La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que para mañana viernes una nueva vaguada junto al viento del noreste, provocarán aumento de la nubosidad con aguaceros dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento. Según la Onamet, esto será esencialmente sobre poblados de las regiones noreste, sureste, suroeste y la Cordillera Central, como Santiago, La Vega, […]
Dentro del redondel, las cualidades de virilidad y gallardía que algunos le atribuyen al gallo, quedan prontamente desvanecidas. En el enfrentamiento, que no pasa de 10 minutos, a ambos oponentes se les ve frágil y dar tumbos, intentando ganar una pelea que iniciaron con todo el ímpetu y arrojo que le permite su pequeño cuerpo cubierto de brillante plumaje.
Al redondel llegan huraños, metidos en una caja transparente que baja de a poco desde la parte alta del coliseo hasta el centro del espacio donde tendrá lugar la pelea. Ahí, a la vista de todos, son pesados para que tanto los apostadores y el juez de la valla puedan comprobar que se trata de una pelea justa (el animal no opina), pues son dos ejemplares de edad y peso similar.
Tras una pequeña provocación con un tercer ejemplar, los gallos se colocan a cada lado, según el color, blanco o azul, de la cinta que llevan en sus patas, y arrancan un duelo a muerte que, si tienen suerte, podrán entablar la pelea y vivir. De lo contrario, uno quedará mal herido, aunque su oponente casi siempre, también queda golpeado y ensangrentado.
Allí, entre el vocerío de los que apuestan a primer o último momento, se da solo un escalafón de un negocio que mueve pasiones, pero también una cantidad de dinero que nadie se atreve siquiera a estimar. Ser gallero en República Dominicana abarca desde la crianza hasta la exportación de ejemplares a precios variados que pueden llegar a los 25,000 dólares.
El costo de entrada o silla en una gallera puede ser desde 500 a 5,000 pesos, según la categoría.
El Coliseo Gallístico de Santo Domingo Alberto Bonetti Burgos, a donde el equipo de Diario Libre acudió un miércoles de abril, los precios van desde 4,000 a 5,000 por asiento (dependiendo del alto de la silla respecto al redondel) para una noche en la que pueden darse de 40 a 70 peleas, según explica su presidente Nelson Hernández.
Los socios del coliseo, un exclusivo club de 204 miembros, no pagan entrada, pues el millón de pesos que le cuesta la inscripción, que no es abierta a todo gallero sino a quienes cumplan los requisitos, los exonera.
Ese miércoles no había tanto público, pues la cartelera se limitaba a peleas de gallos viejos, aquellos con más de una batalla en el redondel o con dos o tres años de edad. En los otros tres de los cuatro días de juego (martes, miércoles, viernes y sábados) el espacio puede llenarse a su capacidad de unas 700 personas.
El Coliseo además es el autorizado para registrar o marcar los pollos que alguna vez llegarán al combate, un servicio que brinda en las trabas de los criadores. Por cada pollito registrado cobra 100 pesos y en un mes pueden marcar hasta 10,000. La cifra es muy variada.
Hernández argumenta que el coliseo tiene sus gastos en mantenimiento, empleados e impuestos. “Tenemos aproximadamente 70 empleados. Se le paga seguro médico, plan de pensión. El coliseo paga 400 mil pesos y algo de energía eléctrica, le da la comida del mediodía a los empleados y a los que trabajan con los socios”. También hace donaciones a entidades benéficas.
De las apuestas que se hacen a su interno, dice no haber control. “Los gallos se ponen con una posta mínima de 10,000 pesos por gallo (puede llegar hasta 50,000 mil) ante el juez de valla. Pero ‘por fuera’, los jugadores hacen sus apuestas”, comenta.
Dos jugadores honran su apuesta tras una pelea de gallos. (SAMIL MATEO)
Billetes por los aires
“¡Vamos!, ¡vamos!”, grita agitado uno de los presentes en el coliseo, mientras dos ejemplares se atacan al cuello y el vocerío hace casi imposible entender siquiera al juez de valla que, micrófono en mano, pregonaba constantemente que los gallos aún estaban “combativo”.
Con esmero, se podía escuchar decir a alguno de los presentes, todos hombres: “tres mil”, “cinco mil”, y miraban alrededor, a espera de que alguien aceptara su apuesta. En los tramos del redondel se observaban fajos de dinero de las denominaciones más altas en papel.
