Entrevista con Luis Henry Molina, presidente de la SCJ
Cero mora, 100% accesibilidad y 100% transparencia. Tres metas irrenunciables en las que trabajar este 2023. Para el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, el año arranca lleno de posibilidades. Imposible, sin embargo, arrancarle una opinión sobre los planes de un Ministerio de Justicia.
-¿Qué depara el 2023 al Poder Judicial?
Tengo el sentimiento de que, aunque hay tantas dificultades, hay otras tantas oportunidades para el país, para la gente y para el Poder Judicial. Tenemos que centrarnos en esas oportunidades y en este momento, en pocas cosas que podemos realizar. No significa que no sean grandes cosas, pero que sean pocas. Si usted me pregunta cómo me levanto cada mañana, como dicen los jesuitas como “principio o fundamento”, sería una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Se puede desarrollar una encíclica.
-¿Cómo se aplica eso concretamente al Poder Judicial?
Cuando hablamos de garantizar la dignidad de las personas, en el Poder Judicial hablamos de pasar de eso que era el expediente a que tenemos un ser humano frente a nosotros que viene para solucionar un problema. Cuando la gente llega a la justicia, es porque tiene un problema y requiere de alguien que redima ese problema. Las personas quieren que se resuelva lo más rápido posible y es porque piensan que si no se resuelve rápido, es porque no hay justicia, y tienen razón. Justicia tardía no es justicia. Por eso, nuestro primer objetivo es lograr la cero mora en el Poder Judicial. Eso significa que cada uno de los integrantes del Poder Judicial esté consciente de que no puede haber retardo en los procesos.
¿La Suprema lo cumple?
La Suprema Corte debe ser la primera al tanto de ello. Por eso ni en la segunda ni en la tercera sala hay un expediente con más de seis meses y en la primera sala quedan algunos expedientes que tienen más de un año. Eso nos va a llevar este año con la noticia de que ya se aprobó la Ley de Casación y esa ley nos va a permitir que este gran esfuerzo que se ha hecho se pueda mantener. ¿Qué significa eso? Que la Suprema tiene la autoridad moral de exigir a los tribunales del país que no haya mora. La cero mora es un planteamiento que vivimos, luego filosofamos y, luego, lo predicamos.
-Esa será una batalla larga.
Será una batalla más rápida que como era antes, porque al mismo tiempo tenemos la Ley de Usos de Medios Digitales, que va a facilitar el proceso.
-Suena muy bien, pero… ¿qué pasa con los abogados cuya estrategia es precisamente dilatar los procesos?
Eso es parte de lo que tenemos que trabajar, pero es que todos estos procedimientos fueron pensados para el siglo XIX y XX, y tenemos que llevarlos hasta el XXI, hacer que la Justicia pase a este siglo. El segundo objetivo para nosotros es garantizar un 100% de accesibilidad a las personas. Cuando alguien va a un tribunal, espera que lo atiendan como cualquier servicio hoy, de carácter moderno. Si se pueden resolver cosas por internet o teléfono, ¿por qué en el Poder Judicial no se puede? ¿Por qué si voy a un tribunal, me recibe un policía y no una persona que pueda ayudarme? ¿Por qué, si llego a un tribunal y tengo una discapacidad motora, no puedo entrar con silla de ruedas? ¿Por qué si me han violado, debo estar expuesta a un proceso de revictimización? Las tecnologías nos sirven para garantizar mejor acceso de las personas a todo el servicio de administración de justicia.
-¿Qué está pasando con las cárceles, que están llenas de presos preventivos?
