El Senado volverá a conocer este martes el mismo proyecto de ley del Código Penal que en la legislatura pasada aprobó en dos lecturas, pero que no logró pasar la prueba en la Cámara de Diputados.
La Comisión Especial que designó el pleno de la cámara alta para estudiar la pieza rendirá un informe favorable con varias modificaciones, algunas de las cuales explicó el senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin Romero.
El informe fue aprobado a unanimidad en una reunión de cinco de los nueve miembros que componen la comisión. Los senadores presentes fueron, además de Romero, Antonio Taveras (PRM), Lía Díaz (PRM), Pedro Catrain (PRM) y Ramón Rogelio Genao (PRSC).
Los ausentesfueron Dionis Sánchez (de la Fuerza del Pueblo), Aris Yván Lorenzo (del Partido de la Liberación Dominicana), Virgilio Cedano (Fuerza del Pueblo) y Faride Raful (PRM).
Franklin Romero informó que los comisionados hicieron varios cambios a partir de “algunas sugerencias que ya había hecho la comisión de diputados que la estaban conociendo en la legislatura pasada”.
Aris Yván Lorenzo advirtió que la bancada del PLD va a exigir que se lea el proyecto completo, porque el presidente de la comisión llegó pasado el tiempo reglamentario al encuentro y cuando él abandonó el lugar supuestamente aprobaron en dos minutos el informe sin leerlo.
Sin embargo, el senador Romero aseguró que el mismo Lorenzo votó a favor de que solamente se leyeran y discutieran las modificaciones.
Puntos álgidos
Entre las variaciones estuvieron algunas correcciones de forma por errores mecanográficos y los artículos 123, 185, 189 y 298 en cuestiones que tienen que ver con la adición o el cambio de una palabra.
Sin embargo, sobre los temas controversiales que provocaron encendidos debates entre los diputados en la legislación pasada no se hizo ninguna cambio.
El diputado Horacio Rodríguez se opone a ese proyecto alegando que establece una prescriptibilidadde la corrupción de 20 años, delitos que deben ser imprescriptibles de acuerdo a tratados internacionales, y porque exime de responsabilidad penal la violencia intrafamiliar de padres contra hijos.
También se cuestiona la discriminación por orientación sexual, las relaciones sexuales en pareja no consentidas, la autoridad parental y los feminicidios.
Los empresarios estaban inquietos ayer. Unos pidieron retomar la mesa del diálogo ante el incremento del comercio informal. Otros que se ejecute una fiscalización más activa de las autoridades a los comercios administrados por chinos en el país que operan de manera irregular, al insistir en que son una competencia desleal, y más ahora por la proliferación acelerada de megatiendas.
Ayer, Diario Libre publicó un reportaje sobre prácticas consideradas como competencia desleal en negocios administrados por chinos, como la subvaluación de productos importados, que les permite evadir impuestos y vender a bajos precios, y la incursión en la venta de artículos ferreteros e iluminación.
A lo anterior, empresarios agregan la necesidad de que se supervisen el cumplimiento del ingreso de los empleados a la Seguridad Social, el pago del salario mínimo, la condiciones de trabajo y los horarios.
“Si yo no estoy declarando ventas, si tengo empleados que no están en la TSS (Tesorería de la Seguridad Social), si no tengo impresoras fiscales, (ellos) están compitiendo totalmente en un ambiente desleal y con todas las ventajas, porque no tienen obligaciones, y eso es parte de lo que se identifica con estos negocios”, dijo José Antonio Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Importadores (ANI).
Aunque las relaciones diplomáticas entre la República Dominica y China se establecieron en 2018, en la ANI estiman que ha sido en la última década cuando ingresaron al país nuevos comerciantes chinos que han acelerado la competencia desleal que critican.
“Entonces, ¿resulta que ellos (los chinos) son el mago Merlín: que de repente llegan a un país y todos los que estamos aquí desde hace décadas enteras no sabemos nada de comercio?”, cuestionó Ángelo Viro, vicepresidente de la ANI.
“Mi socio -agregó-, que sería el Estado dominicano con sus dependencias: Aduanas, Impuestos Internos, todos, tendrían que estar arriba de ese comercio informal, que es de chinos, que es de árabe, de quien sea que sea”.
