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Si para el ejercicio fiscal de este 2024 se cumpliera con todas las leyes que asignan fondos con cargo al Presupuesto General del Estado, habría que destinar para estos compromisos un estimado de 898,537.7 millones de pesos o lo equivalente al 12.1 % del producto interno bruto (PIB). La asignación vigente de apenas la mitad de ese monto evidencia lo poco realista de dichas leyes para las finanzas públicas.

De cumplirse, el dinero que se debería destinar equivaldría al 63.3 % del total de gastos del Gobierno Central en el presente año y al 75.7 % de los ingresos, según calcula el economista y exsubdirector de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), Nelson Suárez. 

Agrega que equivaldría también al 76.5 % de los ingresos corrientes y al 85.3 % de los ingresos tributarios.

Según la Digepres, existen 29 leyes que condicionan el uso de fondos públicos. Suárez calcula que las cuatro que se llevarían la mayor asignación acaparan el 65.8 % del total de fondos, siendo estas:

• el 4 % del PIB para la educación preuniversitaria
• el 10 % para los ayuntamientos
• el 1.2 % del PIB para el Banco Central
• los fondos para imprevistos y calamidad de la Presidencia.

Estima que solo estas partidas suman 591,321.1 millones de pesos.

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¿Por qué se fijaron

Suárez evoca que luego de la dictadura trujillista, a partir de 1962 se introdujeron reformas y se aprobó en 1969 una nueva ley de Presupuesto Público. A partir de 1966, durante los gobiernos de los 12 años del presidente Joaquín Balaguer, el presupuesto se manejó de manera discrecional y centralizado.

Llegado el 1997, bajo el primer gobierno de Leonel Fernández, se aprobaron dos leyes de asignación de fondos. Una, la 17-97, asignó un 4 % del monto de los ingresos internos de la Ley de Gastos Públicos a favor de los ayuntamientos y la otra, la 66-97 de Educación, estableció que el gasto público en educación debía alcanzar, en un periodo de dos años a partir de la promulgación de dicha ley, un mínimo de 16 % del gasto total o un 4 % del PIB. 

Suárez resalta que, a partir del 2000, bajo la presidencia de Hipólito Mejía, se aprobó la mayoría de las leyes de asignación de fondos y se aumentó la de los ayuntamientos del 4 al 10 %. Además, se especializaron fondos en las leyes de los ministerios de la Mujer, de la Juventud y de Educación Superior, para los poderes Legislativo y Judicial, y a la Procuraduría General de la República, entre otras. 

Sin embargo, el incumplimiento de las disposiciones de todas estas leyes ha sido constante en la administración central. Por esto, Suárez calcula que entre el 2004 y el 2023 el Poder Ejecutivo dejó de asignar a los ayuntamientos 494,193.2 millones de pesos de sus presupuestos al no cumplir con el porcentaje fijado.

“Populismo legislativo”

José Rijo Presbot, actual titular de la Dirección General de Presupuesto, es reiterativo en señalar lo poco ajustado a la realidad financiera del gobierno de las leyes que consignan una partida específica. En una ocasión lo llamó “populismo legislativo”. 

“Los legisladores, queriendo complacer a un grupo, (decidieron): Ah, no, vamos a ponerle un por ciento, porque el Gobierno no cumple”, dijo en el 2021.

Ahora, en el 2024, comenta a Diario Libre: “El hecho de que tenga que suspenderse cada año la asignación fijada por ley, es claro de que no se corresponden con una buena planificación y presupuestación pública”.

Con esto coincide Suárez, quien indica que “la mayoría de las leyes que disponen asignar partidas del presupuesto anual a instituciones, organismos o poderes fueron concebidas y aprobadas, salvando naturalmente las buenas intenciones, sin la menor valoración ni análisis de las magnitudes, proporciones y montos establecidos y su impacto en las finanzas públicas”.

Analiza que para el Ministerio de la Juventud hay un mandato de asignarle un presupuesto anual específico, equivalente a 1 % del presupuesto nacional. De cumplirse con esta disposición, representaría unos 12,245.0 millones de pesos, en cambio su presupuesto vigente es de 681.2 millones de pesos. 

Sonia Fernández recuerda ese 12 de enero de 2018 como uno de los peores momentos de su vida. No bien había recibido la triste noticia del fallecimiento de su madre, Elisa Brito, cuando fue advertida de que necesitaba saldar la cuenta ascendente a 897 mil pesos para recibir el cadáver y poder brindarle sepultura.