Voy a responder, pero quiero terminar con el tercer objetivo para el año: 100% de cero mora, 100% de accesibilidad y 100% de transparencia. Antes, para saber lo que estaba pasando, había que esperar meses. Una de las ventajas de ahora es que tenemos en línea todo lo que entra y en qué proceso se encuentra, por lo que la trazabilidad es una realidad…
¿Por qué hay presos preventivos? Es un problema que heredamos del sistema inquisitorio de toda América Latina y Europa. Cuando pasamos al sistema acusatorio, que fue la reforma del Código Procesal Penal, los actores no se pusieron de acuerdo en cerrar la llave de qué entraba o no a juicio. En los sistemas acusatorios, en todo el mundo, los casos que entran se solucionan en la fase inicial del proceso. Entre un 80% a un 90% no llega a juicio, sino que se negocia la pena, van a donde el juez y se soluciona. El sistema pasa años solo en la etapa preparatoria, porque no quiere llevar todos los casos a juicio. En la República Dominicana, por un tema cultural, por una formación litigiosa de todos los actores del sistema, no se ha solucionado. Tenemos que concentrarnos en eso, en cerrar la llave de la entrada.
Después, tenemos un conjunto de personas que están esperando ser juzgados en los centros de privación de libertad, pero a los que no se les ha conocido su causa. Esto es un problema de todo el sistema de justicia y por eso nos hemos sentado en la mesa el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial, y lo primero que tenemos que tener claro es, ¿quiénes están en la cárcel y por qué? Porque esto es una realidad, en República Dominicana no tenemos un registro biométrico de cada persona privada de libertad.
-No se sabe quiénes, cuántos y por qué están allí.
Yo no diría que no se sabe, lo que diría es que no tienen exactitud para saber que el preso o el privado libertad está en una u otra fase del proceso y cuál es el siguiente paso a dar. Eso no es posible con la tecnología de hoy en día y por eso es que hay que transformarlo. También hay personas privadas de libertad porque no pueden pagar una garantía económica, es triste. Igual, nos hemos sentado en la mesa, a identificar sus casos. Y hay personas que están privadas de libertad cuya condena es menor al tiempo que tienen ahí. Eso también es un problema multifactorial que requiere la coordinación de los actores y que no es culpa ni de la Defensa Pública ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial, pero sí es responsabilidad del sistema.
-¿No hay una institución que se ocupe de los que no pueden pagar cuando las cantidades son pequeñas?
Puede haber una coordinación entre el Ministerio Público y la Defensa Pública, que vayan después ante el juez responsable. No estamos hablando de personas que han cumplido su condena y no tienen para pagar el dinero… Tenemos casos que están en la etapa inicial del proceso que también habría que trabajar. El tema de los presos preventivos es un problema del siglo pasado y que no aguanta más, en una democracia nadie puede estar privado de libertad sin una sentencia definitiva. Eso no es democracia.
-¿Cómo están las relaciones del Ministerio Público con el Poder Judicial? Ha habido ataques con las variaciones de medidas de coerción.
En el sistema de justicia cada cual tiene su rol, que está enmarcado por los procesos. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de presentar una acusación ante un presunto imputado y éste tiene derecho a una defensa individual o la que ofrece la defensa pública y está resguardada por una presunción de inocencia. Van ante un tercer imparcial, un árbitro y le plantean sus argumentos. Ese árbitro toma decisiones que a veces no gustan a la gente. Pero ese árbitro son los jueces dominicanos, que para mí son personas responsables, trabajadoras, comprometidas, dedicadas y estudiadas, que toman decisiones de conformidad con la Constitución y la ley y lo hacen de manera racional.
Puede haber una u otra excepción de situaciones, quien dirige una organización sabe que no todo es perfecto. Hay situaciones que son de carácter de coordinación y administración, y en una mesa de trabajo se sienta la Procuradora General de la República y la Procuradora Adjunta, el Director de la Defensa Pública, nosotros y coordinamos el trabajo. De la coordinación de estas tres instituciones depende el funcionamiento del sistema y es normal que en el marco de un proceso (que ahora son televisados) se vea una discusión, pero eso es parte de la cultura litigiosa en la República Dominicana, de la expresión de esa cultura litigiosa. Más allá no he visto muchos problemas.
-¿Cómo valora la formación de los jueces?
