AIRD pide sea revocada medida EEUU a Central Romana 

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reiteró su llamado a que se revise racionalmente y se revoque, lo antes posible, la resolución de Estados Unidos que ordena detener en sus puertos los embarques de azúcar del Central Romana Corporation, por trabajos forzosos y otras presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores […]

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Inauguran programa que ofrece trabajo remoto con beneficios para emprendedores

Santo Domingo, RD.- La firma de negocios norteamericana, StageWood, anunció que introduce al mercado dominicano el programa de afiliados de TykBroker que ofrece trabajo remoto flexible, salarios estadounidenses y beneficios únicos. “El programa se especializa en la mejora de la marca comercial y la industria del entretenimiento en vivo”, declaró el gerente de StageWood, Santiago […]

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Gobierno chino dice comercio con Latinoamérica supera a anterior a pandemia

El volumen de comercio entre China y América Latina «se ha recuperado completamente y ya supera al existente antes de la pandemia de covid-19«, declaró el Ministerio de Comercio del país asiático. «Las economías china y latinoamericana son altamente complementarias y entre ellas existe un enorme potencial de cooperación«, informó la portavoz de la cartera […]

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Gobierno afirma no privatizará el agua y dice trabaja para garantizar el recurso

Olmedo Caba Romano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), manifestó que con el Proyecto de Ley de Aguas que está siendo consensuado por el Consejo Económico y Social y que luego será introducido al Congreso Nacional para su análisis y debate, no se busca privatizar el recurso sino garantizarlo para consumo humano, […]

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Gobierno comenzará en Samaná Plan Relanzamiento del Subsector Coco

El Gobierno, a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), comenzará en enero en esta provincia el Plan Relanzamiento del Subsector Coco que tiene previsto abarcar a 300 productores de diferentes zonas del país. Los productores, recibirán 150,000 de esas plantas en las variedades Enano Brasileño, Malayo y del Porte Alto del Atlántico, […]

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Gobierno espera que EE.UU. rectifique su veto a la azucarera

El Gobierno dominicano manifestó este jueves su confianza en que Estados Unidos rectifique el veto a los productos de la azucarera dominicana Central Romana Corporation, Ltd. por un supuesto uso de mano de obra forzosa, pues «no hay evidencias» de esas prácticas.

«Ojalá esa medida sea rectificada porque la verdad es que, por lo que he oído, no hay evidencias» de que se produzcan esas vulneraciones a los derechos laborales de los empleados de la compañía, dijo a los periodistas el ministro dominicano de Agricultura, Limbert Cruz.

Afirmó que ha visitado la empresa en distintas ocasiones y no ha visto que haya un uso de mano de obra forzosa, «eso no existe en Central Romana«, de modo que espera que ello «sea revisado» y se investigue adecuadamente para que «quede totalmente saneado».

«Yo puedo decir categóricamente que Central Romana es un ejemplo de producción», insistió.

El azúcar de caña, agregó, «es uno de los productos de exportación más importantes que tiene República Dominicana» y este veto «sería desastroso para nuestro país, por lo que espero, como ministro de Agricultura, que esto sea aclarado» o se presenten pruebas que sustenten las acusaciones en la que se basa la medida.

La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. (CBP, en sus siglas en inglés) indicó este miércoles en un comunicado que identificó cinco de los once criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que indican abusos a los empleados, por lo que retendrá los productos de azúcar no refinado (morena) y productos con azúcar hechos en la República Dominicana por Central Romana.

Central Romana mantiene una producción de azúcar superior a las 400,000 toneladas anuales y, según Cruz, exporta a EE.UU. unas 138,000 toneladas al año, contando con una cuota preferencial, «y es importante que el país no pierda esa oportunidad que tiene» con Estados Unidos.

Tras conocer el veto, la azucarera emitió un comunicado en el que expresó su asombro y rechazo ante «la declaración pública de los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en relación a la detención de los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar» que elabora la compañía.

Asimismo, la empresa afirmó que «las razones que sustentan esta medida no reflejan las políticas y prácticas de Central Romana, que por más de un siglo ha sido referente en implementar programas de responsabilidad social enfocados en la salud, educación, vivienda y alimentación al alcance de todos nuestros trabajadores y sus familias».

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Gobierno espera que EE.UU. rectifique su veto a la azucarera

El Gobierno dominicano manifestó este jueves su confianza en que Estados Unidos rectifique el veto a los productos de la azucarera dominicana Central Romana Corporation, Ltd. por un supuesto uso de mano de obra forzosa, pues «no hay evidencias» de esas prácticas.

