Procuraduría recibirá denuncias de trabajo infantil
Con la finalidad de reforzar el combate del trabajo infantil y garantizar los derechos de la niñez, el Ministerio Público anunció este martes que pondrá a disposición del Ministerio de Trabajo su Línea Vida para recibir las denuncias concernientes a esta problemática que afecta al país.
De acuerdo con una nota de prensa, la iniciativa forma parte de un acuerdo de colaboración interinstitucional entre ambas organizaciones, que incluye programas educativos y de sensibilización sobre la situación
Las denuncias concernientes a trabajo infantil a través de la Línea de Vida 809-200-1202, deberán ser comunicadas al Ministerio de Trabajo a través de la Dirección de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil, quien tendrá a cargo la coordinación de las acciones correspondientes.
El acuerdo fue firmado entre la procuradora general Miriam Germán Brito y el ministro de Trabajo Luis Miguel De Camps García, quienes ratificaron su compromiso de continuar trabajando conjuntamente para combatir el trabajo infantil.
Germán Brito destacó la importancia de que se elimine ese tipo de práctica.
El ministro De Camps resaltó que recientemente la Representante Residente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) aseguró que se ha reducido el trabajo infantil en la República Dominicana.
Reconoció que esto se ha logrado debido al apoyo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y de manera especial del Proyecto Formitra del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, a través del cual se han podido desarrollar una serie de iniciativas fortalecidas con el análisis de resultados.
Campañas de sensibilización
El Ministerio Público, a través de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), que dirige la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, colaborará con sus técnicos en las campañas de sensibilización, con la puesta en marcha de los programas de desarrollo que tienen incidencia directa en la sociedad dominicana, a fin de evaluar, prevenir y dar seguimiento al trabajo infantil.
Además, se encargará de capacitar al personal del Ministerio de Trabajo en la identificación de delitos que constituyen las peores formas de trabajo infantil.
Se acordó también establecer una Procuraduría Especializada en Derecho Penal-Laboral en las provincias del país, en especial, en aquellas provincias en que existan mayor presencia de trabajo infantil y sus peores formas.
En tanto que el Ministerio de Trabajo brindará el apoyo necesario al Ministerio Público para la sensibilización y capacitación de su personal en materia Penal-Laboral, en especial en lo que concierne a la prevención para la eliminación del trabajo infantil.
Ofrecerá, igualmente, una colaboración permanente al Ministerio Público, a fin de elaborar una política efectiva de sensibilización, dirigida a los miembros de esta institución persecutora.
El Ministerio de Trabajo dará seguimiento a esos casos, a través de la Dirección de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Dirección General de Trabajo, sin perjuicio del acta de infracción que levante a través de la Dirección de Inspección para la aplicación de sanción penal que aplica el tribunal correspondiente.
Para esto, el Ministerio Público enviará a requerimiento de esa entidad un informe del estatus de los casos que se encuentran bajo su control, sin perjuicio de la aplicación por parte del Ministerio de Trabajo de las sanciones penales que procedan conforme el ordinal tercero de los artículos 720 y 721 del Código de Trabajo, que establece multas de 7 a 12 salarios mínimos para violaciones a las disposiciones sobre la edad mínima de trabajo y protección de menores.
Por igual, la entidad a cargo del desarrollo de las relaciones laborales comunicará al Ministerio Público cualquier delito laboral que se cometa en contra de los niños, niñas y adolescentes, identificado en las jornadas de inspección, operativos focalizados o cualquier otra modalidad, cuya comisión constituya o no una pena más gravosa que la infracción que compete al Ministerio de Trabajo, en cuyo caso coordinará con la institución de justicia la naturaleza del proceso que se iniciaría en virtud de la comisión del delito identificado.
El acuerdo tendrá una duración de dos años, sujeto a renovación automática.