“Están tan visibles”
La ANI es un gremio que tiene 50 años y casi igual número de miembros. De su directiva se motivaron a conversar con Diario Libre, en reacción al citado reportaje, para exigir más fiscalización y regulación, argumentando que, en el fondo, también el Estado se perjudica de la evasión.
“Preocupa más el que se estén estableciendo en lugares donde están tan visibles y no pase nada”, dijo Álvarez.
Lavamanos en venta en una megatienda administrada por chinos en Santo Domingo. (DIARIO LIBRE)
La Dirección General de Aduanas (DGA) ha asegurado a Diario Libre que la fiscalización aduanera se ha incrementado.
Según los datos recabados por este periódico, el 26 % de las fiscalizaciones reliquidadas en 2022 -es decir, mercancías que la DGA objeta su valor declarado y las revalúa para que paguen el impuesto justo-, fue al sector de mercancía variadas vinculadas a importaciones hechas por chinos, que representaron unos 2,422.92 millones de pesos.
“No podemos decir que sea así, pero muchos entendemos que eso (la subvaluación) ya es algo que desde el país (China) ya sale pensado con esos fines y que no hay ninguna repercusión para ellos allá”, dijo Álvarez.
Más coordinación
Manuel Cabral, asesor de la ANI, consideró que, ante la dispersión de entidades encargadas de la fiscalización y regulación comercial, se debería procurar un trabajo más coordinado y conjunto.
“El 50 por ciento del comercio o del país completo, de la economía, es informal, entonces, es uno de los temas pendientes, no de este gobierno, no, de hace años: de formalizar la economía para poder recaudar más dinero”, dijo.
Para los importadores, el cliente puede ver al comercio formal como “el malo de la película”, por vender más caro que sus competidores chinos.
La Cámara pide retomar el diálogo
“Desde la Cámara de Santo Domingo vemos con mucha preocupación el crecimiento que ha registrado el comercio informal en los últimos años. Es por esta razón que urge sentarse en la Mesa de Control de la Competencia Desleal Fiscal, creada en noviembre del año pasado, para que en lo inmediato se creen los mecanismos y estrategias ante la situación”, dijo ayer el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Manuel Luna.
Entiende que la informalidad incentiva la evasión fiscal y la competencia desleal, lo que, a su juicio, afecta al empresariado que cumple con sus obligaciones.
Además, citó, “con mucha preocupación”, la violación a las leyes laborales, en casos como la proporción de contratación de mano de obra extranjera, el pago de la Seguridad Social y el cumplimiento de horarios.
En el año 2021 los activos de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) se situaban en 58,548,965,106.00 pesos, hizo una distribución de excedentes por 3,128,026,082.00 pesos y realizó operaciones de préstamos por 28,287,310,978 a sus casi 200 mil asociados, según consta en su rendición de cuentas.
En promedio, los préstamos rondaron los RD$141,416 por cada socio.
Con 17 oficinas a nivel nacional, la cooperativa más grande del país registra unos 1,292 empleados, pagando una nómina anual de 1,300 millones de pesos aproximadamente y sus gastos totales cada año se aproximan a los cinco mil millones de pesos.
Sus gastos más destacados son en autoprotección: unos 292 millones de pesos. Para asignación y reparación de vehículos destina 111 millones de pesos y en su fiesta de aniversario gastó cerca de 30 millones de pesos.
Sus directivos la definen como una institución de servicios que beneficia no solo a los docentes, también al personal administrativo del sector educativo público y atribuyen las críticas y ataques a que esos servicios que brinda a sus asociados constituyen un obstáculo para instituciones que son competencia.
La fortaleza de la Coopnama radica en que los pagos para ahorro y los préstamos de los socios se debitan automáticamente de la nómina del Ministerio de Educación. Esto amparado en un decreto emitido en 1971 por el entonces presidente Joaquín Balaguer.
Octavio Bremón y Lucas La Paix, presidente y gerente general de la Coopnama, aseguran que los docentes no son obligados a endeudarse, que cada persona es dueña de su presupuesto.
