación del convenio.
Los voceros de los partidos opositores en la Cámara de Diputados pidieron al Senado que, en su estudio de la iniciativa, considere devolver el contrato al Poder Ejecutivo para que desde allí se abra una licitación pública en la que otras empresas distintas a Aerodom puedan ofertar sus propuestas para manejar los aeropuertos dominicanos.
El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez, dijo que el contrato renegociado de Aerodom “tiene un trasfondo” desconocido por los congresistas y pidió al Poder Ejecutivo que retire el proyecto del Congreso Nacional para que sea sometido a una licitación pública, como lo establece la Ley de Compras y Contrataciones.
De su lado, el vocero de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, dijo que el Gobierno “tiene una prisa excesiva” en conocer y aprobar el proyecto. Objetó, además, que el contrato contemple solo un 10% de los beneficios totales para el Estado dominicano, por lo que llamó al Senado a frenar el avance del proyecto y devolverlo al Gobierno.
Además, el opositor dijo que el contrato contempla solo un 10 % de los beneficios totales para el Estado dominicano, por lo que llamó al Senado a frenar el avance del proyecto y devolverlo al Gobierno.
Mientras que el diputado José Horacio Rodríguez, del partido Opción Democrática, cuestionó que el contrato de Aerodom haya sido aprobado con menos de 24 horas de estudio, ya que una comisión especial concluyó sus estudios la noche del lunes y ya el martes se estaba debatiendo en una sesión.
El diputado del Distrito Nacional solicitó que se agregue un resumen descriptivo del contrato, que se devuelva al Poder Ejecutivo y que sea sometido a una licitación pública para que el Gobierno confirme si hay otras compañías que ofrecen más y mejores beneficios que los contemplados por Aerodom.
De acuerdo con los reglamentos congresuales, los proyectos como préstamos y contratos son aprobados en única lectura. Así fue sancionada la renegociación de Aerodom en la Cámara de Diputados, luego de debatirse el informe final que elaboró una comisión especial y el informe disidente que presentó un grupo de diputados opositores.
Se espera que, en la próxima sesión del Senado, el contrato con Aerodom sea enviado a una comisión para estudiarse y luego aprobarse. En caso de que se acoja, el Poder Ejecutivo podrá disponer del acuerdo.
La prueba PISA vincula a mejores resultados de los estudiantes a la inversión que hacen los países o economías y refiere que un mayor gasto en educación se asoció con puntuaciones más altas en la prueba de matemáticas.
“Entre los países o economías cuyo gasto acumulado por estudiante, durante todos los años de enseñanza primaria y secundaria y con edades entre las edades de 6 y 15 años, fue inferior a 75,000 dólares en 2019, el mayor gasto en educación se asoció con puntuaciones más altas en la prueba PISA de matemáticas. En República Dominica, el gasto acumulado por estudiante, de más de diez años de edad, entre 6 y 15 años, equivalía a unos 46,500 dólares”, explica el documento.
La prueba PISA 2022 no solo evalúa el desempeño académico de los estudiantes, también aborda lo relativo a la seguridad de los estudiantes, la integración de las familias al proceso de aprendizaje y la distracción que supone el uso de dispositivos electrónicos en las aulas.
Otro punto importante que plantea es la escasez de docentes y un personal docente inadecuado o poco cualificado para impartir clases y las experiencias de los estudiantes durante el cierre de las escuelas por la pandemia de COVID-19.
El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), es una prueba estandarizada coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se realiza cada tres años desde el año 2000 en más de 70 países miembros y no miembros.
El papel de los docentes
Se indica que en aproximadamente la mitad de todos los países o economías con datos comparables, los directores de escuela en 2022 tenían más probabilidades que sus homólogos en 2018 de informar de una escasez de personal docente.
En 2022, el 55 % de los estudiantes de República Dominica estaban en escuelas cuyo director informó que la capacidad de la escuela para impartir instrucción se ve obstaculizada por la falta de personal docente (y el 20 %, por un personal docente inadecuado o poco cualificado).
