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Rumbo a la segunda semana del mes de abril de 2024, el Gobierno de Venezuela ya ha anunciado el pago de nuevos Bonos Patria. En esta nota te mostraremos la lista de los subsidios que llegarán entre el lunes 8 y 14 de del presente. Fechas, nuevos montos y más, AQUÍ en esta nota. ¿Qué […]
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» Leer másEl Gobierno accedió a entregar 2,520.8 millones de pesos adicionales a la Junta Central Electoral (JCE) para que los partidos políticos hagan campaña, pero no informó de dónde sacará ese dinero. José Ignacio Paliza dijo que «la JCE, como árbitro imparcial, ha encontrado junto al Gobierno un mecanismo para garantizar fondos adicionales a todos los partidos«, pero no especificó cuál sería ese método.
De acuerdo a conocedores del manejo del presupuesto dentro del Estado, la decisión se ha tomado con la intención de modificar la Ley de Presupuesto y, en ella, idear nuevas fuentes para sacar ese dinero.
Eso significa que el Gobierno tendrá que encontrar el origen de esos recursos por un aumento de las recaudaciones de impuestos o mediante el incremento de la deuda pública, dos escenarios complejos.
El economista y exgobernador del Banco Central, Guillermo Caram, explica que “para que el Gobierno pueda hacer esa designación necesita, por un lado, procurar la fuente y, por otro, obtener una ley que modifique la Ley de Presupuesto”.
Para eso, propone que “el presidente le ordene al Banco de Reservas que le otorgue un préstamo a los partidos políticos con la garantía contingente de que va a estar consignado en el presupuesto complementario que se preparará a partir de julio”.
“Yo sé que tradicionalmente los presupuestos complementarios se destinan únicamente para arreglar los entuertos a posteriori, pero eso es incorrecto. Entonces estamos en un clima de incorrecciones institucionales que tiene que llegar un momento en que hay que frenarlo”, reflexiona.
Esa modificación tendría que pasar por el Congreso. Desde ya, el diputado de oposición, Héctor Darío Féliz Féliz, advierte que no aprobaría la pieza.
El legislador es miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, encargada normalmente de estudiar los proyectos de presupuestos.
“Nosotros, como miembros de la Comisión de Hacienda, no vamos a aprobar un presupuesto, independientemente de que nos favorezca como políticos, para gastarlo en política. Este país está harto de deudas. Si el gobierno se aboca a eso, nos va a encontrar de frente”, advierte el congresista del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Los reportes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Dirección General de Aduanas (DGA) muestran que las recaudaciones de impuestos en los primeros meses del 2024 superan lo programado en sólo un caso.
Para el trimestre enero-marzo 2024, la DGII acumula 207,637.6 millones. Para este período se proyectaron ingresos de 199,222.7 millones de pesos, es decir, 8,414.9 millones de pesos adicionales.
Aduanas, por el contrario, no está cumpliendo las metas recaudatorias. En el período enero-febrero de 2024 acumula 35,541.23 millones de pesos, unos 1,178.65 millones por debajo de lo esperado.
En los últimos 26 años, los partidos han recibido contribuciones estatales que superan los 25,303 millones de pesos. Estos ingresos están destinados para financiar las operaciones corrientes de estas agrupaciones y los gastos de campaña.
De esta cifra, alrededor de 19,545,600,000 pesos, es decir el 77%, han sido distribuidos entre cinco organizaciones políticas.
El PRD es la entidad que más fondos ha recibido en este período, con una asignación presupuestaria de aproximadamente 6,007,525,440 pesos.
En segundo lugar se encuentra el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que ha sido beneficiado con 5,874,033,695 pesos.
Con la entrega de unos 3,934,257,128 pesos, el tercer partido de la lista es el Reformista Social Cristiano (PRSC), que se mantuvo como mayoritario por casi dos décadas.
Los de menor partida de este grupo son los de más reciente fundación; el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha recibido, desde 2017 a la fecha, cerca de 2,577,856,129 pesos, mientras que Fuerza del Pueblo (FP) ha percibido 1,260,400,000.00 desde 2021.
En 1997 fue fiscal adjunto del Distrito Nacional y dos años después lo promovieron a fiscal titular de Santiago; en 2002 fue electo como diputado, curul que mantuvo por 14 años, de los cuales durante seis ostentó el título de presidente de esa cámara para luego ocupar la posición que mantiene como alcalde de la Ciudad Corazón por dos períodos.
Abel Martínez es un dirigente político de una respetada trayectoria en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a pesar de esto, en su participación en el reciente almuerzo de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), decidió abrirse frente al empresariado y recordar sus principales hazañas en el tren gubernamental.
Para Martínez, su sello al frente de estas instituciones ha sido la coherencia y honradez. “En 24 años como servidor público, en todas las funciones que he desempeñado, no he sido partícipe de una conversación deshonesta”, expresó.
Luego de cuatro años donde los principales perseguidos de la justicia dominicana por casos de corrupción administrativa han sido altos miembros de la mencionada tolda opositora o exfuncionarios del Gobierno de Danilo Medina (2016-2020), el edil resalta su firme voluntad en el rechazo a la comisión de delitos de cuello blanco y actividades ilícitas en sentido general.
“Sí, es cierto, se han cometido errores. En el PLD y en todos los partidos, y yo nunca voy a apoyar eso ni lo voy a justificar, pueden estar seguros. Quien se pruebe que ha actuado de forma irresponsable debe responder por sus actos ante la justicia, sea del partido que sea”, expresó al referirse a las debilidades de la clase política.
Martínez aseguró que el problema de la corrupción trasciende las banderías partidarias y que los gobiernos a través de la historia han tenido el discurso de combatirla, sin propuestas concretas.
El santiaguero de 51 años, que compite por la Presidencia de la República, cita entre sus principales fortalezas que es una persona que cumple sus promesas y que siempre ha actuado conforme a la ley. Valoró como sus aportes, en su paso por el Ministerio Público, la creación del Departamento de Protección a la Mujer y las Oficinas de Fiscales en la Policía. Su gestión se basó en la tecnificación y transparentación de los procesos judiciales.