Según un estudio del Minerd
Los niveles de endeudamiento de los docentes del sistema educativo público son preocupantes y en la práctica provocan una realidad financiera de alto grado de vulnerabilidad, fenómeno que tiene repercusiones psicológicas y motivacionales en el desempeño de los maestros.
Esto es una respuesta al estudio realizado por el Ministerio de Educación sobre la “Situación del personal docente en el presupuesto 2021”, que refiere que los niveles de endeudamiento de los docentes del sistema educativo público son preocupantes y en la práctica provocan una realidad financiera de altos grados de vulnerabilidad, fenómeno que tiene repercusiones psicológicas y motivacionales en el desempeño de los maestros.
“Nosotros jamás hemos obligado a ningún maestro a que haga con sus recursos lo que entienda de manera particular. La cooperativa es una institución de servicios, nosotros tenemos esos servicios y el maestro decide con quien contrata esos servicios. Entonces, es un asunto que, de alguna manera, escapa a nuestro control”, explicó Bremón.
De lo que sí asegura tienen el control es con las transacciones que hacen los maestros con los recursos que tienen disponibles, si son socios de la institución, a cuánto tienen derecho, a cuántos años tiene la disponibilidad para devolver a la cooperativa el compromiso que hace. La Coopnamano permite al docente endeudarse más allá del 60 % de su salario.
372Millones
Fue el monto aprobado por el consejo directivo pasado de la Coopnama a la empresa Saladín Miller para la construcción del un nuevo edificio, justo frente a las oficinas principales de la institución, en la calle Mayor Enrique Valverde, en Miraflores.
“Pero el socio que hace un compromiso en la calle tiene que ver con un elemento cultural y educativo de cada quien que maneja su presupuesto de manera particular”, insistió Bremón.
Competencia
El gerente general de la Coopnama dice que el interés por la institución comenzó en el año 2000 cuando los maestros empezaron a ser sujeto de crédito, pues fue el año en que mejoraron sus salarios.
“Ellos han visto en la Coopnama una competencia porque ya los maestros son sujeto de crédito, porque ellos (bancos comerciales) no tienen política hacia los trabajadores administrativos con salario mínimo, pero nosotros sí, le permitimos la entrada y hay más de 60 mil empleados administrativos que son nuestros socios”.
7 mil van al “usurero”
De la totalidad de los socios, unos siete mil (docentes y empleados administrativos) se mueven entre sus obligaciones con la Coopnama y los usureros. También miles tienen obligaciones con instituciones de la banca comercial.
El gerente La Paix explica que para evitar que los socios tomen dinero prestado de manera informal se estableció un préstamo rápido, pero esto no ha impedido que muchos acudan al usurero.
“Pero nosotros lo tenemos estudiado, hace diez años eran alrededor de 2,500 socios los que iban al usurero», dijo.
El número actual de socios, recuerda, es de 200,000.
Fuera 44 mil socios
En el año 2020 fueron desvinculados del Estado 44 mil empleados que eran socios de la institución. Para estos casos la Cooperativa tiene, desde su fundación hace 52 años, una política de alto riesgo que se pone en vigencia cada vez que hay elecciones, pues con los cambios de gobierno se producen cancelaciones masivas.
“Cuarenta y cuatro mil socios fueron liquidados producto de las desvinculaciones que hizo el Minerd y sus institutos. Ellos tenían ahorros por 11 mil y pico de millones y deudas por alrededor de 14 mil millones de pesos. Se hicieron dos mil y pico acuerdos de pago y ahora la cartera vencida ronda los dos mil millones”, explicaron los directivos de la Coopnama.
“Nosotros lo que hacemos es que liquidamos a ese socio, en nuestros estados financieros están definidas la cartera activa y la vencida. Los cancelados se ponen a invernar tres meses y luego entran a cartera vencida y los liquidamos. Se da en caso de que muchos de ellos vienen de manera directa y hacen un acuerdo de pago cuando son liquidados, haberes contra deberes”, agregaron.
… y ahora US$380 MM para invertir en el negocio de la energía renovable
Un grupo de cooperativas, encabezadas por la de los maestros, anunció la incursión en el negocio eléctrico con una inversión millonaria, para colocar sistemas solares en 180 mil hogares y pequeños negocios de sectores vulnerables, que conlleva la instalación de 600 megavatios, en tres años, con el apoyo del gobierno.