En 2018, las proporciones correspondientes fueron del 28 % y el 19 %. En la mayoría de los países y economías, los estudiantes que asisten a escuelas cuyo director reportó escasez de personal docente obtuvieron puntajes más bajos en matemáticas que los estudiantes de escuelas cuyo director reportó menos o ninguna escasez de personal docente.
En República Dominica, el 14 % de los estudiantes asistían a una escuela en la que los directores tenían la responsabilidad principal de contratar maestros (promedio de la OCDE: 60 %), y el 60 % estaban matriculados en una escuela en la que los maestros tenían la responsabilidad principal de elegir qué materiales de aprendizaje se utilizan (promedio de la OCDE: 76 %).
El uso de dispositivos electrónicos
De acuerdo a la evaluación las distracciones en clase por los móviles y otros dispositivos digitales reducen el aprendizaje y, en el caso de las matemáticas, eso supone en términos de conocimientos perder el equivalente de tres cuartas partes de un curso, según los autores del informe PISA que se hace con alumnos de 15 años.
En sentido general, en los países de la OCDE, un 65 % de los alumnos que participaron en la edición de 2022 de PISA dijeron haberse distraído con su móvil u otros dispositivos como el ordenador y la tableta, y un 59 % reconocieron que perdieron concentración con los de otros compañeros.
Esos 15 puntos de desventaja equivalen al aprendizaje de tres cuartas partes de un curso, y haciendo abstracción del impacto que tienen el origen socioeconómico de los alumnos y los centros escolares a los que pertenecen.
Integración de las familias
Los datos de PISA recopilados de los directores de escuelas dominicanas muestran que durante el año académico 2022, al menos la mitad de todas las familias discutieron el progreso de su hijo con un maestro por iniciativa propia, siendo el 33 %, mientras que el 66 % fue por iniciativa del maestro.
El 13 % de los estudiantes dominicanos declaró no sentirse seguro de camino a sus escuelas, resultado por encima del promedio de la OCDE que es 8 %. Mientras que dentro de las aulas de las escuelas, el 9 % dijo no sentirse seguro, aumentando un 1 % el promedio de la OCDE que es de 7 %.
La controvertida modificación al contrato de renegociación de la concesión de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) a la empresa VINCI Airports fue aprobada el pasado martes 5 de este mes en única lectura en la Cámara de Diputados y ahora va rauda al Senado, donde se prevé que la mayoría perremeísta, que domina la Cámara Alta, logre la aprobación del convenio.
Los voceros de los partidos opositores en la Cámara de Diputados pidieron al Senado que, en su estudio de la iniciativa, considere devolver el contrato al Poder Ejecutivo para que desde allí se abra una licitación pública en la que otras empresas distintas a Aerodom puedan ofertar sus propuestas para manejar los aeropuertos dominicanos.
El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez, dijo que el contrato renegociado de Aerodom “tiene un trasfondo” desconocido por los congresistas y pidió al Poder Ejecutivo que retire el proyecto del Congreso Nacional para que sea sometido a una licitación pública, como lo establece la Ley de Compras y Contrataciones.
De su lado, el vocero de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, dijo que el Gobierno “tiene una prisa excesiva” en conocer y aprobar el proyecto. Objetó, además, que el contrato contemple solo un 10% de los beneficios totales para el Estado dominicano, por lo que llamó al Senado a frenar el avance del proyecto y devolverlo al Gobierno.
Además, el opositor dijo que el contrato contempla solo un 10 % de los beneficios totales para el Estado dominicano, por lo que llamó al Senado a frenar el avance del proyecto y devolverlo al Gobierno.
Mientras que el diputado José Horacio Rodríguez, del partido Opción Democrática, cuestionó que el contrato de Aerodom haya sido aprobado con menos de 24 horas de estudio, ya que una comisión especial concluyó sus estudios la noche del lunes y ya el martes se estaba debatiendo en una sesión.
El diputado del Distrito Nacional solicitó que se agregue un resumen descriptivo del contrato, que se devuelva al Poder Ejecutivo y que sea sometido a una licitación pública para que el Gobierno confirme si hay otras compañías que ofrecen más y mejores beneficios que los contemplados por Aerodom.