De ahí saca el gallero más cercano algunos billetes que envuelve como cualquier papel de desecho y, terminada la pelea, los tira como pelota hacia el oponente para honrar aquella “palabra de gallero”, que solo ellos pudieron comprender.
La escena se repite casi igual, pelea tras pelea. Mientras, fuera del área, el ambiente celebra la noche. Música en vivo, alcohol y comida servida en largas mesas que reúne a dominicanos y extranjeros, políticos y empresarios que comparten su pasión por los gallos.
Desde la época de la Colonia
La historia de los gallos en República Dominicana inicia con la llegada de los españoles a la isla, cerca del año 1500. Las jugadas se remontan en la historia. José Izquierdo, uno de los galleros más conocidos en Santiago de los Caballeros, cuenta que, en la Antigua Roma, en un intento por evitar los combates a muerte entre humanos que se hacían en el Coliseo, un sacerdote promovió las peleas de gallos para evitar la masacre humana. De ahí que el sitio destinado a las peleas de las aves tenga la misma forma redonda del coliseo.
«“Uno participa en esto porque le gusta, porque hace de esto un estilo de vida, pero realmente los que se benefician son los empleados, los cuidadores, la mano de obra que genera, la medicina que se vende, la comida que se consume gallo… Aquí nadie se hace rico jugando gallo”»Edmond Elías hijoEmpresario y gallero “
“El juego de pelea de gallos es uno de los principales entretenimientos en la República Dominicana. Llegó a ser tan profundo que partidos políticos llegaron a identificarse con gallos de pelea”. Esa cultura obligó incluso a que, en medio del cierre de establecimientos que ordenó el Gobierno dominicano durante la pandemia del COVID-19, las galleras fueran de las primeras en reabrir sus puertas.
Los galleros dominicanos, como los cubanos, puertorriqueños, colombianos o venezolanos, gozan de una legalidad que no existe en países como Estados Unidos (donde se le considera un delito federal), Brasil, Argentina o Chile.
La Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable prohíbe azuzar animales para que peleen o realizar peleas como espectáculo, pero exceptúa las lidias de gallos.
“En cierto aspecto, el gallo es muy afín con el asunto del hombre, porque el que mejor se desempeña es el que merece tener éxito y descendencia”, dice el empresario Edmond Elías hijo, dueño de la Traba Diamante, una de las más conocidas del país.
De hecho, la jugada de la que participó Diario Libre es parte de un torneo que lleva el nombre de su padre, Edmond Elías, referente entre los galleros.
“Aquí hay lo que hay en un patio de cualquier campo. Un campesino se pasa la semana entera trabajando y quizás tiene un ‘gallito’ amarrado de una silla, esperando el sábado o el domingo, su día de descanso, para ir donde otro vecino a beberse una cervecita y a ver cuál de los dos gallos es mejor. Y quizás se pase la semana entera sin ninguna otra posibilidad de entretenimiento, de diversión”.
Edmond Elías habla de un mundo de cofradía en la que ricos y pobres se colocan al mismo nivel frente a la pelea, a la que todos llegan con fines de diversión, pues “nadie se hará de dinero jugando gallos, nadie”.
“Goza más el que ganó hoy, pero eso es una rueda, que mañana gana el otro y, en el fondo, lo que hay es un sano compartir socializador”, entiende.
El exsenador por Dajabón Mario Torres, otro de los connotados galleros del Cibao, cita encuestas que reflejan que más del 80 % de la población de la Línea Noroeste gusta de los gallos.
“Esta es unacultura. En Montecristi y Dajabón es difícil ir a un patio y no encontrar un gallo amarrado. En muchos barrios hay una gallera”, afirma el político, que dice tener más de 300 gallos en su traba, más los que están en crianza en su finca.
“Después de la pandemia, hice un estudio y había unas 1,650 galleras a nivel nacional. De esas, algunas juegan un día a la semana, otras dos, o tres y hay hasta que juegan cuatro veces a la semana”, agrega José Izquierdo.
Para ese entonces estimó en unos 40,000 los empleos directos que genera el gallerismo y en unos 300 millones de pesos mensuales el dinero que mueve la actividad.
En el Ministerio de Deportes y Recreación, donde las galleras deben hacer registro oficial, hay inscritas 1,449, siendo Santiago la demarcación con mayor número, (165), seguido de Puerto Plata (92), La Vega (77) y San Cristóbal (77).
Los establecimientos se clasifican en A, B y C. Por su operación deben pagar al ministerio un monto anual que, según categoría, va de 100,000 a 30,000 pesos y que le genera ingresos al Estado por 48.2 millones de pesos.