“En cada estamento, que pregunten, sea en el Ministerio Público, sea en el Congreso de la República, sea en la municipalidad, no hay una acción de la que pueda arrepentirme y que se haya hecho contraria a las normas a la ética y a la ley”, manifestó.
De sus años a la cabeza de la Cámara Baja, resaltó que cada iniciativa legislativa que se aprobaba fue producto del consenso de los sectores interesados y de la sociedad. “De 2010 a 2016 nunca hubo un sobresalto sobre un proyecto de ley en el que las partes no fueran escuchadas”, expresó el candidato al hacer una crítica al sistema actual.
A poco más de un mes para las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo, Abel Martínez explicó de forma resumida su plan de gobierno. La propuesta del aspirante opositor se sintetiza en tres ejes fundamentales que buscan mejorar la situación nacional frente a distintos problemas sociales. Mejorar el poder adquisitivo de la gente, garantizar orden y seguridad ciudadana y asegurar la calidad de los servicios públicos, conforman la impronta que dejaría una administración encabezada por el alcalde de la Ciudad Corazón.
Dieciséis feminicidios consumados y ocho intentos documentados entre enero y finales de marzo de este año. Un promedio de cinco mujeres muertas cada mes, y dos libradas de la misma suerte por el azar, ante los ojos entornados de una sociedad que, según las encuestas de opinión, sitúan el feminicidio y la violencia de género en uno de los últimos lugares en la lista de problemas nacionales.
Llueve sobre mojado recordar a la sociedad su indolencia y a los medios el tratamiento superfluo de un fenómeno que atañe a la política democrática y al proceso, siempre inacabado, de humanización. Nada parece conmover la conciencia de esta colectividad indiferente a la debilidad manifiesta de su convivencia y ajena al perjuicio que esta provoca a los derechos que la Constitución consagra a hombres y mujeres.
Quince mujeres muertas por sus parejas o exparejas (la decimosexta fue una niña), y ocho salvada por puro milagro en apenas tres meses, no son hechos aislados. Hablan de una ideología que legitima la violencia de los hombres contra las mujeres, de cuyas vidas se sienten propietarios. No actuar para desarraigarla de la cultura social es alimentar el caldo de cultivo en que se reproduce.
La niña víctima tenía apenas dos años. La violó brutalmente la pareja de su madre. Podría interpretarse, de entrada, como violencia vicaria, pero no lo fue. El feminicida-infanticida no confesó el hecho; por el contrario, permaneció en la casa como si nada hubiera pasado y, muy probablemente, para él su crimen quedaría impune. Pero la bebé murió y los médicos constataron la causa. Aunque después lo pretendiera, en un intento de justificarse, su acto no buscó dañar a la madre –aunque lo haría de manera irreparable– sino satisfacer el instinto sexual depredador. El cuerpo femenino, adulto o infantil, como instrumento del poder masculino.
Mientras el Estado no asuma de manera responsable, sin medias tintas y parches coyunturales, enfrentar la desigualdad de género que propicia la violencia contra las mujeres y las niñas, lo que pasa por trabajar por un cambio de cultura social, los feminicidios y la violencia sexual continuarán desmintiendo los discursos.
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Tenía 29 años. Era cabo de la Policía Nacional adscrita a la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi). La mató a balazos su pareja, también miembro de la Policía. Tras recibir el primer disparo, ella salió corriendo de la habitación compartida tratando de escapar a la muerte. Fue en vano. El feminicida la persiguió y le disparó repetidas veces. Todas las notas periodísticas afirnan que el feminicidio ocurrió en medio de una “acalorada discusión”, pese a que no se citan testigos. Ocurrió el 2 de enero en el sector Los Cayucos, Mao, provincia Valverde.
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Tenía 53 años. La estranguló un hombre, deportado de los Estados Unidos, con el que, al parecer, mantenía una relación no formal. El cadáver fue encontrado en la casa del perpetrador. Al ser detenido, el feminicida declaró que cometió el crimen en medio de una pelea. Ocurrió el 2 de enero en el sector Villa Rosa, La Vega.
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Tenía 34 años. Murió tres días después de ser baleada por su pareja delante de su hija de doce años la noche del 31 de diciembre, en su casa del sector Los Mina, en Santo Domingo Este. El feminicida tenía una orden de alejamiento. Cuatro hijos, incluyendo la testigo del feminicidio, quedan en la orfandad. Quienes la conocieron resaltan su amabilidad. Miembro de una Iglesia de denominación cristiana, había estado la noche de su muerte participando en un culto religioso. A mediados de enero, el feminicida permenecía prófugo. El deceso ocurrió el 3 de enero en el Hospital Darío Contreras.
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Tenía 30 años. Su cuerpo semidesnudo fue encontrado entre unos matorrales al lado de un arroyo. Murió ahorcada. Había salido de su casa la noche anterior al hallazgo de su cadáver a realizar compras en un colmado. Por su muerte fue apresado un hombre cuya relación con ella no mencionan los medios. Ell vocero policial en la Regional Norte informó que, tras depurar al feminicida, se encontró que había sido fichado por la Policía en el 2008 acusado de violencia de género. Ocurrió el 7 de enero en Tamboril, Santiago.
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Tenía 25 años. La mató de dos balazos su expareja, de quien se había separado tres meses antes. Para cometer el crimen, el feminicida penetró a la casa de su víctima rompiendo una puerta. Ella no pudo huír, aunque lo intentó. «Estaban separados y él la fastidiaba. Yo le decía que lo sometiera a la fiscalía”, reveló el padre, pero nunca se decidió a hacerlo. El feminicida se suicidó. Ocurrió el 8 de enero en el sector Los Mogotes, Villa Altagracia.