En República Dominicana se adoptó en el año de 1998 una Ley de Carrera y se obtuvo una asesoría de parte del Poder Judicial de España. En España, como en Italia o en Francia, existe una carrera de jueces. Para ingresar a ser juez, tiene que pasar un concurso público de antecedentes y oposición y después tiene que ir a un centro de formación. En el país es la Escuela Nacional de la Judicatura, de la que tuve el honor de ser director durante 12 años y de hacer la primera capacitación. En aquella época se hacía este concurso, que lo hace la dirección general de carrera. En el primer concurso la capacitación duraba un año, ahora dura 2 años. Se acaba de reformar este concurso y el programa de formación. Este año volveremos a tener aspirantes a jueces en la Escuela Nacional de la Judicatura y en los próximos días publicarán cuántos pasaron de los 1,500 que se presentaron. Este año se le agregó una prueba muy importante que es el College Board, la prueba que dan algunas universidades dominicanas a las personas que pasan del bachillerato para la universidad para garantizar el tema de la lectura, la escritura y el razonamiento. Es muy importante, porque estamos formando una persona que va a tener una carrera de 30 o 35 años en la judicatura.
-¿Pero el nivel de los que están llegando ha mejorado sobre los que entraban cuando usted era director?
Yo diría que las competencias requeridas hoy son distintas a las que teníamos antes. La memorización es importante, pero no es esencial. No la subestimemos, pero es más importante la capacidad de razonar. Por eso es tan importante la prueba del College Board, porque lo que estamos determinando es qué capacidad de razonamiento tiene una persona y su capacidad de entendimiento y si tiene deficiencias en cuatro competencias básicas que requiere la sociedad de hoy. Quien no sabe leer no puede interpretar, quien no sabe escribir no puede expresarse y quien no puede hablar no puede comunicar… Además, hay que agregar una cuarta competencia: si no puede ser empático con el otro no puede socializar. Son cuatro competencias esenciales para un profesional.
-¿Cuántos nuevos jueces necesita el Poder Judicial?
En términos de proyección… cerca de 80 jueces más. No es justo para la sociedad dominicana no tener personas bien formadas para impartir justicia.
-O sea, que no tendremos esos 80 jueces hasta dos años.
Sí, pero a partir de seis meses se harán esos concursos. Y lo que va a pasar también es que en el proceso de reclutamiento la persona no puede trabajar. Hasta al concurso pasado, que se hizo hace cuatro años, a los profesionales que ingresaban a la escuela se les daba una ayuda de RD$20,000. Ahora lo que se le está dando es una ayuda equivalente a lo que gana el 70% de un Juez de Paz en su primer escalón, cerca de RD$70,000 para que estén concentrados en estudiar.
-¿Qué opina de un Ministerio de Justicia?
Sin lugar a dudas, hay actividades en el marco del sistema de Justicia que no son de carácter jurisdiccional. Esas actividades, que son diversas, habría que ver en qué órgano están sujetas a pertenecer. Por ejemplo, se aprobó una Ley de Garantías Mobiliarias, esa ley establece que las prendas sin desapoderamiento se tenían que registrar en los juzgados de paz. El congresista muy sabiamente dice: “no, eso debe ser del Ministerio de Industria y Comercio”. Para poder implementar eso ya se ha tomado tres años y ahora por primera vez toda la responsabilidad de esa garantía le corresponde al Ministerio de Industria y Comercio. Ya han anunciado públicamente que la plataforma está ahí. Esto es una labor de carácter administrativa que no le correspondía al Poder Judicial. ¿Cuántas labores de carácter administrativa realiza el Poder Judicial? De los 500,000 trámites que recibe aproximadamente al año, el 49% son de labor administrativa, casi la mitad, con lo cual el Poder Judicial tiene un conjunto de trámites administrativos que hay que irlos sacando.