De acuerdo con los reglamentos congresuales, los proyectos como préstamos y contratos son aprobados en única lectura. Así fue sancionada la renegociación de Aerodom en la Cámara de Diputados, luego de debatirse el informe final que elaboró una comisión especial y el informe disidente que presentó un grupo de diputados opositores.
Se espera que, en la próxima sesión del Senado, el contrato con Aerodom sea enviado a una comisión para estudiarse y luego aprobarse. En caso de que se acoja, el Poder Ejecutivo podrá disponer del acuerdo.
Las viviendas salen más costosas que en años anteriores, y no precisamente por la plusvalía. El precio promedio del metro cuadrado (m²) de las casas y apartamentos de la Región Metropolitana, que comprende Santo Domingo y el Distrito Nacional, aumentó para el primer semestre de este 2023, con incrementos que van desde 3.9 % hasta 74 %, según la ubicación del inmueble.
Los municipios donde se apreciaron mayores subidas de precios por metro cuadrado de las unidades vendibles son Santo Domingo Norte (74 %), Los Alcarrizos (65 %) y Santo Domingo Este (40 %).
Donde menos se aumentó el costo fue en Pedro Brand (3.9 %) y en el Distrito Nacional (7.7 %).
Los datos se desprenden al comparar el más reciente informe semestral Registro de Oferta de Edificaciones (ROE), que elabora la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con el mismo informe del primer semestre del 2022.
Los precios por m²
Al calcular la lista de preciospor municipio, Pedro Brand es la zona más económica para adquirir un inmueble.
El precio de cada m² en Pedro Brand se registró en 38,672.9 pesos a junio de este año. Aumentó aproximadamente 1,487.3 pesos, de acuerdo con las estadísticas de la ONE.
En segundo lugar se ubica Santo Domingo Oeste, con el metraje en 54,017 pesos, seguido por Los Alcarrizos, con el m² en 54,547.9 pesos.
En Santo Domingo Norte el precio promedio de las viviendas por metro cuadrado es de 60,408.8 pesos y en Santo Domingo Este se registró el m² de casas y apartamentos en 61,240.6 pesos a junio de este año.
El Distrito Nacional, capital del país, sigue siendo la zona más cara para habitar por su desarrollo urbano y comercial. El metro cuadrado pasó a costar 112,836.1 pesos en el primer semestre de este año, cuando costaba 104,762.3 pesos a junio del 2022.
Las características de las construcciones de esta zona incluyen torres de apartamentos de más de diez niveles con un promedio de área individual por apartamento de 162 metros cuadrados.
Precios más populares
El 30 % de las obras destinadas para viviendas en la región metropolitana, que estaban vendidas, separadas o reservadas, costaba entre 3 millones y 5 millones de pesos, para el primer semestre de este corriente 2023, de acuerdo con el levantamiento de la ONE. Estas representan el 23.9 % de los metros cuadrados del área de construcción vendible.
Las viviendaseconómicas, de menos de 3 millones de pesos, tenían representación del 23.7 %, para 19,365 unidades comercializadas en el periodo de análisis.
Las propiedades de ocho a 15 millones de pesos pasaron a ser el 19.2 % de los inmuebles paraviviendas más buscadas de enero a junio de este año, subraya la ONE.
“En casi todas las situaciones en el mercado del área vendible se registró un aumento con relación a lo observado en el ROE 2022-1, siendo las obras en oferta futura las que registraron mayor aumento con un incremento del 770.6 %”, subraya el informe.
También, se registró un aumento “considerable” de 110.8 % para el área vendida, separada o reservada. Asimismo el valor de área vendible subió de precio.
En función del estadode la obra, la que mayor variación tuvo fue el de estructuras en ejecución o construcción, con un aumento del 64.6 %. Sólo se registró una disminución en las obras culminadas representando aproximadamente un 78 %.
La prueba PISA vincula a mejores resultados de los estudiantes a la inversión que hacen los países o economías y refiere que un mayor gasto en educación se asoció con puntuaciones más altas en la prueba de matemáticas.
