Cárceles de RD tienen sobrepoblación de 170 %, según estudio
Un estudio en etapa de cotejo del Defensor del Pueblo reveló que las cárceles dominicanas presentan, en promedio, una sobrepoblación de un 170 %, en las que un número importante de internos padecen enfermedades terminales, mentales, VIH y tuberculosis.
El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, sostuvo que el estudio preliminar determinó que existen cerca de 27 mil internos en los centros de prisión, divididos entre el nuevo y viejo modelo penitenciario.
En ese orden, detalló penales que sobrepasan el promedio nacional de sobrepoblación, tal es el caso del Centro Baní-Hombres, que presenta un 335.50 %, la cárcel de La Victoria, un 208.68 %. Por su lado, la pública de Azua registra una sobrepoblación de un 301.67 % y la de Nagua, 304.29 %.
“Esta realidad debe movernos a la acción, porque son numerosos los casos de personas afectadas por males como el VIH, enfermedades mentales, tuberculosis, entre otras, y los mismos han llevado a crear hasta el ‘pabellón de los enfermos’ en la cárcel de La Victoria”, señaló el defensor del pueblo en una nota de prensa.
Propone ley de indultos
Ante esta situación, Ulloa abogó por la aprobación en el país de una ley de indultos que permita evaluar y dar salida a muchos casos de privados de libertad que guardan prisión con enfermedades terminales y propias del hacinamiento existente en las cárceles.
“Hay una realidad lacerante y es que existe una sobrepoblación en las cárceles sin una medida inmediata para solucionar el problema, por lo que es propicia una ley de indultos que nos permita analizar cada caso para conseguir descongestionar los centros carcelarios”, precisó.
Indicó además que la entidad que dirige “tiene una serie de observaciones y propuestas de mejora para la Ley 113-21 del año 2021 sobre el Régimen Penitenciario, entre las cuales se encuentra la inclusión del Defensor del Pueblo en el Consejo Consultivo que contempla su artículo 8, a los fines de fortalecer la perspectiva de los derechos humanos en la creación de políticas y la adopción de medidas en el sistema penitenciario y correccional”.