El Ministerio Público, que esta mañana detuvo a Enmanuel Rivera Ledesma y otras personas por presunta estafa inmobiliaria, indicó que el empresario realizó varias maniobras para evadir la justicia.
El organismo dijo que Rivera Ledesma encabezó una red delictiva que ofertaba viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios que no entregaba a sus clientes, quienes invirtieron importantes cantidades de dinero.
Señaló que Rivera Ledesma amenazaba e intimidaba a los clientes cuando reclaman la devolución de sus fondos, y que incluso, «los desafiaba a ir a la justicia, instancia en la que, según pregonaba, las víctimas saldrían sin lograr nada».
El organismo de persecusión apuntó que durante la investigación de ese caso, que ha denominado Operación Nido, ocupó evidencias que demuestran que el imputado «utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce».
Señaló que tras enterarse de la investigación en su contra, Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
Entre esas maniobras, el Ministerio Público estableció que el imputado buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos.
Por lo descrito anteriormente, el órgano judicial entiende que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza para las personas estafadas.
En las próximas horas el Ministerio Público procederá a solicitar medidas de coerción en contra de los miembros de la red que han sido arrestados.
Esta mañana se dijo que la esposa y el hijo de Rivera también habían sido detenidos.
Querellas
Al menos 144 personas han denunciado formalmente que entregaron dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.
La madrugada de este miércoles se desplegó la Operación Nido, en la cual el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
Un total de 170 policías y 28 fiscales procedieron a ejecutar las órdenes de requisas y arrestos en contra de los objetivos de la investigación, al tiempo que ocuparon evidencias vinculadas al caso.
La inveatigación del Ministerio Público establece que la supuesta red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