“Entre los países o economías cuyo gasto acumulado por estudiante, durante todos los años de enseñanza primaria y secundaria y con edades entre las edades de 6 y 15 años, fue inferior a 75,000 dólares en 2019, el mayor gasto en educación se asoció con puntuaciones más altas en la prueba PISA de matemáticas. En República Dominica, el gasto acumulado por estudiante, de más de diez años de edad, entre 6 y 15 años, equivalía a unos 46,500 dólares”, explica el documento.
La prueba PISA 2022 no solo evalúa el desempeño académico de los estudiantes, también aborda lo relativo a la seguridad de los estudiantes, la integración de las familias al proceso de aprendizaje y la distracción que supone el uso de dispositivos electrónicos en las aulas.
Otro punto importante que plantea es la escasez de docentes y un personal docente inadecuado o poco cualificado para impartir clases y las experiencias de los estudiantes durante el cierre de las escuelas por la pandemia de COVID-19.
El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), es una prueba estandarizada coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se realiza cada tres años desde el año 2000 en más de 70 países miembros y no miembros.
El papel de los docentes
Se indica que en aproximadamente la mitad de todos los países o economías con datos comparables, los directores de escuela en 2022 tenían más probabilidades que sus homólogos en 2018 de informar de una escasez de personal docente.
En 2022, el 55 % de los estudiantes de República Dominica estaban en escuelas cuyo director informó que la capacidad de la escuela para impartir instrucción se ve obstaculizada por la falta de personal docente (y el 20 %, por un personal docente inadecuado o poco cualificado).
En 2018, las proporciones correspondientes fueron del 28 % y el 19 %. En la mayoría de los países y economías, los estudiantes que asisten a escuelas cuyo director reportó escasez de personal docente obtuvieron puntajes más bajos en matemáticas que los estudiantes de escuelas cuyo director reportó menos o ninguna escasez de personal docente.
En República Dominica, el 14 % de los estudiantes asistían a una escuela en la que los directores tenían la responsabilidad principal de contratar maestros (promedio de la OCDE: 60 %), y el 60 % estaban matriculados en una escuela en la que los maestros tenían la responsabilidad principal de elegir qué materiales de aprendizaje se utilizan (promedio de la OCDE: 76 %).
El uso de dispositivos electrónicos
De acuerdo a la evaluación las distracciones en clase por los móviles y otros dispositivos digitales reducen el aprendizaje y, en el caso de las matemáticas, eso supone en términos de conocimientos perder el equivalente de tres cuartas partes de un curso, según los autores del informe PISA que se hace con alumnos de 15 años.
En sentido general, en los países de la OCDE, un 65 % de los alumnos que participaron en la edición de 2022 de PISA dijeron haberse distraído con su móvil u otros dispositivos como el ordenador y la tableta, y un 59 % reconocieron que perdieron concentración con los de otros compañeros.
Esos 15 puntos de desventaja equivalen al aprendizaje de tres cuartas partes de un curso, y haciendo abstracción del impacto que tienen el origen socioeconómico de los alumnos y los centros escolares a los que pertenecen.
Integración de las familias
Los datos de PISA recopilados de los directores de escuelas dominicanas muestran que durante el año académico 2022, al menos la mitad de todas las familias discutieron el progreso de su hijo con un maestro por iniciativa propia, siendo el 33 %, mientras que el 66 % fue por iniciativa del maestro.
El 13 % de los estudiantes dominicanos declaró no sentirse seguro de camino a sus escuelas, resultado por encima del promedio de la OCDE que es 8 %. Mientras que dentro de las aulas de las escuelas, el 9 % dijo no sentirse seguro, aumentando un 1 % el promedio de la OCDE que es de 7 %.
Propietarios de villas ubicadas en el complejo Casa de Campo, en La Romana, denunciaron supuestas irregularidades en el servicio eléctrico en esa zona, incluyendo un aumento en la tarifa a quienes han instalado paneles solares en sus propiedades, una medida que, según señalaron, se tomó sin contar con la regulación de la Superintendencia de Electricidad y a las leyes dominicanas.