Este plan sería financiado de forma mixta entre el Gobierno y las cooperativas. El Gobierno aportará 350 millones de dólares, provenientes del subsidio eléctrico, y las cooperativas 380 millones de dólares, de acuerdo a las informaciones ofrecidas por Octavio Bremón, presidente de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, (Coopnama).
730 millones en inversión
350
millones de dólares provenientes del subsidio eléctrico sería la contraparte del financiamiento mixto que se propone en el plan para instalar paneles solares.
380
millones de dólares aportarían las cooperativas y las empresas que integran la Coalición RD 100% Renovable.
La denominada Coalición RD 100% Renovable está conformada, además de la cooperativa de los maestros, por la Cooperativa de Maimón, (Coopmaimon); la Cooperativa de La Vega Real, la Cooperativa de Médicos (Medicoop), la Federación de Cooperativas Eléctricas, la Asociación de Empresa de Eficiencia Energética y Energía Renovable, (Aseefer), Trix Energy, RENSA, Más Consulting SRL, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC).
Sustituir combustibles
El proyecto que busca “sustituir los fósiles importados y contaminantes por energías de fuentes limpias y renovables, especialmente desde los techos de nuestras casas gracias al sol candente del trópico dominicano”, se elaboró en conjunto con los técnicos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el pasado año.
“Este plan que presentamos en este día de hoy, que pondrá fin a las altas tarifas eléctricas, límites a los odiosos apagones, contribuirá con la transición energética del país hacia energías renovables, con el ahorro de importaciones de combustible fósiles contaminantes y con altísimos precios, y a enfrentar el cambio climático”, aseguró Bremón al dar a conocer el proyecto.
¿Cómo funcionaría?
De acuerdo a las explicaciones del plan, la instalación de 600 megavatios con paneles solares en techos permitiría a las familias de todo el territorio nacional generar su propia electricidad con el mismo pago actual de su tarifa eléctrica con un descuento hasta de 25 %.
“Después de alrededor de cinco años, las familias se liberarán del pago de la tarifa eléctrica de por vida, pagando solo una pequeña cantidad de dinero por el seguro de los paneles y los demás equipos”, se informó. Aseguró el presidente de la Coopnama que el plan permitirá a las familias dedicar el dinero de la tarifa eléctrica a cubrir los gastos de salud, de alimentación, de educación, así como al emprendimiento de pequeños negocios.
Bremón afirmó, además, que montar, instalar y mantener en operación los sistemas solares en techos generará 15 mil puestos de trabajo de forma directa e indirecta y que miles de jóvenes serían capacitados por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep, como técnicos para instalar los paneles solares y proveer su mantenimiento.
Subastas
Para complementar este plan y poder alcanzar en tres años la generación de 1,700 megavatios, las cooperativas y empresas que integran la Coalición RD 100% Renovable propuso al Ministerio de Energía y Minas la celebración de subastas internacionales para establecer granjas eólicas y solares. “Sin embargo, este componente quedó pendiente para ser desarrollado más adelante”.
Las entidades agradecieron al MEM por el trabajo en conjunto en la elaboración del plan, que insisten beneficia directamente a las familias más vulnerables, que liberaría al país de importaciones de fósiles, que contribuye a la transición energética.
“Tenemos la esperanza de que el Ministerio de Energía y Minas logre el apoyo del Gabinete Eléctrico y de la Presidencia para la ejecución de este plan”, concluyeron.
Rendición de cuentas
Los directivos de la Cooperativa de los maestros destacan los planes sociales que ejecutan dentro de los que destacan el Programa de becas, mediante el cual han graduado 1,366 profesionales y actualmente 3,389 cursan sus carreras. También los planes de ayuda solidaria para salud, donaciones a instituciones sin fines de lucro y la entrega a todos los socios de los resultados o excedentes que produce la entidad financiera. Informaron que se auditan diariamente y anualmente con una firma independiente que se selecciona mediante licitación y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), órgano rector del sistema cooperativo en el país, manda sus fiscalizadores dos y tres veces al año. “Este año vinieron como cinco veces después de las publicaciones de Diario Libre”.
