Los argumentos a favor de la libertad de José Ramón Peralta
Los abogados defensores de José Ramón Peralta aseguraron que ya no existen las razones jurídicas que justifiquen que su cliente continúe en prisión mientras se desarrolla la investigación y el proceso judicial de Operación Calamar, algo que refutan los fiscales del Ministerio Público.
Pedro Balbuena, de la defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, argumenta que la medida de coerción “más gravosa” que establece el Código Procesal Penal no tiene sentido porque su defendido a este punto no puede representar un peligro para una investigación que comenzó hace años, ni para el proceso.
“¿Cuál es el peligro de la investigación después de años de investigación, supuestamente, en este caso? ¿En qué consiste ese riesgo concreto para la investigación, no ha tenido tiempo (el Ministerio Público) después de siete meses para investigar?”, alega.
La jueza Ana Lee Florimón, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó este viernes para el próximo martes la audiencia para revisar la medida de coerción que pesa sobre Peralta y conocer los alegatos de la defensa y de la fiscalía.
Al terminar la sesión, Balbuena afirmó que Peralta tiene casi ocho meses tras las rejas sin que se le haya revisado la medida de coerción.
“José Ramón Peralta tiene 226 días preso sin que un tribunal haya conocido de la revisión de medida de coerción. Es una prisión que es injusta, que es arbitraria y que debe cesar porque no tiene razón de ser”, sostiene el togado.
MP dice demostrarán razón de la prisión
Del lado acusador, la fiscal Rosa Alba García, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que será en la próxima audiencia cuando demostrarán por qué debe mantenerse la prisión preventiva al imputado.
“Para la audiencia del martes que viene nosotros vamos a plantear por qué todavía están dadas las condiciones que dieron lugar a la misma, pero ya eso se va a discutir el próximo martes siete, y el juez ponderará”, enfatizó.
Los jueces deciden enviar a prisión a los implicados mientras el Ministerio Público realiza la investigación y se lleva a cabo el proceso judicial en casos indicados por el Código Procesal Penal. Su objetivo es evitar que los implicados puedan fugarse u obstaculizar la investigación.