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Justo cuando en España bullen las informaciones sobre una nueva trama de corrupción con vertiente de supuesto blanqueo en territorio dominicano, el llamado Caso Koldo, nuevas revelaciones dan cuenta de inversiones de poderosos venezolanos de la era del chavismo en zonas turísticas, que ya supusieron que el comunicador Jaime Bayly hablase, reiteradamente, de “una Disneylandia para los ladrones chavistas”.

Omar Farías Luces, afincado en la República Dominicana durante un tiempo, es el centro de un reportaje de la unidad de investigación del diario El País, publicado el 14 de marzo pasado, con el título “Un empresario procesado por el expolio de PDVSA tiene siete pisos de lujo en Madrid”. Conocido como “el zar venezolano de los seguros”, está procesado, desde 2018, en Andorra, un minúsculo “país de 78,000 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario”, por su participación junto a una treintena de relacionados en una trama de lavado de activos y un “colosal saqueo” de US$2,000 millones de la principal empresa latinoamericana, la petrolera venezolana PDVSA.

La investigación se inició después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos diese la voz de alarma por la complicidad de Banca Privada Andorrana (BPA) para ocultar el fruto del saqueo, operado por sobreprecios escandalosos (en primas de seguros, por ejemplo), así como el cobro de comisiones y sobornos, camuflados en trabajos de asesoría.

El periódico madrileño ha tenido acceso a un informe de la investigación judicial, fechado en diciembre de 2022, que atribuye a Farías haber invertido “también 30 millones de dólares en un avión privado, un barco y dos viviendas en la República Dominicana”.

De Andorra a Playa Juanillo y Piantini

Así, se registra un abono, en 2010, de US$239,966, como parte del proyecto de construcción de Villa Any, “una vivienda de lujo en Playa Juanillo, en la urbanización Cap Cana, un oasis de arena fina y aguas turquesas situado en Punta Cana, municipio dominicano de Higüey”, señala El País.

Diario Libre ha podido saber que, en esa vivienda, construida en dos solares del complejo de una hectárea de extensión y con un valor de US$30 millones, según el sitio web TMZ de noticias de faranduleo, se alojó en las navidades de 2019 Mariah Carey, a “alrededor de US$18,000 por noche”, así como el actor Vin Diesel, en 2021. Aquello fue después de que la vivienda saltase a los diarios de medio mundo, al ser allanada en mayo de 2019 por el FBI, la Procuraduría y la DNCD, junto a otras dos villas, en busca del empresario Samark López Bello, acusado en Estados Unidos por narcotráfico y ser testaferro del entonces vicepresidente venezolano Tareck El Aisammi, por cuya captura también ofrecen una recompensa de US$10 millones. La prensa internacional atribuía a López y Aisammi haber adquirido otra villa en el complejo, La Caracola, para Nicolás Maduro.

Todo indica que Omar Farías le había alquilado la villa allanada a Samark López. Para esas fechas, Farías había dejado de acudir a la urbanización, donde tenía al menos otra propiedad, con atraque incluido, donde amarraba un barco al que se refiere la información de El País: el yate Princess Claudia II, cuya construcción encargó al astillero italiano San Lorenzo, “por 15,3 millones de dólares”, en 2010, “una embarcación de megalujo fabricada en aluminio con terrazas abatibles y una suite con capacidad para 10 huéspedes y seis tripulantes”. Otro medio de locomoción de Farías también aparece en el informe citado en El País, un avión privado Gulfstream por el que pagó US$13,1 millones, en cinco cómodos plazos, entre 2006 y 2007.

Fue la misma aeronave que se disponía a abordar para salir a toda prisa de RD, según distintos reportes periodísticos, cuando fue detenido, en agosto de 2016, por su implicación en la quiebra del Banco Peravia, usado por un grupo de venezolanos ligados al chavismo para “lavar dinero de sobornos y ganancias”, según nota de prensa del Departamento de Justicia #18/1527, de 20 de noviembre de 2018.