El Congreso Nacional enfrenta una semana crucial para lograr la aprobación de varias leyes en la actual legislatura extraordinaria que culminará el 15 de febrero.
El Senado, que agendó sesionar este miércoles, tiene en “su cancha” pendiente de conocer y sancionar los proyectos de ley de Fideicomiso Público, el que crea la Dirección de Crédito Educativo y el controversial y demandando Código Penal. Mientras que la Cámara de Diputados, que esta semana hará un receso en sus sesiones, se concentrará en estudiar en comisión varias iniciativas como el Régimen Electoral durante tres días consecutivos.
El proyecto de ley sobre Fideicomiso Público fue aprobado en segunda lectura el pasado 2 de febrero en la Cámara de Diputados y había sido sancionado en primera discusión, el 25 de enero pasado.
Similar suerte tuvo el proyecto de ley que crea la Dirección de Crédito Educativo como dependencia del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que fue declarado de urgencia y aprobado en dos lecturas consecutivas en la Cámara Baja el pasado 2 de febrero.
Sobre el Código Penal, sin “tres causales” que permitirían el aborto, se espera que el próximo miércoles, a las 2:00 de la tarde, el pleno del Senado conozca el informe favorable y con modificaciones que aprobó la semana pasada una comisión especial.
Cuatro priorizadas
Cuatro iniciativas priorizadas y sometidas por el Poder Ejecutivo serán conocidas en esta semana en comisiones del Senado, según la agenda prevista. La lista la integran los proyectos de ley armonizada del subsector eléctrico, para el fomento y competitividad de la aviación civil; sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes y de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Pausa parcial en Cámara Baja
Durante esta semana la Cámara de Diputados no sesionará y se concentrará en las reuniones de comisiones. Según lo que explicó el pasado 2 de febrero, Alfredo Pacheco, presidente de ese órgano, sesionarán los días 13, 14 y 15 de este mes, si es necesario. Reveló que la comisión especial que estudia el Régimen Electoral se reunirá hoy, el miércoles y el jueves próximo, “y los días que sean necesarios”. La Cámara Baja también debería conocer el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la adenda V al contrato para construir la presa Monte Grande, suscrita por 146 millones de dólares.
Este martes, el juez Deiby Timoteo Peguero del Séptimo Juzgado de Instrucción decidirá si dicta apertura a juicio de fondo o rechaza la acusación del Ministerio Público en contra de los 26 acusados en Operación Antipulpo, red que supuestamente lideraban los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez y con la que se habría estafado al Estado dominicano con más de 5,000 millones de pesos.
De fallar por un auto de apertura a juicio, el juez “considera que la acusación tiene fundamentos suficientes para justificar la probabilidad de una condena” de los imputados, establece el artículo 303 del Código Procesal Penal.
En caso de dictar un no ha lugar es porque entiende que los hechos que se les señalan a los involucrados no fueron cometidos por estos; la acción penal se ha extinguido, el hecho no constituye un tipo penal; la persona no puede ser considerada penalmente responsable o fueron insuficientes los elementos de prueba para fundamentar la acusación, según establece la ley 76-02 modificada por la 10-15.
En dos gestiones
El supuesto fraude cometido por la red contra el Estado se produjo, según la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) en las dos gestiones consecutivas del expresidente Danilo Medina (2012-2020), hermano de los imputados, a través de licitaciones que señala como irregulares en las que se seleccionaban las empresas de Alexis Medina para suplir de equipos hospitalarios, medicamentos, combustibles y hasta cemento asfáltico (AC-30).
“Las acciones delictivas de sustracción de fondos de la organización criminal afectaron el sistema de salud pública, la educación, la seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional, el sistema de energía eléctrico (a través de EdeEste y la UERS), la seguridad vial” y las elecciones nacionales del 2016 y 2020 a través “de financiamiento ilícito de las campañas electorales con los fondos de las empresas reformadas (Fonper), dice el Ministerio Público.
Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), es también uno de los principales imputados en el expediente y cuya suerte está en manos del joven magistrado de 35 años.