Brito, de 54 años, padecía de aplasia medular, una enfermedad en la que la médula ósea roja desaparece y deja de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

En entrevista a Diario Libre, Sonia contó que el tratamiento para esta enfermedad es muy elevado, consumiendo casi 100 mil pesos semanales. “Solo unas pastillas, Revolade, costaban más de 50 mil pesos en ese entonces, una caja de 27 pastillas y ella se tomaba tres al día”, detalló.

En sus últimos días, Elisa tuvo que ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “La suerte es que mami contaba con un plan complementario”, dijo Sonia sobre la cobertura de su Administradora de Riesgos de Salud (ARS).

Esto permitió que al momento de saldar la cuenta en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) solo quedara una diferencia de 30 mil pesos, de los cuales abonó 10 mil.

“Con el cuerpo de mi mamá todavía tibio, me llevaron a una oficinita llena de cajas. Me pasaron unos documentos entregando la deuda a una oficina de abogados. Lo que pasa es que si usted no firma esto, no le entregamos el cadáver, me dijeron. No te dan otra opción. Lo hice por la misma presión porque lo que tenía era para cubrir el funeral”, contó.

Tras cuatro meses de cobro compulsivo de parte de los abogados, con llamadas todos los días, Sonia pudo saldar la deuda gracias a un tío que le facilitó el dinero. Por los intereses, debieron sumarle siete mil pesos al total.

Fernández estuvo a punto de formalizar la queja en la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) pero al su tío intervenir y cubrir el monto pendiente, obvió ese paso.

Aprehensión por deuda

En el caso de Radhamés, hace dos meses, su hermano Francisco presentó un fuerte dolor en las piernas y fue llevado al hospital público en Higüey, donde sin hacerle ninguna analítica, le pasaron un suero y lo dejaron bajo observación sentado en una silla.

Al ver que no mejoraba, sus familiares deciden ingresarlo en un centro privado (Clínica La Altagracia), donde fue llevado a UCI. A Francisco le indican una tomografía con contraste y un panel respiratorio, estudios que debían hacerse en un laboratorio externo.

Tras un viaje en ambulancia, Francisco llega a la capital y es ingresado en el Centro Oriental de Ginecología y Obstetricia, donde recibe el diagnóstico de cáncer de páncreas con metástasis y una cuenta que sumó 300 mil pesos, quedando una diferencia de 63 mil pesos luego de rebajar la cobertura de la ARS.

Francisco falleció el pasado mes de febrero y la respuesta que Radhamés recibió fue: “Si no paga, no puede llevarse al paciente”.

“Aquí lo primero que falló fue el servicio público, no debe haber un desamparo tan grande de parte del sistema. Las ARS son indiferentes, se comportan con apatía, con frialdad. Están para brindar un servicio cuando el paciente está enfermo, no sano”, se quejó.

Al día de hoy, reclama el pago de 20 mil pesos de honorarios a un inmunólogo que no estaba dentro del catálogo de servicios y que dice que nunca autorizó.

También retienen vivos

En diciembre de 2023, Héctor Ortiz presentó su caso a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) por una discrepancia en la cobertura que no quería reconocerle su ARS.

En el intervalo de la queja, pasaron su cuenta por cobrar a “una empresa de cobros compulsivo que fue un asedio continuo, violaban múltiples leyes de privacidad”.

Aunque no quiso dar detalles de su familiar interno en Cedimat, el joven estudiante de Derecho indicó que “no querían dejar salir al paciente, tuve que dar garantía remitida por mi empresa, ya que los valores debían ser pagados antes de su salida, lo cual no debería ser así, ya que es una persona que llegó en estado de salud crítico y sale caminando”.

“La Sisalril realizó una excelente gestión con respecto a la aseguradora. Pagué el valor restante, que fue mucho menor que la primera factura emitida, diferencia de casi 200 mil pesos sin tomar en cuenta que no tuve tampoco que pagar el 1 0% de lo que quería la cobranza”, concluyó.

Juristas opinan

De acuerdo con Gilberto Objío, abogado de la firma Pellerano Nadal, especialista en derecho médico, la práctica de retener cadáveres como garantía de cobranza resulta ilegal.

• “Esa práctica no es legal y a nadie le pueden retener ni a un familiar ni el cuerpo de un familiar. Eso no es legal, la clínica no puede retener a nadie ni por la fuerza ni con la cohesión”, afirmó Objío.

“Hay que hacer un acuerdo de pago con la clínica, que es lo que se estila. Yo les recomiendo a las clínicas que en su manual de proceso, al momento del ingreso, en el contrato de servicios médicos, incluyan una cláusula que sirva para proteger a la clínica en caso de que la gente deje una cuenta pendiente y esa cláusula puede o no puede incluir conceptos como los intereses, la mora, los fiadores”, sugirió.

