Sergio Moya reaparece tras mención en caso Calamar
Tras varios días de ausencia, el diputado perremeísta Sergio Moya (Gory), señalado en la Operación Calamar, se presentó ayer en el hemiciclo de la Cámara de Diputados y pidió un turno para defender su honor, asegurando que no existe ni existirá un solo dueño de banca de lotería o deportiva que pueda demostrar que él le ha solicitado dinero ilícito.
Moya, propietario de las bancas Merengue Sport, fue señalado por los delatores del caso como el «coordinador» del supuesto esquema de extorsión que urdió desde el Ministerio de Hacienda.
En la intervención leída por el congresista, afirmó que bajo ninguna circunstancia permitirá que continúen difamándolo a través de la citada investigación judicial. Sin embargo, manifestó que él cree en el sistema de justicia dominicano y en el rol del Ministerio Público y que “el que nada debe, nada teme”.
Precisó que tiene 32 años ininterrumpidos teniendo bancas deportivas y que durante los últimos siete se ha dedicado a la política.
Defiende asistencia
Manifestó: “La campaña masiva de mentiras, puesta a circular en mi contra, muestra el interés de algún sector de hacerme daño político. Por ejemplo, se ha difundido que he tenido alrededor de 100 inasistencias a las sesiones, y puedo demostrar con certificación del hemiciclo que he asistido en un 83%, entre otras cosas”.
Además, el congresista anunció que sus abogados están recabando todas las pruebas sobre las mentiras que, alega, han hecho en su contra a fin de que sean discutidas en el plano judicial. Aseguró que, para la tranquilidad de sus colegas, si le demuestran que él ha recibido de manera irregular “un solo peso en perjuicio del Estado dominicano, entonces, yo me retiro de la vida pública y renuncio a mi condición de diputado”.
A su llegada al hemiciclo, luego de alrededor de una hora de iniciada la sesión, Gory recibió espaldarazos de sus compañeros de partido y de legisladores de otras bancadas.
Los voceros de los bloques de diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y del Revolucionario Moderno (PRM), Juan Julio Campos y Julito Fulcar valoraron la postura asumida por su colega, el perremeísta Sergio Moya (Gory). Campos cree que constituye un deber de cualquier funcionario que se le impute un hecho ilícito “salir al frente”. Mientras, Fulcar valoró que su compañero de partido se haya puesto a disposición de la justicia. Instó a esperar el desarrollo de las pesquisas.
El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, notificaba por escrito sus entradas y salidas del país a la Procuraduría General de la República, indicó Eduardo Núñez, abogado del hoy imputado por el caso Calamar. “Una persona que piensa sustraerse de la investigación no muestra interés en esta; ni tampoco notifica rigurosamente cada uno de sus movimientos”, dijo el abogado, en una nota de prensa. Detalló que la prisión preventiva es una medida de coerción extrema, para una persona que por un período superior a dos años y que, a pesar de haber enfrentado actos coercitivos en la forma de impedimentos de salida y saberse investigado, ha comparecido cuantas veces fue citado a interrogatorios.