Hay otra ley, la Ley de Oficialía de Estado Civil de Registro Civil. Para qué incomodar a un ciudadano y mandarlo a un tribunal a homologar lo que hizo la Junta Central Electoral. Yo siento, tengo tanta fe en lo que está pasando en el país, porque hay un cambio significativo de entender que hay cosas que tenían su lógica en el siglo pasado, pero que en este siglo no la tienen. Hay labores que yo no estoy consciente de que debería de jugar el Poder Judicial. Yo soy presidente del Consejo Directivo, como presidente de la Suprema, de la Defensa Pública y la Defensa Pública es una parte en el proceso. Yo no debería de presidir ni de formar parte. Lo ha dicho la Procuradora y yo lo había dicho antes, que las cárceles no deben depender del Ministerio Público, porque ellos son los que acusan.
-Entonces, ¿todo eso correspondería a un Ministerio de Justicia?
Correspondería a un legislador que entienda que deben estar las funciones de carácter administrativo que no deben depender de los órganos jurisdiccionales.
-¿Eso sería un Ministerio de Justicia? ¿Le gustaría uno?
Yo creo que la sociedad dominicana debe discutirlo y ver pros y contras. Yo soy el presidente de la Suprema, mi opinión personal no cuenta. Lo que pasa es que no hay que tener miedo a los cambios, lo que hay que tener claro cuál es el objetivo. El objetivo es atender a las personas y atenderlas de la mejor manera y con la mayor dignidad posible. Si eso significa darles funciones a órganos estatales o significa crear nuevos órganos, es una labor que la Constitución establece que es responsabilidad del Poder Legislativo cuando aprueba y el Ejecutivo cuando promulga. La labor nuestra es cumplir esas leyes y nosotros la vamos a cumplir con lo establecido por la Constitución.
-Antiguos presidentes se quejaban de que la Justicia era la cenicienta.
Espero que la gente entienda que me siento muy cálido entrevistándome aquí. Cuando yo me casé, yo no ganaba, ni mi esposa tampoco, lo suficiente para vivir y hemos vivido. Ahora sí, la respuesta formal: nosotros hemos aprendido a gestionar con eficiencia y eficacia los fondos que se nos asignan real y efectivamente. No hemos dejado de recibir el apoyo para los proyectos específicos que requiere el Poder Judicial y yo creo que una institución del Estado lo que tiene que hacer es sentarse con el Presidente y con el Ministro de Hacienda y presentarles cuáles son los proyectos y, sin lugar a dudas, hemos recibido el apoyo. Todo el mundo quiere más dinero, yo quisiera más dinero para mi casa, personalmente. Todos queremos más, pero vivimos en una realidad donde el Estado produce una cantidad determinada de ingresos y le corresponde al Ejecutivo decir cómo se va a distribuir el ingreso. Ahora bien, también para tener ingresos hay que saber invertir y gastar eficazmente y tener tanto disciplina interna, de control del gasto, como de determinar claramente cuáles son los objetivos. Determinar que los presupuestos deben responder a esos objetivos y entender que no es ilimitado.
-¿Cómo están llegando los expedientes del Ministerio Público? ¿Están sustentados?
Mire, vamos a explicar lo que son las medidas de coerción. Son un conjunto de medidas que el código establece para garantizar que esa persona, que es un presunto imputado, se presente al tribunal. Existen diversas medidas que se toman para que esa persona se presente y esas medidas se toman por un tiempo determinado de 6 hasta 12 meses y hasta 18 en casos complejos. Corresponde al Ministerio Público solicitar las medidas que entienda y el presunto imputado tiene una defensa que dice que esa persona se presentará todas las veces que sea necesario y no representa un peligro para la sociedad. Luego de eso le toca al juez tomar la decisión acorde a las leyes y demás. ¿Cuál es el objetivo? La solución del conflicto. Por eso digo que, en esa primera fase inicial, culturalmente debemos entender que no es un juicio para medida de coerción, el objetivo es solucionar el conflicto y por eso el Ministerio Público y la Defensa Pública deben sentarse, porque tienen las pruebas y pueden negociar entre ellos, ir a donde un juez y el juez tomar la decisión.