Entre las empresas que se le atribuyen a Alexis Medina, están General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L.
Los demás encartados
Carmen Magalys Medina Sánchez, vicepresidenta entre 2012 y 2020 del Fonper, en su condición de vicepresidenta administrativa, era miembro del Comité de Compras y Contrataciones de la institución, función, que, según la Pepca, utilizó para favorecer a las compañías de su hermano. Además de Alexis, Carmen Magalys y Rosa, otros que figuran en el expediente son Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, antiguo fiscalizador de esa unidad estatal.
Asimismo, Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz. En total son 27 personas físicas acusadas, una de ellas (Rafael Leónidas De Óleo) prófuga y 21 empresas.
El juez deberán también decidir si acoge o rechaza el acuerdo entre los acusados Pagán, Suriel Suazo, Santiago Muñoz y Lewin Ariel Castillo con el Ministerio Público.
El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero. (FUENTE EXTERNA)
¿Quién es Deiby Timoteo Peguro?
El juez Deiby Timoteo Peguero es un joven políglota de 35 años, ocho de ellos de experiencia en la judicatura. Como magistrado de Instrucción ha tenido que decidir casos como el del narcotraficante Pascual Cabrera; siendo juez suplente de colegiados, la muerte de la rumana Andreea Celea y el proceso del también narco Bienvenido Guevara Díaz (Maconi). Comenzó su carrera en el Juzgado de Paz de Tránsito de La Vega. Su trayectoria incluye salas civiles y laborales y en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega. Timoteo Peguero alterna su función de juez con la docencia.
Las autoridades policiales y judiciales tienen la tarea de, no solo identificar los cadáveres hallados dentro de un pozo séptico en un solar del sector La Unión en el municipio Los Alcarrizos, sino también de comprobar si se trata de la pareja desaparecida desde el 26 de enero en el distrito municipal de La Guáyida, en Pedro Brand.
Los dos cuerpos, correspondientes a un hombre y una mujer, estaban un poco más de tres kilómetros de la vivienda de Luis Miguel Jáquez Rodríguez, de 32 años, y Elizabeth Almarante Pacheco, de 24 años. Se accede por la calle Hato Nuevo y la Napoleón Bonaparte, en recorrido de no más de 12 minutos, según Google Maps.
Los cadáveres estaban descompuestos y había uno que no tenía ropa, según expresó Jairo Medrano, el médico legista que realizó el levantamiento la noche del lunes, próximo a las 8:40 de la noche. Para levantarlos fue necesario la asistencia de la Defensa Civil por la profundidad de pozo y fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su identificación.
Al lugar del hallazgo se presentaron familiares de la pareja desaparecida, quienes, en llantos exigían justicia. Sin embargo, las autoridades les indicaron que hay que esperar los resultados de la autopsia.
Los cuerpos fueron llevados al Inacif, donde se comprobará si se trata de la pareja desaparecida. (KEVIN RIVAS/DIARIO LIBRE)
El fiscal Edward López Ulloa fue cauto al ofrecer declaraciones sobre si se trata de los esposos desaparecidos y si hay sospechosos del hecho.
El perímetro fue acordonado por miembros de la Policía Nacional, mientras decenas de curiosos se apostaron en los alrededores. Según los residentes, en el pozo caen los desperdicios cloacales de unos apartamentos cercanos y está ubicado próximo a la escuela Narciso González.
Hasta ayer, las informaciones públicas consistían en que las autoridades tienen el vehículo en que Rodríguez y Amarante habrían sido transportados desde su residencia en el distrito municipal La Guáyiga.
El vehículo, una yipeta Hyundai Tucson, color gris placa G496783, había sido rentada en Santo Domingo, el pasado 21 de enero y entregada el día en que los dos fueron reportados como desaparecidos.
«Estamos también en el proceso de identificación de los presuntos autores, y a la espera también de las solicitudes de órdenes de arrestos, para darle seguimiento a este caso», dijo Diego Pesqueira, vocero de la Policía.
En la residencia de la pareja fueron halladas evidencias de delitos electrónicos y Jáquez tiene dos fichas en la Policía e impedimento de salida del país.
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