Durante una visita a Diario Libre, el empresario Carlos Janáriz manifestó que la administración con los propietarios de las villas del complejo es manejada por la empresa Costasur, que tiene una concesión de sistema eléctrico aislado con el Estado. Agregó que por vía de la concesión se regula la forma de actuar de la empresa con los usuarios del servicio eléctrico. Un sistema aislado es aquel que no está conectado al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
Agregó que por vía de la concesión se regula la forma de actuar de la empresa con los usuarios del servicio eléctrico. “Ese contrato tiene que regirse bajo la ley y los reglamentos de República Dominicana”, sostuvo.
Janáriz manifestó que de las 3,000 villas que hay en Casa de Campo, 106 tienen paneles solares, un generador que en República Dominicana tiene un reglamento para regular la producción de energía.
En ese sentido, sostuvo: “El Reglamento de Medición Neta habla sobre la energía producida con paneles solares en los techos de una vivienda. La sobrante va a la red eléctrica y a fin de mes se hace un neteo (cálculo), por eso se llama medición neta. Es decir, lo que yo te he mandado a la red, menos lo que me has mandado a la casa es kilo por kilo”.
Agregó que al final de mes se determina que “si me sobran kilos, lo voy a tener de crédito para el siguiente mes y si tengo kilos a favor de la distribuidora los pago al precio pactado”. Señaló que en Casa de Campo los propietarios de villas solo pueden instalar hasta 25 kilos en paneles solares, como establecen las leyes, una cantidad de energía que no es suficiente para las viviendas.
El empresario sostuvo que el precio que pagan actualmente los propietarios por la energía es 16 pesos por kilovatio/hora. Sin embargo, Janáriz denunció que la empresa “compra la energía sobrante mía a 7.4 pesos y la energía que compro de la red (cuesta) 16 pesos, es un tremendo negocio para Costasur, pero no es legal”. Debido a esta situación, explicó, los propietarios piden que se les retribuya dinero de la energía sobrante, desde el momento en que se colocaron los paneles.
Cambio de tarifa
Carlos Janáriz, quien hace dos años instaló paneles solares en su propiedad, sostuvo que cuando se colocaron estos aparatos no hubo objeción de parte de los administradores de Costasur, salvo con aspectos de diseños como el color de los paneles y que estos no se vean desde la calle, condiciones que fueron aceptadas por los propietarios.
Sin embargo, explicó que la empresa ha enviado desde finales de noviembre a los propietarios un acto de alguacil informando sobre el cambio de tarifa por potencia, una decisión tomada, según explicó, luego de que Costasur contratara asesores para la gestión del servicio.
“El acto dice que, si no quitamos los paneles solares en el plazo del mes, ellos automáticamente nos van a cambiar la tarifa y nos van a cobrar 2,000 pesos por cada kilo de potencia máxima que hayamos tenido”, sostuvo.
Janáriz añadió que la empresa busca “cobrar 2,000 pesos por potencia (no consumo). Es decir que una persona que tenga villa en La Romana (Casa de Campo) y que vaya tres veces al año, el día que vaya, si sube ese día a 40 kilos (la energía), va a pagar 80,000 pesos mensuales por los 12 meses”.
El empresario explicó que un propietario puede pagar actualmente unos 35,000 pesos por el servicio eléctrico, adicional a los 60,000 pesos de mantenimiento de la propiedad.
Manifestó que Costasur, al igual que otras empresas con sistemas aislados, no son regulados y que “no hay una tarifa enviada por la Superintendencia de Electricidad para que Costasur se la dé al cliente”.
“No puedes cambiar unilateralmente la tarifa a personas que tengan paneles solares para ponerlo en potencia, porque te dé la gana. No te están obligando a quitar los paneles, te dicen o los quitas o te cobro potencia”, señaló, al tiempo que indicó que saldrá más caro tener paneles solares que no tenerlos.
Janáriz señaló que la medida era contradictoria “en un mundo en que se habla del medio ambiente, el cambio climático y las energías verdes”. Agregó que la notificación fue enviada sin que se desarrollaran encuentros previos entre la empresa y los propietarios, lo que consideraron “un acto de intimidación”.
Reacción
Los propietarios de paneles solares en el complejo turístico enviaron un acto de alguacil a la empresa Costasur, en la que expusieron las razones por las cuales entendían que no se podía cambiar la tarifa. “La Superintendencia es la que está llamada a cambiar las tarifas y regular los sistemas aislados, y no lo han hecho”, señaló Janáriz.