El comisionado de Gallos del Ministerio indica, sin embargo, que existe una alta morosidad en algunos de esos establecimientos que acumulan hasta ocho años sin pagar. Por eso diseñan un plan de regulación que incluya georreferenciar cada gallera para dar un mayor seguimiento.
La venta es el negocio
“Son animales que pelean hasta la muerte por su espacio y por las hembras, entonces, el gallo representa la virilidad, la gallardía”, comenta José Izquierdo, que además del ideal, ha hecho del gallo un negocio, pues los cría para vender.
En su traba hay un estimado de 200 gallos aptos para pelea o la venta. En el lugar, que colinda con el patio de su vivienda en Santiago, abundan también los huevos con nuevas promesas de gallos peleadores, las gallinas y los pollos en todas las etapas de la crianza.
“Son más o menos 200 que van entrando y saliendo, porque, por ejemplo, el pollo que te nace hoy, en seis meses ya pelea, entonces comienza el proceso de entrenamiento, pero el mes que viene entra otro al proceso”, explica.
En la traba hay todo tipo de ejemplares y, el dueño refiere uno que, tras pelear, hace un par de semanas, le ofrecieron comprarlo en 2,000 dólares. Luego muestra un ejemplar que –dice– ha matado a siete. También otro que lo dejó para padrote y del que logró decenas de hijos.
La genética y la crianza son los determinantes, seguido del entrenamiento, para que el gallo sea un buen peleador. Por eso, en el negocio vale casi igual la gallina como el gallo.
Izquierdo indica que, aunque en los campos un ejemplar puede costar entre 5,000 y 10,000 pesos, entre los galleros reconocidos, la venta es en dólares y nadie pide menos de mil.
“Te pueden dar 10,000 o 20,000 dólares por un gallo”. A él le ofrecieron, una vez, 50 mil dólares por uno, pero decidió que no lo vendía, pues lo quería como padrote. Pone de ejemplo al sureño, del que ha vendido descendencia por razón de unos 10 millones de pesos en solo dos años. También conoce a alguien que compró un gallo por 250,000 dólares.
“Yo no hice esto por negocio, sino como entretenimiento, pero se ha convertido en un negocio”, admite el político que dice es más famoso como gallero, sobre todo en países como Perú, Colombia y Venezuela, desde donde llegan a comprar sus gallos.
Uno de los gallos del politico José Izquierdo, en Santiago. (JOLIVER BRITO)
Ricardo Contreras Medina se destaca en el mundo del gallerismo por continuar con una tradición familiar que arrancó con uno de los fundadores del Coliseo (en 1973), y a la fecha tiene la Traba Bonetti Contreras. Se le refiere como uno de los más conocedores del área.
Estima que desde República Dominicana se exportan unos 300 gallos al mes a Puerto Rico y a países de América Central y del Sur. Específica a Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.
El precio promedio de exportación es de unos 300 dólares por animal, pero puede ser de 1,000, aunque reconoce que hay gallos específicos y especiales que pueden costar mucho más, pero no son el común. Internamente se venden otros 1,500 animales a un precio promedio de unos 15,000 pesos.
Aunque también se importan algunos ejemplares, sobre todo desde Puerto Rico, esto no es más del 2 % de las exportaciones, según Contreras Medina.
El gallerismo tiene sus riesgos. Hace apenas una semana, la gobernadora de la provincia Espaillat, Juana Rosario, denunció que hombres armados entraron a su casa y le robaron unos 30 gallos, cuyo precio, dijo, era de entre 5,000 y 7,000 dólares cada uno. Estimó el valor total robado en unos 100,000 dólares.
El evento no es nuevo. En agosto de 2022, la Policía Nacional informó el apresamiento de un hombre que supuestamente se robó 104 gallos de pelea en la localidad norteña de Hatillo, en San Francisco de Macorís.
La nota policial indicaba que habían logrado recuperar 47 de los animales en una finca en Nagua, también al norte, a cuyo propietario el apresado se los habría vendido a razón de 1,000 pesos por gallo.
“Eso es constante. A mí me acaban de robar muchísimos (65) gallos”, comenta Nelson Hernández. A él también le han robado gallinas y huevos, porque pasó por una racha en que sus ejemplares casi siempre ganaban. “Y no hay cosa más atractiva para un ladrón que entrar a una traba que está ganando”.
Comenta que, en ocasiones, los ladrones son motivados a actuar por un futuro comprador interesado en adquirir, aunque en forma ilegal, un gallo de calidad a un menor precio.