«Ojalá esa medida sea rectificada porque la verdad es que, por lo que he oído, no hay evidencias» de que se produzcan esas vulneraciones a los derechos laborales de los empleados de la compañía, dijo a los periodistas el ministro dominicano de Agricultura, Limbert Cruz.

Afirmó que ha visitado la empresa en distintas ocasiones y no ha visto que haya un uso de mano de obra forzosa, «eso no existe en Central Romana«, de modo que espera que ello «sea revisado» y se investigue adecuadamente para que «quede totalmente saneado».

«Yo puedo decir categóricamente que Central Romana es un ejemplo de producción», insistió.

El azúcar de caña, agregó, «es uno de los productos de exportación más importantes que tiene República Dominicana» y este veto «sería desastroso para nuestro país, por lo que espero, como ministro de Agricultura, que esto sea aclarado» o se presenten pruebas que sustenten las acusaciones en la que se basa la medida.

La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. (CBP, en sus siglas en inglés) indicó este miércoles en un comunicado que identificó cinco de los once criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que indican abusos a los empleados, por lo que retendrá los productos de azúcar no refinado (morena) y productos con azúcar hechos en la República Dominicana por Central Romana.

Central Romana mantiene una producción de azúcar superior a las 400,000 toneladas anuales y, según Cruz, exporta a EE.UU. unas 138,000 toneladas al año, contando con una cuota preferencial, «y es importante que el país no pierda esa oportunidad que tiene» con Estados Unidos.

Tras conocer el veto, la azucarera emitió un comunicado en el que expresó su asombro y rechazo ante «la declaración pública de los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en relación a la detención de los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar» que elabora la compañía.

Asimismo, la empresa afirmó que «las razones que sustentan esta medida no reflejan las políticas y prácticas de Central Romana, que por más de un siglo ha sido referente en implementar programas de responsabilidad social enfocados en la salud, educación, vivienda y alimentación al alcance de todos nuestros trabajadores y sus familias».

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Capacitarán líderes mediadores en convivencia pacífica

La magistrada Sonia Espejo, coordinadora del programa “Red de Líderes Mediadores Comunitarios”, que está dirigido a capacitar a cientos de facilitadores en convivencia pacífica para prevenir y reducir la criminalidad, anunció el inicio de los talleres para el sábado 26 de noviembre.

El primer encuentro docente están convocados 150 miembros de juntas de vecinos, clubes, iglesias, ligas deportivas y centros comunales, será a las 9:00 de la mañana en la parroquia Espíritu Santo de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, como el primer grupo de 1000, que es el objetivo del plan definido como “piloto”.

En el lanzamiento del programa, que tuvo lugar hace poco en ese lugar, contó con la presencia del ministro de Interior y Policía, Jesús –Chu- Vásquez; el obispo Amable Durán; el alcalde municipal Carlos Guzmán, la general de brigada Celeste Yanet Jiménez Cabral y la gobernadora provincial, Julia Drullad.

También la vice alcaldesa del municipio, Blanca Rodríguez y la doctora Petronila Rosario Adames, quien es parte de los profesores que tendrán a su cargo impartir las enseñanzas, junto a Alcedo Magarín, quien también estuvo presente, y el Director Regional de la Policía Nacional, coronel Suárez Burgos.

Espejo indicó que el curso taller está dirigido a prevención del delito, como parte del Plan de Seguridad Ciudadana, Mi País Seguro, establecido por el presidente Luis Abinader Corona, donde actúan como parte activa el Ministerio de Interior y Policía, la Iglesia Católica y el Ministerio Público.

“Al final de estos cursos/talleres tendremos capacitados a cientos de facilitadores en capacidad de multiplicarse y ayudar a que tengamos mejor convivencia y un país con mayores estándares de seguridad”, dijo la fiscal al tiempo de precisar que como iniciativa además de Santo Domingo Norte, estarán intervenidas las provincias Duarte (San Francisco de Macorís) y María Trinidad Sánchez (Nagua).

Recordó que “como Ministerio Público estamos comprometida con la prevención del delito” y es por eso que fue designada por el Consejo Superior como enlace con el Ministerio de Interior y Policía, para gestionar que “las alcaldías, juntas de vecinos, iglesias, clubes, ligas deportivas y clubes”, se organizan alrededor del proyecto”.

