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En una documentación entregada a la Cámara de Diputados, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) propone cambios estructurales al proyecto de ley sobre alquiler de bienes inmuebles y desahucios, aprobado en primera lectura, en el que sugiere que los propietarios de casas cobren una fianza para garantizar el pago de las facturas a las empresas de servicios públicos como energía eléctrica, agua o telecable.

El Mived, dirigido por el ministro Carlos Bonilla, propone a la comisión especial de diputados que estudia la pieza que, al momento de hacer un contrato de alquiler, el propietario “podrá exigir” el pago del depósito que en ningún caso excederá el valor de los servicios públicos correspondiente a dos períodos consecutivos de la facturación.

El documento que entregó el Ministerio establece que el propietario “podrá abstenerse” de cumplir las obligaciones del contrato hasta que el inquilino no le entregue la fianza para pagar los servicios y dispone que el contrato quedará terminado de forma automática si el residente no costea la fianza dentro de un plazo de 15 días.

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El nuevo artículo que quiere integrar la entidad al proyecto de ley, busca que el pago del servicio sea asumido exclusivamente por el inquilino, pero cuando existan atrasos constantes, la empresa podrá exigir la fianza que ya dio el residente cuando firmó el contrato de alquiler.

Asimismo, recomiendan que cuando la empresa instale un nuevo servicio en la vivienda, el valor deberá ser pagado por quien lo haya solicitado y, para garantizar el pago, la compañía puede pedir el pago de la referida fianza.

En su última disposición sobre el tema, el Mived plantea que las empresas prestadoras de comunicaciones, agua y energía eléctrica no podrán negar la solicitud de nuevos contratos bajo el pretexto de facturas en atraso por parte de inquilinos o propietarios anteriores.

Buscan dar casas transitorias a los que no paguen alquiler

Dentro del grupo de modificaciones entregadas al equipo de diputados, la entidad gubernamental aspira a crear un stock de viviendas para los inquilinos que se vean imposibilitados de pagar el alquiler y que, por ello, deban abandonar la casa que habitaban.

Con esto, el Mived se propone, como lo dispone un nuevo artículo 45 de la pieza, proteger a los inquilinos “en el cumplimiento de su derecho a una vivienda sin afectar las condiciones financieras de los propietarios”.

Para esto, aparte de dar casas transitorias, la institución habilitará un fondo público de garantías de alquiler y un apoyo jurídico del Estado para enfrentarse con el propietario que pretenda desalojar al habitante.

Precio de alquiler y otros cambios

En sus cambios, se agrega un artículo que dispone que el precio del alquiler de una vivienda no podrá superar el 1.5% del valor comercial del inmueble y, en todos los casos, el ajuste del precio será reglamentado por el Mived utilizando referentes de insumos de construcción, cambio en condiciones macroeconómicas y fijación del salario mínimo en el país.

Conjuntamente, en otro punto de la iniciativa, se ordena al Mived hacer una reglamentación para definir de forma anual el valor del porcentaje de ajuste de los precios según el destino de los contratos de alquiler. En consecuencia, deberá definirse si el inmueble alquilado será usado para vivienda, fines comerciales o industriales.

Aparte de este documento de propuestas de cambios, la institución también depositó en la Cámara de Diputados un nuevo anteproyecto de ley sobre la competencia del Ministerio en los casos de retraso en el pago de alquileres y en el que establecen una serie de protecciones a favor de los inquilinos.

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En ese sentido, el Mived será la institución encargada de manejar y procesar los desalojos y, cuando confirme que el habitante tenga circunstancias económicas que le impidan pagar, la entidad adoptará programas especiales o solicitará la intervención de entidades competentes para brindar ayuda temporal.

Otras modificaciones de la institución sugieren que los pagos de comisión inmobiliaria sean efectuados por el propietario, no por el inquilino, por lo que “en ningún caso se pedirá un valor adicional no pactado y escrito en el contrato”.

Incentivos fiscales para quien alquile

Desde el artículo 60, agregado en el proyecto que aprobaron los diputados, el Mived ordena al Estado a crear incentivos fiscales que fomenten la construcción de casas destinadas al alquiler y que incluyen reducción de impuestos a quienes fijen precios justos, deducciones impositivas para quien mejore locales comerciales, bonificaciones fiscales a los inquilinos que mantengan pagos al día y beneficios tributarios para los extranjeros que hagan proyectos de inversión destinados para alquilar.

Según el documento, estos incentivos persiguen promover “una mayor estabilidad y sostenibilidad en el mercado”, alentando a los propietarios a ofrecer “precios justos y asequibles”, además de impulsar la inversión en proyectos de alquileres de locales comerciales.

Finjus sugiere que proyecto sólo sea de viviendas

En otra propuesta de modificación entregada a la comisión de diputados, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) busca que el proyecto que analizan los congresistas sea dispuesto únicamente para viviendas y no para locales comerciales o industriales, como lo establece la pieza que aprobaron los legisladores en primera lectura.

Según Finjus, si los locales comerciales se incluyen en la ley, se afectaría el sector productivo y se perjudicaría el dinamismo de la inversión, por lo que propuso dejar fuera del proyecto de alquileres a los locales comerciales, industriales y turísticos y basar estos aspectos en el derecho civil y el principio de autonomía de las partes.

Comisión se reunirá el martes para analizar

 El diputado Eugenio Cedeño, presidente de la comisión especial que estudia el proyecto, anunció que el equipo que dirige se reunirá mañana martes y, durante el encuentro, pretenden escuchar de forma presencial el grupo de sugerencias que emitieron los diferentes sectores acerca de la pieza.

El proyecto para regular los alquileres y desalojos ya fue aprobado en primera lectura en la sesión del 24 de mayo. La iniciativa fue propuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y por el legislador Rafael Castillo.