Más regulación
Los galleros Mario Torres y Edmond Elías consideran que el gallerismo tiene que ser más regulado. «Nunca ha habido una responsabilidad gubernamental en el sentido de regular a la medida de lo que se necesita”, dice Edmond Elías, para quien el Comisionado de Gallos que tiene el Ministerio de Deportes no funciona, pues no aplica ninguna reglamentación.
Torres, a su vez, plantea que: “si en casi todos los municipios y casi en todas las comunidades se juega gallo a diario, eso afecta, porque se dedica demasiado tiempo a ese juego. Pienso que debería estar regulado para jugar gallo los fines de semana”.
Familiares de individuos que han perdido la vida en enfrentamientos armados con miembros de la Policía Nacional expresan su indignación ante lo que consideran falta de acción por parte de las autoridades. Aseguran que estos incidentes, lejos de ser simples intercambios de disparos, son en realidad ejecuciones extrajudiciales.
Diario Libre conversó con algunas madres de estos hombres y aunque reconocen que sus hijos estaban involucrados en actividades delictivas, sostienen que no era la manera adecuada de enfrentar la situación, ya que existen centros de reclusión destinados para tales hechos.
En otros casos, parientes afirman que sus allegados no tenían vínculos delictivos y que fueron ultimados en medio de una «confusión».
En el transcurso del primer trimestre de 2024 (enero-marzo), se reportaron al menos 21 fallecimientos como resultado de disparos ejecutados por miembros de la Policía Nacional. En abril, se han sumado cuatro muertes de presuntos delincuentes.
Pese a la amplia investigación que se lleva a cabo en casos de este tipo, con el fin de verificar que la versión de los agentes coincide con lo encontrado en la escena del crimen, la institución del orden solo se limita a informar sobre el hecho y no sobre el proceso que se lleva a cabo para determinar si hubo o no uso indebido de la fuerza.
Hasta el momento, no han ofrecido información sobre agentes sometidos o no por los supuestos enfrentamientos.
Sobre estos casos, el procurador fiscal Orlando Antonio Santos Ramírez sostuvo que, además de revisar si las evidencias materiales coinciden con la versión dada por los agentes actuantes, se lleva a cabo un levantamiento en la zona, utilizando cámaras y entrevistando posibles testigos que pudieron presenciar la acción.
Como ejemplo, sostuvo que pueden darse casos en los cuales encuentran en la escena del crimen diez casquillos, la mayoría de los cuales pertenecen a un solo agente. Esta evidencia sugiere que las «matemáticas son desproporcionadas» y, por lo tanto, debe investigarse a fondo ya que no coinciden.
Si se descubre que los agentes emplearon fuerza, el fiscal Santos Ramírez señaló que deben enfrentar la justicia y ser acusados con la tipificación correspondiente, el cual, en muchos casos, es por homicidio. Sin embargo, añadió que si la investigación revela que el policía actuó sin motivo aparente, se complica, ya que podría ser catalogado como un asesinato.
«La ley no establece distinción, ya sea que actúe una autoridad o un civil, no hay diferencia más grave para el civil, es igual, porque la ley no hace distinción en este sentido. Entonces, la consecuencia de una acción injustificada es el sometimiento a la justicia y, según la gravedad del hecho cometido, será la pena solicitada», agregó.
Madre niega intercambio de disparos en muerte de su hijo
«No lo mates, está desarmado», dijo indignada la señora Reyita Alcántara, al expresar que estas fueron las palabras de un vecino que fue testigo de la muerte de su hijo, a quien asegura lo mataron a quemarropa.
Emmanuel Mesa Vásquez, alias «La Pempa», de 25 años, murió baleado en un supuesto intercambio de disparos a manos de un agente de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), por órdenes de un policía, con el cual, según su madre, habían tenido problemas pasionales. El hecho ocurrió en el sector La Chinola, Los Guaricanos.
Reyita manifestó que 15 días antes de la muerte de su hijo, este le había comentado que quería retirarse de la calle, refiriéndose a las acciones delictivas que realizaba.
«Yo lloro a mi hijo noche y día. Lo que quisiera es que a ese muchacho, sea él o no, lo sometan», expresó al indicar que las autoridades no han investigado el caso ni han sometido a los policías involucrados en el supuesto enfrentamiento.
Mesa Vásquez dejó dos niños en la orfandad, uno de nueve meses y otro de seis años.