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Tenía 25 años. Trabajaba en una banca de apuestas y estudiaba. Tenía una niña de seis años. La mató de numerosas estocadas su pareja cuando lo visitaba en la cárcel, donde cumplía una medida de coerción. El feminicida fabricó en la prisión el arma con la que la mató. Tras el feminicidio, grabó un video sugiriendo que, de sucederle algo, las autoridades penitenciarias serían responsables. El video se hizo viral. Familiares y amigas declararon que en varias ocasiones el feminicida la había amenazado de muerte. El 8 de febrero, el feminicida se suicidó en su celda. Ocurrió el 14 de enero en la fortaleza La Concepción, La Vega.
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Tenía 42 años. La degolló e infirió varias puñaladas su expareja mientras dormía. Según versiones de familiares, el feminicida le exigía a su víctima compartir la casa que construyeron durante sus años de convivencia, de la cual tenía llave, a lo que ella se negaba. Habían procreado dos hijas. El feminicida se suicidó en su lugar de trabajo. Ocurrió el 14 de enero en Los Cerritos de Gurabo, Santiago.
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Ni su apellido ni su edad aparecieron en la nota sobre su muerte. Tenía nacionalidad haitiana. Su pareja le destrozó la cabeza, presumiblemente utilizando un block. Una niña, de la que no se ofreció información, presenció el feminicidio. El feminicida huyó. Ocurrió el 20 de enero en Villa Carolina, Moca.
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Tenía dos años. La violó por la vulva y el ano la pareja de su madre, a consecuencia de lo cual murió. El feminicida-infanticida aprovechó estar solo con la criatura para cometer el crimen. Al regresar a la casa, la madre se percató de que la niña evacuaba profusamente y languidecía. Atribuyó la condición a que «las brujas se la estaban comiendo». La bebé llegó muerta al hospital. El feminicida «justificó» su crimen acusando a la madre de haberle sido infiel, por lo que decidió vengarse. Ocurrió el 7 de febrero en el sector Baitoíta, en Barahona.
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Tenía 51 años. La empapó con una sustancia inflamable y la incendió su expareja, contra quien en la mañana del mismo día del feminicidio había había solicitado una orden de alejamiento. De acuerdo con testigos, la víctima fue sorprendida en plena calle. Con el cuerpo en llamas, corrió en busca de auxilio, que le fue prestado por transeúntes que no pudieron evitar que sufriera quemaduras de segundo y tercer grado, a consecuencias de las cuales murió una semana después. Ocurrió el 16 de febrero en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.
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Tenía 28 años. Fue rociada con gasolina e incendiada por su pareja en la casa ocupada por ambos. Quedan en la orfandad tres niños, la más pequeña de tres meses de nacida procreada con el feminicida. Víctima de violencia de género, se negaba a denunciar al maltratador. Su madre relató que, estando embarazada, el feminicida le propinó una golpiza y debió ser atendida por amenaza de aborto. Con quemaduras de tercer grado en un 40 % del cuerpo, falleció ocho días despues. Ocurrió el 20 de febrero en el sector Los Mameyes, de Santo Domingo Este.
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Tenía 23 años. Fue violada y estrangulada por dos hombres compañeros de trabajo en la empresa de zona franca Integer Holdings Corp. Su cuerpo fue lanzado a la alcantarilla de una de las naves del local empresarial. Uno de sus feminicidas la acosaba; lo denunció ante el Departamento de Recursos Humanos sin ser tomada en cuenta. La joven, que aspiraba a ser azafata, no atendió los reclamos de su madre de renunciar al trabajo porque, repetía, necesitaba el dinero para poder pagar los estudios y contribuir con el alquiler de la casa donde vivía junto a su familia. Ocurrió el 20 de febrero en Santo Domingo Este.
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Tenía 22 años. La mató de varios disparos su pareja en la casa que compartían. El feminicida se suicidó. Casi la totalidad de los titulares destacó la diferencia de edad entre la víctima y su victimario, y la naturaleza extramarital de la relación. Ocurrió el 10 de marzo en el barrio Invi, de Puerto Plata.
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Tenía 24 años. La mató a cuchilladas su pareja, con la que tenía dos años conviviendo. La víctima trató de defenderse corriendo hacia el baño de la vivienda, hasta donde la persiguió el feminicida, quien simuló un intento de suicidio. Pocos días después, los policías a cargo de su custodia lo llevaron al Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini, en la provincia Santo Domingo, sin que antes fuera expedida una orden judicial de traslado, lo que fue interpretado como un ardid para hacer creer que padece desequilibrio mental. En la foto más difundida por los medios, ella aparece junto a su feminicida con birrete y un diploma en la mano. Ocurrrió el 22 de marzo en el sector Venecia, en Jarabacoa, La Vega.
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Tenía 38 años. La mató a puñaladas su pareja, quien también golpeó en la cabeza a una hija común de dos años. Al oir los gritos de la víctima, algunos vecinos trataron de intervenir para salvarla, pero el feminicida los atacó con el cuchillo, que también puso en el cuello de otro menor, amenazando con dañarlo si intentaban auxiliar a la madre. El feminicida resultó herido de bala en un brazo cuando cuando miembros de la policía se personaron en el lugar para apresarlo. Ocurrió el 28 de marzo en el barrio Pueblo Nuevo, Villa Duarte, Santo Domingo Este.
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Tenía 32 años. La estranguló mientras dormía y luego la acuchilló su expareja. Tres hijos quedan en la orfandad, uno de los cuales, de 13 años, intentó sucidarse cuando se enteró de que su madre había sido asesinada. Hacía dos meses que la víctima había dado por terminada la relación, pese a lo cual el feminicida continuaba viviendo en la misma casa. Ocurrió el 29 de marzo en Sánchez, Samaná.
María Nelis González fue herida en la cabeza y Leidi María Lora, expareja del feminicida frustrado, varios machetazos en diversas partes del cuerpo. En reiteradas ocasiones, él había amenazado con matarla. Ocurrió el 3 de enero en Sabana del Río, en la provincia Sánchez Ramírez.