El jurista dijo que los centros médicos se pueden valer de líneas de crédito, tarjetas de crédito o de un pagaré, “o sea, lo normal. Lo que lo que no es normal es decir: no se puede llevar a un familiar que ha fallecido o peor aún, que esté vivo”.

Por su lado, el abogado y director médico del Centro Médico UCE, José Pappaterra, apela a hacer acuerdos de pago como la solución a este tipo de situación.

“Eso es una práctica ilegal de retener cadáveres. Siempre digo que una de las formas de evitar demandas es el buen trato, la buena relación médico-paciente. Regularmente, los médicos no estudiamos medicina para con fines mercuriales para hacernos de dinero, estudiamos medicina, la gran mayoría, por vocación”, expresó el también neurocirujano.

Sisalril

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Este acto de ilegalidad fue ratificado por el superintendente de Salud, Jesús Feris Iglesias, quien recordó que tanto esta acción, como el cobro anticipado en emergencias están penados por la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

“Hay formas y formas. No es verdad que a dos horas, cuando todavía tú no has llorado a tu difunto le vas a presentar una cuenta de esta naturaleza. Yo creo que esas son cosas que se deben de aclarar al momento en que el paciente ingresa a un centro hospitalario y tener opciones de forma de pago, de abonos”, declaró.

Las clínicas 

“Yo no sé quién lo hace, nosotros no lo hacemos (retener pacientes). Sí estamos de acuerdo que todo el que llegue a una emergencia sea atendido, tenga plata o no tenga plata, porque no te pueden dejar morir. El que llega a una emergencia, hay que atenderlo y punto”, aseguró Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip).

“Eso no se puede, hay que buscar una solución, hay que buscar un método”, recalcó.

Mena plantea una revisión de las coberturas de parte de las ARS, porque “un paciente un mes en Cuidados Intensivos, dándole medicamentos costosos, qué va a pasar, no lo va a cubrir nadie, por eso hay que buscar una solución equilibrada”.

Aunque mucho se habla del hacinamiento en las cárceles dominicanas, medir el tamaño de esa sobrepoblación no ha sido una tarea en la que nadie se involucra con frecuencia.

Las autoridades del sistema penitenciario dominicano aportan datos estadísticos de la cantidad de privados de libertad que tienen, cifra que hasta enero de este año era de 26,396. Pero, ¿cuánto es ese número respecto a la capacidad general del sistema?

Sin un dato oficial a la mano (se solicitó, pero no se ha recibido), la respuesta se obtiene de los informes de situación carcelaria que publica la Oficina Nacional de Defensa Pública de la República Dominicana, según la cual, la capacidad general para recibir internos es de 16,564, en un total de 49 cárceles.

La diferencia entre esa cifra y la población carcelaria es de 9,832 presos, por encima de los que el sistema puede admitir y que, en términos porcentuales, es un 59.36 %.

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En algunas cárceles la situación puede ser peor, como el conocido caso del penal La Victoria que, conforme a los datos de enero, previo al incendio ocurrido en marzo pasado, que obligó al traslado de varios de los internos, operaba en un 224.11 % de su capacidad.

El penal, diseñado para acoger 2,103 personas, tenía a enero una población de 6,816. Tras el incendio que dejó 13 fallecidos y otros once heridos, se ordenó el traslado de más de 1,400 hombres como medida provisional, según se informó desde la Procuraduría General de la República.

Con una situación similar de hacinamiento extremo se encuentra el Centro de Privación de Libertad (CPL) El Seibo, que a enero tenía 877 internos, pese a que su capacidad es para 248. Las matemáticas dicen que opera a un 254.63 % sobre su capacidad.

Con porcentajes mayores están los centros de privación de libertad de Santiago Rodríguez y de Operaciones Especiales. El primero alberga a 146 internos, cuando su capacidad es para 23, (un 534.78 %) y el segundo a 135, con capacidad para 29, igual a un 365.52 %.

Impacto

Sobre el impacto que tiene esa sobre población, la Defensa Pública resalta en su “Informe de las condiciones de detención y de prisión 2022” que de las situaciones que se dan en las cárceles, el hacinamiento es lo peor, pues acarrea graves problemas de salud y obliga a muchos a tener que dormir en el piso, sin disponer siquiera de un colchón, una situación que definen de inhumana.