Espejo explicó que el curso tendrá una duración de tres meses y que al final tendrá una matrícula de mil multiplicadores, aptos para mediar y resolver los conflictos menores que ocurran en sus demarcaciones. De esos 1000 aspirantes 400 serán líderes juveniles estudiantes y 600 líderes comunitarios que hacen vida en la sociedad, entre ellos presidentes de juntas de vecinos, Defensa Civil, pastoral entre otros, de los cuales 350 de Santo Domingo Norte de un grupo que completa además Santo Domingo Este.

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Presentarán anteproyecto de ley sobre alimentación escolar

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este jueves que continúan con los trabajos de elaboración del anteproyecto de ley de alimentación escolar el cual será presentado ante el Congreso Nacional

El anteproyecto está siendo elaborado, además de Inabie, por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Centro de Investigación y Promoción Social (Cipros) y la Cámara de Diputados a través del Frente Parlamentario contra el Hambre.

La propuesta se encuentra en un proceso de consulta con los sectores público y privado. Finalizada esta fase será introducido en las cámaras legislativas de acuerdo a lo estipulado en la Constitución para procurar su aprobación y posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo. 

La información fue ofrecida durante el “Taller de Revisión y Validación de la Propuesta para la Formulación del Marco Legal en Alimentación Escolar”, en el que se mostraron los avances de este anteproyecto

En el encuentro se expuso la importancia de la ley ya que buscan garantizar la nutrición, sostenibilidad, inocuidad, establecer un robusto marco de supervisión, fiscalización y un régimen de consecuencias relacionado al PAE.

 “La creación de esta ley es de suma importancia ya que es la manera de garantizar la seguridad alimentaria de los hijos de más de 700 familias dominicanas. La idea es que el Programa de Alimentación Escolar no dependa de un gobierno sino del Estado en su conjunto”, sostuvo Víctor Castro, director ejecutivo del Inabie.

Manifestó que la elaboración de la propuesta escolar se está realizando tomando en cuenta los obstáculos, avances y experiencias que ha tenido República Dominicana sobre este tema. 

Asimismo, se tomó como referencia los documentos legales y técnicos que existen en el país sobre educación, salud, compras y contrataciones y leyes de alimentación en los centros educativos de la región latinoamericana, entre otros. 

“Reiteramos nuestro compromiso con que República Dominicana se dote de una ley de alimentación escolar que regule la alimentación de manera general, contribuyendo al derecho humano a la alimentación de calidad y a la sostenibilidad”, expresó la diputada Soraya Suarez, presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre.

Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en República Dominicana, añadió que la ley de alimentación supone una oportunidad de mercado público para la compra de alimentos a la agricultura familiar, con participación de la comunidad educativa y la sociedad civil.

“A través de distintas iniciativas podemos mejorar la alimentación escolar, llevarla a todo el territorio, regionalizar los menús y para esto es fundamental y necesario integrar alimentos de producción local”, manifestó Castañeda.

Aspectos del anteproyecto

Los componentes del anteproyecto son el marco institucional, articulación intersectorial y participación; la producción y compras de alimentos; el fortalecimiento y sostenibilidad de alimentación escolar; alimentación saludable; nutrición, inocuidad, preparación de alimentos; financiamiento; rendición de cuentas y sanciones. 

Consultoría marco legal

Para la revisión y validación este anteproyecto se han hecho partícipes los actores del sistema educativo nacional, incluyendo una representación de los estudiantes.

Los trabajos técnicos para la elaboración de la propuesta iniciaron el pasado mes de septiembre con la asistencia de la consultora legal Dorina López.

Fueron realizados seis encuentros para motivar el involucramiento de los actores clave y se conformaron los Comités de Alimentación Escolar en Monte Plata, Azua, San Juan, La Vega y Santiago.  

De igual manera, se realizaron entrevistas a profundidad y encuestas a actores clave del nivel central y provincial, como insumo para la propuesta que fue sometida a revisión y validación por los técnicos institucionales y una representación de los estudiantes. 

Países que tienen la ley

Otros países de la región como Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador, Bolivia y Paraguay ya tienen la alimentación escolar dentro de un marco legal, garantizando la continuidad y la permanencia de los programas, con financiamiento y cobertura asegurados, y contribuyendo al cumplimiento del Derecho a la Alimentación Adecuada y a la promoción de la salud de la población estudiantil.

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