Rofelia Cabrera Felix, quien trabaja como conserje en una escuela primaria, recibió heridas de machete que le infirió su expareja, quien entró a su lugar de trabajo con la intención de matarla. Ella lo había abandonado meses antes al enterarse que tiene una amante. Ocurrió el 15 de enero en San Cristóbal.
Elaine Cordero, de 31 años, fue golpeada con un palo y acuchillada varias veces por su pareja, quedando en estado delicado. Según el diagnóstico, la víctima resultó con los dos brazos rotos, una pierna fracturada, heridas en la frente, moretones en el cuello y golpes por todo el cuerpo. Ocurrió el 18 de enero en el sector Las Colina, Santiago.
Altagracia Laffle, de 39 años, fue atacada con un cuchillo por su pareja. En el 2008, el hombre mató a martillazos a su entonces esposa, feminicidio por el que fue condenado a 20 años. Cumplida la mitad de la condena, fue puesto en libertad. Tras intentar matar a Laffle se dio a la fuga, pero constantemnete la llama por teléfono para amanazarla. Ocurrió el 26 de enero en la comunidad de Vista Verde, Puerto Plata.
Wendy Hidalgo, de 29 años, fue herida de un disparo por su expareja. El hombre, que se suicidó, mató a un joven que la acompañaba. Ocurrió el 13 de febrero en el sector Los Garajes.
Cindy Hilario, de 24 años, recibió un disparo en el rostro que le hizo su expareja, cuando ella llegaba a su local de trabajo, una empresa aseguradora. Ocurrió el 4 de marzo en Santiago.
Anny Gabriela Rosario Beltré, de 28 años, fue herida de varias puñaladas por su expareja, quien ingresó al recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) donde ella estudia. Estuvieron casados durante once años y al momento del intento de feminicidio llevaban tres meses separados. Ocurrió el 8 de marzo en Barahona.
Miguelina Muñoz, de 29 años, fue herida de bala por su expareja, con quien procreó tres hijos. La bala le afecto uno de los pulmones. Ocurrió el 25 de marzo en la comunidad La Capitalista, en el municipio de Castañuela, Monte Cristi.
Con la sentencia dada a conocer la semana pasada contra el exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz, éste se convierte en el primer legislador dominicano condenado por el delito de narcotráfico.
La decisión del juez Roy Altman, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, condena a Gutiérrez Díaz a 192 meses de prisión, unos 16 años, por encontrarlo culpable de dos cargos. El primero, conspirar para distribuir sustancia controladas (cocaína) “sabiendo, con la intención y teniendo motivos razonables para creer que sería importada a los Estados Unidos”. Y el segundo: conspiración para cometer lavado de dinero.
La pena conlleva 192 meses por cada delito, aunque se cumplen de manera concurrente, según lo especificado en la sentencia, dictada el pasado 3 de abril de este 2024.
Cuando cumpla ese tiempo, entraría en un proceso condicional de libertad supervisada por un período de cinco años.
Gutiérrez Díaz fue detenido en mayo de 2021, apenas un año de ser electo diputado por la ciudad de Santiago de los Caballeros, por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La información que sirvió entonces la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) indicaba que la detención, producida en el aeropuerto de Miami, se hacía con una orden de arresto de los Estados Unidos por asuntos de tráfico internacional de drogas. También que el operativo había sido realizado por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida en coordinación con la DNCD y la Procuraduría General de la República.
En diciembre de 2023, mediante un acuerdo con la fiscalía del Sur de Florida, el legislador aceptó que entre 2014 y 2020 transportó cocaína a Estados Unidos desde República Dominicana y Colombia.
Admitió entonces haber distribuido más de 5,000 kilogramos de “una mezcla que contenía cocaína” pese a saber que era una sustancia controlada y que violaría las leyes de Estados Unidos.
Tras el arresto, seguido de la detención de otras tres personas en Estados Unidos, incluido un hermano del legislador, la Cámara de Diputados mantuvo por más de dos años vacía esa curul, pero en septiembre del año pasado acogió la renuncia que un mes antes le presentó el exdiputado.
Mientras en Estados Unidos le investigaban por narcotráfico, en Santiago al hombre se le reconocía como un destacado empresario del área inmobiliaria y de la construcción. Figuraba como propietario de las empresas Constructora Gutiérrez Díaz SRL, Inmobiliaria La Hacienda, Migudi Inversiones SRL y de MAGD Corp, todas con oficinas en la plaza Haché, de esa ciudad. También dirigía la fundación Red de Servicio Social, mediante la cual patrocinaba actividades deportivas, culturales, de salud y medioambiente.
De dólares le serán decomisados al exlegislador condenado en Estados Unidos.
Kilogramos de droga habría distribuido Miguel Gutiérrez .
Con la sentencia del jueves pasado, Gutiérrez Díaz queda ahora bajo la custodia de la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos, a la que el juez Altman ha recomendado recluirlo en una instalación lo más cerca posible del sur de Florida o en la misma instalación que su hermano, Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, en Yazoo City Medium FCI, en el Distrito Sur de Mississippi.
El juez también ordenó el decomiso de bienes al exdiputado por valor de 2,171,000 dólares, que serían un pendiente de los 13.5 millones que el exlegislador aceptó entregar al gobierno de Estados Unidos por la comisión de los hechos imputados.
Según el acuerdo al que arribó con la fiscalía, el decomiso de dinero abarca 7.5 millones de dólares por el cargo de narcotráfico y otros 6.0 millones por lavado de activos.
Al exlegislador también le serán decomisados un Rolex Cellini Moonphace (valorado en 1.7 millones de pesos), un Pink Rolex Sky Dweller (que puede costar hasta 2.4 millones de pesos), una cadena de eslabones en oro de 14 quilates.
También incautarán unos 369,965.52 dólares mantenidos en la Cuenta Fiduciaria de Akrivis Law por el demandado representando los fondos excedentes de la ejecución hipotecaria de bienes de una propiedad ubicada en 9443 SW 123rd Terrace, Miami, Florida 33176.