“La falta de colchones es una de las mayores quejas de los privados de libertad que, en su gran mayoría, duermen en el suelo o suspendidos en el aire en una hamaca. Tal es el caso de La Victoria que, sumado a una de las tasas más alta de hacinamiento, en un 70%, no tienen donde dormir”, dice el documento.

Cita situaciones similares en cárceles de Montecristi, La Vega, Cotuí, Nagua, Samaná, Departamental de San Francisco, Azua, Barahona, Neiba, entre otras, las que describe como “lugares con poca o ninguna iluminación natural, falta de energía eléctrica, celdas oscuras, lugares mal olientes, estructura con pinturas antiguas y deterioradas, techos a punto de colapsar, sistema de drenajes visibles, emitiendo olores desagradables que cubren el perímetro”.

Señala que los problemas de salud son frecuentes y que quienes no pueden valerse por sí mismos, tienen que ser asistidos por los propios compañeros ante la poca efectividad del apoyo del Estado.

Enfermos

Durante las visitas que la Defensa Pública hizo a los centros para el levantamiento de su informe, encontró que había 415 internos psiquiátricos, 729 con diabetes, 1,489 con hipertensión, 176 con cardiopatías, 384 con VIH/SIDA y 186 con tuberculosis. También 439 con asma, 62 con hepatitis, 617 con afecciones de la piel, 595 con sífilis, 764 con otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), 18 con epilepsia, 11 con problemas renales, siete con falcemia, 107 con discapacidad de movilidad y 205 con discapacidad visual.

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Rodolfo Valentín, director nacional de Defensa Pública, asegura que las condiciones descritas en el informe de 2022 se mantienen iguales a la fecha y así lo plasmarán en su reporte de 2023, del que ya hicieron el levantamiento y trabajan en revisión y redacción de los hallazgos. Advierte que esto se da, incluso, en los centros denominados del nuevo modelo, en referencia a aquellos que entraron a una nueva gestión penitenciaria que incluyó eliminar el hacinamiento, uso de personal civil entrenado, sin militares ni policías, como custodia, y programas educativos para los internos.

Sonia Fernández recuerda ese 12 de enero de 2018 como uno de los peores momentos de su vida. No bien había recibido la triste noticia del fallecimiento de su madre, Elisa Brito, cuando fue advertida de que necesitaba saldar la cuenta ascendente a 897 mil pesos para recibir el cadáver y poder brindarle sepultura.

Brito, de 54 años, padecía de aplasia medular, una enfermedad en la que la médula ósea roja desaparece y deja de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

En entrevista a Diario Libre, Sonia contó que el tratamiento para esta enfermedad es muy elevado, consumiendo casi 100 mil pesos semanales. “Solo unas pastillas, Revolade, costaban más de 50 mil pesos en ese entonces, una caja de 27 pastillas y ella se tomaba tres al día”, detalló.

En sus últimos días, Elisa tuvo que ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “La suerte es que mami contaba con un plan complementario”, dijo Sonia sobre la cobertura de su Administradora de Riesgos de Salud (ARS).

Esto permitió que al momento de saldar la cuenta en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) solo quedara una diferencia de 30 mil pesos, de los cuales abonó 10 mil.

“Con el cuerpo de mi mamá todavía tibio, me llevaron a una oficinita llena de cajas. Me pasaron unos documentos entregando la deuda a una oficina de abogados. Lo que pasa es que si usted no firma esto, no le entregamos el cadáver, me dijeron. No te dan otra opción. Lo hice por la misma presión porque lo que tenía era para cubrir el funeral”, contó.

Tras cuatro meses de cobro compulsivo de parte de los abogados, con llamadas todos los días, Sonia pudo saldar la deuda gracias a un tío que le facilitó el dinero. Por los intereses, debieron sumarle siete mil pesos al total.

Fernández estuvo a punto de formalizar la queja en la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) pero al su tío intervenir y cubrir el monto pendiente, obvió ese paso.

Aprehensión por deuda

En el caso de Radhamés, hace dos meses, su hermano Francisco presentó un fuerte dolor en las piernas y fue llevado al hospital público en Higüey, donde sin hacerle ninguna analítica, le pasaron un suero y lo dejaron bajo observación sentado en una silla.

Al ver que no mejoraba, sus familiares deciden ingresarlo en un centro privado (Clínica La Altagracia), donde fue llevado a UCI. A Francisco le indican una tomografía con contraste y un panel respiratorio, estudios que debían hacerse en un laboratorio externo.

