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Un ambiente desgarrador se vivió el día de ayer en las afueras de la Penitenciaría Nacional La Victoria, donde los familiares de los reclusos se acercaban desesperados en busca de información sobre el estado de sus parientes, ya que desconocían si estos se encontraban entre los 11 fallecidos devorados por el incendio que afectó una […]
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El abogado del candidato a diputado Rafael Paz dijo que la orden de arresto por rebeldía emitida por la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional quedó levantada este martes, tras su defendido presentarse al tribunal.
Joan García Fabián informó que acudieron en horas de la mañana a tomar conocimiento del proceso, del que dijo, se enteraron por las redes sociales. Paz es requerido en los tribunales por una querella de acción privada en su contra.
“Cuando fuimos a constatar la situación del expediente, nos pudimos percatar que Rafael no ha sido notificado ni en su domicilio ni en nuestro despacho. Si no que se colocaron unos domicilios que no se corresponden con los sitios donde él vive ni mucho menos de su lugar de trabajo”, manifestó García Fabián a Diario Libre.
Argumentó que esto se hizo con la “firme intención de que se dictara orden de captura y rebeldía».
García Fabián dijo que esta situación, por la que es llevado a los tribunales Rafael Paz no es nueva. “Es recurrente, pasó para el 2020 y que se repite con los mismos actores en el fragor de la campaña electoral”.
El abogado explicó que conocerán lo que tiene el expediente el jueves, el día de la audiencia, cuando le entreguen copia.
«El tribunal solo se limitó a convocarnos para la audiencia», comentó sobre la visita de hoy.
Manifestó que como se trata de una acción privada, el que hace la notificación es el propio persiguiente.
La defensa del exdirector de Tecnología de la Procuraduría, Javier Forteza Ibarra, calificó de inútiles los elementos de pruebas que depositó el Ministerio Público en contra de su defendido, imputado en el caso Medusa.
Durante la audiencia preliminar celebrada en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la abogada Marisol García manifestó que la acusación de más de 12 mil páginas del órgano acusador «que pretendía ser sólida y consistente, sólo consistía en una caja grande, muy grande, pero hueca por dentro, ya que todos los elementos de prueba que la sustentan son inútiles, irrelevantes, impertinentes, muchos de ellos ilegales e insuficientes para garantizar una eventual condena en juicio».
En la exposición de su defensa técnica, indicó que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba que demuestre que Forteza Ibarra saboteó la data digital de la Procuraduría General de la República, que sobornó funcionarios o vendió el acceso al Sistema de Investigación Criminal (SIC) a particulares y terceros que no tenían nada que ver con el Ministerio Público.
«Mas 53 testigos inútiles, ninguno de ellos pudieron establecer cómo, cuándo, dónde ocurrieron los hechos que se le imputan a Forteza Ibarra, sobre la acusación de sabotaje muchas instituciones sufrieron ataques cibernéticos por el mismo virus que atacó la data de la Procuraduría, es una acusación injusta», deploró.
Tras concluir la lectura de su defensa técnica este martes, García solicitó al juez de instrucción Amauri Martínez, que rechace la acusación con todos sus elementos de prueba, por no existir una formulación precisa de cargos en modo, tiempo y lugar y que sean declaradas inadmisibles.
Además, que dicte el auto de no ha lugar a favor de Forteza Ibarra, «por haber demostrado que en primer orden este no ha cometido ningún supuesto de hecho de los que se le imputan; en segundo orden, porque tal y como advertimos en el desarrollo de nuestra intervención, hay supuestos de hechos que no pueden constituirse en tipos penales; en tercer orden, porque el acusado no puede ser considerado penalmente responsable de supuestos de hecho ajenos a su control».
Finalmente, solicitó el cese de la medida de coerción consistente en prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y la presentación de una garantía económica que pesa sobre su defendido y la devolución de los bienes incautados.
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Este martes, el abogado del imputado José Luis Liriano Adames comenzó la exposición de su defensa técnica.
Al igual que la defensa de Forteza Ibarra indicó que el Ministerio Público no estableció cuándo, cómo y dónde se cometieron los delitos de lavado de activos y asociación de malhechores que le sindica a su defendido.
El órgano de persecución estableció en su expediente que Liriano Adames gerente y máximo accionista de Lirtec SRL era beneficiado de millonarios contratos de la PGR y Forteza Ibarra se encargaba de que fuera adjudicado en los procesos de la Dirección de Informática.
El togado Manuel García indicó que las pruebas presentadas por el MP solo establece una «normal» relación comercial entre Lirtec y la Procuraduría, y que esto no constituye un delito.