Como parte de la acusación contra Miguel Gutiérrez Díaz, la fiscalía indicó que la droga que distribuyó era escondida en cajas de cartón que luego se utilizaban para transportar productos en contenedores con destino a Miami.“A la llegada de los contenedores, se retiraban las cajas de productos, se desechaban los productos y se entregaba la cocaína retirada de las solapas de las cajas”, agrega el documento sobre el método de ocultación para el envío de la sustancia desde la República Dominicana.Señala que el papel de Gutiérrez Díaz era “obtener la cocaína de fuentes de suministro en República Dominicana e invertir en los cargamentos que se importaban a Estados Unidos”.
República Dominicana se prepara para el próximo 19 de mayo celebrar las elecciones presidenciales y congresuales, que serán el certamen electoral número 30 organizado por la Junta Central Electoral (JCE), que inauguró el primero en 1924.
En ese entonces, solo fueron convocados 103,281 votantes. Mucho ha cambiado y avanzado el país en varios aspectos. Para ahora serán 8.1 millones los votantes. En el caso de las mujeres, estas pasaron de ser excluidas en las primeras elecciones a figuras claves, al punto de que los partidos están obligados a darles roles protagónicos en busca de lograr la mayor cuota electoral,
Los principales partidos mayoritarios han integrado mujeres de diferentes arraigos sociales y profesionales a las candidaturas vicepresidenciales. Fue Milagros Ortiz Bosch, formada en las lides políticas desde joven, quién estrenó el cargo en el 2000, cuando acompañó a Hipólito Mejía. Le han seguido Margarita Cedeño, quien inició su carrera en el ámbito político como Primera Dama, en el gobierno de Leonel Fernández (2004-2012) y acompañó a Danilo Medina desde el 2012 al 2020, y Raquel Peña, prestigiosa empresaria santiaguera, desde el 2020 al 2024.
Luis Abinader ha vuelto a seleccionar a Peña con el objetivo de buscar emular la fórmula ganadora, el 19 de mayo. Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo probarán suerte con Ingrid Mendoza, viuda de Reinaldo Pared Pérez, y abogada de una respetada firma de abogados, mientras que Abel Martínez irá con la exviceministra de la Presidencia, Zoraima Cuello, quien impulsó la estrategia de gobierno digital del último período de Medina.
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Raquel Peña
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Zoraima Cuello
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Ingrid Mendoza
Cuando en 1934 se formalizó el voto femenino, fueron 96,247 dominicanas a las urnas, según archivos la JCE. Para el 19 de mayo del 2024, serán 4.1 millones (51 %) de mujeres convocadas a las urnas. Es decir, que si estuvieran reunidas en una organización aparte se fueran en primera vuelta con el 50+1. Los hombres son 3.4 millones (49 %) del padrón.
De manera general, se escogerán 264 cargos políticos, entre las presidenciales y congresuales.
Organizaciones minoritarias también llevarán figuras femeninas como en la boleta vicepresidencial.
El candidato de Generación de Servidores (GenS), Carlos Peña, escogió a la comunicadora Nikauly de la Mota. Conocida como conductora y productora de la televisión, durante la gestión de Danilo Medina, fue diplomática de la República Dominicana en México y coordinadora general de los Institutos de Dominicanos en el Exterior (Index).
Es autora de dos libros de autoayuda y tiene dos programas en la actualidad.
Fulgencio Severino, candidato de Patria para Todos, seleccionó a Francisca Peguero como compañera de boleta. Esta es expresidenta de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen).
Con la sentencia dada a conocer la semana pasada contra el exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz, éste se convierte en el primer legislador dominicano condenado por el delito de narcotráfico.
La decisión del juez Roy Altman, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, condena a Gutiérrez Díaz a 192 meses de prisión, unos 16 años, por encontrarlo culpable de dos cargos. El primero, conspirar para distribuir sustancia controladas (cocaína) “sabiendo, con la intención y teniendo motivos razonables para creer que sería importada a los Estados Unidos”. Y el segundo: conspiración para cometer lavado de dinero.
La pena conlleva 192 meses por cada delito, aunque se cumplen de manera concurrente, según lo especificado en la sentencia, dictada el pasado 3 de abril de este 2024.
Cuando cumpla ese tiempo, entraría en un proceso condicional de libertad supervisada por un período de cinco años.
Gutiérrez Díaz fue detenido en mayo de 2021, apenas un año de ser electo diputado por la ciudad de Santiago de los Caballeros, por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La información que sirvió entonces la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) indicaba que la detención, producida en el aeropuerto de Miami, se hacía con una orden de arresto de los Estados Unidos por asuntos de tráfico internacional de drogas. También que el operativo había sido realizado por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida en coordinación con la DNCD y la Procuraduría General de la República.
En diciembre de 2023, mediante un acuerdo con la fiscalía del Sur de Florida, el legislador aceptó que entre 2014 y 2020 transportó cocaína a Estados Unidos desde República Dominicana y Colombia.
Admitió entonces haber distribuido más de 5,000 kilogramos de “una mezcla que contenía cocaína” pese a saber que era una sustancia controlada y que violaría las leyes de Estados Unidos.
Tras el arresto, seguido de la detención de otras tres personas en Estados Unidos, incluido un hermano del legislador, la Cámara de Diputados mantuvo por más de dos años vacía esa curul, pero en septiembre del año pasado acogió la renuncia que un mes antes le presentó el exdiputado.
Mientras en Estados Unidos le investigaban por narcotráfico, en Santiago al hombre se le reconocía como un destacado empresario del área inmobiliaria y de la construcción. Figuraba como propietario de las empresas Constructora Gutiérrez Díaz SRL, Inmobiliaria La Hacienda, Migudi Inversiones SRL y de MAGD Corp, todas con oficinas en la plaza Haché, de esa ciudad. También dirigía la fundación Red de Servicio Social, mediante la cual patrocinaba actividades deportivas, culturales, de salud y medioambiente.
De dólares le serán decomisados al exlegislador condenado en Estados Unidos.
