Consultor jurídico del PE dice ley DNI no contradice Carta Magna
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, enfatizó este martes que la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) no contiene ningún artículo contrario a la Constitución, como han denunciado varios sectores que han interpuesto recursos de nulidad en los tribunales.
Sin embargo, aunque Peralta explicó que la Ley no es inconstitucional, sostuvo que las autoridades gubernamentales están en la disposición de modificar la normativa si se les convence de que la pieza vulnera derechos fundamentales.
«Si estamos equivocados y si nos explican los razonamientos que nos convenzan de eso, pues con mucho gusto», sostuvo el consultor jurídico del Gobierno antes de participar en una audiencia solemne en la Suprema Corte de Justicia por los 12 años del Tribunal Superior Electoral (TSE).
En cuanto a los recursos que se han interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) para que la Ley 1-24 quede sin efecto en el país, el funcionario expresó que las acciones son un derecho que con el que cuentan todos los ciudadanos, por lo que queda en manos del TC la revisión de las documentaciones.
En ese sentido, reiteró que la criticada Ley de la DNI está elaborada conforme a los mandatos de la Constitución, pero reconoció que si alguna sentencia del TC declara nula la normativa, el Poder Ejecutivo no tiene otra vía más que acatar la orden del máximo tribunal.
La Ley
La nueva Ley 1-24, la primera promulgada en este año, crea la DNI como un sistema de inteligencia y contrainteligencia para garantizar la seguridad en el país. La normativa fue aprobada en diciembre en la Cámara de Diputados con una modificación que ha causado revuelo.
Por mayoría de votos, los diputados decidieron modificar el artículo 11 de la pieza, cuando aún era proyecto de ley, para ordenar que todos los ciudadanos e instituciones entreguen información a la DNI. De negarse, los ciudadanos podrían enfrentar penas de hasta 3 años de cárcel.
Por el referido artículo, la Ley ha sido llevada al Tribunal Constitucional, donde varios sectores han elevado recursos de oposición para lograr que la Ley sea derogada.