La madre de este joven indicó que ha acudido en reiteradas ocasiones a la Dirección de Asuntos Internos de la uniformada para que realicen una investigación sobre el caso, sin embargo, no han hecho nada al respecto.
Reyita Alcántara, madre de Emmanuel. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)
Testigo del hecho fue su hermano
La madre de Fernando Josel Valdez, conocido como Papacito, de 24 años, reveló que, avergonzada por las acciones delictivas de su hijo, no ha buscado ayuda de las autoridades policiales, a pesar de sus consejos para que abandonara esa vida.
No obstante, exige que los agentes involucrados en la operación que resultó en la muerte de su hijo sean responsabilizados, ya que asegura que no fue abatido en un intercambio de disparos, como afirmó la Policía Nacional en su informe.
María Teresa afirmó que Papacito fue asesinado frente a su hermano, quien aseguró que no había armas de fuego en la casa. Explicó que su hijo se involucró en la delincuencia con la intención de conseguir dinero para comprarle una casa, a pesar de sus constantes advertencias y súplicas para que abandonara ese camino.
De sus diez hijos, María afirmó que Fernando fue el único que tomó un rumbo equivocado.
«Yo le decía: ¿Quieres perder tu vida temprano? Y él me respondió: ‘Algún día todos tenemos que morir'», recordó María.
Denunció que su hijo fue «vendido» por uno de sus enemigos, quien supuestamente pagó 150,000 pesos a un agente del Dicrim para que lo matara. Concluyó diciendo que dejó el destino de su hijo en manos de Dios, ya que solo él puede juzgar.
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, reiteró su rechazo a estas acciones y, al igual que los familiares de los fallecidos, considera que estas muertes son ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de intercambios de disparos.
Manifestó que durante la pasada gestión del mayor general Alberto Then como director de la Policía Nacional, ocurrieron muchas muertes de este tipo; sin embargo, el actual titular ha continuado con estas prácticas.
«Nosotros aspiramos a que esa práctica sea eliminada y que esa cultura de matar para justificar ejecuciones extrajudiciales como una forma de creer que con ese mecanismo y con esa metodología se van a eliminar los problemas de carácter social que genera la delincuencia y que lleva a estos jóvenes a delinquir», sostuvo.
Afirmó que estas acciones buscan vender la idea de una efectiva seguridad ciudadana, la cual al final, no resuelve nada.
A pesar de que la policía reporta 21 fallecidos abatidos durante enfrentamientos en el primer trimestre del año en sus plataformas digitales, Mercedes asegura que son más de 30.
«Nunca como Derechos Humanos apoyaremos las ejecuciones extrajudiciales. La pena de muerte está prohibida en República Dominicana, y por eso, somos asignatarios de la Convención del Pacto de San José, de los derechos civiles y políticos, entonces, es inconcebible e inaceptable que ha esta altura de juego todavía estemos en esa lacra que significa las ejecuciones «Manuel María Mercedes Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos “
Agregó: «Hay que romper con ese criterio de que a través de las ejecuciones extrajudiciales se va a resolver un problemas de inseguridad ciudadana en el país».
Leidy Blanco García, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, entiende que los supuestos intercambios de disparos, en muchas ocasiones, son «ejecuciones camuflajeadas de legalidad», las cuales generan en gran parte un alivio para la sociedad, por lo común de escuchar «mataron a un delincuente».
Expresó que el Estado encuentra a través de las «ejecuciones» una forma de legitimar su deficiencia en política públicas de seguridad ciudadana y prevención de la criminalidad.
Enfatizó que la seguridad ciudadana en República Dominicana es uno de los grandes desafíos y una de las grandes preocupaciones para la sociedad.
«La reforma policial ha avanzado aspectos importantes de cara a fortalecer y dignificar a la Policía Nacional, esto se expresa en la mejora salarial, las condiciones de trabajo y los esfuerzos que se llevan a cabo en términos de formación educativa. Sin embargo, ese cambio no se visualiza de la noche a la mañana, seguimos percibiendo la inseguridad ciudadana, la criminalidad y violencia que enluta a las familias dominicanas», precisó.
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Bajo el argumento “somos médicos, no somos delincuentes”, decenas de galenos se manifestaron a las afueras del edificio de la Suprema Corte de Justicia en respuesta a las recientes sentencias que condenan por mala práctica a médicos, clínicas y hospitales. La más reciente contra el hospital Ney Arias Lora donde un paciente se contaminó con una bacteria y perdió una pierna.
Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), hizo un llamado “sobre la necesidad de no instrumentalizar este tema con propósitos populistas o de convertir el sector Salud en el objetivo de una cacería de brujas, que pretenda el trabajo de quienes tienen en sus manos la responsabilidad del cuidado y protección de la salud en República Dominicana”.
Suero aclaró que no está “pidiendo impunidad, solo garantías para que se administre la justicia con equidad e imparcialidad, como establece la ley”.
El galeno señaló que es motivo de intranquilidad el que exista una predisposición desde las instancias judiciales del país marcada en enfocar a los médicos “como si fuéramos villanos, delincuentes o criminales, culpables de las complicaciones y desenlaces negativos que muchas veces provocan algunas enfermedades”.
Pidió “una profunda revisión de los mecanismos y procedimientos legales, que, de manera paulatina, han ido convirtiendo el ejercicio de la medicina en una profesión de riesgos, sujeta a ser blanco de manipulación”.
Suero advirtió que la manifestación de este jueves no será la única actividad para externar su desacuerdo con las decisiones legales en contra de médicos y prestadoras de servicios de salud.
“Aquí hay un gremio firme y decidido a defender a los médicos, a las clínicas, a los hospitales, en el terreno que sea. Esta protesta en el día de hoy es apenas el inicio de la lucha del Colegio Médico Dominicano en contra de aquellos que quieren festinar y abusar de las condenas”.
“Encarecimiento”
Suero insiste en que las decisiones en los tribunales sobre las malas prácticas médicas traerán como consecuencia el encarecimiento de la medicina, según él, en perjuicio de la población. “Si se les exige tanto a los médicos, a las clínicas y a los hospitales, se tomarán medidas más rigurosas y eso se traduce en una inversión económica más cuantiosa. Estamos hablando de que se va a encarecer el sistema de salud en sentido general, no solamente los médicos, sino todo el sistema de salud”, comentó.
Negligencia
El presidente de los médicos aseguró que “más del 80 % de esas condenas no son justificables, no son soportables… No hemos dicho, en modo alguno, que en el 100 % no exista algún nivel de negligencia, claro, en todo el mundo hay algún nivel de negligencia, pero son mínimas”.
“De esas condenas, nosotros les aseguramos que más del 10 % son por negligencia y más del 90 % no”, insistió.
Sobre el caso del Hospital Ney Arias Lora, condenado a pagar 10 millones de pesos al señor Félix Encarnación luego de que en el año 2018 le amputaran su pierna derecha tras haber contraído una bacteria, Waldo Ariel aseveró que “no se hizo un peritaje y la barra de la defensa pidió y solicitó ese peritaje”.
Situación nueva
Como una “situación nueva” se refirió el ministro de Salud, Víctor Atallah, a estas condenas e indicó que el departamento legal de la institución se va a reunir con el CMD y las Sociedades Especializadas para establecer líneas que no afecten la justicia ni la salud.
“La consultoría jurídica de nosotros está trabajando en eso para, conjuntamente, hablar con los médicos y demás para establecer algún tipo de patrón que nos permita responder ante esta situación nueva”, dijo.
Nueva condena: El caso de Cedimat
La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó el pasado 23 de febrero al Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telecomunicaciones (Cedimat) al pago de una indemnización de 15 millones de pesos a favor de Ramón Aquiles Vargas y su hija Teresa de Jesús Vargas Rodríguez, por el fallecimiento de Paula Antonia Rodríguez Morales, esposa y madre de los demandantes.La sentencia afirma que Paula Antonia falleció a causa de múltiples infecciones tras contraer las bacterias “Enterobacter Cloacae Complex” y “Klebsiella K. Blee”, posterior a la operación que le fue realizada por el doctor de Cedimat, Giovanni Ureña, el 13 de marzo del año 2015, quien no le habría prescrito antibióticos, juzgándolo por “mala práctica médica en su tratamiento”.Inicialmente, la familia Vargas Rodríguez solicitó el pago de una indemnización por 20 millones de pesos.Este caso se suma a las dos sentencias a la Clínica Corazones Unidos que ascienden a más de seis millones de pesos; a la condena a Cecip por mala práctica en una liposucción y la citada sanción al Ney.
Veintidós temas de la discografía del artista, considerados clásicos de todos los tiempos, fueron interpretados en dos horas, bajo la dirección musical de Amaury Sánchez y la puesta en escena de 60 músicos de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo. Santo Domingo, Rep. Dom.- El concierto benéfico “Danny Rivera Sinfónico” deslumbró a los asistentes de la […]
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