Kilogramos de droga habría distribuido Miguel Gutiérrez .
Con la sentencia del jueves pasado, Gutiérrez Díaz queda ahora bajo la custodia de la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos, a la que el juez Altman ha recomendado recluirlo en una instalación lo más cerca posible del sur de Florida o en la misma instalación que su hermano, Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, en Yazoo City Medium FCI, en el Distrito Sur de Mississippi.
El juez también ordenó el decomiso de bienes al exdiputado por valor de 2,171,000 dólares, que serían un pendiente de los 13.5 millones que el exlegislador aceptó entregar al gobierno de Estados Unidos por la comisión de los hechos imputados.
Según el acuerdo al que arribó con la fiscalía, el decomiso de dinero abarca 7.5 millones de dólares por el cargo de narcotráfico y otros 6.0 millones por lavado de activos.
Al exlegislador también le serán decomisados un Rolex Cellini Moonphace (valorado en 1.7 millones de pesos), un Pink Rolex Sky Dweller (que puede costar hasta 2.4 millones de pesos), una cadena de eslabones en oro de 14 quilates.
También incautarán unos 369,965.52 dólares mantenidos en la Cuenta Fiduciaria de Akrivis Law por el demandado representando los fondos excedentes de la ejecución hipotecaria de bienes de una propiedad ubicada en 9443 SW 123rd Terrace, Miami, Florida 33176.
Como parte de la acusación contra Miguel Gutiérrez Díaz, la fiscalía indicó que la droga que distribuyó era escondida en cajas de cartón que luego se utilizaban para transportar productos en contenedores con destino a Miami.“A la llegada de los contenedores, se retiraban las cajas de productos, se desechaban los productos y se entregaba la cocaína retirada de las solapas de las cajas”, agrega el documento sobre el método de ocultación para el envío de la sustancia desde la República Dominicana.Señala que el papel de Gutiérrez Díaz era “obtener la cocaína de fuentes de suministro en República Dominicana e invertir en los cargamentos que se importaban a Estados Unidos”.
Dieciséis feminicidios consumados y ocho intentos documentados entre enero y finales de marzo de este año. Un promedio de cinco mujeres muertas cada mes, y dos libradas de la misma suerte por el azar, ante los ojos entornados de una sociedad que, según las encuestas de opinión, sitúan el feminicidio y la violencia de género en uno de los últimos lugares en la lista de problemas nacionales.
Llueve sobre mojado recordar a la sociedad su indolencia y a los medios el tratamiento superfluo de un fenómeno que atañe a la política democrática y al proceso, siempre inacabado, de humanización. Nada parece conmover la conciencia de esta colectividad indiferente a la debilidad manifiesta de su convivencia y ajena al perjuicio que esta provoca a los derechos que la Constitución consagra a hombres y mujeres.
Quince mujeres muertas por sus parejas o exparejas (la decimosexta fue una niña), y ocho salvada por puro milagro en apenas tres meses, no son hechos aislados. Hablan de una ideología que legitima la violencia de los hombres contra las mujeres, de cuyas vidas se sienten propietarios. No actuar para desarraigarla de la cultura social es alimentar el caldo de cultivo en que se reproduce.
La niña víctima tenía apenas dos años. La violó brutalmente la pareja de su madre. Podría interpretarse, de entrada, como violencia vicaria, pero no lo fue. El feminicida-infanticida no confesó el hecho; por el contrario, permaneció en la casa como si nada hubiera pasado y, muy probablemente, para él su crimen quedaría impune. Pero la bebé murió y los médicos constataron la causa. Aunque después lo pretendiera, en un intento de justificarse, su acto no buscó dañar a la madre –aunque lo haría de manera irreparable– sino satisfacer el instinto sexual depredador. El cuerpo femenino, adulto o infantil, como instrumento del poder masculino.
Mientras el Estado no asuma de manera responsable, sin medias tintas y parches coyunturales, enfrentar la desigualdad de género que propicia la violencia contra las mujeres y las niñas, lo que pasa por trabajar por un cambio de cultura social, los feminicidios y la violencia sexual continuarán desmintiendo los discursos.
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Tenía 29 años. Era cabo de la Policía Nacional adscrita a la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi). La mató a balazos su pareja, también miembro de la Policía. Tras recibir el primer disparo, ella salió corriendo de la habitación compartida tratando de escapar a la muerte. Fue en vano. El feminicida la persiguió y le disparó repetidas veces. Todas las notas periodísticas afirnan que el feminicidio ocurrió en medio de una “acalorada discusión”, pese a que no se citan testigos. Ocurrió el 2 de enero en el sector Los Cayucos, Mao, provincia Valverde.
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Tenía 53 años. La estranguló un hombre, deportado de los Estados Unidos, con el que, al parecer, mantenía una relación no formal. El cadáver fue encontrado en la casa del perpetrador. Al ser detenido, el feminicida declaró que cometió el crimen en medio de una pelea. Ocurrió el 2 de enero en el sector Villa Rosa, La Vega.
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Tenía 34 años. Murió tres días después de ser baleada por su pareja delante de su hija de doce años la noche del 31 de diciembre, en su casa del sector Los Mina, en Santo Domingo Este. El feminicida tenía una orden de alejamiento. Cuatro hijos, incluyendo la testigo del feminicidio, quedan en la orfandad. Quienes la conocieron resaltan su amabilidad. Miembro de una Iglesia de denominación cristiana, había estado la noche de su muerte participando en un culto religioso. A mediados de enero, el feminicida permenecía prófugo. El deceso ocurrió el 3 de enero en el Hospital Darío Contreras.
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Tenía 30 años. Su cuerpo semidesnudo fue encontrado entre unos matorrales al lado de un arroyo. Murió ahorcada. Había salido de su casa la noche anterior al hallazgo de su cadáver a realizar compras en un colmado. Por su muerte fue apresado un hombre cuya relación con ella no mencionan los medios. Ell vocero policial en la Regional Norte informó que, tras depurar al feminicida, se encontró que había sido fichado por la Policía en el 2008 acusado de violencia de género. Ocurrió el 7 de enero en Tamboril, Santiago.