Los casos no tienen que pasar de tres meses, pero pasan por esa cultura litigiosa que se debe romper. Por eso, en Puerto Rico el 80% de los casos se solucionan como le acabo de decir y por eso en España, que están en crisis, se solucionan así el 70% de los casos. Aquí solamente se soluciona el 13% de los casos de esa manera.
-¿Dónde está el problema?
Es que esto es el problema de la implementación del Código Procesal Penal y yo, que fui director de la Comisión Nacional de Reforma Procesal Penal, le puedo asegurar que entono un mea culpa, porque no nos preocupamos por ello. No implementamos esa parte del Código Procesal Penal y teníamos que aprovechar aquel momento para entrenar a los actores y decirles que lo importante no es ir a un juicio, lo importante es solucionar antes. Simple y llanamente hay que cambiar esa cultura en el Ministerio Público. El defensor tiene que garantizar a esa persona que se le va a llevar un debido proceso, el defensor siempre asume la presunción de inocencia y el Ministerio Público tiene que romper esa presunción de inocencia con pruebas fuertes y al juez le corresponde valorar la dinámica…
-En los grandes casos de ahora, los focos están sobre los fiscales, pero pronto irán a los jueces.
Primero hay que entender que los casos mediáticos no llegan al 1% de los casos penales. El gran problema es, por ejemplo, que a un joven lo privan de libertad porque lo encontraron con 10 gramos de marihuana y lo vuelven a atrapar y se vuelve una puerta giratoria. Ese es el caso de personas que no han tenido oportunidad en la sociedad y que están entrando a las cárceles y no los estamos reinsertando porque no tenemos programas de reinserción a la sociedad. No obstante, haber aprobado el Código de Procedimiento Penal estamos hablando de personas con imposibilidad de poder pagar una garantía económica, estamos hablando de personas que pudieron no ir a la cárcel, continuar trabajando y poder ser responsables del daño causado con medidas alternas. Estamos hablando de un sistema que está bien diseñado, pero que no está funcionando.
-¿El sistema que no funciona es el sistema judicial completo?
Es la responsabilidad de todos los actores porque hay elementos que faltan. Por ejemplo, en República Dominicana no hay oficina de antelación, en todos los sistemas de justicia existe una oficina de éstas. Es una oficina que, cuando a una persona la presentan ante un juez, define cuál es su situación socio demográfica económica y si tiene otros procesos. ¿Esa oficina de quién depende? De un ente administrativo o del Poder Judicial. Cuando llega esa información al juez y le piden una medida, puede determinar con esa información cuál es la mejor decisión a tomar. Pero el sistema se volvió como un reducto del sistema inquisitorio y entiende que todo debe ir al litigio y hoy en una sociedad moderna, eso no es posible. La sociedad debe de entender que cuando se aplique una medida, no significa una condena. La condena solo se obtiene con la decisión de un juez cuando ya obtiene la autoridad irrevocable.
-Sorprendió el Tribunal Constitucional con esas declaraciones de que algunas de sus sentencias no se cumplen. ¿Qué opina?
Bueno… el Poder Judicial las cumple. El Tribunal Constitucional establece una sentencia que dice que debemos elaborar una Ley de Uso de Medios Digitales y lo acatamos. No sé los demás, pero nosotros sí. Nosotros hemos cumplido todas las sentencias del Tribunal Constitucional y no nos mencionaron por nombre.
-¿Para cuándo estará listo el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este?
Este año va a estar listo. Hay un compromiso del Ministro de Obras Públicas y confío. Ya empezaron a colocar pisos y ventanas. Esto es una gran oportunidad, porque por primera vez tendremos una Ciudad Judicial, donde el Poder Judicial, la Defensa y el Ministerio Público tendrán sus espacios… Será una sede donde la atención al usuario sea un espacio de capacitar y donde no tenga que ir a varias instituciones a hacer papeleos. El 97% de las personas que va a los tribunales lo hace para depositar o retirar papeles. Con la nueva Ley de Uso de Medios Digitales, esa persona no tendrá que ir. En pandemia, en un momento dado, el 80% del trabajo lo manejamos solo digital. Luego solo el 65% de los trámites y tengo la esperanza de que lleguemos a un 80-20, donde el 80% sea digital y otro presencial.
