Gobierno defiende ley DNI, pero respetará lo que diga el TC
El gobierno dominicano defendió este viernes la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo contenido es cuestionado por sectores como la Sociedad Dominicana de Diarios, por entender que vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos.
En un comunicado divulgado por su vocero, Homero Figueroa, la administración de Luis Abinader destacó que esta pieza «representa un paso importante en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción, al proporcionar al Gobierno la herramienta legal necesaria». Asimismo dijo que respeta el principio de separación de poderes.
Sin embargo, aunque considera que la ley no viola derechos de las personas, dice que respetará lo que dictamine el Tribunal Constitucional, instancia que conocerá los recursos que se presenten contra el contenido de la legislación.
Un diálogo
En el documento también se informa sobre el diálogo que realizará el gobierno con sectores interesados en recibir explicaciones sobre la ley y designó al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta y al director del DNI, Luis Soto, para que lo organicen.
Los dos se reunirán con los representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) y otros sectores interesados en recibir explicaciones del gobierno.
Lo que cuestiona la Sociedad de Diarios
Esta semana, la SDD expresó su preocupación respecto a las ambigüedades que percibe en varios de los artículos de la ley que crea la DNI.
De manera concreta enumeró los artículos 9, 11 y 26 y sus posibles impactos en el ámbito de la libertad de prensa y los derechos a la privacidad y el secreto profesional, ante lo cual inició una serie de consultas jurídicas de rigor con diferentes sectores.
El artículo 11, por ejemplo, obliga a «todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal», a proporcionar a la Dirección Nacional de Inteligencia «toda la información que esta requiera sobre la cual se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional».
El artículo 26 establece sanciones penales, como prisión de dos a tres años y multas de nueve a 15 salarios mínimos del sector público, para aquellos que «oculten información» requerida por la DNI.
Varias figuras políticas y del mundo del derecho han respaldado la posición de la SDD.
A continuación, el texto íntegro del comunicado oficial:
Ante el debate suscitado en relación con la promulgación de la Ley 1-24, que regula el Sistema Nacional de Inteligencia y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), reafirmamos nuestra posición en concordancia con los principios constitucionales que definen las competencias de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
La separación de poderes es esencial para la institucionalidad democrática, y nuestro gobierno ha sido consistentemente respetuoso de este principio. Aunque consideramos que la Ley 1-24 no afecta derechos fundamentales, nos comprometemos a acatar cualquier decisión del Tribunal Constitucional frente a recursos presentados por instituciones o individuos que se sientan afectados.
En este sentido, hemos dispuesto que el consultor jurídico, Antoliano Peralta, y el director del DNI, Luis Soto, se reúnan con la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC), y otros sectores interesados para brindar explicaciones y recibir aportes.
Reiteramos que la Ley 1-24 representa un paso importante en nuestra lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción, al proporcionar a nuestro gobierno la herramienta legal necesaria. ‘Estamos comprometidos con el diálogo y la transparencia en este proceso’.
Agradecemos la comprensión y colaboración de la sociedad en la construcción de un marco legal que fortalezca la seguridad y el orden en nuestro país.»