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Tenía 25 años. La mató de dos balazos su expareja, de quien se había separado tres meses antes. Para cometer el crimen, el feminicida penetró a la casa de su víctima rompiendo una puerta. Ella no pudo huír, aunque lo intentó. «Estaban separados y él la fastidiaba. Yo le decía que lo sometiera a la fiscalía”, reveló el padre, pero nunca se decidió a hacerlo. El feminicida se suicidó. Ocurrió el 8 de enero en el sector Los Mogotes, Villa Altagracia.
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Tenía 25 años. Trabajaba en una banca de apuestas y estudiaba. Tenía una niña de seis años. La mató de numerosas estocadas su pareja cuando lo visitaba en la cárcel, donde cumplía una medida de coerción. El feminicida fabricó en la prisión el arma con la que la mató. Tras el feminicidio, grabó un video sugiriendo que, de sucederle algo, las autoridades penitenciarias serían responsables. El video se hizo viral. Familiares y amigas declararon que en varias ocasiones el feminicida la había amenazado de muerte. El 8 de febrero, el feminicida se suicidó en su celda. Ocurrió el 14 de enero en la fortaleza La Concepción, La Vega.
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Tenía 42 años. La degolló e infirió varias puñaladas su expareja mientras dormía. Según versiones de familiares, el feminicida le exigía a su víctima compartir la casa que construyeron durante sus años de convivencia, de la cual tenía llave, a lo que ella se negaba. Habían procreado dos hijas. El feminicida se suicidó en su lugar de trabajo. Ocurrió el 14 de enero en Los Cerritos de Gurabo, Santiago.
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Ni su apellido ni su edad aparecieron en la nota sobre su muerte. Tenía nacionalidad haitiana. Su pareja le destrozó la cabeza, presumiblemente utilizando un block. Una niña, de la que no se ofreció información, presenció el feminicidio. El feminicida huyó. Ocurrió el 20 de enero en Villa Carolina, Moca.
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Tenía dos años. La violó por la vulva y el ano la pareja de su madre, a consecuencia de lo cual murió. El feminicida-infanticida aprovechó estar solo con la criatura para cometer el crimen. Al regresar a la casa, la madre se percató de que la niña evacuaba profusamente y languidecía. Atribuyó la condición a que «las brujas se la estaban comiendo». La bebé llegó muerta al hospital. El feminicida «justificó» su crimen acusando a la madre de haberle sido infiel, por lo que decidió vengarse. Ocurrió el 7 de febrero en el sector Baitoíta, en Barahona.
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Tenía 51 años. La empapó con una sustancia inflamable y la incendió su expareja, contra quien en la mañana del mismo día del feminicidio había había solicitado una orden de alejamiento. De acuerdo con testigos, la víctima fue sorprendida en plena calle. Con el cuerpo en llamas, corrió en busca de auxilio, que le fue prestado por transeúntes que no pudieron evitar que sufriera quemaduras de segundo y tercer grado, a consecuencias de las cuales murió una semana después. Ocurrió el 16 de febrero en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.
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Tenía 28 años. Fue rociada con gasolina e incendiada por su pareja en la casa ocupada por ambos. Quedan en la orfandad tres niños, la más pequeña de tres meses de nacida procreada con el feminicida. Víctima de violencia de género, se negaba a denunciar al maltratador. Su madre relató que, estando embarazada, el feminicida le propinó una golpiza y debió ser atendida por amenaza de aborto. Con quemaduras de tercer grado en un 40 % del cuerpo, falleció ocho días despues. Ocurrió el 20 de febrero en el sector Los Mameyes, de Santo Domingo Este.
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Tenía 23 años. Fue violada y estrangulada por dos hombres compañeros de trabajo en la empresa de zona franca Integer Holdings Corp. Su cuerpo fue lanzado a la alcantarilla de una de las naves del local empresarial. Uno de sus feminicidas la acosaba; lo denunció ante el Departamento de Recursos Humanos sin ser tomada en cuenta. La joven, que aspiraba a ser azafata, no atendió los reclamos de su madre de renunciar al trabajo porque, repetía, necesitaba el dinero para poder pagar los estudios y contribuir con el alquiler de la casa donde vivía junto a su familia. Ocurrió el 20 de febrero en Santo Domingo Este.
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Tenía 22 años. La mató de varios disparos su pareja en la casa que compartían. El feminicida se suicidó. Casi la totalidad de los titulares destacó la diferencia de edad entre la víctima y su victimario, y la naturaleza extramarital de la relación. Ocurrió el 10 de marzo en el barrio Invi, de Puerto Plata.
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Tenía 24 años. La mató a cuchilladas su pareja, con la que tenía dos años conviviendo. La víctima trató de defenderse corriendo hacia el baño de la vivienda, hasta donde la persiguió el feminicida, quien simuló un intento de suicidio. Pocos días después, los policías a cargo de su custodia lo llevaron al Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini, en la provincia Santo Domingo, sin que antes fuera expedida una orden judicial de traslado, lo que fue interpretado como un ardid para hacer creer que padece desequilibrio mental. En la foto más difundida por los medios, ella aparece junto a su feminicida con birrete y un diploma en la mano. Ocurrrió el 22 de marzo en el sector Venecia, en Jarabacoa, La Vega.
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Tenía 38 años. La mató a puñaladas su pareja, quien también golpeó en la cabeza a una hija común de dos años. Al oir los gritos de la víctima, algunos vecinos trataron de intervenir para salvarla, pero el feminicida los atacó con el cuchillo, que también puso en el cuello de otro menor, amenazando con dañarlo si intentaban auxiliar a la madre. El feminicida resultó herido de bala en un brazo cuando cuando miembros de la policía se personaron en el lugar para apresarlo. Ocurrió el 28 de marzo en el barrio Pueblo Nuevo, Villa Duarte, Santo Domingo Este.