-¿Ese sería un modelo para replicar?
Esa es la idea, que podamos ver qué es lo que queremos hacer en todo el país. La Ley de Organización Judicial es de 1927, cuando el medio principal de transporte en este país era el mulo. Por eso pusieron tribunales en cada municipio, para tener cercanía. Eso ya no es así, entonces el Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo va a ser un palacio de justicia modelo y es una iniciativa que está realizando el Poder Ejecutivo y que va a estar lista este año. La situación en Santo Domingo es insostenible, pero el Distrito Nacional tiene más de 15 sedes para impartir justicia y eso hay que solucionarlo.
-Los abogados deben ser capaces de insertarse en esa digitalidad.
Y nosotros a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, estamos dispuestos a capacitarlos. Ese Palacio de Justicia va a ser la oportunidad de ver cuál es el tipo de servicio que requerimos en el país. Las sedes más urgentes para reorganizar son las de la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, en Santiago -aunque tengan buena estructura-, La Vega, San Cristóbal y San Juan de la Maguana. Esos seis distritos judiciales son esenciales y manejan el 70% de la carga laboral del país. Mejorando esas sedes tendremos una mejora sustancial para la Justicia en el país, pero evidentemente hay que entender que van de la mano, la infraestructura digital y la física. Todavía se es escéptico ante la digitalidad, que fue algo que tuvimos que hacer administrativamente desde la pandemia. ¡Todavía hay países con la Justicia cerrada!
-Si un inversionista extranjero le preguntara por la seguridad jurídica, ¿qué le respondería?
Le diría lo siguiente: la República Dominicana, en el contexto de América Latina, es un país privilegiado donde la democracia está en funcionamiento, donde las instituciones públicas no son perfectas, pero se rigen en el marco social y democrático de derecho y donde el Poder Judicial, aunque no es perfecto, garantiza los derechos a las personas.
-¿Tienen algún programa para perseguir la corrupción dentro de los tribunales?
Hay un sistema de integridad del Poder Judicial. El sistema de integridad tiene tres componentes: el preventivo que se rige por el Código de Ética que el año pasado fue actualizado y es el más moderno de toda Latinoamérica. El segundo componente es el disciplinario, queremos hacer prevención para no llegar a este porque tiene consecuencias que llevan distintos tipos de sanciones. Dependiendo de la sanción disciplinaria, llega la sanción o destitución de una persona. El tercer componente, que no lo maneja el Poder Judicial, pero sí tiene la responsabilidad cuando encuentra información, es el Inspector del Poder Judicial, que tiene que reportar al Ministerio Público que ha encontrado elementos penales en un servidor judicial. El Inspector lo denuncia al Ministerio Público si encuentra una situación irregular con un servidor puede interponer una demanda.
-¿Cuántos hay en investigación?
Realmente creo que los jueces dominicanos son un cuerpo élite en el marco de los servidores públicos del país. No es perfecto, pero es verdad que han tenido la posibilidad de pasar un concurso, capacitación y tienen una estabilidad laboral y condiciones de trabajos que diferencian a otros servidores públicos. Ingreso digno, aunque todos queramos más sueldo, condiciones dignas. Eso apenas hace 20 años no era así.
-¿Están investigando algunos jueces y qué ha pasado con algunas investigaciones que llevaban?
Yo soy presidente del Consejo del Poder Judicial y, en ese sentido, no tengo información de las investigaciones hasta que no llegan al Consejo.
-¿Cuántos ha recibido?
Yo no puedo hablarlo, porque soy el que juzgo, pero usted pudiera contactar con el Inspector.