Jennifer Ramírez, esposa del privado de libertad Wimelki Rivera, quien teme que su compañero haya fallecido durante el incendio que afectó una parte de la cárcel de La Victoria, dijo que no se irá del lugar hasta que le entreguen su cuerpo para darle cristiana sepultura.
Rivera, de 39 años, cumplía una medida de coerción desde hace siete meses en el recinto y se encontraba en la celda número cinco, de acuerdo al testimonio de la dama.
“Él me llamó por cámara a mí, que se estaba asfixiando por el incendio”, expresó Ramírez visiblemente afectada.
Indicó que unos amigos en común, también presos en el penal, le informaron que su esposo había muerto en el siniestro.
Señaló que está desde temprano en el recinto carcelario a la espera del cadáver de su pareja y que autoridades la dejaron entrar para informale sobre Rivera, pero no ha recibido una confirmación oficial.
“No me iré de aquí sin el cuerpo de mi esposo”, explicó.
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Más temprano, la Procuraduría General de la República informó que se elevó a 11 el número de reclusos muertos por el fuego.
A través de un comunicado, la institución explicó que realizaban labores de búsqueda en las áreas afectadas para descartar la existencia de otras víctimas.
400 presos fueron trasladados a La Vega y SFM
Unos 400 presos fueron trasladados a otras prisiones mientras los bomberos combatían el incendio. Fueron llevados bajo fuertes medidas de seguridad.
Así lo informó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
De los trasladados, 300 fueron llevados al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en la provincia La Vega, y 100 al centro penitenciario Vista al Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó la tarde de este martes tres cadáveres de los fallecidos.
De acuerdo a la Procuraduría General de la República (PGR), los muertos son Esteban Paredes Flores, Francis Michael Paredes y Gerard Dervis Núñez González. Fueron entregaron a sus respectivas familias, mientras que los ocho cadáveres restantes no han podido ser identificados por el Inacif.
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El Senado de la República aprobó este martes en segunda lectura el proyecto de ley que ordena la colocación del valor energético de los alimentos en restaurantes y otros lugares de expendio.
Esta pieza tiene por objetivo establecer reglas claras para la identificación del valor calórico de los alimentos terminados, expedidos en restaurantes y en otros centros.
Dicha iniciativa aplica en todos los lugares de venta de alimentos del territorio nacional y deberán colocar al lado del nombre del plato el menú que se sirve, valor energético expresado en cantidad de calorías.
Los lugares de comida rápida deberán colocar un letrero informativo que detalle los alimentos que expenden y sus niveles calóricos.
Esto aplica para puntos de ventas de comidas que se venden en la calle, como frituras, pica pollos, empanadas, cafeterías, utilizando medidas por servicios o por gramos, según corresponda.
El valor energético debe ser solicitado al Ministerio de Salud Pública, institución que aprueba el valor energético de los alimentos. Quienes no cumplan pueden ser sancionados con tres a diez salarios del sector público.
La iniciativa perimió en la pasada legislatura y fue reintroducida por su proponente, Alexis Victoria Yeb, senador representante de la provincia María Trinidad Sánchez por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Ahora debe ir a la Cámara de Diputados.
El abogado del candidato a diputado Rafael Paz dijo que la orden de arresto por rebeldía emitida por la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional quedó levantada este martes, tras su defendido presentarse al tribunal.
Joan García Fabián informó que acudieron en horas de la mañana a tomar conocimiento del proceso, del que dijo, se enteraron por las redes sociales. Paz es requerido en los tribunales por una querella de acción privada en su contra.
“Cuando fuimos a constatar la situación del expediente, nos pudimos percatar que Rafael no ha sido notificado ni en su domicilio ni en nuestro despacho. Si no que se colocaron unos domicilios que no se corresponden con los sitios donde él vive ni mucho menos de su lugar de trabajo”, manifestó García Fabián a Diario Libre.
Argumentó que esto se hizo con la “firme intención de que se dictara orden de captura y rebeldía».
García Fabián dijo que esta situación, por la que es llevado a los tribunales Rafael Paz no es nueva. “Es recurrente, pasó para el 2020 y que se repite con los mismos actores en el fragor de la campaña electoral”.
El abogado explicó que conocerán lo que tiene el expediente el jueves, el día de la audiencia, cuando le entreguen copia.
«El tribunal solo se limitó a convocarnos para la audiencia», comentó sobre la visita de hoy.
Manifestó que como se trata de una acción privada, el que hace la notificación es el propio persiguiente.
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