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Tenía 32 años. La estranguló mientras dormía y luego la acuchilló su expareja. Tres hijos quedan en la orfandad, uno de los cuales, de 13 años, intentó sucidarse cuando se enteró de que su madre había sido asesinada. Hacía dos meses que la víctima había dado por terminada la relación, pese a lo cual el feminicida continuaba viviendo en la misma casa. Ocurrió el 29 de marzo en Sánchez, Samaná.
María Nelis González fue herida en la cabeza y Leidi María Lora, expareja del feminicida frustrado, varios machetazos en diversas partes del cuerpo. En reiteradas ocasiones, él había amenazado con matarla. Ocurrió el 3 de enero en Sabana del Río, en la provincia Sánchez Ramírez.
Rofelia Cabrera Felix, quien trabaja como conserje en una escuela primaria, recibió heridas de machete que le infirió su expareja, quien entró a su lugar de trabajo con la intención de matarla. Ella lo había abandonado meses antes al enterarse que tiene una amante. Ocurrió el 15 de enero en San Cristóbal.
Elaine Cordero, de 31 años, fue golpeada con un palo y acuchillada varias veces por su pareja, quedando en estado delicado. Según el diagnóstico, la víctima resultó con los dos brazos rotos, una pierna fracturada, heridas en la frente, moretones en el cuello y golpes por todo el cuerpo. Ocurrió el 18 de enero en el sector Las Colina, Santiago.
Altagracia Laffle, de 39 años, fue atacada con un cuchillo por su pareja. En el 2008, el hombre mató a martillazos a su entonces esposa, feminicidio por el que fue condenado a 20 años. Cumplida la mitad de la condena, fue puesto en libertad. Tras intentar matar a Laffle se dio a la fuga, pero constantemnete la llama por teléfono para amanazarla. Ocurrió el 26 de enero en la comunidad de Vista Verde, Puerto Plata.
Wendy Hidalgo, de 29 años, fue herida de un disparo por su expareja. El hombre, que se suicidó, mató a un joven que la acompañaba. Ocurrió el 13 de febrero en el sector Los Garajes.
Cindy Hilario, de 24 años, recibió un disparo en el rostro que le hizo su expareja, cuando ella llegaba a su local de trabajo, una empresa aseguradora. Ocurrió el 4 de marzo en Santiago.
Anny Gabriela Rosario Beltré, de 28 años, fue herida de varias puñaladas por su expareja, quien ingresó al recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) donde ella estudia. Estuvieron casados durante once años y al momento del intento de feminicidio llevaban tres meses separados. Ocurrió el 8 de marzo en Barahona.
Miguelina Muñoz, de 29 años, fue herida de bala por su expareja, con quien procreó tres hijos. La bala le afecto uno de los pulmones. Ocurrió el 25 de marzo en la comunidad La Capitalista, en el municipio de Castañuela, Monte Cristi.
En 1997 fue fiscal adjunto del Distrito Nacional y dos años después lo promovieron a fiscal titular de Santiago; en 2002 fue electo como diputado, curul que mantuvo por 14 años, de los cuales durante seis ostentó el título de presidente de esa cámara para luego ocupar la posición que mantiene como alcalde de la Ciudad Corazón por dos períodos.
Abel Martínez es un dirigente político de una respetada trayectoria en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a pesar de esto, en su participación en el reciente almuerzo de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), decidió abrirse frente al empresariado y recordar sus principales hazañas en el tren gubernamental.
Para Martínez, su sello al frente de estas instituciones ha sido la coherencia y honradez. “En 24 años como servidor público, en todas las funciones que he desempeñado, no he sido partícipe de una conversación deshonesta”, expresó.
Luego de cuatro años donde los principales perseguidos de la justicia dominicana por casos de corrupción administrativa han sido altos miembros de la mencionada tolda opositora o exfuncionarios del Gobierno de Danilo Medina (2016-2020), el edil resalta su firme voluntad en el rechazo a la comisión de delitos de cuello blanco y actividades ilícitas en sentido general.
“Sí, es cierto, se han cometido errores. En el PLD y en todos los partidos, y yo nunca voy a apoyar eso ni lo voy a justificar, pueden estar seguros. Quien se pruebe que ha actuado de forma irresponsable debe responder por sus actos ante la justicia, sea del partido que sea”, expresó al referirse a las debilidades de la clase política.
Martínez aseguró que el problema de la corrupción trasciende las banderías partidarias y que los gobiernos a través de la historia han tenido el discurso de combatirla, sin propuestas concretas.
El santiaguero de 51 años, que compite por la Presidencia de la República, cita entre sus principales fortalezas que es una persona que cumple sus promesas y que siempre ha actuado conforme a la ley. Valoró como sus aportes, en su paso por el Ministerio Público, la creación del Departamento de Protección a la Mujer y las Oficinas de Fiscales en la Policía. Su gestión se basó en la tecnificación y transparentación de los procesos judiciales.
“En cada estamento, que pregunten, sea en el Ministerio Público, sea en el Congreso de la República, sea en la municipalidad, no hay una acción de la que pueda arrepentirme y que se haya hecho contraria a las normas a la ética y a la ley”, manifestó.
De sus años a la cabeza de la Cámara Baja, resaltó que cada iniciativa legislativa que se aprobaba fue producto del consenso de los sectores interesados y de la sociedad. “De 2010 a 2016 nunca hubo un sobresalto sobre un proyecto de ley en el que las partes no fueran escuchadas”, expresó el candidato al hacer una crítica al sistema actual.
A poco más de un mes para las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo, Abel Martínez explicó de forma resumida su plan de gobierno. La propuesta del aspirante opositor se sintetiza en tres ejes fundamentales que buscan mejorar la situación nacional frente a distintos problemas sociales. Mejorar el poder adquisitivo de la gente, garantizar orden y seguridad ciudadana y asegurar la calidad de los servicios públicos, conforman la impronta que dejaría una administración encabezada por el alcalde de la Ciudad Corazón.