Fuentes dominicanas aseguran que, antes de llegar a un acuerdo con la Procuraduría para extinguir su culpa, Farías guardó arresto domiciliario en otra vivienda mencionada por El País: “un apartamento penthouse en la Torre Piantini en la calle  Porfirio Herrera, en Santo Domingo”. En la causa figura un contrato de opción de compra por US$1,8 millones y “la policía investiga una transferencia de 330.000 dólares (301.963 euros) supuestamente relacionada con esta casa”.

Cuando fue detenido, Farías Luces llevaba un año procesado en España por presunto blanqueo de capitales en el Banco Madrid. Igualmente, Seguros Constitución, empresa de su propiedad, abierta en la República Dominicana tras adquirir Sol Seguros, estaba en el punto de mira de las autoridades dominicanas. En enero de 2017, la Superintendencia de Seguros ordenó intervenirla por graves irregularidades.

El carro sale de la capilla adornado de unas vistosas flores que contrastan con lo lúgubre del momento. En su interior carga el ataúd con el cuerpo de una señora que terminó sus más de 70 años de edad con el impacto fulminante de un vehículo conducido, al parecer, por una aprendiz.

Como ocurre muchas veces en un país de espíritu migrante, la familia de la difunta alargó el velatorio a más de un día para que el resto de los parientes en el exterior pudieran llegar a despedirse del cuerpo sin vida de la señora. Antes de concluir con la sepultura al tercer día, el cadáver fue llevado a un cuarto frío en el que fue sometido a la preparación de lugar para ralentizar la descomposición.

Mientras el carro se aleja para depositar los restos de aquella mujer en su “última morada”, en la funeraria, el administrador del local se sienta a contar, lentamente, los pormenores de un negocio de servicios fúnebres que se expande a sus anchas en la República Dominicana, sin que ninguna autoridad reivindique la potestad de regularlo.

Las flores, el ataúd, el catafalco, el traslado, el cuarto frío, el velatorio y la ambulancia, todos esos servicios o solo algunos, hacen un combo que se oferta en el país por montos que van desde los RD$12,000 a los RD$250,000, según el establecimiento al que se acerque el doliente. El servicio se oferta para lo inmediato o con planes futuros de pago fraccionado para “cuando llegue el momento”.

La oferta incluye velatorios en espacios diversos, algunos amplios y confortables, otros, estrechos y… fúnebres.

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“Aquí nosotros tenemos servicios desde los 35,000 pesos en adelante. Eso cubre el ataúd, el traslado hasta acá, el servicio velatorio y, a la hora del enterramiento, un carro fúnebre y el servicio de un autobús”, comenta José Núñez (nombre ficticio, pues prefiere no ser identificado).

El monto también incluye la “preparación” del cadáver y una corona de flores.

El paquete ofrecido a la familia que acaba de salir costó RD$60,000, pues incluyó el servicio de cuarto frío que subcontrató por unos 4,000 pesos a una funeraria amiga, porque los dos salones donde opera el negocio en Santo Domingo Oeste carecen de espacio suficiente para la instalación.

Determinar el número de funerarias que existen en el país es buscar una aguja en un pajar. Los registros que tienen las alcaldías de permiso de uso de suelo para su instalación se quedan muy pequeños frente a las ofertas que se encuentran en internet o en recorridos por algunas calles.  Por ejemplo, la Dirección de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional registra apenas cuatro usos de suelo otorgados para el establecimiento de servicios fúnebres, vinculados a solo dos empresas.

Sin embargo, en una exploración en internet se cuentan unas 16 funerarias en esta zona. En recorrido por algunas vías se encuentran otras distintas. 

La situación es similar en Santo Domingo Norte. Mientras el cabildo refiere cinco funerarias que operan en el municipio, en internet se identifican al menos siete y solo dos coinciden con los nombres de las que aporta el ayuntamiento.

El cabildo señala que, de las que registra, solo una ha solicitado y se le aprobó el uso de suelo. “De las demás, a pesar de estar en funcionamiento, no han agotado el correspondiente trámite para aprobación o el mismo fue realizado anterior a la digitalización de todos nuestros archivos, lo cual fue a partir de abril de 2020”.