Tras un viaje en ambulancia, Francisco llega a la capital y es ingresado en el Centro Oriental de Ginecología y Obstetricia, donde recibe el diagnóstico de cáncer de páncreas con metástasis y una cuenta que sumó 300 mil pesos, quedando una diferencia de 63 mil pesos luego de rebajar la cobertura de la ARS.

Francisco falleció el pasado mes de febrero y la respuesta que Radhamés recibió fue: “Si no paga, no puede llevarse al paciente”.

“Aquí lo primero que falló fue el servicio público, no debe haber un desamparo tan grande de parte del sistema. Las ARS son indiferentes, se comportan con apatía, con frialdad. Están para brindar un servicio cuando el paciente está enfermo, no sano”, se quejó.

Al día de hoy, reclama el pago de 20 mil pesos de honorarios a un inmunólogo que no estaba dentro del catálogo de servicios y que dice que nunca autorizó.

También retienen vivos

En diciembre de 2023, Héctor Ortiz presentó su caso a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) por una discrepancia en la cobertura que no quería reconocerle su ARS.

En el intervalo de la queja, pasaron su cuenta por cobrar a “una empresa de cobros compulsivo que fue un asedio continuo, violaban múltiples leyes de privacidad”.

Aunque no quiso dar detalles de su familiar interno en Cedimat, el joven estudiante de Derecho indicó que “no querían dejar salir al paciente, tuve que dar garantía remitida por mi empresa, ya que los valores debían ser pagados antes de su salida, lo cual no debería ser así, ya que es una persona que llegó en estado de salud crítico y sale caminando”.

“La Sisalril realizó una excelente gestión con respecto a la aseguradora. Pagué el valor restante, que fue mucho menor que la primera factura emitida, diferencia de casi 200 mil pesos sin tomar en cuenta que no tuve tampoco que pagar el 1 0% de lo que quería la cobranza”, concluyó.

Juristas opinan

De acuerdo con Gilberto Objío, abogado de la firma Pellerano Nadal, especialista en derecho médico, la práctica de retener cadáveres como garantía de cobranza resulta ilegal.

• “Esa práctica no es legal y a nadie le pueden retener ni a un familiar ni el cuerpo de un familiar. Eso no es legal, la clínica no puede retener a nadie ni por la fuerza ni con la cohesión”, afirmó Objío.

“Hay que hacer un acuerdo de pago con la clínica, que es lo que se estila. Yo les recomiendo a las clínicas que en su manual de proceso, al momento del ingreso, en el contrato de servicios médicos, incluyan una cláusula que sirva para proteger a la clínica en caso de que la gente deje una cuenta pendiente y esa cláusula puede o no puede incluir conceptos como los intereses, la mora, los fiadores”, sugirió.

El jurista dijo que los centros médicos se pueden valer de líneas de crédito, tarjetas de crédito o de un pagaré, “o sea, lo normal. Lo que lo que no es normal es decir: no se puede llevar a un familiar que ha fallecido o peor aún, que esté vivo”.

Por su lado, el abogado y director médico del Centro Médico UCE, José Pappaterra, apela a hacer acuerdos de pago como la solución a este tipo de situación.

“Eso es una práctica ilegal de retener cadáveres. Siempre digo que una de las formas de evitar demandas es el buen trato, la buena relación médico-paciente. Regularmente, los médicos no estudiamos medicina para con fines mercuriales para hacernos de dinero, estudiamos medicina, la gran mayoría, por vocación”, expresó el también neurocirujano.

Sisalril

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Este acto de ilegalidad fue ratificado por el superintendente de Salud, Jesús Feris Iglesias, quien recordó que tanto esta acción, como el cobro anticipado en emergencias están penados por la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

“Hay formas y formas. No es verdad que a dos horas, cuando todavía tú no has llorado a tu difunto le vas a presentar una cuenta de esta naturaleza. Yo creo que esas son cosas que se deben de aclarar al momento en que el paciente ingresa a un centro hospitalario y tener opciones de forma de pago, de abonos”, declaró.

Las clínicas 

“Yo no sé quién lo hace, nosotros no lo hacemos (retener pacientes). Sí estamos de acuerdo que todo el que llegue a una emergencia sea atendido, tenga plata o no tenga plata, porque no te pueden dejar morir. El que llega a una emergencia, hay que atenderlo y punto”, aseguró Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip).

“Eso no se puede, hay que buscar una solución, hay que buscar un método”, recalcó.

Mena plantea una revisión de las coberturas de parte de las ARS, porque “un paciente un mes en Cuidados Intensivos, dándole medicamentos costosos, qué va a pasar, no lo va a cubrir nadie, por eso hay que buscar una solución equilibrada”.

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