Agregó que tras la notificación enviada por los propietarios de paneles solo obtuvieron como respuesta una nota, enviada por correo y publicada en las redes sociales.
En el referido comunicado, la empresa señala que no ha impedido que se instalen “ni solicitado que se remuevan, los paneles solares dentro de las residencias ubicadas en el complejo. Muy por el contrario, nuestra empresa apoya los esfuerzos en favor del medio ambiente, mediante la colocación de paneles solares como alternativa eléctrica, siempre y cuando los mismos se hagan en cumplimiento de las leyes y reglamentos correspondientes”.
Agregó que las medidas tomadas han sido “en cumplimiento con dichas leyes y reglamentos y en coordinación con las autoridades competentes”, y señaló que “ha actuado con apego a la ley y de manera socialmente responsable. Igualmente, nos hemos destacado por no solamente cumplir con dichas leyes, sino en procurar beneficios para todos nuestros propietarios y residentes en general sin excepción ni favoritismo”.
Janáriz sostuvo que con la comunicación enviada por la empresa entienden que no están de acuerdo con lo solicitado, “por lo que hemos ido a la Superintendencia y depositamos una solicitud de mediación y adopción de medida cautelar, anticipada y urgente”, con el objetivo de que la entidad establezca una solución al impasse, generado, según Janáriz, por la “mala asesoría” que ha tenido la empresa.
Tras las declaraciones de los residentes, Diario Libre intentó obtener una reacción de la empresa, sin éxito
El juicio con jurado contra el exdiplomático de alto nivel estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de espiar para Cuba durante cuarenta años, será a partir del 29 de enero próximo, según ordenó este miércoles una jueza de Miami (EE.UU.).
Rocha, quien fue arrestado el viernes pasado, afronta 15 cargos criminales en una corte del sur de Florida, entre ellos el de espiar para Cuba y fraude electrónico, según la acusación publicada en el sistema judicial de Estados Unidos.
Un Gran Jurado presentó en las últimas horas los cargos contra Rocha, de 73 años, de un total de seis delitos, que en conjunto llevarían a una pena máxima de cárcel de 60 años si es hallado culpable.
Rocha tenía una audiencia este miércoles en un tribunal de Miami, la segunda en el proceso desde que fue arrestado, pero el juez Edwin G. Torres la pospuso para el próximo martes.
En esa audiencia le serán presentados formalmente todos los cargos a Rocha, un colombiano que se hizo ciudadano estadounidense en 1978.
El juicio, de dos semanas, fue programado hoy para el próximo 29 de enero a cargo de la jueza Beth Bloom, y una semana antes, el 23 de ese mes, habrá una audiencia de estatus.
Rocha enfrenta una cuenta por «actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero (Cuba)» y otra por conspiración de ese mismo crimen y «defraudar a Estados Unidos».
También tiene cinco cargos por fraude electrónico, tres por «hacer una declaración falsa en una solicitud de pasaporte», cuatro por «uso de un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa» y uno por «declaraciones y representaciones falsas», según el documento de la acusación.
Rocha está acusado de cometer múltiples delitos federales al actuar de forma secreta durante unos cuarenta años como «agente del Gobierno de la República de Cuba», según EE.UU.
Entre 1981 y 2002, Rocha fue empleado del Departamento de Estado y ocupó varios puestos en las embajadas de Estados Unidos en República Dominicana, Honduras, México y Argentina.
El exembajador fue arrestado en Miami después de confesar sus actividades a un agente del FBI que se hizo pasar por otro espía cubano.
Según consta en el escrito de acusación, entre 2022 y 2023 hubo tres reuniones entre Rocha y un agente especial del FBI que fingió ser «Miguel», un representante de la Dirección General de Inteligencia de Cuba.
En esos encuentros, que fueron grabados y se llevaron a cabo en español, el exdiplomático se refirió constantemente a Estados Unidos como «el enemigo» y confesó que su mayor preocupación cuando trabajaba para el Departamento de Estado fue «fortalecer la Revolución» cubana.