Al preguntar en ambos cabildos sobre el tipo de regulación que hacen a las funerarias, responden que no era su competencia. En el Ministerio de Salud Pública tampoco se supo informar a qué instancia corresponde regularlas.

En el mercado digital, las funerarias o empresas de servicios fúnebres llegan al medio centenar, evidenciando el auge de un negocio que encuentra nicho en las alrededor de 60 mil muertes que se producen en el país cada año y gracias a la pérdida de adeptos, cada vez más, a la práctica de velar a los muertos en las casas.

Pocas normas y obsoletas 

El auge en el mercado funerario, que los actores del sector lo ven como apenas el arranque de una gran expansión, se da con normas poco claras, que datan de más de 60 años y que no abarcan todas las modalidades del servicio. Una de esas legislaciones (la Ley 3529) es el Reglamento para la Policía Mortuoria, del 13 de febrero de 1958, cuando velar en una funeraria era impensable para la mayoría.

En el texto se establece la forma en cómo se debía preparar y transportar los cadáveres, previo a su enterramiento y algunas consideraciones sobre cómo debían instalarse, en los cementerios, las salas mortuorias. 

Otra norma es la Ley 214, sobre Cementerios, aprobada en marzo de 1943. La legislación plantea, entre otras cosas, que  los cabildos podrán explotar los servicios de pompas fúnebres, lo mismo que particulares, pero que estos últimos deben someterse a las reglamentaciones municipales.

En 2022 la Liga Municipal Dominicana elaboró un protocolo con los “Estándares de calidad para la gestión de cementerios y servicios fúnebres en la República Dominicana” que, entre otras cosas, categoriza los servicios y enlista las características para cada nivel.

El documento parte de que “el crecimiento poblacional ha traído como consecuencia que los servicios funerarios empiecen a ser un negocio relevante; sin embargo, no existen reglamentos oficiales que los normen”. 

Señala que la ley es obsoleta y, aun, las reglamentaciones y decretos que la actualizan no han sido revisadas desde 1977.

¿Cómo opera el negocio?

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Frente a un centro de salud en el sector Capotillo se ofrecen servicios funerarios en una pequeña edificación con techo en zinc ya oxidado.  El personal no quiso dar declaraciones a la prensa.  

En otra funeraria en Herrera, el administrador, que tampoco se identifica, muestra su catálogo de servicios, incluido, el de embalsamamiento de cadáveres. Al preguntarle si tiene alguna especialización para ello, responde que no, pero explica lo fácil del proceso. “Es cuestión de sacar el líquido del cuerpo e inyectarle formol”, resume. A la pregunta de si son supervisados por alguna autoridad, dice que pagan sus impuestos.

En Cristo Rey, un vecino se queja de las molestias que una funeraria en expansión le genera constantemente. Cuando era una pequeña capilla, no tenía mayores inconvenientes, pero ahora los clientes del negocio le ocupan la entrada al parqueo y hacen bullas. Para su sorpresa, se acaba de enterar de que la funeraria tiene un cuarto frío, del que, si bien no puede decir que le genera mayor incomodidad, cree que no debería estar tan cerca de una casa de familia.  

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“Esta industria, como cualquier otra, está entrando ya en ese proceso natural de crecer, organizarse y fiscalizarse”, comenta Fernando Arredondo, gerente general de Prebea, la empresa del Grupo Blandino, que oferta a la ciudadanía planes de previsión funerarios.

La Funeraria Blandino, pionera en el país en su ramo, con más de 93 años, lidera ese mercado con más de 35 sucursales a nivel nacional. Su equipo ejecutivo sostiene que les ha tocado casi autorregularse para brindar un servicio de calidad.

Virginia Arredondo asegura que ellos se rigen por las disposiciones dispersas de diversas normativas nacionales, como las que regulan el manejo de cadáver, la realización de autopsias o los cementerios. También observando las normas de otros países, lo que les ha permitido trabajar bajo estándares de calidad certificados por entes internacionales.

Como ejemplo cita un personal para cuarto frío y embalsamamiento que entrenan con especialistas extranjeros, dentro o fuera del país, así como la impermeabilidad y estricta restricción de acceso a esos lugares.

