Donald Guerrero seguirá en prisión
La jueza Patricia Padilla del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este lunes la prisión preventiva de un año contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, imputado en el supuesto caso de corrupción denominado Operación Calamar.
El exfuncionario enfrenta 18 meses de prisión preventiva desde el mes de abril de este año y un proceso que ha sido declarado complejo. Guerrero ha intentado en otras ocasiones que se le imponga una medida menos gravosa como el arresto domiciliario.
«Las defensas no aportaron ni un solo presupuesto nuevo como para que el tribunal decidiera en otra dirección», expresó Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Indicó que el Ministerio Público aportó durante el conocimiento de esta revisión obligatoria unos 18 presupuestos nuevos, entre ellos, un interrogatorio realizado que da cuenta de las supuestas maniobras realizadas por el señalado cuando dirigía el Ministerio de Hacienda en los gobiernos del expresidente Danilo Medina.
En ese sentido, Camacho agregó que fueron presentados contra Donald Guerrero supuestas maniobras para el pago fraudulento de expropiaciones.
El Ministerio Público refirió que este martes depositaron ante el tribunal a ocho nuevos querellantes contra la alegada red Calamar y pruebas de las maniobras de Guerrero para pretender presionar y manipular a la justicia dominicana con la contratación de un lobista.
Defensa de Guerrero
Sobre esta decisión, el abogado de la barra de defensa, Eduardo Núñez, expresó que la prisión preventiva en el caso de Guerrero «es un absurdo», pues, ningún otro imputado ha acreditado una conducta procesal menos riesgosa. De igual forma, consideró la decisión como un «sin sentido», ya que la jueza expresó que las razones que llevaron al tribunal a ratificar la medida se mantienen porque el Ministerio Público sigue investigando. No obstante, ella misma admitió que no ha habido ningún tipo de obstáculo para llevar a cabo dichas investigaciones.
“El señor Donald Guerrero ha demostrado tener suficiente arraigo, y desde que inició la investigación en su contra, en octubre del 2020, no existe ningún elemento probatorio que permita concluir que se sustraería del proceso o entorpecería la investigación”, señaló.
De igual forma, cuestionó que desde el 2021 han solicitado infructuosamente a la Pepca la carpeta fiscal, la cual contiene los documentos, peritajes, interrogatorios y declaraciones obtenidos durante la investigación.
Dijeron que el artículo 234 del Código Procesal Penal Dominicano establece que en adición de las circunstancias generales exigibles para la imposición de las medidas de coerción, la prisión preventiva sólo es aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado o de obstruir de alguna manera el proceso.
Según lo han expresado en distintas ocasiones los abogados de Donald Guerrero, desde que empezó la investigación, el exministro fue citado en más de 14 ocasiones, solicitándole documentos y explicaciones por parte de la Procuraduría General de la República, las cuales en todas las ocasiones fueron respondidas a tiempo y con base probatoria que sustentara sus argumentaciones. De igual forma, Guerrero siempre ha informado su paradero a las autoridades de manera voluntaria reiterativa, continua y específica, notificando sus entradas y salidas al país de manera totalmente colaborativa y expedita.
Lobista de Donald Guerrero
Diario Libre reveló en el mes de julio que Guerrero contrató a la empresa estadounidense Liberty International Group LLC, del excongresista republicano Connie Mack.
El objetivo sería elevar hasta Washington las quejas «del tratamiento» contra el exfuncionario y empresario con importantes intereses en Puerto Rico, territorio estadounidense.
El acuerdo para actuar en favor de Guerrero fue firmado por las empresas Axis Holdings, radicada en Puerto Rico en representación de Guerrero, y Liberty International Group LLC.
En sus acciones de lobismo, Mack dirigió el 13 de junio de este año una carta a Isiah Parnell, actual encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, en la que gestiona una cita para discutir «el arresto y la detención ilegal» de Donald Guerrero.
Guerrero, el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, junto al excandidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo están señalados de encabezar la acusación a 20 personas más en la Operación Calamar, red que habría estafado al Estado con más de 19,000 millones de pesos.