Los profesionales del derecho que tendrán a su cargo la defensa de los acusados de formar parte de una presunta red dedicada al ciberdelito, a la extorsión sexual y económica, así como al robo de identidad de ciudadanos de Estados Unidos, denominada Operación Discovery, están a la espera de que el Ministerio Público presente el expediente acusatorio para preparar sus argumentos de defensa.

Jacinto Acevedo, quien dijo ser parte de la barra de la defensa de seis de los imputados, indicó que hasta la tarde de este jueves no se había podido reunir con sus defendidos, porque el órgano acusador no ha concluido con los procesos de allanamientos e interrogatorios.  

“Cuando la fiscalía concluya nos pondremos de acuerdo con ellos -los imputados– para organizar la estrategia de defensa”, señaló Acevedo.  

El abogado Isidro Román declaró a periodistas que tan pronto le entreguen la acusación se reunirá con su cliente, para preparar los presupuestos que presentarán en la Oficina de Atención Permanente.

Rusel Aracena, abogado de otro de los detenidos, dijo que entiende que en los operativos hay “detenidos inocentes que necesitan ser depurados».

Otros profesionales dijeron que prefieren estudiar el expediente antes de emitir sus opiniones sobre la acusación.

Hasta el momento el órgano acusador solo ha identificado a ocho de las más de 60 personas que son investigadas por formar parte de la presunta organización, que se dedicaba al ciberdelito a través de call centers, la extorsión sexual y económica, el robo de identidad, incluyendo de agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI).

Los mismos fueron identificados como Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Daria), Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán, Genaro Antonio Hernández Caba, Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o la Válvula) y David Antonio Guzmán Javier.

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Siguen allanamientos por Operación Discovery

Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago, informó que siguen realizando allanamientos en empresas de centros de llamadas, desde donde presuntamente las personas investigadas cometían los delitos.

«El Ministerio Público sigue trabajando intensamente para someter a los detenidos en el plazo de las 48 horas», declaró Bonilla.

La presunta estructura fue desmantelada a través de decenas de allanamientos simultáneos realizados en el país y en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y operaba desde Santo Domingo, Santiago, La Vega y Puerto Plata.

Dinero y vehículos

Los fiscales que trabajan el caso ocuparon evidencias de transacciones millonarias en dólares, siete pistolas y una metralleta Uzi, 400 mil dólares y 19.2 millones de pesos en efectivo, 30 vehículos de alta gama y 300 equipos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles y computadoras.

Acusación

El órgano rector de la investigación presentará cargos por violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, y el 405, que condena la estafa.

Además, se les imputa transgredir los artículos 2 y 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, y 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que castigan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.