El lugar de la morgue o del cuarto frío lo manejan a temperaturas distintas, en función de la causa de fallecimiento y los espacios son herméticos, impermeables y con estricta restricción de acceso.

¿Gremios o seguros?

Otra de las particularidades del mercado funerario es la compra a futuro del servicio. Una modalidad son los gremios funerarios, que adquieren su nombre de la vieja práctica en que, un grupo de conocidos hacía un aporte, semanal o mensual, para cuando se le presentara el momento.  Ahora, el gremio es una empresa que maneja esos recursos, sin ninguna supervisión estatal.

Los planes los ofertan reconocidas empresas aseguradoras, pero también otras que se limitan solo al servicio funerario.

Una consultada hecha por Diario Libre pide un pago de 750 pesos al mes para asegurar a siete personas con servicio que incluye ataúd y catafalco, carro y ambulancia, lona, 50 sillas, diez libras de azúcar, cuatro paquetes de café, arroz y aceite, entre otras cosas. Otros precios se mueven entre 1,200, o 500.

El riesgo con estos “seguros” es el cumplimiento. José Núñez, quien dice llevar casi 30 años en el mercado, asegura que ha visto personas que pagan por un paquete y luego le entregan otro más económico.

Pero Manolo Trinidad, que además de la funeraria Tiempo de Paz, dirige a Funeral Assistant, especializada en planes funerarios, sostiene que trabajan mediante contratos y que son factibles de demanda si no los cumplen. 

Cree que el riesgo mayor lo corre la empresa, pues por una renta de hasta 500 pesos al mes, le aseguran el servicio a una persona que puede fallecer al poco tiempo.

“Tú lo que hace es beneficiar a ese adquiriente de un plan funerario tipo gremio para que, a partir de los tres meses, que es el periodo de espera, pueda tener los servicios funerarios. Hay personas que al cuarto mes han fallecido y la empresa tiene que invertir 75, 80 ó 100,000 pesos en un funeral, pero la persona te pagó, posiblemente 1,500 o 3,000 pesos”, comenta Trinidad, quien dice que maneja miles de contratos de sus clientes.

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Fue sometido a una intervención quirúrgica este lunes uno de los dos menores de edad que reciben atenciones médicas en la unidad de quemados Thelma Rosario, que opera en el hospital pediátrico regional universitario Arturo Grullón, de Santiago, tras sufrir quemaduras graves durante la celebración del carnaval en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

Se trata de un adolescente de 12 años de edad, quien presenta quemaduras de tercer grado en el 80% de la superficie corporal.

El proceso, que se inició a las 8:00 de la mañana de hoy, se extendió por casi tres horas.

El doctor Alexis García, director del espacio especializado para atender pacientes quemados, explicó que la intervención consistió en un procedimiento de cura por las graves lesiones que sufrió. A pesar del procedimiento, el adolescente se mantiene en un estado delicado.

«Estamos esperando que siga su nivel de estabilización para darle continuidad al tratamiento», subrayó el galeno.

Mientras que el menor de ocho años, que aún permanece ingresado en la unidad de quemados Thelma Rosario, se encuentra estable dentro de su estado delicado.

El niño recibe un proceso continuo de diálisis por el personal médico del centro.

La doctora Alicia Rivas, directora del hospital infantil Arturo Grullón, dijo que están a la espera de que ese paciente esté estable para ser operado quirúrgicamente.

Ambos menores de edad están siendo atendidos de manera continua por un equipo multidisciplinario.

Mientras que los parientes están siendo tratados por un equipo de psicólogos, tratando la parte emocional.

Pieles donadas

Hasta el momento las autoridades hospitalarias no han utilizado las pieles donadas por el Gobierno de México para ser injertadas a los afectados.

Alexis García indicó que las condiciones de los pacientes no han permitido realizar ese proceso.

La tragedia ocurrió el domingo, 10 de marzo, del corriente año, cuando el grupo de carnaval Los Toros se preparaba para su espectáculo de salida de la cueva, al encender una caja de fuegos artificiales. Una chispa hizo contacto con los trajes de papel de los macaraos y dejó como resultado hasta el momento cinco fallecidos y 13 heridos con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo.

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