Miembros de la Dirección de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) han depositado la acusación formal en contra de los implicados en el caso Calamar, que involucra a varios exministros de la pasada gestión.
El documento acusatorio fue depositado el jueves a las 4:00 de la tarde en la Coordinación de los Juzgados de Instrucción.
Tras recibir el documento, la Coordinación de los Juzgados de Instrucción deberá determinar qué juzgado será apoderado en el caso.
En horas de la tarde de este viernes, Wilson Camacho, titular de la Procuraduria Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), informará sobre los nuevos imputados que se suman a la lista de los veinte que habían sido señalados en un principio.
En el expediente Calamar el Ministerio Público imputa a los exministros José Ramón Peralta (Administrativo 2012-2020), Donald Guerrero (Hacienda 2016-2020) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas 2012-2020).
Los imputados son señalados por, supuestamente, sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
Los señalados en el expediente
Además de los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero se involucra en la supuesta estafa al Estado al excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por alegadamente sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020.
El alegado fraude contra el Estado también involucra al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.
Asimismo, se cita en el expediente al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.
La mayoría cumple arresto domiciliario, a excepción de Donald Guerrero y José Ramón Peralta, el excontralor Daniel Omar Caamaño y el empresario Rafael Parmenio Rodríguez, quienes solo tienen impedimento de salida del país y garantías económicas de menos de cinco millones de pesos a través de una aseguradora.
